Author: QuenbyWilcox

Defensor del Pueblo (ESP)-4/14

María Soledad Becerril Bustamante, Defensor del Pueblo Española, Calle Zurbano, 42, 28010 Madrid

22 de abril 2014

Estimada Sra. Becerril Bustamante,

Por lo presente, bajo art. 9.1, 9.2, 10.1, 12.1, 13, y bajo el disposición final única (primero) del Ley Orgánica 3/1981, de 6 abril, del Defensor del Pueblo, otra vez estoy contactando el Defensor del Pueblo en relación de mi caso contra las agencias gobernalles y autoridades públicos españoles que han fallado de asegurar acción positiva y debido diligencia dentro del sistema judicial en relación de los siguientes:

  • Protección de las víctimas de la violencia de género/domestica y violaciones de derechos humanos dentro de sus fronteras y jurisdicción (Gonzales vs. USA, Velásquez vs. Honduras,  A vs. UK, inter alia)
  • Asegurar debido proceso y la prevención de la discriminación contra la mujer dentro de los cortes Españoles por actores judiciales, estatales y non-estatales
  • Investigación de alegaciones de la violación de derechos y infracciones de la ley por actores estatales y non-estatales en relación de procedimientos judiciales (Juzgado de Móstoles – Wilcox vs. González de Alcalá 607/2007, González de Alcalá vs. Wilcox 1140/2007 y 1143/2007 y todos acciones y litigación relatado)

Este correspondencia es una solicitud oficial y final para que el Defensor del Pueblo asegura que los autoridades públicos españoles y todos funcionarios del Illustre Colegio de Abogados de Madrid, Fiscalia General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, inter alia  (y todos otros agencias regulatorios gobernalles en España) llenan sus obligaciones bajo el Constitución Española, código penal, leyes y decretos reales españoles, y el ley internacional de investigar mis alegaciones contra actores judiciales, estatales y non-estatales en relación de mis casos en el Juzgado de Móstoles (Wilcox vs. González de Alcalá 607/2007, González de Alcalá vs. Wilcox 1140/2007 y 1143/2007 y todos acciones y litigaciones relacionados)

Por la presente notifica al Defensor del Pueblo, y así el gobierno española, que este correspondencia y queja es el último recurso dentro del sistema legal española antes de presentar mi caso al Corte Europeo de Derechos Humanos contra el Estado Española por su falta de asegurar la protección de víctimas del abuso doméstica, discriminación contra la mujer por actores estatales y non-estatales en tribunales españoles, y falta de debido proceso dentro de sus sistemas judiciales.

También, lo ruego notar que el ya mencionado no son solamente violaciones de derechos humanos, pero llena el criterio de ‘crimines contra la humanidad’ como definido por el Estatuto de Roma del Corte Criminal internacional (art. 7 –“asesinato, violación sexual, tortura, esclavitud, encarcelación, persecución de un grupo, o otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física…cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.”)

Lo ruego ver mis quejas anteriores a las autoridades públicas en relación de mi caso:

  • Queja al Defensor del Pueblo (expediente:12008996) y Consejo General del Poder Judicial por violación de derechos y falta de debido proceso (documentos de suporte fichados sobre https://worldpulse.com/node/52011)
  • Queja al  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid –Mi queja original, decisión Preliminar 859/13 del Colegio de Abogados y mi recurso a su decisión (vea ajuntados).
  • Queja al Instituto de la Mujer por discriminación contra la mujer (documentos de suporte fichados sobre https://worldpulse.com/node/50602)

También, incluido están los documentos siguientes:

  • Resumen de infracciones de abogados – Tabla 1: Infracciones cometidos con las violaciones de leyes y los derechos de su cliente y Tabla 2: Relaciones Causales, Violaciones de derechos, y daño en 609/2007, 1140/2007, 1143/2007 y todos juicios relacionados (vea recurso al Preliminar 859/13)
  • Línea de tiempo (Wilcox vs. González de Alcalá 607/2007, González de Alcalá vs. Wilcox 1140/2007 y 1143/2007 y todos acciones y litigaciones relacionados 2004-2103)

Desgraciadamente, mi caso no es aislado, pero representativo de los problemas dentro de los tribunales de familia en España y otros partes. Como sobre hechos y evidencia del encubrimiento sistemática y extensivo del abuso doméstico por actores judiciales y tribunales españoles tanto que violaciones de derechos de las víctimas en España, lo ruego ver ajuntado los boletines Crisis en tribunales de familia (CTF nov.-feb. 2014), llamando atención sobre los reportes de Amnistía Internacional España (¿Que justicia especializada?)[1] y Save the Children España (La Justicia Española Frente al Abuso Sexual Infantil en el Entorno Familiar[2]).

También, importante de examinar es el reporte del ONU (Adelanto del Mujer: Estudio Afondo Sobre todas las formas de violencia contra la mujer, Informe del Secretario General – CTF dic. ‘13) que explica el dinámico de la violencia contra la mujer y la responsabilidad legal del Estado de proteger víctimas. Y, los reportes del Center for the Study of Democracy (Examinando el enlace entre el criminen organizado y corrupción)  y el International Council on Human Rights Policy (El relación entre derechos humanos y corrupción) (CTF febrero ’14) que explican y detallan como el corrupción funciona sobre la violación de los derechos en sistemas judiciales.

Se debe notar que hay una alta correlación entre criminalidad y abusadores domestico/de género, dentro de personas de nivel social alta (crímenes de collar blanco) tanto que nivel social bajo (crimines violentos) – con el anterior mas adepto a escondiendo y encubriendo el abuso.  También, nota que uno de los actores principales en el criminen organizado y el corrupción del sistema judicial son abogados (CTF, feb. ’14, pl. 25), y entonces se puede deducir que hay una tasa alta de abusadores entre los abogados – recordando que el abuso domestico y de género se trata del poder y control, y el abuso de ese poder (en lugar de violencia en sí mismo), y que abusadores mantiene su poder a travesía de redes profesionales y sociales, manipulación de lo demás, y el corrupción.

Durante el divorcio abusadores recurren a sus conexiones dentro de los redes judiciales (vea CTF feb., p.23-38 y abajo), para manipular juicios, corromper actores judiciales, conseguir custodia de sus hijos, y defraudar sus esposas de su parte de bienes gananciales para seguir acosándolas, intimidándolas y callándolas. Además, abogados, tanto que jueces y otros actores judiciales están fácilmente manipulado y engañado por sus prejuicios siguientes:

• La violencia de género afecta solamente un pequeño porcentaje de la populación, es poco común, y son incidentes aislados

• La violencia de género ocurre solamente dentro de casas pobres, sin educación y familias inmigrantes

• El abuso de alcohol causa la violencia de género

• Mujeres bateadas son masoquistas y provocan el abuso. Ellas deben gustar el abuso o si no ellas hubiesen ido de la casa

• Hombres tienen el derecho de castigar sus parejas por mala comportamiento. Batearlas no es un crimen

• La mayoría de acusaciones por mujeres son falsos y/o exageraciones que sobre cargan los tribunales sin necesidad

• Muchas veces mujeres manipulan y lavan el celebro de los niños para que odien sus padres, sindroma de alienación parental (SAP). No es el abuso que niños están rechazando cuando rechazo el padre abusador, pero solamente el SAP. Así, los tribunales, ni investigan las alegaciones de las víctimas

• Mujeres reciben preferencia durante los procedimientos de divorcio (los estadísticas demuestra una tasa de favoritismo por los hombres, NO las mujeres)

• Mujeres, sobre todo amas de casas, no son nada más que cazafortunas, que provechan del trabajo duro de sus maridos durante el matrimonio y no merecen recibir bienes y ahorros comunales en la liquidación de gananciales, acceder fondos gananciales para pagar litis expensas durante el divorcio, o un pensión compensatorio después del divorcio.[3]

Estos prejuicios están produciendo tazas de desprotección de víctimas por sistemas judiciales de 75-95%, notando que un estimado 7000 niños/año en España (y 200.000/año en EE.UU, Canadá, Europa y Australia) están entregados por tribunales de familia al pariente físicamente o sexualmente abusivo (sin contar casos de abuso psicológico),lo que quiere decir que actualmente en solamente estés países 2-4,5 millones de niños están abusados por parientes custodiales, con este abuso sancionado por los cortes/gobiernos (llenando el criterio de ‘en conocimiento de la causa’ en el definición de ‘crimines contra la humanidad’).

Detrás de los reportes presentado por Amnistía Internacional y Save the Children (inter alia) el gobierno española no puede negar un fallo sistemática y extensiva del protección de la seguridad y derechos de víctimas por la sistema judicial española; recordando que tribunales internacionales han reconocido el obligación del Estado de proteger victimas del abuso doméstico, y el fallo de hacerlo como violación de derecho humano (A vs. UK, Velásquez vs. Honduras, y Gonzales vs. USA).

También, bajo el Constitución (art. 14), Convenio sobre la eliminación de discriminación contra la mujer, y Acto de Igualdad, inter alía agencias gobernalles están en violación de la ley cuando fallan de investigar todas alegaciones de actos (y omisión de actos) por actores judiciales que han resultado en discriminación contra la mujer, violaciones de sus derechos, y/o infracciones de leyes españolas y/o internacionales:

  • Los colegios de abogados tienen la obligación de investigar alegaciones de negligencia, mala práctica y actos que están contra los intereses y/o derechos de clientes por los abogados.
  • Fiscalía General del Estado tiene el obligación de investigar todos alegaciones contra abogados y/u otros personas que han infringido leyes y/o el código penal.
  • El Consejo General de Poder Judicial tiene la obligación de investigar alegaciones de decisiones judiciales que discriminen contra la mujer y/o violan sus derechos, tanto que la actuación de funcionarios de los juzgados que están en violación de procedimientos judiciales y/o el ley.
  • Los colegios de psicólogos y colegios de trabajadores sociales tienen el obligación de investigar alegaciones contra psicólogos y trabajadores sociales de los juzgados con un altísima diligencia visto la influencia sus recomendaciones juegan en los decisiones de los jueces.

Así, agencias públicas mencionadas tienen el obligación bajo el ley internacional y español (tanto que el código penal española) de investigar con diligencia mis quejas y alegaciones contra actores judiciales y otros personas implicados, sancionándolos hasta la letra del ley. El fallo de autoridades públicos (Ilustre Colegio de Abogados, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, etc.) de investigar quejas contra actores judiciales, no solamente otorga impunidad a los actores implicados, pero también manda un mensaje muy fuerte a abusadores, tanto que abogados, jueces, equipos psico-sociales, fiscalías del menores, funcionarios de los juzgados, etc. que encubriendo evidencia del abuso doméstico, negligencia profesional, y violación de los derechos de víctimas siempre serán apoyado y alentado por el gobierno española (como es el caso actualmente).

Gobiernos que no tienen actores judiciales responsables por su negligencia y mala práctica se vuelven accesorios de los crímenes cometidos por los abusadores tanto que el encubrimiento de dichos crímenes por actores judiciales. Llamo atención al Tabla 1 y 2-Infracciones cometidos con las violaciones de derechos y leyes indicados que enumera todos los delitos e infracciones alegados contra los abogados en mi caso  (Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez (abogado de oficio,) Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, y Ignacio González Martínez). Se debe notar que sobre estés violaciones el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en su decisión Preliminar 859/13, contiende que:

  • La violación de los derechos de una víctima de la violencia de género y discriminación contra la mujer “alcanzan exclusivamente a los derechos fundamentales reconocidos en la CE y otras normas universales concordantes y en modo alguno a normas de legalidad ordinariay así amparan los abogados implicados de todo falta. (Demostrando una falta de reconocimiento de la jerarquía de normas jurídicas en España por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.)
  • La mala práctica y negligencia de los abogados implicados son “decisiones del abogado [que] atañen a su independencia, prerrogativa que le asiste en el desempeño de su función tal y como tienen previsto los artículos 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 del Estatuto General de la Abogacía y 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española, [y] que le inmuniza de toda injerencia en el exclusivo territorio de la defensa, sin que sea posible su revisión en sede deontológica” (Demostrando una falta de reconocimiento de arts. 1, 9 y 10 del Constitución Española, inter alía por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.)

El hecho que autoridades públicos (el Colegio de Abogados de Madrid en este caso) están sancionando y apoyando la re-victimización de mujeres y niños (de manera sistemática y extensiva) por sus abogados en España,  y en conocimiento de la causa, se levanta dichos crímenes a crímenes de lesa humanidad.

Lo ruego ver ajuntado el reporte Violencia de Género y Abuso de Poder en Nuestras Sociedades y Sistemas Judiciales que enumera los problemas destaces en el fallo de actores judiciales de proteger víctimas;

  • Incompetencias de abogados“la falta de entrenamiento adecuado de abogados por trabajo dentro de tribunal es una….problema muy serio en la administración de justicia…75% de los abogados que se presenten a tribunales eran deficiente…citando como ejemplos: falta de preparación, incapacidad de formar cuestiones correctamente, falta de capacidad de dirigir una repreguntas correctamente, falta de capacidad de presentar y manejar la presentación de documentos y cartas, falta de capacidad de formar objeciones de asuntos, falta de la capacidad de formar argumentos, y falta de comportamiento e etiqueta correcta básico delante del tribunal.” (Chief Justice Burger)

Aptitudes particulares que el sugirió…argumentos de apertura, repreguntas, el arte de objeciones y recapitulaciones…redactando quejas, respuestas, peticiones, e interrogatorios, y cogiendodeposiciones y entrevistas de testigos.” (Judge Kaufman) [4]

  • Incompetencias de juecesLos jueces juegan un papel importante en las respuestas contra la violencia de género dentro de sistemas judiciales… (y) tiene un mucho poder de sancionar (o absolver) los bateadores, proteger (o no proteger) mujeres bateados, y mandar un mensaje a la comunidad, la víctima, y el bateador también, que violencia de género no será (o será) tolerado.

A veces jueces exigen su discreción (en interpretando o respetar leyes) en maneras que socavan la seguridad de la víctima y contabilidad del bateador. [5]

  • Incompetencias de fiscalías Mismo en frente de leyes con palabras fuertemente prohibiendo agradamientos en algunos países, fiscalías muchas veces son renuente de hacer cumplir estas leyes en casos de violencia de género… fiscalías pueden creer las mismas mitos y estereotípicos que absuelven el perpetrador de ser responsable de sus acciones.[6]
  • Incompetencias de psicólogos de tribunalesLos funcionarios, psicólogos de tribunales juegan un papel importante en determinaciones custodiales como muchas veces las decisiones de los jueces son basados exclusivamente sobre sus recomendaciones. Entonces, sus papeles y cualificaciones deben ser escudriñado de muy cerca en examinando la falta de los tribunales de proteger víctimas de violencia de genero. 

 “…es muy importante de distinguir entre profesionales licenciado por clínicas forensicas… y profesionales que son miembros de grupos psico-social… (quien falta) un estatuto específica y cuyos actividades no son debidamente regulado…

¿Qué capacidad tienen (psicólogos de tribunales y trabajadores sociales) de cargarse de este papel? Solamente hemos encontrado “protocolo procesual” o “guías de buenas prácticas” en unos CCAA, pero nunca normas específicas, ni una referencia a cualificaciones de profesionales, ni conocimiento especifica de psicología o trabajo social…”

 …en examinando las quejas de violencia de género, hemos encontrado casos que han violado los derechos de mujeres víctimas (…) Estés violaciones son producido en la mayoría de casos durante procesos judiciales, y a veces por los equipos psico-sociales durante sus exanimaciones, quien falta el entrenamiento en la violencia de género y quien no tiene recursos suficiente para llevar a cabo investigaciones o encuestas para entender el conflicto entre la pareja.

…la determinación de equipos psico-social era aceptada por los tribunales como conclusión irrefutable. Los tribunales pensaban que los equipos técnicos eran expertos solamente porque han obtenido esta posición.

Sin embargo…uno puede confirmar que una mayoría de los decisiones que están impugnado son basado sobre mala praxis del equipo psico-social asignado a los tribunales y su falta de especialización en psicología de niños, deficiencias en la metodología  usado en reportes, y en muchos casos en violación de principios éticos y rompiendo código de deontología…

en 85% de los casos estudiados dónde había la intervención de equipos psico-sociales o un experto de psicología asignado por los tribunales, el tribunal seguía ciegamente la recomendación de esos reportes. El  porcentaje sube a 88.24% cuando el intervención viene del equipo psico-social.

Con respecto a este criterio, el fallo e indicaciones del equipo ha vuelto dogma de fe, veracidad absoluto moldeado en decisiones del tribunal sin más razón que cualquier dado por el equipo técnico, sin ningún valor, consideración de pruebas, ni análisis de las circunstancias del caso o de los menores.”[7]

  • Incompetencias de psiquiátricasPocos médicos forensicos reciben entrenamiento como trabajar con víctimas de violencia de género… Médicos forensicos han expresados escéptica extremo de mujeres víctimas de violencia…Ellos han expresados el opinión de una mujer mentiría para conseguir un aventaje dentro de los tribunales…que universalmente han expresado un desconfianza de mujeres.[8] 

“Falta de conocimiento teórica (por profesionales de salud mental) sobre violencia de género, sus causas  consecuencias, es superado por estereotipos en culturas patriarcal que afectan comunicación con víctimas.”[9]

Lo ruego ver y leer con diligencia la línea de tiempo (http://worldpulse.com/node/67522)  ajuntado. Mientras que la negligencia y mala práctica de actores judiciales implicados en mi caso han sido extensivo y sistemático, como ya he dicho mi caso no es aislado pero es representativo de la actuación de la mayoría de actores judiciales en casos de la violencia de género y abuso domestico. Una examinación y análisis de toda negligencia, mala práctica, e infracciones están detallados en mi queja al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ajuntado), pero las negligencias destaques son los siguientes:

  1. La negligencia de Sr. Gonzalo Martínez de Haro de defender mis interesas y recurrir la sentencia 607/2007 aseguró que hubiera una sentencia firme contra mí, declarándome una ‘alcohólica/drogadicta’. Un acusación contra me que él sabe muy bien es completamente falso. También, sabiendo que tal sentencia será utilizado contra mí en mi divorcio y como ‘prueba’ de la exoneración de mi marido por sus abuso – claramente contra las intereses de su cliente.

 

  1.  El fallo de Sra. Belén García Martin de pedir litas expensas y un pensión compensatoria en medias de la previa 1140/07, sabiendo muy bien que yo no tuvo ningunos ingresos o sueldo, que mi marido ya ha cancelado las tarjetas de créditos varias veces en los últimos meses y que él tuvo todos los fondos gananciales bajo su nombre (negándome todo acceso), la vuelve complicita en los esfuerzos de mi marido de defraudarme de fondos gananciales, apropiaciones de mis bienes gananciales por el corte durante 2008, tanto que asegurar que yo no podía defenderme dentro de los tribunales y durante de procedimientos judiciales futuros.

Sra. García contendió que “en España los maridos no tiene que pagar los litis expensas de sus esposas… y no hay ningún ley española que obliga abogados de pedir litis expensas para mujeres/clientes, y así ella no tuvo ningún obligación legal de hacerlo.” Estés contenciones de Sra. García demuestra una falta de conocimiento y entendimiento total de los principios básicos sobre la ley de ganancial y leyes penales contra el fraude y conspiración del fraude – notando que ignorancia de la ley no es una defensa cuando se trata de violaciones de la ley, mismo si uno es un actor judicial.

La ya mencionado negligencia de Sra. García aseguró que yo no podía acceder fondos gananciales para pagar litis expensas en relación de mi divorcio en España, obtener pruebas y evidencia sobre el abuso de mi marido (incluyendo iniciación de litigación contra los diseñadores de página web en Florida por su ruptura del contrato e intento de extorsionar), seguir con la creación y desarrollo de Global Expats/www.global-xpats.com y ser financieramente independiente de mi marido – exactamente como previsto por mi ex marido. Las acciones (y omisión de acciones) de Sra. García están directamente responsable por la pobreza total en el cual yo vivo en los últimos 7 años, tanto que responsable por los ingresos perdidos de mi compañía en estés años estimados en los centenos de millones de euros (página web competidores han ganado $100-250 millones usd en 2013).   

  1. Cuando Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira aceptó mi caso, él supo que debido a la negligencia de Sra. García yo no tuvo fondos para pagar litis expensas hasta del terminación de la liquidación de ganancial (estimado €3-6+ millones de euros gananciales en cuentas ‘escondidos’ por mi marido al extranjero). Yo nunca oculto mi situación y el acepto el caso en todo conocimiento de los hechos, y así acepto los condiciones voluntariamente y tuvo la obligación de asegurar mi defensa y la defensa de mis interesas y derechos a todos momentos.

Uno de las razones principales que contraté Sr. Capell es que él es especialista en banking litigation (disputas relacionadas con productos financieros complejos). Ha intervenido en numerosos litigios y arbitrajes nacionales e internacionales, particularmente en el ámbito anglosajón y latinoamericano. (http://www.cuatrecasas.com/es/abogado/jorge_capell.html).

Mi ex marido trabajó en el sector bancario durante 23 años y sabe muy bien como manipular cuentas bancarias y esconder fondos. Él estaba escondiendo millones de euros de nuestros fondos y ahorros gananciales en cuentas al extranjero – notando que durante 15 años como expatriados no pagamos ni casa, colegio de los niños, viajes, y otros cuantos gastos, con un sueldo de mi marido a €200.000+ (€16.700+/mes). Nuestros gastos mensuales durante estos años era €3.000/mes en comida, ropa, electricidad, ocio, etc. – y así ahorros entre €5.000 y €10.000+/mes.

Sr. Capell tuvo instrucciones muy claras de investigar y examinar de muy cerca todos los archivos, declaraciones de impuestos, y extractos de cuentas en el nombre de mi marido entre agosto 1991 hasta 2008. Pero, él siempre refuto de hacer ni el mínimo de trámites judiciales para conseguir todos los archivos. Sus omisiones de acciones lo vuelve accesorio de fraude.  Luego su omisión de acción de introducir evidencia del abuso de mi marido, sobre todo evidencia en relación de mi negocio y las esfuerzas de mi marido de sabotearlo, lo vuelva accesorio de las infracciones penales de mi marido. 

Además, su refuto de recurrir las sentencias de mi divorcio (que era muy difamatorio a mi personalmente y profesionalmente) me ha vuelto imposible de quedarme en España y cerca de mis hijos, me dejo a la calle sin ningún ingresos o dinero y mi ex-marido con millones de euros, (acordando todo los bienes gananciales a mi ex marido y todos los pasivos a mí), me ha vuelto imposible de recuperar mi página web o hacer construir un otro, y ha asegurado que mi ex marido era libre de seguir de acosarme y amenazar mi seguridad (sin ningún protección de los cortes), después de mis instrucciones expresa, agravia su negligencia y mala práctica. También, según Sr. Ignacio González Martínez y mis conversaciones con el (2010-2012), Sr. Capell incitó Sr. López de Asiain, y Sr. González Martínez de actuar con negligencia y mala práctica en relación de mi caso (para encubrir su negligencia y mala practica), otra vez agraviando su responsabilidad penal, tanto que daños y perjuicios.

  1. El refuto de Sr. López de Asiain, e González Martínez de seguir mis instrucciones de obtener todos los archivos financieros gananciales entre 1991 y 2008 a travesía de un citación del juez, y luego presentar mi caso, reclamaciones, y argumentos legales al tribunal y juez según mis instrucciones mandado en febrero 2011 (vea el documento #1H – Queja al Colegio de Abogados contra Miguel Martinez Lopez de Asiain y Ignacio Gonzalez Martinez), los vuelven accesorios del fraude de mi ex marido, de un estimado suma de €2-4 millones.

También, las acciones de Sr. López de Asiain, e González Martínez en relación de la venta de la propiedad ganancial en Marbella, España (vea documento #10H), cobro y transferencia de fondos eran tan dudoso que mismo el Consulado Española en Washington, DC se preguntó cuál era sus intenciones, objetando de hacer y firmar tal poder.

Durante todo mi divorcio (2007 – 2012), los abogados implicados continuamente han refutado de seguir mis instrucciones, tratándome como una “tontita” que no entendió nada de nada. Ellos pretendía que como llevaba años gestionando divorcios, ellos supieron lo que estaban haciendo; mismo que era evidente que no tuvieron ningún idea de lo que estaban haciendo – confirmado con el follón total que han hecho en mi caso, y tasas de negligencia de 75-95% en los tribunales de familia.

Bajo el principal de la persona razonable, es imposible que abogados y jueces están hacienda sus trabajos correctamente dentro de un sistema legal/judicial de utopía como el sistema española, mientas que los derechos de mujeres y niños están violados a tasas de 85-95%. Óvidamente, hay un problema muy serio. La raíz del problema no es en la falta de aprobación de leyes, y más leyes adecuados, pero se queda en el hecho que abogados no saben ni entienden cómo utilizar leyes en la defensa e interesas de su cliente. El prejuicio y negligencia de abogados están tan profundo y arraigado que mismo cuando reciben instrucciones explícitas para presentar a los cortes, ellos son incapaz de seguir instrucciones que los dejarían hacerlo.

Organizaciones de los derechos de la mujer tienen una responsabilidad clara de promover una plataforma política que estabiliza y promueva los derechos de la mujer y niños dentro de la casa y familia – desafiado y contradiciendo el retorica patriarca y prejuicios predominante en los tribunales de familia y la sociedad en general. Pero, estés organizaciones, y activistas, son tan ahorcado con inercia política que ellos están ‘andando en círculos’ luchando las mismas luchas una y otra vez durante los últimos 30 anos. Como ha dicho Betty Friedan ha dicho en su libro La Segunda Etapa (1981), “la primera etapa del movimiento de la mujer no implicaba una nueva manera de pensar. Una vez que hemos roto la ‘mística femenina’ y dicho que mujeres eran personas, solamente hemos aplicado los valores abstractos de los movimientos liberales de antes y revoluciones radicales, como definido por los hombres, para protestar nuestra opresión, explotación y exclusión del mundo del hombre. En realidad,  hemos tenidos problemas de ideología cuando hemos intentado de aplicar de manera literal una analogía de los revoluciones de clases o color a las situaciones en la vida de la mujer… La retórica prestado muchas veces nos vuelva ciego a una realidad complicado y que está siempre cambiando”

Mismo que organizaciones de derechos de la mujer alrededor de Europa, América de Norte, y Australia (inter alía) son muy consciente de las violaciones de los derechos de mujeres y niños en tribunales de familia, ellos están tan ocupado “promoviendo que si tu no está trabajando fuera de la casa, y ganando dinero – tú no eres nada” (La Segunda Etapa), que las violaciones y discriminación dentro de los tribunales no ha sido desafiado por las feministas de décadas.

Entonces en los últimos años, he usado mi caso para desarrollar una plataforma política y argumentos legales que defiende y promueva los derechos de la mujer dentro de la familia y matrimonio, tanto que lobbying los grupos de los derechos de la mujer y derechos humanos en EE.UU. y Europa para que incorporan este plataforma en su política. Lo ruego ver mis blogs sobre Huffington Post: www.huffingtonpost.com/quenby-wilcox-/, Womenalia: www.womenalia.com/us/blogs/having-it-all, and Family Courts in Crisis newsletter http://worldpulse.com/node/71182 ).

Dentro de esta plataforma es la posición (en concurrencia con recomendaciones y retórica del ONU) que los abogados de la ley de familia, jueces, psicólogos de tribunales y fiscalías (tanto que los colegios de abogados, asociaciones de jueces, asociaciones de psicólogos, Consejo General del Poder Judicial, etc.) tienen una obligación clara e inminente de coger acción positiva, en asegurando que sus acciones están en acuerdo con el ley, tanto que en asegurando que las acciones de sus colegas están en acuerdo con el ley – en lugar de hacer la vista gorda y encubrir la negligencia, mala práctica, y actos ilegales de sus colegas.

Hasta, y mientras que agencias regulatorios y actores judiciales mandan un mensaje de muy fuerte de ‘transparencia y responsabilidad’ a todos ellos que actúan dentro de la justicia – en lugar de un mensaje de impunidad – gobiernos nunca llenara sus obligaciones legales de asegurar igualdad por mujeres en los cortes y protección por mujeres y niños contra las violaciones de derechos humanos extensivos dentro de sus casas.

En el expediente: 12008996 el Defensor del Pueblo contiende que mi caso es de “carácter jurídica privado”, y solamente “un asunto de custodia de mis hijos”, declarando que “la discrepancia con las resoluciones dictadas por los juzgados y tribunales de justicia debe sustanciarse por las vías previstas en nuestra leyes procesales, que Vd. ejercitar bajo la dirección técnica de su abogado en los supuestos y con los requisitos que dichas leyes prevén y ante los tribunales de justicia competentes” – hacienda el mismo suposición que mis acusaciones contra los abusos de poder y actividades ilegales de mis abogados son sin fondos que jueces están hacienda en la evaluación de mis acusaciones contra mi ex-marido, bajo las mismas prejuicios y normas discriminatorios.

Mi caso, y los otros miles de casos en España cada año, no es solamente un “asunto de custodia de hijos” – sin importancia. Visto a la gravedad de la consecuencia potenciales (mortales en muchos casos) que niños están corriendo  bajo la custodia de parientes emocionalmente inestables, el hecho de tomar decisiones custodiales a la ligera es irresponsable y una negligencia muy grave de cualquier autoridad pública que bajo el ley tiene responsabilidad de la protección de la seguridad personal de ciudadanos (y todos personas en su jurisdicción) y sus derechos.

Además, mi caso no es de “carácter jurídica privado”. Las amenazas contra mi vida, destrucción de mi propiedad (computadores, página web, etc. -para impedirme de montar un negocio y tener independencia financiero), acoso, intimidación, fraude, difamación de carácter etc., tanto que su encubrimiento de estés infracciones, son delitos criminales y no de “carácter jurídica privado”.

El primero paso que gobiernos tienen que coger en evitando las violaciones de los derechos de ciudadanos es asegurar que autoridades públicas (Colegios de Abogados, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Colegios de Psicólogos, etc.) investigan todos quejas y alegaciones de víctimas; asegurando una transparencia y responsabilidad total en sus sistemas judiciales.  

En consideración de arriba mencionado, espero que el Defensor de Pueblo investigaron con alta diligencia mis alegaciones contra actores judiciales y el fallo del Ilustre Colegio de Abogados, Consejo General del Poder Judicial e Instituto de la Mujer de investigan mis quejas y alegaciones y/o pasarlos a los autoridades apropiados en 2012 y 2013.

Atentamente,

Quenby Wilcox

Founder – Global Expats

quenby@global-xpats.com

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[1]https://www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero

[2]http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=475&seccion=Not

[3]Se debe notar que solamente 10,26% de mujeres reciben pensiones compensatorios en España, con el promedio del pensión acordado al €500/mes después de 15.5 años de matrimonio y a mujeres de 42 años (http://www.ine.es/prensa/np800.pdf). Con tasas de desempleo de 26% y discriminación contra la mujer y contra trabajadores mayor de 35-40 años una dura realidad en España, amas de casa enfrentan una pobreza total después de un divorcio. Como la mejor forma de control y dominar la mujer es el control económico, así los tribunales están otra vez empoderando el abusador y su control sobre su ex esposa e hijos con su política discriminatoria.

 

[4] Trial Lawyer Incompetence: What The Studies Suggest About the Problem,  The Causes and the Cures by Christen R. Blair

[5] Stop Violence Against Women www.stopvaw.org

[6] Stop Violence Against Women www.stopvaw.org

[7] Jurispudence Study on the Impact of PAS in Asturian Courts, Institute of Asturian  Women Institute for Women of Asturias Lawyers for Equality

[8] Stop Violence Against Women www.stopvaw.org

[9] Rosario Fernández Hevia. Magistrada de lo Penal. Ex -Decana de los Juzgados de Gijón. More Rigths: The Same Obstacles by Amnesty International

 

Recurso al decision del Colegio de Abogados 8/13 (ESP)

Decision – Preliminar 859-13 del Colegio de Abogados – Q. Wilcox – JUL2013

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Recurso al Preliminar 859-13 del Colegio de Abogados de Madrid por Quenby Wilcox

Pedro Lescure Ceñal, Director Departamento Deontologia Profesional, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, C/ Serrano, 9, 28001 Madrid, Espana

26 de agosto, 2013

RE: Queja Deontológico Preliminar no. 859/13 – Quenby Wilcox (Fecha de recepción 3 agosto, 2013)

Estimado Sr. Lescure Ceñal,

Por lo presente, yo Quenby Wilcox, estoy solicitando recurso a la decisión, Preliminar no. 859/13, del Departamento Deontológica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (con fecha de recepción del 3 de agosto 2013) bajo art. 21.1 de la Ley 19/97 de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concordancia con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

También, bajo art. 2.1 del Decreto 245/2000[1] (y art. 451 del código penal española) estoy solicitando que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cumple con su obligación de notificar al Ministerio Fiscal sobre las alegaciones de infracciones penales en el caso presentado (Vea Tabla 1 y 2) acompañado con todos documentos e información en su posesión. También, bajo 2.2 del Decreto 245/2000[2] estoy solicitando que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cumple con su obligación de suspender su investigación de los alegaciones contra Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, Ignacio González Martínez y Silvia Hinojal hasta que se prenuncia una resolución judicial firme por el Fiscal u otro autoridades competentes.

Discriminación, violencia y opresión de la mujer históricamente han sido las más extensivas y predominantes formas de discriminación, violencia y opresión dentro de sociedades alrededor del mundo, tanto en la comunidad que en la casa y dentro del matrimonio. En los último 50 años constituciones, convenios internacionales y leyes han sido aprobado que vuelven las tradiciones, costumbres que sostiene el situación ilegal. También, en los últimos 50 años estudios en psicología y psiquiatra sobre la violencia doméstica demuestran que antiguos costumbres y tradiciones en la familia apoyan, sostienen y perpetúan violencia, inmoralidad, corrupción, pobreza y problemas de salud en nuestras sociedades.

Cualquier actor judicial, estatal o non-estatal, que está implicado en la disolución del matrimonio (y todos trámites relacionados) sobre todo los abogados, tienen el obligación y deber de estar informado sobre el dinámico de la familia de hoy en día, tanto que los signos del abuso y violencia doméstica (vea Diagramo 1 y 2, Ruedas de Duluth de Poder y Control y Maltrato de Menores.) El fallo de estar informado sobre la realidad de la familia moderna, la situación de su cliente, compilación de las pruebas y evidencia para defender sus interesas y derechos, y presentación de este información a los tribunales constituya mala práctica y negligencia grave.

Bajo ningún concepto se puede defender la negligencia profesional de un abogado con la “defensa” de “independencia prerrogativa” bajo art. 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 del Estatuto General de la Abogacía y 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española, sobre todo cuando este negligencia resulta en el encubrimiento del abuso y violencia domestica y/o discriminación contra la mujer, y en violación de los derechos citado en Tabla 1, inter alía.

El contención del Departamento Deontología que la violación de los derechos citados “alcanzan exclusivamente a los derechos fundamentales reconocidos en la CE y otras normas universales concordantes y en modo alguno a normas de legalidad ordinaria” y así amparan los abogados implicados demuestra una falta de entendimiento y conocimiento de la norma jurídica jerarquía en España y sistemas democráticas.

Tradiciones, costumbres, acciones y omisión de acciones de actores judiciales estatales y non-estatales que infringen la ley y que actúan en cualquier manera (directamente o indirectamente) de sostener, apoyar y perpetuar discriminación, violencia y opresión de la mujer se constituyan crimines contra la humanidad como definido por los siguientes:

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

 Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional,  en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física; e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control;

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Artículo 1.1 – A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de … castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Código Penal Española

De los delitos de lesa humanidad – Artículo 607 bis

1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:

1º 402 Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Reportes y estadísticas[3] demuestra tazas de negligencia de 70-90% por sistemas judiciales de cumplir con su obligación de proteger víctimas de la violencia doméstica, tanto que defender y proteger los derechos de la mujer dentro de trámites judiciales, con una taza de negligencia de abogados alrededor de 75%.

Incompetencia de Abogados de los juzgados:

Que los estudios sugiera sobre los problemas, causas, y curas

por Christen R. Blair

La falta de entrenamiento adecuado de abogados por trabajo dentro de tribunal es una….problema muy serio en la administración de justicia…

 75% de los abogados que se presenten a tribunales eran deficiente. …citando como ejemplos:

  • falta de preparación, incapacidad de formar cuestiones correctamente,
  • falta de capacidad de dirigir una repreguntas correctamente,
  • falta de capacidad de presentar y manejar la presentación de documentos y cartas,
  • falta de capacidad de formar objeciones de asuntos, falta de la capacidad de formar argumentos,
  •  falta de comportamiento e etiqueta correcta básico delante del tribunal. Chief Justice Burger

Aptitudes particulares que el sugirió [para combatir negligencia y mala práctica de abogados]

  • argumentos de apertura,
  • repreguntas,
  • el arte de objeciones
  • recapitulaciones
  • redactando quejas, respuestas, peticiones, e interrogatorios
  • cogiendo deposiciones y entrevistas de testigos.  Judge Kaufman

(http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/capulr11&div=35&id=&page= )

Uno de los primeros pasos y acciones a tomar para que gobiernos cumplen con su obligación de asegurar que sistemas judiciales están competentes, transparentes y diligentes en su actuación es de asegurar que los Colegios de Abogados examinan e investigan todos las quejas y denuncias contra abogados que reciben con una alta diligencia, teniendo todos abogados responsable por su negligencia y mala práctica hasta la letra del ley.

En el Preliminar no. 859/13 del Departamento Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid no hay ningún referencia ni examinación de los hechos y actuación de Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, o Ignacio González Martínez, demostrando una falta total del Departamento Deontología de haber leído y examinado los hechos de mi caso y quejas con debido diligencia y cumplir con su responsabilidad bajo el Constitución y la ley español, tanto que la ley internacional.

En su reporte ¿Qué Justicia Especializada? (2012) Amnistía Internacional recomienda que para que el Estado Española “verifica la efectividad de la protección legal dispuesta e identificar los obstáculos que, en la ley o en su aplicación, impiden a las mujeres acceder y obtener justicia y protección… ejerce la debida diligencia en la persecución del delito, en la investigación de los hechos y en la protección de las denunciantes en riesgo” recomiendo a los colegios de abogados de “revisar los mecanismos de formación y rendición de cuentas de los abogados y las abogadas para profundizar en su capacitación en la defensa de las víctimas de violencia de género, corregir las malas prácticas y verificar su efectividad.

Lo ruego que El Departamento Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid lea y examina, con una alta diligencia, las denuncias contra Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, Ignacio González Martínez y Silvia Hinojal, después de recibir una decisión firme por el Fiscal Española u otro autoridades apropiados en relación de infracciones penales de los abogados citados, notando que bajo art. 607 bis del código penal actores implicados no disfrutan de la prescripción extintiva.

Sin embargo, lo ruego ver mis respuestas al Preliminar no. 859/13 del Departamento Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid abajo.

Por primera – el Departamento Deontología contiende que “Se extiende la denunciante en su queja a reprochar a todos los letrados y letradas denunciados, excepto la última citada, la Sra. HINOJAL LOPEZ, le vinieron defendiendo en autos no. 1140/07 y el previo Juicios de Faltas no. 609/07…centrando su queja en segundo lugar en la letrada Sra. Hinojal, defensor circunstancial de su contraria en el pleito civil ya citado, a la que imputa que habría podido incumplir su deber ético de evitar lesión confiado en dicho pleito, por la falsedad de las manifestaciones vertidas contra ella, para concluir reclamando frente al despacho “CUATRECASAS” los daños y perjuicios supuestamente sufridos por la negligencia en la que habrían incurrido en su defensa los abogados de su despacho que en ella intervinieron… “

Estas líneas y las referencias continua en el Acuerdo – Preliminar no. 859/13 a la Sra. Hinojal como la persona contra quien mis quejas del 14 de junio 2013 al Colegio de Abogados están presentado, demuestra un fallo de Sr. Pedro Lescure Cenal y el Departamento Deontología Profesional de haber leído con debido diligencia mis quejas contra Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, y Ignacio González Martínez, y así una falto de conocimiento y entendimiento total de los hechos del caso. La queja contra la Sra. Hinojal (no. 3(C) y no la última citada) es por una acción puntual en 1140/2007, sin embargo una infracción penal (introducción del documento falsificado al tribunal en las medias a la previa 1140/2007, en violación de art. 396, 22, 28b del código penal.)  La Sra. Hinojal no estaba implicada en 609/2007, y tampoco mis quejas estaban “centrando” sobre ella, como el Departamento Deonotologico pretendía en Preliminar no. 859/13.

Tampoco, en todo el Preliminar no. 859/13, el Departamento Deontología nunca hace referencia al divorcio contencioso 1143/2007 (2008-2012), ni a los hechos ni alegaciones contra Gonzalo Martínez de Haro, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, y Ignacio González Martínez.

Las líneas en el Primero de la Preliminar no. 859/13, sobre todo la conclusión por el Departamento Deontología que la acción de la Sra. Hinojal terminó en “concluir reclamando frente el despacho “CUATRECASAS”los danos y perjuicios supuestamente sufridos por la negligencia en la que habrían incurrido en su defensa los abogados de su despacho que en ella intervinieron. …” (en el divorcio 1143/2007) demuestra una falta de pensamiento lineal y una cognición básica y lógica entre hechos y consecuencias por la persona o personas que han examinado las quejas presentadas con los documentos acompañantes. Los daños y perjuicios en mi caso han sido causados por las acciones y omisiones de acciones negligentes de Sr. Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, tanto que los acciones y omisiones de acciones de Gonzalo Martínez de Haro, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, Ignacio González Martínez, y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (1140/2007 y 1143/2007) con los daños y perjuicios repartido entre todos actores, como provisto en el código penal y código civil, y el Convenio Europeo sobre los derechos humanos, Convenio de derechos civiles y políticos, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y Declaración de principios básico del justicia por víctimas de crímenes y abusos de poder.

Lo ruego por favor que el Departamento Deontología Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid de LEA las quejas que yo presenté al Colegio de Abogados con la fecha de 14 de junio 2013 con atención y debido diligencia, contestando hecho por hecho a las alegaciones presentadas. Por su conveniencia lo presenta Tabla 1 que enumera las alegaciones contra los abogados como presentado en mis quejas (detallando los infracciones constitucionales, convenios internacionales, código penal, código civil, ley orgánico, ley ordinario, y código deontológico de abogacía española) tanto que Tabla 2 que facilita el entendimiento entre causas y consecuencias en los hechos presentados y responsabilidad principal o accesoria bajo el código civil y penal española y principios legales universales, para facilitar el entendimiento de su equipo deontológico.

También, bajo art. 2.1 del Decreto 245/2000 hechos y fundamento entre la presunta infracción administrativa y una posible infracción penal, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, solicitando testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación,” lo ruego que el Colegio de Abogados cumple con su obligación de notificar al Ministerio Fiscal sobre los alegaciones de infracciones penal en el caso presentado. Vea Tabla 1.

Bajo 2.2 del Decreto 245/2000 cuando se tenga conocimiento de que se está sustanciando un proceso penal en el que concurran las circunstancias referidas en el apartado anterior, el órgano competente para la iniciación del procedimiento acordará la suspensión del mismo hasta tanto recaiga resolución judicial firme,” el Colegio de Abogados suspenderá su investigación  de los alegaciones contra Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, José Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, Ignacio González Martínez y Silvia Hinojal hasta una resolución judicial firme por el Fiscal u otro autoridades competentes. 

Por segundo – El Departamento Deontología también contiende que “decisiones técnicas o facultativas que debe adoptar el abogado en el curso de un procedimiento para la mejor defensa del interés encomendado: discrepancias en las que la denunciante no pude ser secundada por esta Corporación y menos en sede deontológica, pues las referidas decisiones del abogado atañen a su independencia, prerrogativa que le asiste en el desempeño de su función tal y como tienen previsto los artículos 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 del Estatuto General de la Abogacía y 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española, que le inmuniza de toda injerencia en el exclusivo territorio de la defensa, sin que sea posible su revisión en sede deontológica salvo que aprecie infracción, siempre que esta no se acredite exclusivamente por el decaimiento en juicio de las posiciones en el mantenidas y siempre que la misma puede apreciarse de forma llana e inmediata sin necesidad de contrastar teorías o doctrinas; circunstancias todas que en modo alguno concurren en el supuesto en el que resulta imposible establecer la relación cause efecto que pretende la denunciante, basada exclusivamente en su particular y subjetivo criterio en modo alguno decisorio en el pleito en cuestión y que solo decidera o habrá decidido el juez competente.

El contención del Departamento Deontología que acciones y/o omisiones de acciones de abogados (incluyendo encubrimiento de evidencia durante trámites judiciales) que resulta en la desprotección y/o violaciones de los derechos constitucionales, civiles o humanos de sus clientes, y/o oculta evidencia de crimines cometido contra ella por otros actores judiciales son protegidos y acordado inmunización a dichos abogados bajo atañen a su independencia, prerrogativa que le asiste en el desempeño de su función tal y como tienen previsto los artículos 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 del Estatuto General de la Abogacía y 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española por todo acción disciplinario por el Colegio de Abogados,” son en violación de art. 7, 9, 10, 14, 39 y 40 del Constitución Español, art. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 17, 23, y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, y 15 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales,art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 18 de la Declaración de principios básico del justicia por víctimas de crímenes y abusos de poder, y 451.1 del código penal. Bajo tal contención abogados en España se quedan a libertad de violar sus obligaciones deontológicas, derechos de sus clientes, y/o leyes españoles o internacionales en toda impunidad e inmunización de las autoridades.

El derecho de abogados de ser libres e independientes” a ningún momento justifica sus acciones y/o omisiones de acciones que violan los derechos y/o interesas de sus clientes y/o violan leyes españoles y/o internacionales. Lo cita los siguientes:

Ley Orgánica del Poder Judicial

Artículo 542.2 – En su actuación ante los Juzgados y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa.

Artículo 544.1 – Los Abogados y Procuradores, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 546.2 – Los abogados y procuradores están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.

Artículo 546.3 – Las correcciones disciplinarias por su actuación ante los Juzgados y Tribunales se regirán por lo establecido en esta Ley y en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el procedimiento sancionador.”

Estatuto General de la Abogacía

Artículo 16 – Los Abogados antes de iniciar su ejercicio profesional por primera vez prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de Abogado.

Artículo 30 – El deber fundamental del abogado como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia es cooperar a ella asesorando conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la Abogacía se halla vinculada.

Artículo 31 – Son también deberes generales del abogado: a) Cumplir las normas legales estatutarias y deontológicas así como los acuerdos de los diferentes órganos corporativos.

Artículo 42.1 – Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida además de las que se deriven de sus relaciones contractuales el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional.

Artículo 42.2 – El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado ateniéndose a las exigencias técnicas deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros quienes actuarán bajo su responsabilidad.

Artículo 78.1Los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.

Artículo 78.2 – Los abogados en su ejercicio profesional están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio.

Artículo 80.1 – Los abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.

Artículo 84 – Son infracciones muy graves:

c) La comisión de delitos dolosos en cualquier grado de participación como consecuencia del ejercicio de la profesión así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión a las reglas éticas que la gobiernan a los deberes establecidos en el presente Estatuto General.

k) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Abogacía.

Artículo 85 – Son infracciones graves:

g) Los actos y omisiones descritos en las letras a) b) c) y d) del artículo anterior cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.

Artículo 87

1. Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las siguientes:

a) Para las de los apartados b) c) d) e) f) h) e i) del artículo 84 suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años.

b) Para las de los apartados a) j) y k) del mismo artículo expulsión del Colegio.

Mientras que los abogados gozan del derecho de “libertad e independencia” al desempeño de sus funciones, no son libre de responsabilidad penal, civil o disciplinario por el Colegio de Abogados u otros autoridades competentes por infracciones deontológicas, civiles y/o penales en su ejecución.

Además, el Departamento Deontología contiende que mis quejas no han presentado hechos basado sobre infracciones deontológicas, y/o violaciones civiles y/o penales por los abogados citados, pero son nada más que “contrastar teorías o doctrinas… Muy especialmente por cuanto sus abundantes y profundos contrastes doctrinales alcanzan exclusivamente a los derechos fundamentales reconocidos en la CE y otras normas universales concordantes y en modo alguno a normas de legalidad ordinaria” y por este razón queda fuera del competencia del Colegio de Abogadas de examinar, investigar y sancionar.

La idea que acciones y/u omisión de acciones de abogados que directamente y/o indirectamente resulta en la indefensa y/o violaciones de derechos civiles, constitucionales, y/o humanos de sus clientes no son nada más que “contrastar teorías o doctrinas…” son en violación de art. 7, 9, 10, 14, 39 y 40 del Constitución Español, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 y 14 del Convenio Europeo sobre los derechos humanos, art. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 23 y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos,y art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del annex de la Declaración de principios básico del justicia por víctimas de crímenes y abusos de poder, inter alia.

Por terceroEl Departamento Deontológico contiende que “Motivación que debe extenderse en su transcripción textual a la imputación de lesión injusta a la parte contraria que levanta la denunciante respecto de la letrada Sra. Hinojal, de forme aún más concluyente si cabe que en el apartado precedente, por cuanto la falsedad imputada respecto de las alegaciones de la letrada en el juicio de familia de que se trata, constituye cuestión prejudicial penal no resuelta, toda vez que requiere para tenerse por cierta una declaración al efecto pronunciada por sentencia firme dictada en dicha jurisdicción, que en modo alguno aporta la denunciante .

En primera lugar, la referencia solamente a la Sra. Hinojal contra quien mi denuncia era una “detalle” e infracción puntual en noviembre 2007 (las medias a la previa 1140/2007) sin jamás en el Preliminar no. 859/13mencionar Srs. Gonzalo Martínez de Haro, Jose Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, Ignacio González Martínez y/o Sra. Belén García Martin o sus infracciones, es confuso y causa de perplejidad enfrente de la multitud y gravedad de las quejas y denuncias contra ellos. Lo ruego ver Tabla 1 que detalla todas las alegaciones abundantes contra ellos, en frente de única infracción de Sra. Hinojal.

Luego que el Departamento Deontológico me informa que no se pueden considerar una queja contra un abogado sin “una sentencia firme [contra el denunciado] dictado en dicha jurisdicción,” constituya discriminación de facto contra la mujer, y atenúa muy seriamente la posibilidad de desarrollar y obtener una justicia efectiva en España, sobre todo en asegurando igualdad en trámites y decisiones judiciales por la mujer en juzgados de familia y/o casos de la abuso doméstico.

Entre 2007 y 2012 yo he recurrido y pedido asistencia y consejo de todas las asociaciones de la mujer y la violencia de género en Madrid, Majadahonda, y Villanueva de la Cañada. Mientras que ellas han reconocido que mis abogados no eran actuando en mis interesas y estaban violando mis derechos en su actuación (también reconociendo que el encubrimiento de la violencia doméstica y esfuerzos de silenciar las denunciantes y denuncias, es muy común por actores judiciales dentro de los juzgados de familia) pero no han hecho nada para informar el fiscal, ni otros autoridades competentes de su conocimiento de los delitos.

También, desde 2007 estoy pidiendo al Consulado Americano tanto que francesa su asistencia para encontrar un abogado que protegerá mis derechos e interesas, tanto que informar la fiscalía y/o otras autoridades españoles sobre su conocimiento de los delitos y violaciones de mis derechos por abogados implicados, sin éxito.

Hasta que las asociaciones de la mujer y la violencia de género, las esfuerzas de ley y fiscalías, y los Consulados (en casos internacionales) empiezan de cumplir con su obligación legal, tanto que ético, en denunciando, investigando y castigando actores judiciales que abusan de sus poderes, violan los derechos de las víctimas de la violencia doméstica, y/o cometen delitos penales, será imposible por las víctimas de presentar sus denuncias a los Colegio de Abogados acompañados con una sentencia firme contra dicho abogado(s).

También, como el Departamento Deontológico se puede contestar en el documento acompañante #2 – Queja al Comisión sobre el Estatuto de la mujer – ONU, en mi queja (al Colegio de Abogados) de 14 de junio 2013,yo presente una denuncia contra actores judiciales al Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo e Instituto de la Mujer en abril 2012. Los he informado sobre los hechos de mi caso con denuncias contra cada actor judicial implicado (correspondiente a la autoridad y competencia según la infracción,) pero ninguno ha leído mis quejas, ni iniciado una investigación, ni contactado la fiscalía sobre su conocimiento de delitos hecho por actores judiciales.

Unos primeros pasos en combatiendo el fallo del sistema judicial española, y así llenando el obligación del gobierno de proteger víctimas del abuso doméstico, tanto que violaciones de sus derechos y abusos de poderes por actores judiciales estatales y no-estatales en el encubrimiento de la violencia doméstico, será por agencias regulatorios y supervisores (incluyendo el Colegio de Abogados) de llenar su obligaciones bajo el artículo 451 del código penal, inter alia de oficialmente notificar el fiscalía sobre su conocimiento de alegaciones de delitos cometidos por abogados españoles, con las pruebas que tiene en su posesión, presentado en la queja Preliminar no. 859/13

También, bajo art. 2.1 del Decreto 245/2000 hechos y fundamento entre la presunta infracción administrativa y una posible infracción penal, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, solicitando testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación,” lo ruego que el Colegio de Abogados cumple con su obligación de notificar al Ministerio Fiscal sobre los alegaciones de infracciones penal en el caso presentado. Vea Tabla 1.

Además, bajo 2.2 del Decreto 245/2000 cuando se tenga conocimiento de que se está sustanciando un proceso penal en el que concurran las circunstancias referidas en el apartado anterior, el órgano competente para la iniciación del procedimiento acordará la suspensión del mismo hasta tanto recaiga resolución judicial firme,” solicito que el Colegio de Abogados cumple con su obligación de suspender su investigación  de los alegaciones contra Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, José Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, Ignacio González Martínez y Silvia Hinojal hasta una resolución judicial firme por el Fiscal u otro autoridades competentes.

Políticos, agencias, asociaciones, todo el mundo, tiene iniciativos, programas, conferencias, pagina web, compañas, retorica sin parar, PERO NADIE está haciendo los pasos administrativos e investigadores que lo hacen cumplir con sus obligaciones bajo los leyes nacionales e internacionales y que llena las necesidades de las víctimas o aporta soluciones efectivas.

¡GOBIERNOS TIENEN QUE PASAR DE LA RETORICA A LA ACCION!!!

La impunidad bajo el cual actores judiciales, estatales y no-estatales, pueden violar derechos y cometer delitos, se atenúa no solamente a la protección de víctimas de la violencia de género, pero también a la democracia del país. 

Adicionalmente,  El Departamento Deontológico contiende que Todo ello y muy especialmente en el supuesto que nos ocupa, en el que lo que se cuestiona es la actividad facultativa de la defensora de la adversa que, por su propia naturaleza es contraria al interés de que contra el que se dirige y, por tanto y también, a su particular agrado, partiendo de la esencial y básica consideración de que ni el abogado defensor de una parte es garante genérico ni especifico del interés de la adversa, ni está llamado a protegerla de cuantas consecuencias se deriven de su actuación profesional en defensa de terceros. Lo que solo podrá evitar o paliar la propia parte adversa a su abogado con todos los medios admitidos en derecho.” 

Por supuesto, no es el trabajo del abogado de la contraria (Sra. Hinojal) de defender mis derechos ni interesas. Este trabajo era el responsabilidad de mis abogados, y un trabajo que han fallado de hacer cuando no han llamado atención al juez a una documento falsificado introducido y el delito del abogado del contraria en introduciéndolo.  Todos abogados (mismo un abogado de la defensa contrario) están obligados de actuar en respectando leyes españoles (citando el Código Deontológico art. 3.1 – El abogado tiene el derecho y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes, sin utilizar medios ilícitos o injustos, ni el fraude como forma de eludir las leyes.) Introduciendo documentos (cuentas bancarias) falsificados en una trámite judicial es en violación de art. 396, 22, 28b del código penal, y art. 11 y 546 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 42 y 43 del Estatuto General de la Abogacía y cualquier actor judicial que lo encubre (sobre todos mis abogados) son violando art. 451 del código penal española.

El Departamento Deontológico contiende que para examinar los hechos (llamando el atención que no es una “teoría o doctrina,” pero hecho y acción) yo tengo que demuestra “la falta de justificación (al resultar la lesión innecesaria o tener una causa ilícita), su objetividad (viniendo determinada por su propia naturaleza, causa, finalidad y circunstancias y no por lo que subjetivamente considere la parte ofendida), el carácter alevosos (generando indefensión a la parte contraria) y su apreciación palmaria (sin necesidad de tener que revisar la actuación facultativa del letrado).”

Como el Departamento Deontológico no han podido apercibir con una lógica Euclides el criterio necesario para evaluar los hechos presentados en mi queja de 14 de junio 2013 lo presento los hechos bajo el criterio pidió en el Preliminar 859/13:

En el extracto de cuenta entregó por Sra. Silvia Hinojal y procurador Juan Antonio Gómez,  el extracto esta obviamente falsificado (Documento #1D – Hinojal – Extracto de cuenta falsificado por Sr. González de Alcalá  – entregado al tribunal  el 12 de diciembre 2007.) El nombre de Javier González de Alcalá esta borrado y escrito por mano (en la escritura de Javier González de Alcalá) es el nombre de Quenby Wilcox. Dando la impresión que todo los gastos de diversión (salidas a los restaurantes, bares, fiestas) más los gastos de la gestión de la casa (supermercados, ropa, etc.), y gastos y retiros de miles de euros “misteriosos” son atribuidos a mí, Quenby Wilcox. Pero, en realidad los gastos de diversión eran exclusivamente gastos de mi ex marido; notando que yo siempre me quedaba en la casa cuidados los niños mientras que Sr. González de Alcalá saleaba a fiestas, discotecas, etc. y para divertirse durante todos los años que estábamos juntos (casados y antes.)    

Sra. Hinojal tuvo la obligación de asegurar que todos los documentos que ella entrego al tribunal no eran falsificados o adulterados.  Su introducción de tales documentos a los tribunales la vuelva accesoria del defraude de mi ex marido, tanto que su esfuerzos de engañar el juez de instrucción en violación del art. violación de art. 396, 22, 28b del código penal, inter alia”

Lo explicó y detalla según el criterio exigido por el Departamento Deontología:

  • la falta de justificación – Lo ruego ver el Documento #1D – Hinojal – Extracto de cuenta falsificado por Sr. González de Alcalá  – entregado al tribunal  el 12 de diciembre 2007 donde el documento esta óvidamente falsificado.
  • su objetividad –  La falsificación del documento no es una “interpretación” pero un hecho concreta de un objeto (un extracto de cuenta en este caso.) El “objetividad” requisito para examinar los hechos es una cuestión de sentido común, lógica, y capacidad de ver y leer.
  • el carácter alevosos – Como el hecho de introducir documentos falsificados con el fin de entregar información falso al juez (con el obligación de la Sra. Hinojal de revisar documentos presentado al tribunal y así en conocimiento de su estado falsificado) el hecho es un delito penal (art. 396, 22, 28b del código penal.) El carácter alevoso, y partido principal dañado es el debido proceso y curso de la justicia. Un delito es aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país, y que llena los requisitos definido por el código penal española.
  • su apreciación palmaria – La existencia del Documento #1D – Hinojal – Extracto de cuenta falsificado por Sr. González de Alcalá en los documentos y archivos del caso 1140/2007 y 1143/2007. No se puede negar la existencia del documento y así no es una “apreciación,” pero un hecho, bajo el sentido común, lógica, capacidad de ver y leer bajo el principio de la persona razonable.

El hecho que el Departamento Deontológica solamente hace referencia a la queja contra la Sra. Hinojal (sin ninguna referencia a las quejas contra Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, Jose Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, y Ignacio González Martínez) como “causa” de la inexistencia de fondos, causas, y perjuicios de todos quejas introducido se queda poco claro, y exhibe una falta de debido diligencia del Colegio de Abogados de Madrid. Lo ruego por favor que el Departamento Deontológico lea y considera TODAS las quejas y con todos los hechos y documentación de los hechos en los documentos acompañantes introducido en mi correspondencia al Ilustre Colegio de Abogados con firme de 14 de junio 2013.

Por cuatro –El Departamento Deontológico contiende queTodo sin olvidar que todas las infracciones de las que pudieran ser constitutivos los hechos que se imputan en la queja anteriores 25 de junio de 2010… Periodo este que no es sino el de prescripción de las infracciones graves (art. 91.1 del Estatuto General de la Abogacía… Motivo por el cual procede tener por prescrita cualquier infracción ética que hubieran podido cometer los letrados denunciados como consecuencia de los hechos que se les imputan en la queja por hasta el día 25 de junio de 2011, con el archivo sin más trámite de la misma sin perjuicio de cuanto queda dicho en los apartados precedentes y sin perjuicio también de la acción civil que la denunciante puede en su caso ejercer ante los tribunales de justicia por los daños y perjuicios que le hubiera podido ocasionar la actuación de los letrados contra los que se dirige y que contempla el art. 78 del Estatuto de la Abogacía, que no está condicionada por el previo reproche disciplinario o deontológico.

En primera lugar, antes de irme de España en febrero 2009 me fui a la sede del Colegio de Abogados de Madrid (c/ Serrano) preguntando si hubiese un plazo máximo sobre el cual yo podía mandar una denuncia contra abogados españoles, y me contestaron “No. No hay plazo o límite de tiempo para poner denuncias.” Cuanto lo pide el nombre del funcionario que dio la información, el me refutaba de dármelo, bajo la contención que el Colegio de Abogados es una corporación privada, sub-contratado por el gobierno española, y así él no era un funcionario público obligado de darme su nombre.

Se debe constatar que durante el año 2007 y 2008 me fui sobre muchas ocasiones a los abogados de turno (de los Colegios de Abogados) en Villanueva de la Cañada, Majadahonda, y Madrid (c/ Serrano, y c/ Capitán Haya) para información sobre el funcionamiento y actuación de mis abogados, tanto que cuestiones puntuales sobre legislación y trámites judiciales españoles. En cada reunión, sin excepción, las personas que me atendía me han dicho que “no eran abogados, solamente asesores jurídicas, y entonces no supieron la respuesta de mi pregunta” o bien me han dicho “que eso no era su especialización en el ley (mismo sobre cuestiones de trámites básicos) y así no pudieron contestarme.”  Ellos también me han refutado de darme sus nombres cuando pedidos.

  1.  El hecho que funcionarios del Colegio de Abogados disimula información falsa o retiene información que un ciudadano tiene derecho de libremente recibir es en violación de art. 20 del Constitución Española “recibir libremente información veraz,” art. 18, 19, 20 de Ley orgánica de protección intégrale contra la violencia de género. Art. 42.3 del Estatuto General de la Abogacía “En todo caso el abogado deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan.”

El contención de funcionarios del Colegio de Abogados que no son funcionarios públicos es falso bajo art. 2.1 del Estatuto General de la Abogacía “Los Colegios de Abogados son Corporaciones de Derecho público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado” del, y el 24.2 del código penal “Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.”

  1. Hasta abril 2013 los documentos sobre mi caso divorcio 1140/2007 y 1143/2007 y todos juicios y documentos asociados eran en posesión del abogados tratantes.  Yo recibí dichos documentos el 29 de abril 2013 y así conocimiento de todos hechos, y documentación de los hechos y sus faltas tal día.
  1. La opresión, violencia y discriminación contra la mujer son los más antiguas y extensivos forma de violencia y discriminación en sociedades alrededor del mundo, y constituyen crimines contra la humanidad, como definido por los siguientes:

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

 Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional,  en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física; e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control;

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

Código Penal Española

De los delitos de lesa humanidad – Artículo 607 bis

1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:

1º 402 Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Artículo 1.1 – A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de … castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Durante 2007-2008 yo tuve que vivir diariamente bajo amenazas sobre mi vida y persona, tanto que miedo por la seguridad y bienestar de mis hijos hasta hoy en día por la falta del sistema judicial española de llenar su obligación de proteger víctimas de la violencia doméstica, inter alia. Tuve que marcharme de España en febrero 2009 por la falta de poder acceder mis fondos y bienes gananciales en España, falta de conseguir un trabajo, y la alta probabilidad de ser asesinado (una probabilidad de más que 99% de ser matado por mi marido, según estudios de Amnistía Internacional.) Dejando mis hijos en España era la cosa más difícil y dolorosa que he hecho en todo mi vida, pero era mejor que el alternativo; una madre muerta con un padre en la cárcel por el resto de su vida, con todo el dolor que sufrirán mis hijos por el resto de sus vidas en frente de tal situación.

En los últimos 7 años he tenido que vivir diariamente con los siguientes:

  • síntomas de estrés post-traumático
  • depresión
  • ansiedad
  • insomnio
  • dolores de cabeza
  • caídas de tensión
  • ser defraudado por todos mis bienes por la negligencia de los abogados citados
  • buscar trabajo después de 20 años fuera del mercado laboral en un crisis económico profundo
  • vivir en casas infestadas con ratas, condenadas y sin calefacción
  • estudiar la ley española e internacional para desarrollar argumentos legales en la defensa de mis derechos delante de abogados y tribunales españoles que estaba violando mis derechos sin fin, y así viviendo y reviendo todos mis traumas de los últimos anos.

Y, todo eso porque yo quise desarrollar un negocio, Global Expats, vivir en paz y asumir las necesidades financieras de mi y mis hijos. Bajo del principio de la persona razonable mis experiencias se constituya “tortura” y “persecución” como definido en el código penal española y convenios internacionales, y son la consecuencia de la negligencia y mala práctica de los abogados citados en este denuncia.  Vea Tabla 2 como documentación de prueba, recordando que bajo art. 13 del Acto de Igualdad el cargo de prueba se calla sobre los abogados citados.

  1. Hasta el 9 de noviembre 2012, cuando Sr. Ignacio González Martínez reconoció por escrito en su email que el divorcio 1143/2007 y todos trámites eran terminado, el caso era todavía en curso; por colusión y negligencia de la parte de los abogados implicados y sus fallos de actuar en una manera oportuna. Dichos abogados han alargado los trámites judiciales (que debía tardar un año) hasta 7 años con el fin que su cliente abandonara el proceso (y así todo posibilidades de perseguirlos en acciones judiciales) y/o con una negligencia tan elevado que se constituya mala práctica y negligencia grave.

Bajo art. 450 y 451 del código penal española los abogados implicados tuvieron el obligación de avisar autoridades (juez de instrucción, fiscalía, y colegio de abogados) sobre su apercepción o conocimiento de cualquier infracción (bajo los códigos penal y civil tanto que leyes españoles) de abogados anteriores. Las acciones de todos abogados y procuradores implicados durante 2007-2012 constituya colusión (art. 28 del código penal) en el encubrimiento del abuso de mi ex marido, sus esfuerzos de defraudarme y en relación de todas violaciones de mis derechos 2007-2012 por actores judiciales (abogados, jueces y otros.) Entonces todos agravios estaban todavía en curso hasta el entrego de los documentos, abril 2013.

Bajo art. 132 del código penal “En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.” Otra vez hastael entrego de los archivos del divorcio contencioso 1140/2007 & 1143/2007 y todos juicios relatados y cesación oficial de todos tramites por abogados implicados (abril 2013), el caso (y delitos asociados) eran en curso.

Sin embargo, mismo si el Departamento Deontológico considera que no se puede examinar acciones anteriores de junio 2010 se queda las acciones de Miguel Martínez López de Asiain, e Ignacio González Martínez y los perjuicios causados. Lo ruego de ver mi queja del 14 de junio 2013 contra ellos, y contestar al mismo.

POR QUINTO – “Archivo que debe alcanzar a la  solicitud de la denunciante de ser resarcida en esta sede de los daños y perjuicios que considera sufridos, en tanto que este Corporación no tiene competencia objetiva por razón de la materia para el enjuiciamiento de tal pretensión… Siendo de recordar en tal sentido que el artículo 7.2 del Estatuto General de la Abogacía determina que “los abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, que será exigible conforme a las legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligado.” Acción de responsabilidad civil cuyo ejercicio ante la jurisdicción no está condicionado a previo reproche disciplinario del abogado.”

  1. Según las instrucciones en la página web del Ilustre Colegio de Abogados cualquier reclamación por reparaciones debe ser presentado aparte de la denuncia, y así documentación y pruebas de los daños y perjuicios no han sido presentado en la denuncia del 14 de junio 2013. Que el Colegio de Abogados tiene, o no tiene competencia de considerar o fijar resarcimientos, no los amparan de la obligación de investigar, y considerar mis alegaciones uno por uno con los documentos acompañantes de prueba.
  2. En relación de mi derecho de perseguir los abogados implicados por un proceso civil en relación de su negligencia y los daños y perjuicios, conozco muy bien mis derechos y estoy siguiendo este camino. Sin obstante, la posibilidad de perseguir abogados por vías judiciales españoles tampoco, absuelve el Colegio de Abogados de su obligación de leer, investigar, y sancionar abogados implicado en los casos presentados.

Para no encumbrar tribunales ya sobre cargados estoy dispuesta de llegar a un acuerdo con los abogados y bufetes de abogados implicados por daños y perjuicios personales tanto que una suma que me permite de montar mi negocio, Global Expats / www.global-xpats.com al mismo nivel competitiva que disfrutaba sobre el Internet en 2007 (costo de reposición,) volviendo a España y mis hijos en el menor tiempo que posible. (Los años perdido con mis hijos son el pero daño que la negligencia de los abogados ha producido.) Pero, hasta ahora los abogados implicados no han muestreado ningún disposición de llegar a un acuerdo, prefiriendo un camino de litigación con una reclamación de TODOS daños y perjuicios sufrido por mí, mis hijos, y mi negocio en los últimos 7 años.

En adición del caso contra los abogados implicados, hay el caso contra el Estado española por su fallo de asegurar una sistema judicial que protege víctimas de la violencia doméstica, discriminación contra la mujer en procesos judiciales, y debido proceso en sus tribunales; visto por el Colegio de Abogados como nada más que pequeñas detallas de “doctrinas y teorías” sin importancia ninguno.

Estés fallos en sistemas judiciales (sobre todo juzgados de familia) están bien documentado en estudios por Amnistía Internacional, Comisiones de los Naciones Unidas, y colegios de abogados y universidades en los Estados Unidos, y suceden porque abogados, jueces, y equipos psico-sociales están dirigidos por ideas prejuiciosos sobre el papel de la mujer vis-a-vis del hombre en el ámbito familiar tanto que en la sociedad, y prejuicios discriminatorios dentro de y promovida por el ámbito judicial.

El desprotección de mujeres y niños por los juzgados tiene como consecuencia:

  1. El retiro de la custodia de los niños de la madre (o amenaza de hacerlo) para castigarla por sus denuncias del abuso de la parte del padre/marido
  2. Encarcelación de la mujer por “secuestro de sus hijos” (abducción internacional de niños bajo la Haya) para protegerlos del abuso (i.e. Maria Jose Carrascosa, Nueva Jersey, EE.UU., etc.)
  3. Juicios contra víctimas de la parte de sus agresores impugnado por “haber herido el honor de su agresor”
  4. El defraude de millones de mujeres por billones de euros de sus bienes legítimos cada año
  5. La violación, tortura, y muerte de millones de niños (al nivel mundial) sancionado por las sistemas judiciales que tienen la obligación legal, moral y ético de protegerlos
  6. La violación, tortura y muerte de millones de mujeres (al nivel mundial) sancionado por las sistemas judiciales que tienen la obligación legal, moral y ético de protegerlas.
  7. La corrupción de sistemas judiciales donde violaciones de derechos y falta de debido proceso se vuelve una costumbre, aceptado por actores estatales y non-estatales españoles.

Lo ruego ver el video de Amnistía Internacional sobre los problemas que víctimas de la violencia de género están encontrando en los juzgados en España  http://www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero, tanto que su informe ¿Qué Justicia Especializada? Sistemas judiciales españoles no solamente desprotegiendo víctimas, pero están re-victimizándolas.

¿Qué Justicia Especializada?

A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: 

Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección

por Amnistía Internacional (2012)

Según cifras oficiales, desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral) en enero 2005 hasta el 8 de noviembre de 2012, 503 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas masculinas en España1. A esta cifra hay que añadir otras muertes de mujeres provocadas por actos criminales cometidos por hombres distintos al compañero o marido, no contabilizadas por las estadísticas oficiales.

Según la Macroencuesta realizada por el Gobierno español en 2011, se estima que en todo el territorio del Estado más de dos millones de mujeres han sufrido maltrato de género a manos de su pareja o expareja alguna vez en la vida. Cerca de 600.000 en los últimos doce meses….La violencia oculta, es decir, la violencia no denunciada pero detectada a través de estudios estadísticos representa el 73% del total de los abusos…

La organización ha identificado seis ámbitos de especial preocupación en los que se pone de manifiesto la grave desprotección y/o falta de diligencia debida. En particular, la organización ha identificado una falta de diligencia debida en la obligación de proporcionar información a las víctimas, de asegurar asistencia letrada de calidad, de impulsar de oficio una instrucción eficaz para el esclarecimiento de los hechos, y de garantizar un trato adecuado, respetuoso y no discriminatorio hacia las denunciantes durante los procesos

Recomendaciones

Amnistía Internacional insta al Estado español a rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales concernientes al acceso y a la obtención de justicia y protección para las víctimas de violencia de género. De manera específica, la organización recomienda:

A los colegios de abogados:

Revisar los mecanismos de formación y de rendición de cuentas de los abogados y las abogadas para profundizar en su capacitación en la defensa de las víctimas de violencia de género, corregir las malas prácticas y verificar su efectividad.

Abusadores están muy consciente del fallo de sistemas judiciales de proteger víctimas de la violencia doméstica, y tienen asociaciones de derechos de los padres y redes extensivos dentro de sistemas judiciales dispuestos para ayudarlos seguir con el abuso de sus víctimas. Como demuestra todo los estudios el abuso y violencia doméstica se trata de poder y control (vea diagramo 1 y 2) y los actores judiciales en mi caso han usado las mismas tácticas que cualquier abusador, notamente abuso económico, amenazas, intimidación, abuso emocional, privilegio masculino, aislamiento, manipulación de los niños, y minimizar y negar el abuso.

Se estima que o menos 25% de personas en una comunidad, sistemas judiciales incluido, sufren de trastornos de personalidad abusivo, o psicopatologías. La falta del Colegio de Abogados de investigar y sancionar actores judiciales que usan estés tácticos en sus esfuerzos de encubrir la violencia domestica y/o la negligencia de otros abogados, (absolviendo su actuación como “su derecho” bajo art. 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 del Estatuto General de la Abogacía y 2 del Código Deontológico) están apoyando y sosteniendo la violencia de género dentro de España y pudrimiento de su sistema judicial.

También, rupturas en matrimonios donde hay abuso tardan muchos años a venir. Durante estos años abusadores están limitando acceso a cuentas bancarias y fondos financieros, difundiendo rumores sobre el “mal estado” de la víctima entre miembros de la familia, amigos, vecinos, hijos, afirmando su control y poder sobre la victima e hijos, etc., en sus esfuerzos de impedir la victima de irse, y/o destruirla emocionalmente y financieramente en el proceso.

De repente, asociaciones de los derechos de la mujer no están asistiendo víctimas, concentrando sus esfuerzos sobre derechos laborales (igualdad sobre sueldos y oportunidades laborales) y reproductivos (contracepción, aborto y salud/baja/subsidio por maternidad.) Pero, ellos no están promoviendo derechos humanos y civiles de la mujer (o niños) en el ámbito familiar y dentro del hogar.

Tampoco, centros de la violencia de género están asistiendo mujeres navegar sistemas judiciales, ni si quiere están desarrollando listas de abogados especializado en defendiendo víctimas. La sola ayuda que tienen víctimas son casas de acogidos y líneas telefónicas de emergencias. Pero, estés servicios y organizaciones ayúdenlas solamente en situaciones donde la vida de la víctima está en peligro inminente, y a muy corto plazo. Estés emergencias, ni si quiere son el punto del iceberg en el dinámico de la situación; son más un copo de nieve en frente del iceberg.

Las solas personas que están desarrollando los protocolos, trámites y medios necesarios para ayudar víctimas son un puñado de activistas en los Estados Unidos, cuyos nombres y trabajo se encuentran en los boletines Tribunales de Familia en Crises (http://worldpulse.com/node/71182.)

Los iniciativos y la mayoría de asociaciones sin ánimo de lucro (derechos de la mujer, derechos civiles, derechos humanos) solamente están montando compañas de sensibilización sobre la violencia de género y guías de buenas prácticas que publican en su página web sobre el Internet. Pero, no hay ningún iniciativo para asegurar que abogados, jueces, o otros actores judiciales están obligados de seguir estés prácticas. El cumplimiento con directivos gobernalles y legislación (tanto que artículos de la constitución y los convenios internacionales aplicables) es completamente voluntario, y en realidad la mayoría de abogados, jueces y otros actores judiciales no están respectándolos en absoluto.

Y así, volvimos a la raíz del problema. Es imperativa que las agencias regulatorios de abogados, jueces, etc. están investigando TODOS las quejas sobre mala actuación, negligencia, etc. con un aplicación de la ley y artículos del código penal estricta y estrecha, con sanciones muy duras para cualquier infracción. Y porque también es importante de tener una investigación a los casos por el Fiscal persiguiendo todos autores de todos delitos; mismo uno que parece tan insignificante que una falsificación del documento entregado por el abogado (o procurador) del contrario.

Es por esta razón que hay más y más víctimas encarceladas, con pleitos contra ellas por sus denuncias, niños entregados a padres pederastas y violentos, etc.

La idea que la violencia doméstica es un “asunto privado” y que abogados, jueces, fuerzas de ley y otros actores judiciales, no tienen un obligación, o un papel, en protegiendo víctimas (pero que “el honor,” tanto que el autoridad patricia, es algo que ellos (y la sociedad) tiene que defender y apoyar) esta tan profundamente implantado en sus mentes que ni si quieres vean los fallos o criminalidad en su actuación.

CAMBIANDO PREJUICIOS DE ACTORES JUDICIALES ES DONDE QUEDA EL VERDADERO DESAFIO EN ERADICANDO LA VIOLENCIA DOMESTICA; NO EN MAS LEGISLACION Y PROMESA VACIOS DE POLITICOS.

Por esta razón, es imperativa que el Colegio de Abogados (tanto que el Consejo General del Poder Judicial,  Defensor del Pueblo, Colegio de Procuradores, Colegio de Psicólogos, etc.) investigan TODOS las quejas y denuncias que reciben con un diligencia altísima e impecable, teniendo denunciados responsable por sus acciones y omisión de acciones hasta la letra de la ley, y con sanciones muy estrictas y duras. Es solamente así que gobiernos van asegurar que actores judiciales van a cumplir con sus obligaciones profesionales y éticas, y así llenar sus obligaciones de proteger sus ciudadanos.

Finalmente, por consideración por el Colegio de Abogados de Madrid en el asunto presentado es como la falta de debido diligencia por abogados españoles está contribuyendo a la crisis económica y la falta de España de salirse de esta crisis. La violencia de mi ex marido, su demanda de divorcio, y todas sus maniobras han sido con la intención de impedirme de montar Global Expats. Los modelos comerciales sobre el cual Global Expats está basado (el desarrollo de redes sociales y profesionales y directorios de buscadores locales en el Internet) han disfrutado de un éxito y rentabilidad explosiva en los últimos 5 años.

No solamente el proyecto está basado sobre los modelos comerciales los más exitosos y rentables sobre el Internet en los últimos 7 años, pero también ofrece una solución completa al desafío más grande que tiene multinacionales alrededor del mundo; un relocalización exitoso del empleado expatriado y su  familia. Desde 2007 el proyecto ha tenido mucho interés y aprobación de compañías de relocalización y mudanza, departamentos de recursos de humanos de multinacionales de todo tipo de industrias.

Redes sociales y profesionales sobre el Internet tanto que directorios de buscadores locales están ganando billones de euros anuales, y generando empleo para millones de personas. Si no fuese sido por la negligencia por los abogados implicados en mi caso, Global Expats será uno iniciativo española generando miles de empleos y pagando impuestos importantes hoy en día. De repente, mi historia ofrece un estudio de caso como la corrupción judicial y negligencia de los abogados impide esfuerzos emprendedores.

Como decía el Embajador Americano Solomont en su discurso al Club de Rotary de Madrid (enero 2013) “los emprendedores y sus innovaciones son el motor de… la economía y la fontana enorme de prosperidad y progreso;”[4]alentando el gobierno española “de iniciar reformas que transformara [el] país hasta un país más atractivo por inversionistas extranjeros, debido al hecho que varias organizaciones internacionales han indicado que España no ha sido exactamente uno de los país el más fácil para empezar una compañía.”[5]

Además, Embajador Solomont dijo que para que España vuelve más competitivo y económicamente estable en los mercados globales y la economía global el gobierno española debe “mejorar su nivel de transparencia….[y] enfrentar el problema importante de corrupción en una manera “agresiva y rápida” para no “erosionar” la confidencia de ciudadanos [españoles] hacia su gobierno, que ha llamado por “sacrificios difíciles” en la lucha contra el crisis [económico.].”[6]

También, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reporte sobre España en junio 2013 habló sobre la importancia del desarrollar empleo para luchar contra la crisis económico diciendo que “el desempleo se mantiene inaceptablemente alto y las perspectivas siguen siendo difíciles. Esto requiere actuaciones urgentes para generar crecimiento y empleo…[7] Con la Directora General del FMI Christine Lagarde declarando “es un hecho aprobado- que cuando mujeres están mejor economías están mejor…”

Y, finalmente la Doctora Jennettexplica la relación entre corrupción judicial y el efecto sobre el desarrollo económico en un país. Corrupción en la sistema judicial socava la democracia y derechos humanos tanto que disminuir crecimiento económica y desarrollo humano. El sistema judicial es la base de la democracia: encargado con el cumplimiento e interpretación de las leyes pasado por la legislatura e implementado por el ejecutivo.

También es el árbitro de desacuerdos entre partidos. Si una sistema judicial esta corrupta, oficiales públicas y grupos de interesas pueden actuar sabiendo que si expuesto, su corrupción y actos ilegales serán sin castigos. Confidencia publica en la gobernación y las instituciones del Estado esta erosionado como la corrupción judicial facilita la corrupción en todos sectores del gobierno y la sociedad. Derechos humanos son devaluado cuando cuidadnos no son acordados su derechos de acceso libre a los tribunales, ni reciben tratamiento igual por los tribunales. La comunidad de comercio internacional esta reluctante de invertir en países – muchas veces en países que necesitan los inversiones más que los otros – donde no hay el certitud del respecto al ley y ningún garantiza que los contratos serán respectado porque la sistema judicial está en el servicio de los que maneja el poder o con los bolsillos más profundas en lugar del servicio al ley.” El relación entre derechos humanos y corrupción: El impacto de corrupción sobre los derechos de la justicia igual y remedios efectivos.” The International Council on Human Rights Policy, Review Meeting, Corruption and Human Rights, Geneva, 28-29 July 2007 www.ichrp.org/files/papers/136/131_-_Victoria_Jennett_-_2007.pdf.

En la historia de la humanidad no hay ningún grupo de interesas más reunido, más organizado, más violentos y más corrupto que ellos que usan su poder y esfuerzos para dominar y oprimir la mujer, dentro de la casa tanto que dentro de la sociedad. Mientras, que sociedades han hecho pasos por delante en promoviendo derechos de la mujer en el mundo laboral y ámbito público, no han hecho ningún pasos, ni iniciativos en promoviendo los derechos de la mujer dentro de la casa, hogar, o matrimonio. Es por esta razón, que ni jueces, ni abogados, ni el Colegio de Abogados, NADIE está reconociendo sus derechos constitucionales, civiles, y humanos; viéndolos como nada más que “teorías y doctrinas” y no como derechos reales. Eso es el nuevo desafío del siglo XXI en asegurando que las mujeres disfrutan de una igualdad real y efectiva en las sociedades.

También, mi caso ofrece al mundo entero un ejemplo detallado como y porque abogados, jueces, y gobiernos están fallando de llenar sus obligaciones de proteger las víctimas de la violencia doméstica y sus consecuencias con todo hechos y documentos fichado sobre http://worldpulse.com/user/2759/journal.

La corrupción extensiva en las sociedades, que se vea en las noticias todos los días alrededor del mundo, está sostenido y apoyado por una cultura de corrupción por poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, y los funcionarios que hacen la vista gorda y refutan de investigar alegaciones de corrupción. El encubrimiento de abusos de poder que sean dentro de la familia, o en la comunidad social y profesional esta tan enraizado que el primero desafío en erradicándolo es exigiendo transparencia y responsabilidad por los que participan en su encubrimiento.

Para que el gobierno española llena su obligación de promover los derechos de la mujer y proteger víctimas de la violencia de género de una manera efectivo y real, el Administración Pública (y todos su organismos y oficiales) tienen que exigir un adhesión y aplicación estricta a la actuación de actores judiciales en respecto del Constitución Española, convenios internacionales, código civil y código penal, y el principio de la jerarquía normativa española

El hecho que el Colegio de Abogados considera las violaciones de derechos constitucionales, civiles y humanos y la mala práctica de abogados españoles como nada más que “teorías y doctrinas…alcanzan exclusivamente a los derechos fundamentales reconocidos en la CE y otras normas universales concordantes y en modo alguno a normas de legalidad ordinaria” demuestra el mismo fallo de entendimiento del principio de jerarquía normativa española por funcionarios del Administración Púbico que han demostrado los abogados citados en las denuncias.

Durante los últimos 7 años los abogados implicados han usado el mismo “defensa” y razonamiento.  Ellos han conteniendo que no han infringido leyes ordinarias, entonces no había falta en su actuación, fallando de entender el papel que ellos juegan en el proceso judicial y la protección y defensa de los derechos de sus clientes. La falta de comprensión del vínculo entre la protección de derechos constitucionales, civiles y humanos de ciudadanos en procesos judiciales y la “protección” de una democracia y sus principios es asómbrate. Si los actores judiciales (sobre todo abogados y jueces) son incapaz de entender el vínculo y relación entre los dos, la democracia está condenado.

Artículo 9.3 del Constitución Española “garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 1.2 del Código Civil “Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

Artículos 51 y 52 Ley 30/1992 “Jerarquía y competencia. Artículos 51.1 – Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las Leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; 51.2 Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior

Artículos 6 y 9 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 6 – “Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Artículo 8 – Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.”

Además, el Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente declara:

“Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional…. Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión…. Los abogados velarán lealmente en todo momento por los intereses de sus clientes.”

Espero que el Colegio de Abogados cumplirá con su obligación de investigar con debido diligencia mis alegaciones de las violaciones constitucionales, civiles, humanos, más las infracciones del código penal, código civil, y leyes orgánicos y otros, enumerados en Tabla 1, contra Gonzalo Martínez de Haro, Belén García Martin, José Manuel Hernández Jiménez, Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, Ignacio González Martínez, y Silvia Hinojal rogando que los partidos implicados se hacen responsable por su negligencia, y así evitando la necesidad de seguir con litigación en tribunales nacionales contra ellos e/o internacionales contra el estado española.

Atentamente,

Quenby Wilcox

Fundadora – Global Expats

Fundadora – Safe Child International

 

Vea ajuntado:

Tabla 1 – Infracciones cometidos con las violaciones de derechos y leyes indicados

Tabla 2 – Relaciones Causales, Violaciones de derechos, y daño en 609/2007, 1140/2007, 1143/2007 y todos juicios relacionado

Diagramo 1 – Rueda de Duluth Violencia Domestica, Poder y Control

Diagramo 2 – Rueda de Duluth  Maltrato de Menores

 

[1]2.1 del Decreto 245/2000 hechos y fundamento entre la presunta infracción administrativa y una posible infracción penal, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, solicitando testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación,”

[2]2.2 del Decreto 245/2000 cuando se tenga conocimiento de que se está sustanciando un proceso penal en el que concurran las circunstancias referidas en el apartado anterior, el órgano competente para la iniciación del procedimiento acordará la suspensión del mismo hasta tanto recaiga resolución judicial firme.”

[3] Reportes por Amnistía Internacional Que Justicia Especializada? Vida Sin Violencia (2009),  Información para el Comité de Derechos Humanos (2008), Obstinada Realidad, Derechos Pendientes (2008), Mas Derechos, Los Mismos Obstáculos (2006), Mas Allá del Papel (2005), Cuerpos rotos, mentes destrozadas (2001) y por el ONU Good Practices in Combating & Eliminating Violence Against Women (2005), y Project on a Mechanism to Address Laws that Discriminate Against Women (2008) con más informes e información disponible sobre http://worldpulse.com/node/55730 y los boletines Tribunales de Familia en Crisis

[4]http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-eeuu-espana-embajada-eeuu-espana-promovera-cultura-emprendimiento-jovenes-espanoles-20130410190922.html .

[5]http://www.europapress.es/economia/noticia-embajador-eeuu-anima-espana-hacer-reformas-atraer-inversion-20130131120431.html

[6]http://www.europapress.es/nacional/noticia-embajador-eeuu-urge-espana-abordar-corrupcion-manera-agresiva-20130131110020.html

[7] Consulta del Art. IV de 2013 con España- Declaración final de la misión, Madrid, 18 de junio de 2013 http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2013/061813s.htm

Complaint to the Bar Association of Madrid 6/13 (ENG)

Table of Infraction Wilcox vs. USA

Wilcox vs. Gonzalez de Alcalá  and  Gonzalez de Alcalá vs. Wilcox

Juzgado de Mostoles, Madrid | septiembre 2007 – abril 2013

I, Quenby Wilcox, of American and French nationality, am presenting a complaint to the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid against the following lawyers:

  • Gonzalo Martínez de Haro of Vinader, Carlos y Associados (procuradora[1] Juan Bosco Hornedo Muguiro);
  • Maria Fernanda Guerrero Guerrero
  • Belén García Martin (procuradora María Pilar Lantero);
  • Jose Manuel Hernández Jiménez (abogado de oficio);
  • Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (procuradora Pilar Poveda Guerra);
  • Alberto Fontes García Calamarte (procuradora Rafael Gamarra Megias);
  • Miguel Martínez López de Asiain y Ignacio González Martínez (procuradora Rafael Gamarra Megias);

in Wilcox vs. González de Alcalá 607/2007, González de Alcalá vs. Wilcox 1140/2007 and 1143/2007 and all actions and related litigations.

My complaints are presented to the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, and thereby the Spanish government, for consideration of the facts and in order to reclaim my rights and reparations for personal damages  (Quenby Wilcox and my children) as well as damages to my company (Global Expats, www.global-xpats.com, previously www.global-expats.com,) due to the negligent acts, and omission of acts, of lawyers cited in the complaint.

Gender Violence as a Human Rights Violation and

the Obligation of a State to Protect under the Principle of Due Diligence

As indicates in the amicus brief for Gonzales vs. USA, 2011[2][i] in which the United States was found guilty of human rights violations under the principle of due diligence and the obligation to protect:

“While efforts to protect victims through legislative reforms has been done in many States and must continue to be made in order for States to fulfill their obligations, legislative reform alone is not sufficient in order to fulfill the obligation of the State towards its victims. The enacted laws must be executed in a way that protects victims of gender violence in practice. As the Commission said recently “it is clear that the next step in protecting the rights of women, victims of gender violence and discrimination in order to assure justice, is to pass from de jure recognition of rights to the de facto exercise of rights.  [3] Acccess to justice for wome, victims of violence in the  Américas, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 18 (Jan. 20, 2007).

Under-Secretary-General and Executive Director of UN Women Michelle Bachelet stated in her closing remarks to the Stakeholders’ Forum on Preventing and Eliminating Violence Against Women “there is no shortage of good and innovative practices and programmes being initiated by women in cities and communities around the world to respond to this crisis. The shortcomings are not in the vision, voices and the voluminous efforts undertaken by determined women around the world. No, the shortcomings lie elsewhere—in the lack of political prioritization… Now is the time for governments to translate international promises into concrete national action….”

Recalling the obligation of the Spanish government and all representatives to assure the following:

Spanish Constitution

Article  1 of the Spanish Constitution declares that:

  1. Spain is hereby established as a social and democratic State, subject to the rule of law, which advocates freedom, justice, equality and political pluralism as highest values of its legal system.

Article  9 of the Spanish Constitution declares that:

  1. Citizens and public authorities are bound by the Constitution and all other legal previsions.
  2. It is the responsibility of the public authorities to promote conditions ensuring that freedom and equality of individuals and of the groups to which they belong are real and effective, to remove the obstacles preventing or hindering their full enjoyment, and to facilitate the participation of all citizens in political, economic, cultural and social life.
  3. The Constitution guarantees the principle of legality, the hierarchy of legal provisions, the publicity of legal statutes, the non-retroactivity of punitive provisions that are not favourable to or restrictive of individual rights, the certainty that the rule of law shall prevail, the accountability of public authorities, and the prohibition of arbitrary action of public authorities.

Article  10 of the Spanish Constitution declares that:

  1. The dignity of the person, the inviolable rights which are inherent, the free development of the personality, the respect for the law and for the rights of others are the foundation of political order and social peace.
  2. Provisions relating to the fundamental rights and liberties recognized by the Constitution shall be construed in conformity with the Universal Declaration of Human Rights and international treaties and agreements thereon ratified by Spain.

Article  13 of the Spanish Constitution declares that:

  1. Aliens in Spain shall enjoy the public freedoms guaranteed by the present Part, under the terms to be laid down by treaties and the law.
  2. Only Spaniards shall have the rights recognized in Article  23, exc ept in cases which may be established by treaty or by law concerning the right to vote and the right to be elected in municipal elections, and subject to the principle of reciprocity. (This text includes the first constitutional reform adopted on 27/08/1992; it just added the words “and the right to be elected” to the paragraph).
  3. Extradition shall be granted only in compliance with a treaty or with the law, on reciprocal basis. No extradition can be granted for political crimes; but acts of terrorism shall not be regarded as such.
  4. The law shall lay down the terms under which citizens from other countries and stateless persons may enjoy the right to asylum in Spain.

Article  14 of the Spanish Constitution declares that:

Spaniards are equal before the law and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social condition or circumstance.

Article  15 of the Spanish Constitution declares that:

Everyone has the right to life and to physical and moral integrity, and under no circumstances may be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. Death penalty is hereby abolished, except as provided for by military criminal law in times of war.

Article  17 of the Spanish Constitution declares that:

  1. Every person has the right to freedom and security. No one may be deprived of his or her freedom except in accordance with the provisions of this Article  and in the cases and in the manner provided for by the law.
  2. Preventive arrest may last no longer than the time strictly necessary in order to carry out the investigations aimed at establishing the events; in any case the person arrested must be set free or handed over to the judicial authorities within a maximum period of seventy-two hours .
  3. Every person arrested must be informed immediately, and in a way understandable to him or her, of his or her rights and of the grounds for his or her arrest, and may not be compelled to make a statement.
  4. The arrested person shall be guaranteed the assistance of a lawyer during police and judicial proceedings, under the terms to be laid down by the law.
  5. An habeas corpus procedure shall be provided for by law in order to ensure the immediate handing over to the judicial authorities of any person illegally arrested. Likewise, the maximum period of provisional imprisonment shall be determined by law.

Article  18 of the Spanish Constitution declares that:

  1. The right to honour, to personal and family privacy and to the own image is guaranteed.
  2. The home is inviolable. No entry or search may be made without the consent of the householder or a legal warrant, except in cases of flagrante delicto.
  3. Secrecy of communications is guaranteed, particularly regarding postal, telegraphic and telephonic communications, except in the event of a court order.
  4. The law shall restrict the use of data processing in order to guarantee the honour and personal and family privacy of citizens and the full exercise of their rights.

Article  19 of the Spanish Constitution declares that:

Spaniards have the right to freely choose their place of residence, and to freely move about within the national territory. Likewise, they have the right to freely enter and leave Spain subject to the conditions to be laid down by the law. This right may not be restricted for political or ideological reasons

Article  20 of the Spanish Constitution declares that:

1. The following rights are recognized and protected:

      • The right to freely express and spread thoughts, ideas and opinions through words, in writing or by any other means of reproduction.
      • The right to literary, artistic, scientific and technical production and creation.
      • The right to academic freedom.
      •  The right to freely communicate or receive truthful information by any means of dissemination whatsoever. The law shall regulate the right to the clause of conscience and professional secrecy in the exercise of these freedoms

2. The exercise of these rights may not be restricted by any form of prior censorship.

3. The law shall regulate the organization and parliamentary control of the mass communication means under the control of the State or any public agency and shall guarantee access to such means by the significant social and political groups, respecting the pluralism of society and of the various languages of Spain.

4. These freedoms are limited by respect for the rights recognized in this Part, by the legal provisions implementing it, and especially by the right to honour, to privacy, to the own image and to the protection of youth and childhood.

5. The seizure of publications, recordings and other means of information may only be carried out by means of a court order.

Article  24 of the Spanish Constitution declares that:

  1. All persons have the right to obtain effective protection from the judges and the courts in the exercise of their rights and legitimate interests, and in no case may there be a lack of defense.
  2. Likewise, all have the right to the ordinary judge predetermined by law; to defense and assistance by a lawyer; to be informed of the charges brought against them; to a public trial without undue delays and with full guarantees; to the use of evidence appropriate to their defense; not to make self-incriminating statements; not to plead themselves guilty; and to be presumed innocent. The law shall specify the cases in which, for reasons of family relationship or professional secrecy, it shall not be compulsory to make statements regarding allegedly criminal offences.

Article  29 of the Spanish Constitution declares that:

  1. All Spaniards shall have the right to individual and collective petition, in writing, in the manner and subject to the consequences to be laid down by law.
  2. Members of the Armed Forces or Institutes or bodies subject to military discipline may only exercise this right individually and in accordance with statutory provisions relating to them.

Article  32 of the Spanish Constitution declares that:

  1. Man and woman have the right to marry with full legal equality.
  2. The law shall make provision for the forms of marriage, the age and capacity for concluding it, the rights and duties of the spouses, the grounds for separation and dissolution, and their effects.

Article  38 of the Spanish Constitution declares that:

Free enterprise is recognized within the framework of a market economy. The public authorities guarantee and protect its exercise and the safeguarding of productivity in accordance with the demands of the general economy and, as the case may be, of economic planning .law shall make provision for the forms of marriage, the age and capacity for concluding it, the rights and duties of the spouses, the grounds for separation and dissolution, and their effects.

Article  33 of the Spanish Constitution declares that:

  1. The right to private property and inheritance is recognized.
  2. The social function of these rights shall determine the limits of their content in accordance with the law.
  3. No one may be deprived of his or her property and rights, except on justified grounds of public utility or social interest and with a proper compensation in accordance with the law.

Article  35 of the Spanish Constitution declares that:

  1. All Spaniards have the duty to work and the right to work, to the free choice of profession or trade, to advancement through work, and to a sufficient remuneration for the satisfaction of their needs and those of their families. Under no circumstances may they be discriminated on account of their sex.
  2. The law shall regulate a Workers’ Statute.

Article  39 of the Spanish Constitution declares that:

  1. The public authorities ensure social, economic and legal protection of the family.
  2. The public authorities likewise ensure full protection of children, who are equal before the law, regardless of their parentage, and of mothers, whatever their marital status. The law shall provide for the possibility of the investigation of paternity.
  3. Parents must provide their children, whether born within or outside wedlock, with assistance of every kind while they are still under age and in other circumstances in which the law so establishes.
  4. Children shall enjoy the protection provided for in the international agreements safeguarding their rights.

Article  41 of the Spanish Constitution declares that:

The public authorities shall maintain a public Social Security system for all citizens guaranteeing adequate social assistance and benefits in situations of hardship, especially in case of unemployment. Supplementary assistance and benefits shall be optional.

Article  43 of the Spanish Constitution declares that:

  1. The right to health protection is recognized.
  2. It is incumbent upon the public authorities to organize and watch over public health by means of preventive measures and the necessary benefits and services. The law shall establish the rights and duties of all in this respect.
  3. The public authorities shall foster health education, physical education and sports. Likewise, they shall encourage the proper use of leisure time.

Article  47 of the Spanish Constitution declares that:

All Spaniards have the right to enjoy decent and adequate housing. The public authorities shall promote the necessary conditions and establish appropriate standards in order to make this right effective, regulating land use in accordance with the general interest in order to prevent speculation. The community shall have a share in the benefits accruing from the town-planning policies of public bodies.

Article  48 of theSpanish Constitution declares that:

The public authorities shall promote conditions for the free and effective participation of young people in political, social, economic and cultural development.

Article  53 of the Spanish Constitution declares that:

  1. The rights and freedoms recognized in Chapter 2 of the present Part are binding on all public authorities. Only by an act which in any case must respect their essential content, could the exercise of such rights and freedoms be regulated, which shall be protected in accordance with the provisions of

Article  161(1) a) of the Spanish Constitution declares that:

2. Any citizen may assert a claim to protect the freedoms and rights recognized in Article  14 and in division 1 of Chapter 2, by means of a preferential and summary procedure before the ordinary courts and, when appropriate, by lodging an individual appeal for protection (recurso de amparo) to the Constitutional Court. This latter procedure shall be applicable to conscientious objection as recognized in

Article  30 of the Spanish Constitution declares that:

3. Recognition, respect and protection of the principles recognized in Chapter 3 shall guide legislation, judicial practice and actions by the public authorities. They may only be invoked before the ordinary courts in accordance with the legal provisions implementing them.

Constitutional Act 3/2007 of 22 March for effective equality between women and men

Article 1. Purpose of the Act.

  1. Women and men are equal in human dignity, equal in rights and duties. The purpose of this Act is to ensure equal treatment and opportunities for women and men, in particular via the elimination of discrimination against women of whatsoever circumstances or background and in all areas of life, specifically in the political, civil, occupational, economic, social and cultural domains, so as to build a more democratic, fair and solidary society, pursuant to Articles 9.2 and 14 of the Constitution.
  2. To this end, the Act establishes the principles governing the action of public authorities, regulates natural and corporate persons’ public and private rights and duties and lays down measures designed to eliminate and correct all forms of discrimination on the grounds of sex in the public and private sectors.

Article 2. Scope

  1. All persons possess the rights deriving from the principle of equal treatment and the prohibition of discrimination on the grounds of sex.
  2. The obligations laid down in this Act will be applied to all natural and corporate persons present or acting on Spanish soil, regardless of their nationality, registered address or residence.

Article 3. The principle of equal treatment for women and men

The principle of equal treatment for women and men means the absence of all direct or indirect discrimination on the grounds of sex, in particular as regards maternity, the assumption of family obligations or marital status.

Article 4. Integration of the principle of equality in the interpretation and enforcement of laws

Equal treatment and opportunities for women and men is a principle that informs the body of law and, as such, will be integrated and observed in the interpretation and enforcement of legislation.

Article 5. Equal treatment and opportunities in the access to employment, vocational training and promotion, and working conditions

The principle of equal treatment and opportunities for women and men, applicable in the domain of private and public employment, will be guaranteed as provided in the applicable legislation in: access to employment, including self-employment, vocational training, and promotion; working conditions including remuneration and dismissal; and affiliation with and participation in trade union and employers’ organizations or any association whose members practise a specific profession, including the benefits granted thereby.

Difference of treatment based on a sex-related characteristic will not constitute discrimination in access to employment, including the necessary training, where, in light of the nature of the particular tasks concerned or the context in which they are performed, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.

Article 6. Direct and indirect discrimination

  1. Direct discrimination is regarded to be a situation where one person is treated less favourably on the grounds of sex than another is, has been or would be treated in a comparable situation.
  2. Indirect discrimination is regarded to be a situation where an apparently neutral provision, criterion or practice would put persons of one sex at a particular disadvantage compared with persons of the other sex, unless that provision, criterion or practice is objectively justified by a legitimate aim, and the means of achieving that aim are appropriate and necessary.
  3. In whatsoever event, instructionsto directly or indirectly discriminate on the grounds of sex will be regarded to be discriminatory.

Article 8. Discrimination on the grounds of pregnancy or maternity

Any less favourable treatment of women relating to pregnancy or maternity constitutes direct discrimination on the grounds of sex.

Article 9. Indemnity to reprisal

Discrimination on the grounds of sex is also regarded to exist in the event of any adverse treatment of or negative effect suffered by persons owing to the lodging of a complaint, claim, accusation, suit or appeal of any nature intended to prevent their discrimination or demand effective compliance with the principle of equal treatment for women and men.

Article 10. Legal consequences of discriminatory conduct

Any act or clause in legal transactions constituting or causing discrimination on the grounds of sex will be considered to be null and void and will give rise to liability both through a system of redress or indemnity that will be real, effective and proportional to the injury suffered and, as appropriate, through an effective system of deterrents consisting in penalties to prevent discriminatory conduct.

Article 11. Positive action

  1. In order to ensure the effectiveness of the constitutional right to equality, public authorities will adopt specific measures favouring women to correct situations of obvious de facto inequality with respect to men. Such measures, which will be applicable while the situation subsists, must be reasonable and proportional to the objective pursued in each case.
  2. Private natural and corporate persons may also adopt such measures under the terms provided in the present Act.

Article 12. Effective judicial protection

  1. Any person may call upon the court to protect the right to equality between women and men, pursuant to the terms of Article 53.2 of the Constitution, even after termination of the relationship in which discrimination allegedly took place.
  2. The capacity and legitimacy to participate in civil, social and contentious-administrative proceedings relating to the defence of such right is incumbent upon natural and corporate persons having a legitimate interest therein as determined under the laws governing such proceedings.
  3. Only the person subject to sexual harassment or harassment on the grounds of sex will be legally capacitated to institute the respective legal action.

Article 13. Burden of proof

  1. Pursuant to procedural law, in proceedings in which the plaintiff alleges discriminatory conduct on the grounds of sex, it will be incumbent upon the defendant to prove the absence of discrimination in the measures adopted and their proportionality.  For the intents and purposes of the provisions of the preceding paragraph, where deemed useful or relevant, judicial bodies may request a report or opinion from the competent public bodies, ex parte.
  2. The provisions of the preceding item will not be applicable to penal proceedings.

Carta de Derechos de los Ciudadanos

A comprehensible justice

5.- The citizen has the right that notifications, citations, stays and requierment possess simple and comprehensible terms, avoiding the use of unnecesary intimidating elements.

6.- The citizen has the right that “las vistas y comparecencias” use language that, respecting the necesity of technical terms, is comprehensible for citizens that are not specialized in law.

    • The judges and magistrates that manage the judicial process will assure that those rights are respected.

7.- The citizen has the right that court decisions y other resolutions are written in a way that is comprehensible for the intended person, using sintax and simple structure, without damaging technical precision.

8.- The citizen has the right to freely dispose of necesary documents in order to exercise their rights before the courts when the intervention of a lawyer and procurador is not necesary.

A justice for the citizen

9.- The citizen has the right to be treated respectfully and adapted to their psychological, social and cultural circumstance.

10.- The citizen has the right to demand that judicial proceeding in which their presence is required are celebrated with a minimum delay.

13.- The citizen has the right to know the identity and category of the attending authority or civil servant, except when it is justified for reasons of security en criminal cases.

17.- The citizen has the right to file complaints, reclamations and suggestions in realtion to incorrect functioning of the administration of justice, and thereby receive answers with a mínimum delay , and all cases within one month…

18.- The citizen has the right to demand accountability for judicial errors of for the abnormal funcitioning of the administration of jusitic.

    • Damages caused to any assets or rights will give rise to an indemnity that can be reclaimed as provided for under the law.
    • The reclaimed indemnities will be handed over wth preerence and celebrity.

Protection of victims of crimes

22.- The citizen that is a victim has the right to be informed with clarity about her part in the criminal process, the possibilities to obtain reparations of damages, as well as the process.

    • To be assured that the victim has an effective understanding of resolutions that effect her security, above all en cases of violence in the family.
    • Victims will be directed to the Oficinas de Atención a la Víctima and assure a integrated service for the affected citizen, assuring that services are available in the entire country.

23.-The citizen that is victim of a crime will have the right that proceedings will be conducted before the courts in a manner that will preserve their dignity and intimacy.

    • Will adopt measures necessary so that the victim does not coincide with the agresor while waiting for court procedures.
    • Authorities and civil servants will be especially attentive of these rights in the case of domestic or gender-based violence, assuring that the victim is assisted as necessary.

24.- The citizen that is a victim of a crime has the right to be protected in an immediate manner and effective by the courts, especially when the violence is physical of psychological within the home.

    • Will facilitate the use of medical techiniques that are necessary for the protection of the victim, such as instruments in the tracking of people, and telesystems.

31.- The foreigner has the right to receive all services in the administration of justice in accordance with this Declaration without suffering discrimination because of race, language, relicion, or belief, particularly when it involves minor children and in accordance with international treaties for Spain.

    • The use of an interpreter is guaranteed when the foreigner does not understand castellano, or the official language of the Atonomous Community, in case of interogation or declaration, or when they are to be informed of some sort of resolution.

32.- Foreign immigrants in Spain have the right to recieve an effective protection from the Administration of Justice assuring that they understand the judicial process and their intervention.

    • Judges and courts as well as the public prosecutor will assures these rights are always respected.

A correct deontological conduct

33.- The citizen has the right to a professional legal service of quality from their lawyer in the defense of their client, as well as by the procurador representing their interests before the courts.

34.- The citizen has the right to file a complaint with the Colegios de Abogados or Procuradores in relation to conduct that is contrary to professional deontology and to know the results of those complaints.

36.- The citizen has the right that the professionals that represent them, examine or defend them maintain rigorous secrecy when secrets are revealed or in execution of their duties.

An informed client

37.- The citizen has the right to know the approximate cost of all professional intervention by the lawyer of their choice and the form of payment.

    • The lawyers and procuradores are obliged to provide a Price estímate that contains provisions for all possibilities.
    • The client can request from the procurador a detailed accounting of all issues under their titulage.

38.- The citizen has the right to obtain precise and detailed information from lawyers and procuradores about the state of their case and the resolutions by the courts.

    • The professional must deliver a copy of all written notifications of all relevant judicial resolutions of which they are notified.
    • The citizen can consult with their lawyer the consequences of all actions before the judicial organs.
    • The Servicios de Orientación Jurídica will enhance, under the titulage of the Colegios de Abogados, expanding their functions in order to inform the citizen about their rights in relation to the confidence of their lawyer.

39.- The citizen has the right to be informed for their lawyer and procurador, in advance to any action in the courts, about the consequences of the costs of the process and estimates.

Quality free of charge justice 

40.- The citizen has the right to be advised and defendes free of charge by a lawyer sufficiently qualified and be represented by a procurador that has a legitimate interest in free legal assistance.

    • The respective Colegios will ensure a correct delivery of their services.

41.- The citizen has the right to demand quality services for the court-appointed lawyer.

    • The Colegios of Abogados will adopt adequate measures in assuring that rights are respected.

Effectivenes of the Declaration of Rights  

1.- The citizen has the right to demand that the rights recognized in this declaration are respected. That they are linked to the judges and magistrates, prosecutors, judicial secrtaries, forensic medical personnel, public servants, lawyers, procuradores, and other personnel and institutions that cooperate with the administration of justice.

2.- El Ministerio de Justicia and the Comunidades Autónomas with competence in the issues, the  Consejo General del Poder Judicial, the Fiscalía General del Estado and the profesional Colegios will adopt the necesary actions and provide the necesary measures to guarantee the effective and full respect for the reconized rights in this Declaration.

3.- The Congreso de los Diputados, via the Comisión de la Justicia e Interior (http://ec.europa.eu/justice/discriminationhttp://www.igualdadynodiscriminacion.org/redOficinas/portada/madrid/home.htm), will follow and permanently evaluate the development of this Declaration, and its effect will be regularly informed by the governemt and public órganos and institutions of any solicitations. The “annual memory” of the CGPJ of the Cortes Generales will include specific reference and sufficient details of complaints, reclamations, and suggestions formulated by citizens about the functioning of the Administration of Justice.

Also, recalling the obligation of the Spanish government and all representatives to assure that the following international treaties and agreements of which Spain is signatory, and of whose articles become constitutional rights under article 10.2 of the Spanish Constitution:

Convention on Human Rights

Art. 2 of the Convention on Human Rights declares that:

Right to life – 1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

Art. 3 of the Convention on Human Rights declares that:

Prohibition of Torture – No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Art. 4 of the Convention on Human Rights declares that:

Prohibition of slavery and forced labour – 1.No one shall be held in slavery or servitude.

Art. 5 of the Convention on Human Rights declares that:

Right to liberty and security – 1.  Everyone has the right to liberty and security of person.

Art. 6 of the Convention on Human Rights declares that:

Article 6 – Right to a fair trial

  1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.
  2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.
  3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
  4. to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

b. to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

  1. to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

d.to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

  1. to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

Art. 8 del Convention on Human Rights declares that:

Right to respect for private and family life – 1.Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

Art. 13 del Convention on Human Rights declares that:

Right to an effective remedy – Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.

Art. 14 del Convention on Human Rights declares that:

Prohibition de discrimination – The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

Declaration on the Elimination of Violence Against Women

Art.1 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women declares that:

For the purposes of this Declaration, the term “violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.

Art. 2 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women declares that:

Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following:

 (a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation;

(b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;

 (c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.

Art. 3 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women declares that:

Women are entitled to the equal enjoyment and protection of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.  These rights include, inter alia:

 (a)  The right to life;

 (b)  The right to equality;

 (c)  The right to liberty and security of person;

 (d)  The right to equal protection under the law;

 (e)  The right to be free from all forms of discrimination;

 (f)  The right to the highest standard attainable of physical and mental health;

 (g)  The right to just and favourable conditions of work;

 (h) The right not to be subjected to torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Art. 4 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women declares that:

States should condemn violence against women and should not invoke any custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination.  States should pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating violence against women and, to this end, should:

(b)  Refrain from engaging in violence against women;

(c)  Exercise due diligence to prevent, investigate and, in accordance with national legislation, punish acts of violence against women, whether those acts are perpetrated by the State or by private persons;

(d) Develop penal, civil, labour and administrative sanctions in domestic legislation to punish and redress the wrongs caused to women who are subjected to violence; women who are subjected to violence should be provided with access to the mechanisms of justice and, as provided for by national legislation, to just and effective remedies for the harm that they have suffered; States should also inform women of their rights in seeking redress through such mechanisms;

(e) Consider the possibility of developing national plans of action to promote the protection of women against any form of violence, or to include provisions for that purpose in plans already existing, taking into account, as appropriate, such cooperation as can be provided by non-governmental organizations, particularly those concerned with the issue of violence against women;

(f) Develop, in a comprehensive way, preventive approaches and all those measures of a legal, political, administrative and cultural nature that promote the protection of women against any form of violence, and ensure that the re-victimization of women does not occur because of laws insensitive to gender considerations, enforcement practices or other interventions;

(g) Work to ensure, to the maximum extent feasible in the light of their available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, that women subjected to violence and, where appropriate, their children have specialized assistance, such as rehabilitation, assistance in child care and maintenance, treatment, counselling, and health and social services, facilities and programmes, as well as support structures, and should take all other appropriate measures to promote their safety and physical and psychological rehabilitation;

(h) Include in government budgets adequate resources for their activities related to the elimination of violence against women;

(i)  Take measures to ensure that law enforcement officers and public officials responsible for implementing policies to prevent, investigate and punish violence against women receive training to sensitize them to the needs of women;

(j) Adopt all appropriate measures, especially in the field of education, to modify the social and cultural patterns of conduct of men and women and to eliminate prejudices, customary practices and all other practices based on the idea of the inferiority or superiority of either of the sexes and on stereotyped roles for men and women;

(k) Promote research, collect data and compile statistics, especially concerning domestic violence, relating to the prevalence of different forms of violence against women and encourage research on the causes, nature, seriousness and consequences of violence against women and on the effectiveness of measures implemented to prevent and redress violence against women; those statistics and findings of the research will be made public;

(l) Adopt measures directed towards the elimination of violence against women who are especially vulnerable to violence;

(m) Include, in submitting reports as required under relevant human rights instruments of the United Nations, information pertaining to violence against women and measures taken to implement the present Declaration;

(n) Encourage the development of appropriate guidelines to assist in the implementation of the principles set forth in the present Declaration;

(o) Recognize the important role of the women’s movement and non-governmental organizations worldwide in raising awareness and alleviating the problem of violence against women;

(p) Facilitate and enhance the work of the women’s movement and non-governmental organizations and cooperate with them at local, national and regional levels;

(q) Encourage intergovernmental regional organizations of which they are members to include the elimination of violence against women in their programmes, as appropriate.

Art. 5 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women declares that:

The organs and specialized agencies of the United Nations system should, within their respective fields of competence, contribute to the recognition and realization of the rights and the principles set forth in the present Declaration

Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

Art. 1 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

Art. 2 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;

(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;

(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;

(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

Art. 3 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of women , for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.

Art. 4 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

  1.  Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.
  2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.

Art. 5 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

States Parties shall take all appropriate measures:

(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;

(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.

Art. 6of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

Art. 8of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.

Art. 9 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

  1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.
  2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.

Art. 10 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.

Art. 11 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;

(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;

(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;

(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;

(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;

(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.

Art. 13 de la Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

(a) The right to family benefits;

(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;

Art. 15 of the Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

  1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
  2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.
  3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.
  4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.

Art. 16 of the  Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women declares that:

  1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:

(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;

(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;

(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;

(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;

(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

 A.  Victims of Crime

  1. “Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.
  2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim.  The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.
  3. The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability.

Access to justice and fair treatment

  1. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered.
  2.  Judicial and administrative mechanisms should be established and strengthened where necessary to enable victims to obtain redress through formal or informal procedures that are expeditious, fair, inexpensive and accessible.  Victims should be informed of their rights in seeking redress through such mechanisms.
  3. The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of victims should be facilitated by:

 (a)  Informing victims of their role and the scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are involved and where they have requested such information;

 (b) Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice system;

 (c)  Providing proper assistance to victims throughout the legal process;

 (d)  Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;

 (e)  Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders or decrees granting awards to victims.

  1. Informal mechanisms for the resolution of disputes, including mediation, arbitration and customary justice or indigenous practices, should be utilized where appropriate to facilitate conciliation and redress for victims.

Restitution

  1. Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights
  2. Where public officials or other agents acting in an official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victims should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted.  In cases where the Government under whose authority the victimizing act or omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title should provide restitution to the victims.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Art. 3 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant.

Art. 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

  1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.
  2.  The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.

Art.7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:

(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:

(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;

(ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant;

(b) Safe and healthy working conditions;

(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;

(d ) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.

Art. 9 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, including social insurance.

Art. 10 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

The States Parties to the present Covenant recognize that:

1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses.

3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young persons should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour should be prohibited and punishable by law.

Art. 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

Art. 12of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

Art. 15of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights declares that:

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:

(a) To take part in cultural life;

(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;

(c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.

3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.

4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.

Convention of Civil and Political Rights

Art. 2 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

  1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
  2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.
  3. Each State Party to the present Covenant undertakes:
    • To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;
    • to ensure that any person claiming such a remedy shall have his rights thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;
    • To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

Art. 3 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant.

Art. 6 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

  1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

Art. 7 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Art. 8 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

2. No one shall be held in servitude.

Art. 9 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

  1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.
  2. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

Art. 12 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

  1. 1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

Art.14 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

  1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.
  2. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
    1. To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;
    2. To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;
    3. To be tried without undue delay;
    4. To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
    5. To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
    6. To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court;
    7. Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.
  3. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.
  4. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

Art. 17 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

  1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
  2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Art. 23 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

  1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
  2. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equally of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.

Art. 24 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State.

Art.  26 of the Convention of Civil and Political Rights declares that:

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Convention on the Rights of the Child 

Art.1 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Art. 2 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

  1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.
  2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members.

Art. 3 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

  1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.
  2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.
  3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.

Art. 4 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation.

Art. 5 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.

Art. 6 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

  1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.
  2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Art. 7 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

Art. 8 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.

Art. 9 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

  1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child’s place of residence.
  2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.
  3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.
  4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.

Art.10 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of the child and his or her parents to leave any country, including their own, and to enter their own country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.

Art.18 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

  1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic concern.
  2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children.

Art.19 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

  1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
  2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.

Art. 20 of the Convention on the Rights of the Child declares that:

  1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by the State.
  2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.
  3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child’s upbringing and to the child’s ethnic, religious, cultural and linguistic background.

Legal Concepts and Principles Under

International Law & International Jurisdiction

Domestic abuse as a human rights violation and the obligation of the State to protect the victim under the principle of due diligence was established by The Inter-American Commission on Human Rights Velásquez vs. Honduras (1988), Gonzales vs. USA(2011,) and  European Courts on Human Rights A vs. UK (1998.)

The obligation of the State to protect women is also established by the Committee on Human Rights[4]: “The Human Rights Committee has clarified that the obligation to ensure the rights recognized in the Covenant to all individuals requires that States parties take all necessary steps to enable persons to enjoy those rights without discrimination.1 The obligation to protect women’s human rights includes the obligations to ensure effective protection against acts of gender violence committed by governmental agents and private individuals, and access to and effective redress where such violence occurs.”

The lawyers named in this complaint have always defended their actions, and omissions of actions, and/or the actions of their colleagues under the rationalization that “we have always done it like this in Spain,” “this is what the law in Spain says,” and “we have completed the paper-work and judicial actions, therefore there is no professional negligence.” They have contended that the violation of my human, constitutional, and civil rights in the last 7 years are due to lack of appropriate laws and the Spanish judicial system, rather than due to their negligence. Under this contention personal and professional damages incurred fall on the Spanish government for not having fulfilled their obligation under the Spanish Constitution as well as international treaties, by passing laws that produce an administrative judicial system that permit judicial actors to fulfill their professional obligations.

In evaluating the actions (and omission of actions art. 10 and 11 of the Spanish penal code,) of the lawyers cited, the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, as an agent of the government and an authority of the State (under art. 24.2 of the penal code,) is deciding and establishing:

  • The standard and level of due diligence required by the Spanish government by lawyers in Spain in the defense of victims of domestic abuse and homemakers during divorce.  
  • If lawyers in Spain have the obligation to defend and promote the interests and rights of their clients under the Constitution, civil code, Spanish laws (Equality Act 32007, inter alia)  and Spanish deontological code for Lawyers, or if they are only obligated to fill out judicial documents and forms.
  • If the violation of my rights have been a result of professional negligence of lawyers, or if they were caused by the Spanish government’s failure to produce a judicial system,  with laws and administrative procedures, that protect and defend the rights of women and children in the courts, communities and the home.

And, finally the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, in determining if the implicated lawyers fulfilled their obligation and responsibilities correctly, are considering and determining in the name of the Spanish government:

  • If marriage in Spain is a contract between two people with all of the same obligations and privileges as any other contract, under the civil code, and Spanish and international law
  • If common property law applies to couples during divorce proceedings, and if article 33.3 of the Spanish Constitution applies to married women and their common property assets.
  • If the work of homemakers (the 24/7 hours of work, care of children and husbands, and the contribution to their husband’s career) is recognized by the Spanish government under art. 35 of the Spanish Constitution,  civil code(chapter IV), Spanish and European contract law, Equality Act 3/2007, inter alia.
  • If women in Spain have the right to the same Constitutional, civil, and human rights as men in Spanish courts
  • If women in Spain have the same Constitutional, civil, and human rights within marriage and the family unit, or if those rights are reserved exclusively in public and workplace.

In presenting my complaint to the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, I am introducing the attached documents and complaints:

  • Complaint to the United Nations – Commission on the Status of Women against the Spanish government for human rights violations and discrimination against women by judicial state and non-state actors, and for the lack of due diligence of the State to adequately investigate, judge and sanction violence against women – posted on http://worldpulse.com/node/55730
  • Complaint to the Defensor del Pueblo Española and Consejo General de Poder Judicial Española: Wilcox vs. Gonzalez de Alcalá and Gonzalez de Alcalá vs. Wilcox –  posted on  http://worldpulse.com/node/52011
  • Denuncia al Instituto de Mujer: Wilcox vs. Gonzalez de Alcalá y Gonzalez de Alcalá vs. Wilcox – posted on  http://worldpulse.com/node/50602
  • Letter to Patrick F. Kennedy, Under Secretary of Management, Ambassador Solomont,  American Embassy in Madrid, and the Consul General in Madrid http://worldpulse.com/node/73335
  • Petition to the members of the American Congress requesting that they initiate an Oversight Hearing on the failure of the US State Department to exercise due diligence  inassuring the protection of the rights of the victims of domestic violence and due process within foreign courts, under federal and international law – posted on http://worldpulse.com/node/64298

The Spanish Constitution, Spanish civil and penal code and the Organic Law Against Gender Violence, the Equality Act 3/2007, inter alía, offers exemplary legal principles and instruments in order to eradicate discrimination and violence against women, as well as recognition of the contributions of homemakers within the home and society in general. But, without the goodwill and dedication of Spanish lawyers and/or an administrative judicial system in Spain that permits actors to utilize these instruments, the rights of women will never be advance in an effective and real manner.

And finally, for consideration by the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, in the case presented, are the damages caused by the lack of due diligence by state and non-state judicial actors to entrepreneurial and commercial development in Spain (particularly initiative of women.)

As may be noted in the documents presented, the intensification of violence in my home by my ex husband was caused by my refusal to renounce my entrepreneurial efforts. In Juy 2007, he told me that if I did not stop working on Global Expats / www.global-expats.com (now www.global-xpats.com,) he was going to take away all of my money, assets, my children, and throw me on the street with nothing. At the time, I told him he was crazy, and that he could not do that. What is surprising, and worrisome is the ease with which he did exactly as he threatened, showing to what extent there are some very serious problems in the Spanish judicial system (seehttp://worldpulse.com/node/66096.) (It should be noted that the problems within the Spanish judicial system are the same as those found in all countries, with an strong correlation between the level of corruption in general in the country, and the frequency and gravity with which one finds the violation of rights in family courts.)

The concept of Global Expats is based on a extensive and diligent market study (done 2005-2006), on Web. 2.0 and 3.0, trends in Internet advertising, challenges of the global mobility industry and expatriated families, expatriate websites on the Internet. As I predicted (and as all of the reports at the time predicted) social networks, professional networks, local search, and Internet advertising has experienced explosive growth in the past 6 years. Website such as (www.yelp.com, www.citysearch.com, www.facebook.com, www.linkedin.com) today are earning hundreds of millions of dollars each year.

Global Expats’ website combines these commercial models a market of almost 300 million people with aggregated income of $8 trillion. From the beginning, this project has received enormous interest and encouragement from the global mobility industry, relocation companies, and multinationals around the world, for the simple reason that it offer a comprehensive solution to their biggest challenge; the adaptation of their expat employees and their families. More information and a Business Plan is posted on http://worldpulse.com/node/44543

It should be noted that in 2004-05 the founders of www.facebook.com, and www.yelp.com “kids” and college drop-outs. They had no training, knowledge, or experience in marketing, nor the management of a company, nor the true challenges of societies and their target markets. But, because of the high necessity for their products and the explosive expansion of their since 2006 they have become the “golden boys” of the Internet in only 5 years. What has happened, is that the development of social and professional networks, search for products and services, and Internet advertising was imminent in the Internet en 2005-06. They just happened to be at the right place, at the right time.

Of course these kids were very talented in computer technology and worked very hard to develop their projects. And, they continue to work on their websites, always looking for new products and services in order to be competitive in their markets. But, it cannot be forgotten that all of the studies about the Internet since the beginning of the century showed that the success of these websites were guaranteed from the beginning.

Therefore, to believe that a woman of 44 years old;

  • With a BBA in international marketing experience in preparing market studies
  • Experience working in the financial markets, and a high level of understanding of the problems in the banking sector and its impact over the global economic crisis
  • A high level of understanding of politics and the political challenges in countries around the world
  • More than 10 years of experience managing teams and organizations
  • More than 30 years of experience travelling around the world, fluent in 3 languages
  • A high level of experience and knowledge about people, life and the challenges of communities around the world
  • An extremely high knowledge and experience of the challenges of expat families and their relocations.

And, that had the same idea of developing a successful and profitable business model on the Internet as these “kids,” but would not have been capable of developing a business as successful as theirs is completely discriminatory against women and homemakers.

The ONLY two reasons that my business is not earning the same as my competitor today, is that my ex husband (helped by the negligence of my lawyers) influenced or paid my web designers (Arnima Web Design) to sabotage my website. Also, (with the help of the negligence of my lawyers) he blocked all access to my assets and funds in Spain during the last 6 years, so that I would not have any money to contract another web designer to construct a new website.

Even if judicial actors were not principles in the manipulations of my ex husband, and his efforts to prevent me from creating my company, they were accessories to his crimes.

The lack of due diligence of my lawyers and the judges of the juzgado de Móstoles, in providing me with access to my assets, prevented me from creating a company that today would have been creating hundreds of jobs in the last 5 years, with revenues of more than €200-300 million (growing by €6 million/month at present.) ¿How many other entrepreneurs in Spain are prevented from creating companies each year by the manipulations of con artists? And, that have no legal recourse due to an elevated level of negligence of Spanish courts.

Governments around the world are promoting and always seeking new initiatives in order to encourage business development in their countries, and spending lots of money in doing so. But, none in western Europe, North America, or Australia are recognizing, or fighting, against the corruption in their judicial systems that is destroying economic development and free enterprise within their borders. This would be not only much more cost-efficient and effective, but would promote democratic development within a country.

It should be noted that in 2008 my ex husband confessed that he had spent €250.000 in his efforts to destroy my website and business, and defraud me. While this sum surely includes the “hacker,” wire-tapping of my home and telephone, detectives, etc. (2006-2008,) the possibility that he also bribed judicial actors should not be discounted 2007-2012.) Exactly, how much money my ex husband spent in his efforts is not clear. As I have been unable (due to the negligence of my lawyers) to access information about bank accounts, it is impossible to determine how much money he spent, nor how this money was spent.

The question that is raised is whether my lawyers failed to initiate legal procedures in order to prevent me from accessing these financial documents and information (in violation of my Constitutional rights):

  • For discriminatory traditions against women and homemakers in Spain.
  • For social traditions that serve to silence victims of domestic abuse and gender violence.
  • So that I could not access evidence about money transfers or withdrawals that could have been used by my ex husband in bribes and illegal manipulations (raising the question “Why would my lawyers wish to hide this information?”)

My case not only demonstrates how the courts are participating in the discrimination against women and failing to protect victims of gender violence, but shows how discrimination against women (and foreigners) as well as corruption in judicial systems is having a negative effect on commercial development and entrepreneurial efforts in a country and thereby their economy.

The global economic crisis has called more attention to the effects corruption is having on the economic development of a country. As Victoria Jennett, in a meeting in Geneva on Corruption and Human Rights in 2007.

“Corruption in the judicial system undermines democracy and human rights as well as diminishing economic growth and human development. The judicial system is the cornerstone of democracy:  the enforcer and interpreter of the law passed by the legislature and implemented by the executive. It is also the final arbiter of disputes between parties. If a justice system is corrupt public officials and special interest groups can act in the knowledge that, if exposed, their corrupt and illegal act will go unpunished. Public confidence in governance and the institutions of state is eroded as judicial corruption facilitates corruption across all sectors of government and society. Human rights are debased as citizens are not afforded their rights of equal access to the courts, nor are they treated equally by the courts. The international business community is reluctant to invest in countries – often developing countries that most need investment – where there is no certainty in the rule of law and no guarantee that contracts will be respected because the judicial system is in the service of those in power or with the deepest pockets rather than in service to the rule of law.” THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, Review Meeting, Corruption and Human Rights, Geneva, 28-29 July 2007 www.ichrp.org/files/papers/136/131_-_Victoria_Jennett_-_2007.pdf.

The case, Gonzalez de Alcala vs. Wilcox, offers the opportunity to observe, step by step, how acts (and omissions of acts), fail to protect women and children during judicial procedures as well as prevent entrepreneurial development and free commerce in a country.

It should be noted that in an act of good faith, I have offered implicated lawyers the opportunity to atone for their negligence upon several occasion, and/or arrive at a financial agreement for damages caused by their negligence, but they refused to examine the facts or the terms of my offer.

I hope that the Ilustre Colegio de Abogado de Madrid will examine the facts presented with the highest level of diligence, granting it the importance that it merits. The judicial system is the cornerstone of any democracy. Without a high level of integrity, transparency, and accountabity in the judiciary, the democracy, as well as the development of a solid and productive economy, will never survive.

FOR COMPLAINT AGAINST EACH INDIVIDUAL LAWYERS (PROVIDED IN THIS LOCATION, IN MY COMPLAINT TO THE BAR ASSOCIATION) — SCROLL DOWN TO END OF BLOG

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Argumentation of Case 

While the recognition of domestic abuse and gender violence as a human rights violation and the obligation of state and non-state actors to protect victims under the principle of due diligence is recent in international law and legal precedents, A vs. UK, Velázquez vs. Honduras, and Gonzales vs. USA, they are an important step in promoting the rights of victims.

However, in order to defend the rights of victims in judicial systems in a systematic way, the failure of the State to defend victims has to be examined from a intersectional perspective, investigating the relationship between corruption, discrimination, negligence and the failure of legislative reform, and accountability of the judiciary.

Additionally, for governments to be effective and competent in protecting victims they are obligated to assure effectiveness and transparency en the following areas:

  • Public services and environments that contribute to the prevention of domestic abuse and violence, as well as the protection of victims with competent legal counsel and the dissemination of factual information, during all level of the judicial process.
  • Pubic services, including judicial systems, that through positive action, protect and defend the rights, liberties, and interests of victims of abuse and gender violence in an effective manner, including, but not limited to due process under the law.
  • Public services, including judicial systems, that through positive action revoke law, practices, and traditions that are contributing to discrimination in all its forms.
  • Effective mechanisms and procedures that permit reparations for victims of abuse and violence at the hands of the abuser as well as state and non-state actors that have failed to exercise due diligence in the prevention of said abuse, or worse contribute to the abuse through discriminatory practices and actions.

But, perhaps the most important in promoting and assuring the rights of victims is, understanding that behind every story, every life, there are many actors and many actions that have contributed to the pain and suffering of these women, children and sometimes men.

Abuses of power, in the home, family or community, are not static and isolated, but are part of a cultural dynamics that is designed to maintain a status quo and violence. Until the cycle of abuse in our societies and communities is dismantled through the efforts and actions of each member, denouncing and sanctioning all forms of abuses of power, in our personal as well as professional lives, the “War on Terror” will never be won. While the last years have been very difficult, the separation from my children the most difficult of all, my battles have shown to what point the apathy of people, above all civil servants and judicial actors, are encouraging, promoting and supporting the violation of human and civil rights within our own borders.

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CONCLUSION

 

Mr. Martínez de Haro of Vinader, Ms. García Martin, Mr. Hernández Jiménez, Mr. Capell, Mr. Fontes García Calamarte, Mr. Martínez López de Asiain y Mr. González Martínez, have always contended that the violation of my constitutional, civil, and human rights in all court proceedings and judicial actions have never been due to their negligence or lack of profesional conduct, but rather the fault of the Spanish government to create a judicial system that trained them and permited them to defend the rights of women and children, as well as combat discrimination against women in Spanish tribunals.

My investigations and examinations of the Constitution, international conventions to which the Spanish government is signatory, civil and penal code, organic laws, and an appeals process and government regulatory agencies in Spain  are exemplary for promoting the rights of women, combat discrimination against women, and gender violence. My investigations belies the contentions of lawyers that there is a lack of judicial or legal structures in Spain that permits lawyers to defend their clients, and therefore it can only be because of their negligence and lack of diligence.

Therefore, the question put before the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid at present is whether the violation of my rights were produced directly, or indirectly by the negligent acts, or omission of acts, of the lawyers against whom this complaint is directed, or if it was due to the failure of the Spanish judicial system as these lawyers contend. Recalling the following violation of my rights and those of my children:

1)      Art. 33.3 of the Spanish Constitution No one can be deprived of their rights and assets – All acts (and omissions of acts) of my lawyers as well as the judicial decisions that have deprived and defrauded me of my common property assets and funds in Spain violating my rights under art. 33.3 of the Spanish Constitution, 3 and 4 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women,  art. 13, 15 and 16 of the Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women, art. 1 of the Convention of Economic, Social, and Cultural Rights, and art. 1 of the Convention of the civil and Political Rights, inter alía.

2)      Art. 35 of the Spanish Constitution – All Spaniards [and foreigners – art. 13.1] have the obligation to work and the right to work, to freely choose their profession or job, promotions in relation to their work and sufficient remuneration in order to satisfy their needs and those of their family. – All of the manipulations of my ex husband have been with the express objective to prevent me from creating Global Expats / www.global-expats.com (now www.global-xpats.com.)  All acts, and omissions of acts, or decisions by judicial actors (state or non-state) that have contributed or assisted my ex husband in his efforts to prevent me from building my business violated my rights under art. 35 of the Spanish Constitution,  art. 4 of the Convention on Human Rights, art. 3 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women, art. 11 of the Declaration on the Elimination of the Discrimination Against Women, y art. 6 of the Convention of the Economic, Social, and Cultural Rights, inter alía)

3)      Art. 24 of the Spanish ConstitutionAll persons have the right to obtain effective protection from judges and courts in the exercise of their legitimate  rights and interests, and under no circumstances may be left without any defense and under no circumstances can be left without any defense. – All acts, omission of acts or decision by judicial actors (state or non-state) that have hidden evidence of all forms of abuse of my ex husband during verbal hearings as well as in written documents and testimonies introduced to the courts, or that in any way have prevented me in defending my rights andor interests before the Spanish courts violated my rights under art. 24 of the Spanish Constitution, art. 5, 6 and 13 del Convention on Human Rights, art. 3 y 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,  art. 6 y 10 del Convenio of the derechos económicos, sociales y culturales, art. 9, 14, 23 y 24 del Convenio sobre los derechos civiles y políticos, y art. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 18, 19 y 20 del Convenio sobre los Derechos del niño,  inter alía)

4)      Art. 14 del Constitución Española Spaniards [and foreigners – art. 13.1] are equal before the law and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social condition or circumstance. All acts, or omissions of acts, or judicial decisions by judicial actors (state or non-state) that have produced or have failed to prevent, directly or indirectly, discrimination against me, or my efforts to reclaim or protect my rights and interests in any way what-so-ever violationed my rights under art. 14 of the Spanish Constitution,  art. 3 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women,  art. 2, 4, 5 & 12 of the Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women, art. 2 of the Convention of the Economic, Social, and Cultural Rights, y art. 26 of the Convention on the Civil and Political Rights,  inter alía)

5)      Art. 15 of the Spanish Constitution Right to moral integrity – All acts, omission of acts, or judicial decisions by judicial actors (state or non-state) that supported the efforts of my ex husband to impede my entrepreneurial efforts, intimidate me, torture or harm me psychologically, deprive me of my liberties and dignity, or defraud me in any way violated my rights under art. 15 of the Spanish Constitution, art. 2 & 3 of the Convention on Human Rights, y art. 3 and 4 of the Declaration on the Elimination on the Violation Against Women.

6)      Art. 18 of the Spanish Constitution 1. Guarantees the right to honour, to personal and family privacy and to the own image. All acts, omission of acts, or judicial decisions for judicial actors (state or non-state) that has directly or indirectly attacted my honor, intimity privacy, or reputation violated my rights under art. 18 of the Spanish Constitution, art. 8 of the Convention on Human Rights, and art. 17 of the Convention on the Civil and Political Rights, inter alía)

INTER ALIA (recalling the international conventions cited at the beginning of my complaint.)

Also, for consideration of the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid is the contention of lawyers that their actions, and omission of actions, are “customs and traditions by lawyers in Spain,” o “that they do not know how to act in other manner.” At no moment one may consider or accept this reasoning as a defense or explanation. Ignorance of the law is no defense.  

Also, the lawyers cited have contended that the problem was “that the law in Spain is not as developed as in the USA…” demonstrating a complete understanding and comprehension of the difference between the legal system in Spain and that in the USA, and their respective constitutions. The lack of knowledge and understanding of the dos legal structures is particularly worrisome given the fact that several implicated lawyers, above all Mr. Capell of Cuatrecasas and Ms. García Martin of Plehn Abogados, handle  international commerce cases between the two countries and international banking systems.

The Spanish democratic structure (and its hierarchial structure of the Constitution, international conventions, civil and penal codes, and organic laws, etc.) offers infinitely more possibilities in protecting, defending, and advancing the rights of its citizens, above all women and minorities, than the judicial structure and laws in the USA. For the past 40 years activists in the USA have been fighting to pass laws, and ratify international conventions (and rights included) that have been integrated into the legal structure and Spanish Constitution for a long time (1978 (Constitution,) 1989 (civil code,) 1996 (penal code.) The problems is not in legislation, or Constitutional or civil rights, but lie in the lack of application and implemention of legislation, as well as a lack of understanding of basic legal principles by judicial actors. Again, ignorance is no defense.

Finally, the lawyers cited have always contended that “[they] have been practicing law for many years in Spain and managing cases in this way, therefore they know what they are doing,”  This contention, contrary to absolve the of any responsibility  for their actions or omission of actions, makes their actions even more serious as well as the responsibility of the Spanish government for their complicity in the violation of rights. The fact that lawyers have been practicing law for many years contrary to the interests and rights of their clients, without being detected nor sanctioned by authorities and/or regulatory agencies, exposes a fundamental and institutionalized failure of the Spanish judicial system.  

For over 20 years the Spanish government have been promising to promote and advance the rights of women as well as combat domestic violence in Spain.  ¿But, lawyers, judges, and courts continue working with the same rules and norms that have been used and applied before the passage of the Constitution, civil and penal code, international conventions, and organcic laws?  (apologies for the Spanish hereafter — no time to finish translation)

 

siguen actuando con las mismas reglas y normas que han usados y aplicados antes de la aprobación del Constitución, código civil y penal, convenios internacionales, y leyes orgánicas? ¿Que la aprobación de estos instrumentos y leyes progresistas no ha cambiado en absoluto la forma en el cual abogados en España actúan, sin ningún sanciona o acción de la parte of the colegios de abogados o gobierno española?

Todavía más grave, es que mismo cuando abogados reciben instrucciones específicos en cómo usar la constitución, código civil, y código penal españolas para defender los derechos e interesas de su cliente (con argumentos legales bien desarrollados defendiendo todos reclamaciones) ellos no saben presentarlos al tribunal.  

Estudios detrás de estudios, que sean por organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional) o nacionales (como colegios de abogados regionales en EE.UU., Abogados por la Igualdad de Asturias, o Instituto de Mujer, etc.) están demostrando que tribunales están fallando de proteger los derechos de la mujer y los niños, tanto que protegerlos de la violencia de género, 70-98% del tiempo. Estés tazas elevados están resultando al nivel mundial en la muerte de cientos de miles de mujeres y niños cada año, la entrega de decena de millones de niños a parientes violentos y pedofilias, sin hablar de cuantas mujeres sufren de abuso psicológico por sistemas judiciales, y que están defraudado de cientos de billones de euros cada año.

No es posible, ni lógico, que abogados y jueces están aplicando leyes correctamente, respectando debido proceso en su actuación, y respectando los derechos de cuidadnos que pasan por tribunales, delante de un fracaso total de sistemas judiciales. ¡Algo su sede!

Lo que muestra mi caso (e mis investigaciones que demuestra que mi caso no es aislado pero la norma) es que jamás se puede avanzar y proteger derechos de ciudadanos sin un cuerpo profesional de abogacía que está formado, preparado, entiende, quiere, y tiene incentivos de utilizar leyes progresivas y principios constitucionales en sus presentaciones y argumentos delante of the tribunales, tanto que utilizar el camino de apelación hasta el Corte Constitucional y tribunales internacionales para avanzarlos. Además, no es solamente un cuestión de  promover y avanzar derechos, pero también se trata de desafiar tradiciones y costumbres dentro de tribunales que violan los derechos de ciudadanos, infringen la ley, discrimen contra la mujer, y suporta y sostiene la violencia de género.

La competencia de abogados de tribunales:

Que dice los estudios sobre el problema, las causas y las curas[1]

porChristen R. Blair

El Presidente del Tribunal Supremo Burger dice “[que] la falta de entrenamiento adecuado de abogados por su trabajo dentro de tribunal es una….problema muy serio en la administración de justicia…75% of the abogados que se presenten a tribunales eran deficiente…citando como ejemplos: falta de preparación, incapacidad de formar cuestiones correctamente, falta de capacidad de dirigir una repreguntas correctamente, falta de capacidad de presentar y manejar la presentación de documentos y cartas, falta de capacidad de formar objeciones de asuntos, falta de la capacidad de formar argumentos, y falta de comportamiento e etiqueta correcta básico delante del tribunal.” Luego el juez Kaufman añada “Aptitudes particulares que el sugirió…argumentos de apertura, repreguntas, el arte de objeciones y recapitulaciones…redactando quejas, respuestas, peticiones, y interrogatorios, y cogiendo deposiciones y entrevistas de testigos.”

CORRUPCION EXTENSIVA EN SISTEMAS JUDICIALES

Pero, más allá que la falta de competencia, moralidad, honradez, e integridad de abogados actuando en tribunales de familia, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid debe también considerar la corrupción judicial producida por estas deficiencias, y las otras consecuencias.

Corrupción y el sector judicial

por Mary Noel Pepys

Management Systems International, January 2003

http://www.pepysinternational.com/publications/publications.html

¿Por qué un país democrático debe preocuparse sobre la corrupción que impregna su sistema judicial?

En una democracia basado sobre la ley, el papel del poder judicial, como una poder del Estado independiente y igual, es de proteger los derechos humanos y libertades civiles en asegurando el derecho a un juicio justo por un tribunal imparcial y competente. Todos ciudadanos pueden esperar un acceso igual a los tribunales y un tratamiento igual por los organismos de investigación, las autoridades fiscales, y los tribunales, independientemente de su posición en la sociedad. De repente, bajo la mayoría de sistemas judiciales corruptas, los poderosos y ricos pueden escapar prosecución y condena… 

Una sistema judicial replete con personas que están mal informado, mal pagado, y sobre cargado con trabajo es una receta buena para el corrupción…

Aunque el papel of the tribunales es de proteger los derechos humanos y libertades civiles de cada ciudadano en un país democrático, muchas encuestas de opinión público demuestran que normalmente la pública vea el poder judicial como uno de las instituciones gobernalles el más corrupto del país. El percepción del corrupción es tan insidioso, y tan importante de superar, que el corrupción si mismo porque los dos producen los mismo resultados. Cuidadnos son menos probable de obedecer la ley si creen que otros, sobre todo los lideres gobernalles, son infringiendo la ley y evitando detección y castigos. Personas agraviadas recurrirá a “tomar la ley en sus propios manos” para resolver disputas más bien que presentarse al sistema judicial que vean como mal honesta y parcial. 

Inversionistas extranjeros rehuirá estos países donof the sistemas judiciales tienen la reputación de la aplicación de la ley en una manera inconsistente y caprichosa. En una arena más y más global con mercados muy competitivos, el crecimiento económico del país con un sistema judicial corrupto, real y apercibido, será gravemente retrasado…

Hasta la corrupción dentro del sector judicial está controlada o erradicada, la mayoría de mecanismos legales y programáticos introducidos para reducir la corrupción en otros sectores de la sociedad será socavada significativamente.

Es difícil de esperar que ciudadanos vayan a respectar la ley cuando lideres gobernalles, sobre todo la policía, fiscales y jueces, ignoran las leyes, reglas y procedimientos que son tenidos y mandados de hacer cumplir. Hasta lideres gobernalles que esquivar las leyes son procesados y condenados, el ciudadano considerarse temeraria si él sigue obedeciendo el sistema que sus líderes están evitando…

El corrupción están tan común en algunos arenas que las ciudadanos no piensan que su comportamiento es inmoral…

Una gran variedad de responsabilidades administrativos que no reciben bastante vigilancia creen una ambiente por corrupción sin restricciones en los tribunales. En muchos países, los procedimientos administrativos of the tribunales son burocráticos, incómodos, y confundiendo, y son hecho por los funcionarios quien tienen poderes amplios y discrecionales, con poco contabilidad…

Corrupción que existe en sistemas judiciales pueden ocurrir a cualquier momento, desde el principio de la investigación criminal o la presentación de una litigación civil hasta al final del proceso culminando en la aplicación de la decisión judicial. Mucho de la corrupción ocurre fuera de la vista del público y muchas veces solamente entre dos personas, y cuando los dos son implicados en el conducto ilegal y recibiendo beneficios mutuos…

Una forma insidioso de la corrupción emánate desde el sistema judicial sí mismo. El jefe de la policía, fiscales, o jueces pueden exigir autoridad administrativo importante sobre sus subordinantes…

El papel del Colegio de Abogados

Las medidas anti-corrupción por sistemas judiciales no se apoyan solamente con una estructura de tribunal. Pocas veces el Colegio de Abogados reconoce que se contribuya a la corrupción del poder judicial como conducto entre el litigante y el magistrado. Los colegios de abogados tienen la responsabilidad de exponer y reducir sobornos dentro de la sistema judicial con imposición de sanciones estrictas contra cualquier de sus miembros que contrata practicas judiciales corruptas…

Pero, la ultima respuesta, sin con el cual la corrupción jamás será erradicado, es la sociedad. Claramente, el comportamiento de cualquier persona está determinado por la amenaza del aprehensión, condenación, y castigación, pero los éticos personales y valores inmorales son los incentivos fundamentales sobre los cuales el comportamiento está basado. Reformas deben focalizar sobre los éticos personales, y las actitudes sociales hacia el comportamiento ético.

Mientras que el comportamiento sin ético beneficio unos personas y compañías, el país siempre sufre. Debe tener un despertamiento social a los efectos deletéreos que la corrupción tiene sobre el crecimiento económico y político del país. En este sentido, lideres públicos que quieren reformas deben iniciar campanas publicas exhortando reformas anti-corrupción… 

A Handbook on Fighting Corruption

Center for Democracy and Governance, Bureau for Global Programs, Field Support, and Research, February 1999

El costo de corrupción

En términos generales, la corrupción es el abuso del puesto público por una ganancia privado. Incluyen abusos unilaterales por oficios gobernalles como malversación de fondos y nepotismo, tanto que abusos enlazando a actores públicos y privados como soborno, extorción, y tráfico de influencia, y fraude.

Corrupción surge en puestos políticos y burocráticos y pueden ser pequeños o grandes, organizados o sin organizados. Mientras que muchas veces la corrupción facilita actividades como la trafica de la droga, lavamiento de dinero, y prostitución, no está restringida a estas actividades.  Para entender el problema y idear remedios, es importante de separar crimines y corrupción en el análisis del problema.

Corrupción se impone un desafió muy grave sobre el desarrollo. En el ámbito político, socava la democracia y gobernación, subvirtiendo el proceso formal. Corrupción en elecciones y en cuerpos legislativos reduce la contabilidad y representación en la formulación de políticas; corrupción en el poder judicial suspende el Estado de Derecho; y corrupción en administración público resulta en la provisión de servicios desigual. Más generalmente, la corrupción erada la capacidad institucional del gobierno como los procedimientos son ignorados, recursos son desviados, y oficiales son contratados o promovidos sin respecto a su rendimiento. Al mismo tiempo, corrupción socava la legitimidad del gobierno y valores democráticos como confianza y tolerancia.

También, corrupción socava el desarrollo económico mediante la generación de distorsiones considerables e ineficiencias. En el sector privado, la corrupción aumenta el costo of the negocios a travesía del precio de pagos ilícitos, la gestión del coste de negociar con oficiales, y el riesgo de calzones acuerdos o detección.

La corrupción judicial, sobre todo cuando esta visto y considerado por actores judiciales y gobernalles como algo de “normal” y “lo que su sede hacer”  tienen consecuencias extensivos dentro de la sociedad.

Como se vea en las quejas presentadas, los abogados no han expresado ni el mínimo de entendimiento, ni comprensión básica, sobre los principios que dirigen los contractos y obligaciones como definido en principios universales de derecho, tanto que por el código civil española. Tampoco, han expresado ni el mínimo de entendimiento, ni comprensión básica, sobre la estructura del sistema bancaria española; la gestión y administración de cuentas, préstamos y las responsabilidades legales of the bancos. Que su falta de su entendimiento era por incompetencia o lo han hecho propósito es inmaterial; daños y prejuicios han sido producidos.

España ya no es un país aislado del resto del mundo; políticamente, económicamente, financiamiento, ni comercialmente. En las últimas décadas ha entrando en el mundo moderno y ha vuelto una economía y poder político importante dentro de Europa. Y, como todos países industriales y modernos, está encontrando y enfrentando los desafíos sociales y económicos que están producidos por esta modernización.

No solamente tiene un papel importante en Europa, pero es la “puerta de entrada” por la inmigración de África y América Latina (con problemas muy graves en la inmigración clandestina, trafica humano, y prostitución.) También, es la  “puerta de entrada” de Europa por la droga desde todos partes del mundo. Además, tiene una larga historia con el terrorismo y las terroristas que están actualmente vinculándose con redes internacionales. Y, como consecuencia debe enfrontarse con el crimine organizado y el lavado de dinero, con ellos siempre buscando nuevas maneras y manipulaciones en el ámbito comercial y judicial para llegar a sus fines.

En adición de todo lo que pasa dentro de eses “mercados,” España debe enfrentarse a sistemas bancarios y financieros (vinculados al nivel mundial) que desde 40 años están impregnados con corrupción, crimines de “collar blanco” extensivos, y ineficiencias de gestión extraordinarios; culminando en el crisis económico de hoy en día.

Sin un cuerpo de abogados profesionales preparados, honorables, y dedicados, con una transparencia completo en su actuación, es, y será, imposible para España de enfrontar todos estés desafíos en las décadas a venir.

Tampoco, España puede desarrollar mercados y empresas competitivas y eficiencias dentro de sus fronteras, y menos ser competitivas en el ámbito internacional sin una abogacía española que entienden principios básicos sobre el ley de contrato y sistemas bancaros y financieros. Sin un entendimiento y comprensión sobre los principios básicos y fundamentales del derecho, jamás entenderá leyes complicados tanto que los maniobras y manipulaciones enredados (legales y ilegales) que son usados extensivamente en el comercio internacional y sistemas financieros mundiales.

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS:

“SOBERANIA,” “ASUNTOS PRIVADOS” Y “INDEPENDENCIA JUDICIAL” – INADMISSIBLE COMO DEFENSA

Estadísticas y reportes por Amnistía Internacional y La Comisión de la Mujer l’ONU, inter alía demuestra que la actuación de actores judiciales españoles son dirigido por costumbres y normas antiguas en tribunales. Que el gobierno española, y sus organismos (el Defensor del Pueblo, Consejo General de Poder Judicial y Instituto de Mujer[2]) no están dispuesto de examinar los problemas, lo vuelven complicita en las violaciones de derechos humanos por la violencia de género, tanto que las violaciones de derechos de ciudadanos por la parte de actores judiciales.

España: Información para el Comité de Derechos Humanos

por Amnistía Internacional

El Comité de Derechos Humanos ha establecido claramente que la obligación de garantizar a  todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto obliga a los Estados Partes a tomar  todas las medidas necesarias para que las personas puedan disfrutar de esos derechos sin  discriminación.[3] La obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres incluye la  obligación de garantizar tanto una protección efectiva frente a los actos de violencia de género  cometidos por agentes gubernamentales y ciudadanos particulares como el acceso a una  reparación efectiva cuando se produzca dicha violencia.

Amnistía Internacional siente preocupación por que estos datos reflejan la ausencia de una protección efectiva del derecho de las mujeres a la vida y a no sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta ausencia de protección se ve agravada en el caso de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y con dificultades adicionales, como las mujeres que sufren discriminación por razón de nacionalidad, origen étnico o situación migratoria.

Amnistía Internacional considera que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley 1/2004)[4] ha sido un importante paso para mejorar la respuesta institucional a la violencia de género en España. Sin embargo, la organización siente preocupación por la falta de aplicación de algunos of the derechos garantizados por esta ley y por el hecho de que, en la práctica, muchas mujeres siguen sin protección. A la organización le preocupa en especial la ausencia de diligencia debida en la investigación y el procesamiento de actos de violencia de género, así como en la protección de mujeres que corren un peligro grave de ser víctimas de dicha violencia. Amnistía Internacional siente además preocupación por las especiales dificultades y obstáculos a que, a la hora de acceder a la justicia y a servicios especializados, se enfrentan las mujeres migrantes…

Teniendo en cuenta estos motivos de preocupación, Amnistía Internacional considera que España todavía no está garantizando adecuadamente el derecho de las mujeres que corren peligro de sufrir o sufren violencia de género a un remedio efectivo, conforme recomendó el Comité al aclarar que, en determinadas circunstancias, se puede exigir a los Estados Partes que “adopten y apliquen medidas provisionales para evitar la repetición de las violaciones y reparar cuanto antes cualquier daño que esas violaciones puedan haber causado”.[5]

A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que las mujeres migrantes en España corren especial peligro de sufrir violencia de género y homicidios. El índice de víctimas mortales por millón es mucho más elevado entre las extranjeras que entre las españolas. A lo largo of the últimos nueve años (1999-2007), ese índice ha sido de 2,05 por millón entre las españolas y 13,18 entre las extranjeras.[6]

La ausencia de redes familiares o sociales, las barreras lingüísticas y la dependencia económica del agresor son factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes

A Amnistía Internacional le preocupan las dificultades que experimentan la mayoría de las víctimas de esta violencia a la hora de acceder de forma efectiva a su derecho a la reparación, incluida la indemnización…

Para entender por qué y como actores judiciales actúan para apoyar la violencia de género, tanto que la discriminación contra la mujer, en España (y países alrededor del mundo) tiene que examinar las tradiciones y costumbres que desde miles de años han sostenido la situación.

Cuerpos rotos, mentes destrozadas Tortura y malos tratos a mujeres

por Amnistía Internacional

Niñas y mujeres de todas las edades son agredidas en nombre del honor en países de todas las regiones del mundo, acusadas de deshonrar a sus familias y a su comunidad con su conducta… El régimen del honor es implacable: las mujeres sobre quienes recae la sospecha no tienen la oportunidad de defenderse, y los miembros de la familia no tienen más alternativa aceptada socialmente que lavar la mancha en su honor agrediendo a la mujer…

El trato de la mujer como si fuera un objeto —propiedad de sus familiares varones— contribuye a esta forma de violencia contra la mujer. Cuando se resuelve un conflicto entregando a una mujer o cuando se pone en cuestión su castidad, lo que está en juego son los derechos de propiedad. En los delitos cometidos por motivos de honor se considera que la culpable es la víctima y que quien ha sufrido la pérdida del honor es el varón al que «pertenecía»; en consecuencia, es él el agraviado y quien tiene las simpatías de la comunidad…

Los jueces son parte de la sociedad en la que viven y reflejan sus valores culturales, sus normas morales y sus prejuicios. Superar los prejuicios es un requisito previo que ha de cumplir cualquier autoridad judicial, pero la discriminación de la mujer y la negativa a interpretar la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos hacen que a menudo los prejuicios empañen el desarrollo of the juicios, así como las decisiones y las sentencias…

El hecho de que las mujeres no siempre pueden obtener un resarcimiento por los abusos sufridos se debe a varias razones, muchas de las cuales tienen sus raíces en que se priva a la mujer de sus derechos económicos, sociales y culturales….

La violencia doméstica no sólo daña el cuerpo de la mujer, sino que también puede debilitar o destruir su autoestima y su voluntad de oponer resistencia y reclamar un resarcimiento. La subordinación de la mujer al varón sigue siendo aceptada de forma generalizada en todas las culturas, incluso por la propia mujer, y se supone que está autorizada por «el orden natural», la religión o la tradición….

Quienes defienden la violencia contra la mujer, incluidos algunos gobiernos, han alegado en ocasiones que hay que respetar las costumbres y las tradiciones que desembocan en abusos contra la mujer por ser auténticas manifestaciones de la cultura de una nación o de una comunidad que no pueden analizarse desde la perspectiva of the derechos humanos…

Contrario de lo que contienden actores estatales y non-estatales implicados en González de Alcalá vs. Wilcox, las violaciones de derechos de ciudadanos dentro de la casa o en tribunales de familia no son, ni puede ser visto como “asuntos privados.”

Comision Inter-Americana de Derechos Humanos Organisacion of the Estados Americanos

Jessica Ruth Gonzales vs. los Estados Unidos

Supplemental Amici Curiae Brief suplemental en suporte de Peticionario[7]

 “Tradicionalmente, la violencia de género ha sido conceptualizado como asunto privado o de familia fuera del control del estado. Para asegurar aplicación efectiva of the derechos humanos de la mujer, la Comisión ha repetidamente “sugerido un exanimación de [eso] dicotomía tradicional entre actos privados y públicos, una dicotomía en el cual asuntos privados, domésticos, o intimo son visto fuera de la competencia del Estado. En este dicotomía entre actos públicos y privados, la familia esta visto como el epicentro geográfico de asunto domestico y campo en el cual el estado no puede intervenir. El razonamiento equivocado es que el Estado debe abstenerse de cualquier interferencia en los asuntos de la familia,  respectando su autonomía personal.” Id. at 26; see also Maria da Penha Maia Fernandes, Inter-Am. C.H.R., Report No. 54/01 ¶¶ 55, 56.

Por supuesto, “[v]iolencia contra la mujer en la familia no es un asunto privado pero una violación de derechos humanos. Donde ocurre, los derechos humanos no son respectados completamente.” Amnistía Int’l, Russian Federation: Nowhere to Turn to – Violence Against Women in the Family, AI Index EUR 46/056/2005, Dec. 14, 2005. El Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido regularmente que la violencia domestica no es un asunto privado y que los estados tienen un obligación positive de proteger individuos contra los actos de violencia por individuos privados. See Osman v. The United Kingdom, 1 9 9 8 – V I I I E u r . C t . H . R. , a v a i l a b l e a t http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=14692669&sk in=hudoc-en&action=request (follow “Case of Osman v. the United Kingdom” hyperlink); M.C. v. Bulgaria, 2003-I-Eur.Ct. H.R. at 646 (2004). De repente, como el reporte 2006 por el Secretario del Naciones Unidos ha observado, mientras que el derecho internacional “en los últimos 15 anos ha extendido los obligaciones de derechos humanos por el Estado en el ámbito de familia,” aplicación de leyes del Estado y pólizas en acuerdo con eses obligaciones “se queda un desafío penetrante, como normas y culturas legales muchas veces protege la privacidad y dominación del hombre dentro de la familia a expensas de la seguridad de la mujer y niñas.” U.N. Secretary-General, Ending Violence Against Women: From Words to Action, supra, at 36.

La violencia de género, que sea de la violencia física, sexual o psicológica son violaciones de derechos humanos, y cualquier actor estatal o non-estatal, sobre todo actores que exigen una posición de autoridad, y que cubren, esconden, o ignoran evidencia de dicho violencia se vuelven accesorios de las violaciones, tanto que principales en las violaciones de derechos y crímenes que ellos cometen en el cubrimiento de las violaciones originales.

Un mundo sin miedo  por Baltasar Garzón

“El filosofo cordobés Seneca lo decía hace miles de años en su Ensayo sobe la clemencia: “Lo peor del encubrimiento es que hay que proseguir siempre y que no es posible dar marcha atrás, porque los crimines han de taparse con nuevos crímenes.”[8]

Autoridades alrededor del mundo tienen el derecho, tanto que la obligación de pedir una investigación sobre, y sanciones por, las violaciones de derechos de sus ciudadanos dentro de sus propios tribunales, tanto que tribunales al extranjero.  A ningún momento estés autoridades se pueden defender su falta de actuar bajo los argumentos y razonamiento de “independencia judicial,” “soberanía,” o “asunto privado.”

La independencia judicial se aplica para qué jueces, y otros actores judiciales, no están influido de violar sus obligación de guardar la imparcialidad es el presentación, exanimación, deliberación, o decisiones judiciales. A ningún momento se puede usar o aplicar el argumento de “independencia judicial” en casos donde la actuación de actores judiciales están dirigido por prejuicios o discriminación, o cuando tal actuación viola los derechos de ciudadanos (extranjeros incluidos.) Tampoco, se puede usarlo cuando los acciones (o omisión de acciones) de actores judiciales (estatales y no-estatales) cubren violaciones de derechos durante procesos judiciales.

Tampoco, los actos, u omisiones de actos, que violan los derechos de ciudadanos, o que ocultan dichos actos, pueden defender bajo el principio de “soberanía”  o “asunto privados.”

Violaciones de derechos humanos siempre han sido defendido bajo el argumento que eran el derecho del gobernante sobre su pueblo o personas bajo su control; un derecho “soberano.” Que mientras que los actos pasaba dentro de sus fronteras o territorios, nadie, ni ningún otro gobierno, tuvo el derecho de interviene o protestar, y que eran “asuntos privados.”

Así, se nació el principio de jurisdicción universal. “El término “jurisdicción universal” refiere a la idea que cualquier tribunal nacional puede ejercer jurisdicción criminal sobre crímenes graves contra él ley internacional – eso crimen contra la humanidad… y tortura – basado sobre el principio que esos crimines dañan la comunidad internacional (o odre) su mismo, que Estados individuales pueden actuar para proteger.” Centro de Recurso de Justicia Internacional – http://www.ijrcenter.org

No solamente personas o gobiernos tienen el derecho, pero tienen la obligación, de perseguir y sancionar todos actores, y sus accesorios, por sus violaciones de derechos de ciudadanos, como los que estamos viendo en tribunales de familia.  La falta de gobiernos y sus agencias de cumplir con estés obligaciones le vuelen complicita y accesorios de todas violaciones de derecho producidos.

Mismo si gobiernos, y/o sus agencias y sus representantes, no están decretando violación de derechos de mujeres y niños dentro de sus territorios, el hecho que están fallando de llenar sus obligaciones de prevenir dicho violaciones, proteger victimas, y sanciona perpetradores, lo vuelven responsable delante de la comunidad internacional.  A ningún momento se puede defender la falta de actuar bajo “soberanía,” “asunto privado,” o “independencia judicial.”

EL MUNDO SIN MIEDO

En el cierre, presento las palabras siguientes del honorable juez Baltasar Garzón en El Mundo sin Miedo:

En el contrato suscrito con la sociedad no basta con hacer lo suficiente,  sino que hay que optar por lo necesario y por lo que exige la realidad compleja en la que vivimos.

La sociedad española, la europea y la mundial necesitan respuestas y sobre todo necesitan acciones que nazcan del consenso y del derecho. Son demasiados los errores y las transgresiones del orden jurídico internacional, y excesivo el dolor que destilan los ríos de violencia e injusticia que lo recorren, para que de una vez por todas no detengamos a reflexionar sobre el mundo que  estamos destruyendo y firmemos el gran acuerdo para salvarlo y salvarnos. No es ya una cuestión moral ética, ni siquiera lo es jurídica, sino de simple supervivencia.

Opina que todos somos corresponsables of the desastres que han asolado y todavía destruyen la convivencia de millones de personas, unos por acción y otros por omisión. Aquí no se salva nadie y, por ello, es nuestro problema y nuestro deber hacer lo necesario para remediarlo y conseguir cambiar la inercia de las cosas. Pienso, por ello, que la única respuesta ha de venir de la mano del derecho; a partir de ahí, todo lo demás ira cobrando sentido y perspectiva.

Creedme si os digo, como he intentado hacerlo a lo largo de estas páginas, que es posible un mundo diferente; que si hemos contribuido a formar este, podemos conseguir cambiarlo para mejor tanto en la institucional como en lo social, en lo público y en lo privado, en lo nacional y en lo internacional. Sin atajos, sin concesiones a la arbitrariedad, el nepotismo o la corrupción. Con un denuncia firme y constante of the comportamientos que quebrantan el pacto suscrito con el pueblo. Nadie puede ampararse en la sociedad para traicionarlo a para exigir impunidad, escudarse en ella cuando la causa de tal situación está en la agresión desplegada en contra de esa misma sociedad a través de las mil caras del terror y de la injusticia (corrupción, genocidios, guerras, terrorismo…). 

A lo largo de la historia de la humanidad se han producido demasiados ejemplos negativos of the que podemos aprender para no fracasar de nuevo. Ne se trata de olvidar, sino de construir, sobre los cimientos hundidos en la memoria colectiva of the pueblos y en la firmeza democrática de sus instituciones, esa nueva realidad por la que luchamos.

Así, antes o después, países como Estados Unidos, Rusia, Israel, India, entre otros, deberán entender que formar parte de la comunidad internacional es asumir compromisos solidarios, aunque se tenga una posición de privilegio y de poder, y apoyar las instituciones que, desde la legalidad internacional están tratando de dar forma a una justicia universal independiente, como acontece con la Corte Penal Internacional. Y asumir por parte de todos que el terrorismo que nos asola deber tener un tratamiento y una respuesta globales, racionalmente elaborados, que exigen su inclusión en el catalogo de delitos competencia de ese organismo judicial, una acción coordinada a todos los niveles. Solo así podremos hacer realidad el compromiso asumido con la sociedad, a la que no podemos traicionar de nuevo.

Siento, queridos hijos, que estamos ante un momento de cambios profundos y a vosotros os va a tocar vivirlo en primera persona. Como parte integrante de esta sociedad global, universal, tenemos la obligación, no solo de asistir sino, lo que es más importante, de participar en la elaboración de las respuestas. De cómo consigamos unir los esfuerzos, las acciones y los resultados, se derivara una suerte u otra. Ahora no podemos volver a equivocarnos, nuestra dignidad como seres humanos lo impide. Es el momento de enarbolar una vez más la bandera of the derechos humanos para demostrar que el mundo puede ser más seguros sin necesidad de acabar con las libertades y los derechos ya conseguidos, ni siquiera restringirlos. Los indicadores nos ponen alerta contra los peligros de la impunidad, el autoritarismo, la violación of the derechos humanos en demasiadas partes del mundo, pero también apuntan que hoy día la justicia va ganando terreno, y ya abrió sus puertas para que se imparta la que se negó durante mucho  tiempo en países como Argentina, Chile, España o Italia, frente a los que en forma torpe e interesada han intentado acabar con la propia estructura judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En esta lucha desigual, en estos casos, se ha ganado la partida gracias a una sociedad firmemente decidida a no permitir que otra vez se abran las puertas del infierno y que nos engulla a todos. Por ello, porque se ha revelado eficaz, debemos consolidar esas estructuras sociales en aquellas partes del mundo en las que no han sido capaces de formarse. La cooperación humanitaria y la ayuda internacional deben ir dirigidas hacia esa vertebración económica y humanista en la que la defensa of the derechos humanos sea algo más que meros enunciados en un papel o en una norma. En este ámbito, los gobiernos tienen un papel importantísimo, pero también la sociedad civil. Ambas, de forma coordinada y organizada pueden y deben conseguir, sin imposiciones y con respeto a la propia iniciativa, que se forme una humanidad común, unida en la diversidad y en el respeto.

Este es el futuro de un mundo sin miedo y en paz, que definitivamente recupere la propia dignidad of the millones de víctimas masacradas y olvidadas.  

Este es el futuro que quiero para vosotros los jóvenes, y este es el mundo al que he dedicado, y seguiré dedicando, todos mis esfuerzos, sin olvidar cada una de las tragedias y of the horrores que nos han obligado de vivir.

Espero que en examinando y evaluando los acciones, y omisión of the acciones, de Srs. Martínez de Haro of Vinader, Sra. García Martin, Sr. Hernández Jiménez, Sr. Capell, Sr. Fontes García Calamarte, Sr. Martínez López de Asiain y Sr. González Martínez el Ilustre Colegio de Abogados lo hará con todo consideración por los argumentos presentados, y la importancia que merece en combatiendo la violencia de género dentro de nuestro sociedades.

Uno sobre tres mujeres, o casi 1 billón de mujeres alrededor del mundo experiencia la violencia de género una vez en su vida, con las consecuencias y problemas de salud al nivel mundial siguientes:

  • 40-70% de mujeres asesinadas cada años son matadas por su paraje intimo[9]
  • Mas que 64 millones de mujeres cada año sufre heridas intencionales y no intencionales[10]
  • Mas que 100 millones de mujeres cada año sufren  de trastornos neuropsiquiátricos[11]
  • Mas que 100 millones de condiciones maternales y peri maternales y complicaciones ocurren cada año[12]
  • 20 millones de personas son víctimas de la trafica humana cada año[13]
  • Hay acoso sexual e intimidación (bullying) extensiva en el lugar de trabajo, colegios, y comunidades.

La enormidad del problema y sus efectos sobre sociedades alrededor del mundo son de proporciones épicas, y ya no se puede considerarlos “asuntos privados” o “disputas civiles” por oficios de ley, tribunales judiciales, o agencias gobernalles o non-gobernalles.  Son problemas que existen y afectan todas sociedades, tanto que sus miembros. Todo el mundo tiene la obligación de actuar en una manera que respecta los derechos y libertades de lo demás, tanto que denuncia cualquier comportamiento en la familia, comunidad y lugar de trabajo que violan los derechos de lo demás.

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[1] Trial Lawyer Incompetence: What The Studies Suggest About the Problem, The Causes and the Cures, Christen R. Blair

[2] Mis denuncias oficiales a la Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, y Instituto de Mujer en el año 2012están fichado sobre http://worldpulse.com/node/52011 y http://worldpulse.com/node/50602

[3] Observación general Nº 28: La igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3), doc. ONU : CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, del 29 de marzo de 2000

[4] Fechada el 28 de diciembre de 2004 y publicada en el BOE, número 313 (29 de diciembre de 2004).

[5] Observación general Nº 31 (80): Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados

Partes en el Pacto, doc. ONU: CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, de 26 de mayo de 2004, párr.19.

[6] Instituto de la Mujer, Gobierno de España:

http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/muertes_tablas.htm (6 de abril de 2008).

[7]Presented by Legal Momentum, Asociacion para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), Break the Cycle, Harriett Buhai Center for Family Law, California Women’s Law Center, Center for Gender & Refugee Studies, Central American Resource Center, Professor John Cerone, Monica Ghosh Driggers, Esq., Honorable Marjory D. Fields, The Feminist Majority Foundation, Harvard Law School Gender Violence Clinic, Professor Dina Francesca Haynes, Human Rights Watch, The Immigration Law Clinic at the University of Detroit Mercy, The International Women’s Human Rights Clinic, The International Committee of the National Lawyers Guild, The Leitner Center for International Law and Justice at Fordham Law School, The Walter Leitner International Human Rights Clinic, Los Angeles Chapter of the National Lawyers Guild, The Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, National Center for Women & Policing, The National Congress of Black Women, Inc., National Organization for Women Foundation, Inc., National Women’s Law Center, Professor Sarah Paoletti, Professor Susan Deller Ross, Seton Hall University School of Law Center for Social Justice, Professor Deborah M. Weissman, Women Lawyers Association of Los Angeles, and World Organization for Human Rights USA

 

[8] Un mundo sin miedo por Baltasar Garzón, p. 86.

[9]Women and Health : Today’s Evidence Tomorrow’s Agenda, World Health Organization 2009, p.  56.

[10] WHO Global Burden of Disease 2004 Report, p. 64 – World Health Organization

[11] WHO Global Burden of Disease 2004 Report, p. 62  – World Health Organization

[12] WHO Global Burden of Disease 2004 Report, p. 60  – World Health Organization

[13]Remarks by the President to the Clinton Global Initiative, September 25, 2012 (www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-president-clinton-global-initiative )

 

 

[1] Bajo el ley Española y parámetros indicado por el Consejo General de Procuradores de España parece que mis  procuradores eran bajo un obligación de notificar el tribunal y el juez de instrucción, y/o autoridades apropiadas sobre cualquier irregularidades, transgresiones, o negligencia profesional o criminal (o el intención de cometerlo) por actores judiciales, y entonces poseen un responsabilidad legal y obligación por daños financieros sufrido por mi y/o mis hijos en relación de mi caso. Mismo si no eran autores de dichos infracciones, ellos se vuelven encubridor de un delito por su omisión de actuar bajo la ley Española.

[2] A full listing of all Amicus Briefs in  Gonzales vs. USA are posted on  http://web.law.columbia.edu/human-rights-institute/inter-american-human-rights-system/jessica-gonzales-v-us/gonzales-case-page

[3] Discriminación de jure y de facto y la violación de derechos dentro de la sistema judicial esta explorado y discutido profundamente en UN Division for the Advancement of Women – Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Women (www.unwomen.org), Office of the High Commission for Human Rights: Women’s Rights and Gender Unit (Banda, Fared) – Project on a Mechanism to Address Laws that Discriminate Against Women, 2008 (www.ohchr.org.)

[4] Amnistía Internacional 2008: España – Información para el Comité de Derechos Humanos

[i] Amici Curiae Brief presented to the Inter-American Commission on Human Rights in the Case of Jessica Ruth Gonzales, Petition No. P-1490-05 (United States) by Andrew Rhys Davies, Katherine L. Caldwell of Allen & Overy LLP (NY, NY) for the Center for Justice and International Law (CEJIL); CLADEM,  the Latin American and Carribean Committee for the Defense of Women’s Rights; Asociation Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)- Argentina; Asociacion por los Derechos Civiles (ADC)-Argentina; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-Argentina; Fundacion Mujeres en Igualdad-Argentina; Fundacion para Estudio e Investigacion de la Mujer-Argentina; Instituto de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata-Argentina; Tracy Robinson Faculty of Law, University of the West Indies-Barbados; La Oficina Juridica Para la Mujer de Cochabamba-Bolivia; Constance Backhouse, Professor of Law and University Research Chair, University of Ottawa-Canada; Canadian Association of Sexual Assault Centres-Bristish Columbia; Canada, Harmony House-Ottawa, Ontario, Canada; Profesor Elizabeth Sheehy, Univertisy of Ottawa Faculty of Law-Canada; Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional (CEDHUL)-Colombia; Corporacion Sisma-Mujer-Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas, Colombia; Fundacion Paniamor-Costa Rica; La Fundacion PROCAL (Promocion, Capacitacion y Accion Alternativa)-Costa Rica; Centro de apoyo Aquelarre (CEAPA), Dominican Republic; Nucleo de Apoyo a la Mujer (NAM)-Dominican Republic; Jacqueline Sealy-Burke, Director, Legal Aid and Counseling Clinic (LACC)-Granada; Comision Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH)-Mexico; Organizacion Popular Independiente, AC, Cd. Juarez, Mexico; Organizacion Red de Mujeres Contra la Violencia-Nicaragua; Centro de la Mujer Panamena (CEMP)-Panama; Asociacion Pro Derechos Humanos (APRODEH)-Lima, Peru; Red Nacional De Casas De Refugio Para Mujeres y Ninas Victimas De Violencia; Familiar y Sexual-Peru

Complaint to the Defensor del Pueblo & CGPJ ’12-2 (ENG) 5/15/12

Jorge Capell de Cuatro Casas, Gonçalves Pereira

Julio – Septiembre 2008

Contentious Divorce Hearing 1143/2007

At least after Señor González de Alcalá ’s Machiavellan manipulations, friends and neighbors started believing that behind his caring and concerned façade for his “poor wife” with so many “emotional problems” lay a very disturbed man. I also learned during this time from friends to what point my ex-husband had been obsessively carrying out a campaign of defamation against me, within Villafranca, his family, BBVA and friends around the world.

As already indicated the tactic most used by abusers is the defemation of their victims with allegations of psychological problems, or alcohol and drug abuse. Once again it should be noted that how societies are so easily manipulated by their antiquated prejudices and ideas about women as mentally weak and hysterical. It shows that with nothing more than a match and a lot of manure, one can produce a lot of smoke!

Psychologist like Daniel Goleman in Emotional Intelligence and Social , Intelligence and psychiatrists like Justin Frank, Phd in Bush on the Couch, explain and explore the mind of the narcissist/psychopath and how they manage to manipulate others, with nothing more than fervent rhetoric, as well as the bio-chemical reaction which reward and reinforce sadistic behavior (see Domestic Abuse and Discrimination Against Women – Violations of Human, Civil and constitutional Rights p. 110-141).

It should be note that contrary to antiquated norms and beliefs, domestic abuse is not about the physical violence. It is about power and control, the physical violence erupts when the abuser loses that control, and why abuse increase during and after divorce. As stated in the following:

UNDERSTANDING THE BATTERER IN CUSTODY AND VISITATION DISPUTES

by R. Lundy Bancroft,  c 1998

The batterer is controlling; he insists on having the last word in arguments and decision making, he may control how the family’s money is spent, and he may make rules for the victim about her movements and personal contacts, such as forbidding her to use the telephone or to see certain friends.

He is entitled; he considers himself to have special rights and privileges not applicable to other family members. He believes that his needs should be at the center of the family’s agenda, and that everyone should focus on keeping him happy…He usually believes that housework and childcare should be done for him, and that any contributions he makes to those efforts should earn him special appreciation and deference. He is highly demanding.

He is disrespectful; he considers his partner less competent, sensitive, and intelligent than he is, often treating her as though she were an inanimate object. He communicates his sense of superiority around the house in various ways.

The unifying principle is his attitude of ownership. The batterer believes that once you are in a committed relationship with him, you belong to him. This possessiveness in batterers is the reason why killings of battered women so commonly happen when victims are attempting to leave the relationship; a batterer does not believe that his partner has the right to end a relationship until he is ready to end it…

Battering is a learned behavior, with its roots in attitudes and belief-systems that are reinforced by the batterer’s social world. The problem is specifically linked to how the abuser formulates the concepts of relationship and family; in other words, within those realms he believes in his right to have his needs come first, and to be in control of the conduct (and often even of the feelings) of others. A recent research study showed that two factors, the belief that battering is justified and the presence of peers who support abusiveness, are the single greatest predictors of which men will batter; these two had a considerably greater impact than whether or not the man was exposed to domestic violence as a child (Silverman and Williamson)…

….An abuser’s desire for control intensifies as he senses the relationship slipping away from him. He focuses on the debt he feels his victim owes him, and his outrage at her growing independence. (This dynamic is often misread as evidence that batterers have an inordinate “fear of abandonment.”) He is likely to increase his level of intimidation and manipulation at this point; he may, for example, promise to change while simultaneously frightening his victim including using threats to take custody of the children legally or by kidnapping.

Those abusers who accept the end of the relationship can still be dangerous to their victims and children, because of their determination to maintain control over their children and to punish their victims for perceived transgressions. They are also, as we will see later, much more likely than non-batterers to be abusive physically, sexually, and psychologically to their children….

The propensity of a batterer to see his partner as a personal possession commonly extends to his children, helping to explain the overlap between battering and child abuse

Court personnel and other service providers look skeptically at allegations of abuse that arise during custody and visitation battles. Batterers try to feed these doubts by saying, “She never said I was abusive before; she’s just using this accusation to get the upper hand.” In fact, there is no evidence that false allegations rise substantially at this time, and there are many reasons why an abused woman may not have made prior reports. Judges, mediators, and court investigators need to take each allegation on its own terms and examine the evidence without assumptions about the timing.

It is not at all uncommon for a battered woman to tell no one about the abuse prior to separation because of her shame, fear, and desire to help the abuser change. Many victims quietly hope that ending the relationship will solve the problem, a myth that most professionals share; when she discovers that his abuse is continuing or even escalating after separation, she finds herself forced to discuss the history of abuse in hopes of protecting herself and her children. It is not uncommon for an abuser to be more frightening after separation than he was before, and to increase his manipulation and psychological abuse of the children, for reasons covered above…

Finally, because an abuser creates a pervasive atmosphere of crisis in his home, victims and children have difficulty naming or describing what is happening to them until they get respite from the fear and anxiety…Batterers can use any misunderstanding of this process to gain sympathy from evaluators.

Lundy Bancroft identifies an important element in understanding psychological abuse and the effects on victims; “creating an atmosphere of crisis, chaos and anarchy” is very important in the success of the abuser in controlling his victim. A continual and perpetual state of chaos by abusers, and then the perpetuation of this chaos by judicial systems, has been the most emotionally draining and stressful of all.

My neighbors offered me practical and financial assistance in procuring yet another lawyer, Senor Jorge Capell of Cuatro Casas, Gonçalves Pereira in Madrid; a friend of a neighbor. In the following months, Senor Capell also failed to defend my interests. Upon entering the first meeting with him, I learned he had obtained custody of his sons and I could not help asking myself if he had been involved in the same type of manipulations during his divorce with his ex wife. It is demonstrated that abusers are much more likely to seek custody of their children, and are successful 70% of the time, with statistics much higher amongst those who work within judicial systems.

His negligence was as follows:

Senor Capell informed me that a specialized court on domestic abuse existed in Mostoles, but failed to initiate a transfer of my divorce proceedings, in violation of art. 9, 10 and 14 of the Constitucion Espanola; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 of the civil code; art. 10, 11, 22 and 512 of the penal code; art. 4 and 6 of the Equality Act; art. 3 and 4 Declaracion sobre la eliminacion de violencia contra la mujer; art. 4 and 6 annex of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

When I insisted that we present drug tests as part of my defense Senor Capell told me that drug-testing does not exist. Anyone who owns a television, or reads has read a tabloid knows this is completely false.

With all of the accusations from Señor González de Alcalá , the accusations of Senora Garcia Martin of my “strange behavior”, the removal of the custody of my children, introduction of drug-test was well merited, as was an explanation to the judge of the circumstances surrounding these events. However, Senor Capell never offered any explanation or even attempted to broach the subject in his oral defense during the trial, nor in his written response to the courts. His “omission” to address these issues in effect, inferred that I was an alcoholic, drug-addict, and/or psychotic, and in violation of art. 9, 10 and 14 of the Constitucion Espanola; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 of the civil code; art. 10, 11, 22 and 512 of the penal code;

  • He did not appeal the decision of Senora Pilar Sandana Cuesta in regards to her intervies with my children that was clearly discriminatory against me and favored Señor González de Alcalá  (see below the discriminatory interviews with the “minors” below)[i], and in violation of art. 9, 10 and 14 of the Spanish Constitution; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art.1094, 1097 of the civil code; art.10, 11, 22 and 512 of the penal code; and art. 2, 3, 5, 8, 9 and 12 of the Rights of the Child.
  • He did not inform my forensic psychiatrist as to the date and time of the divorce hearing. I was only by chance that I called the doctor 3 days before the hearing, and he was shocked, saying he knew nothing about the upcoming hearing, and would not have time to properly prepare his reports. His testimony and various articles that I wrote in 2006 (published on www.global-expats.com ) clearly demonstrated the abuse of Señor González de Alcalá  and and his family. Dr. Orengo’s testimony (vea document #5) was essential to my defense and failure to have presented his oral as well as written testimony to the courts would have left me WITH ABSOLUTELY NO DEFENSE against the accusations of Señor González de Alcalá , in violation of art. 9, 10 and 14 of the Constitucion Espanola; and art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 of the civil code; art.10, 11, 22 and 512of the penal code.

Senor Jorge Capell admitted to me in writing (in an email) that he never even received a copy of the psico-social teams report that was extremely defamatory and discriminatory against me, and favored Señor González de Alcalá . It was extremely important to completely repudiate and rebut this report accusation-by-accusation in the oral hearing as well as the written contestation, but Senor Capell did not even take the time to read it, in violation of art. 9, 10 and 14 of the Constitucion Espanola; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094 and 1097 of the civil code; art. 10, 11, 22 and 512 of the penal code.

  • In march my court-appointed lawyer,  Señor José Manuel Hernández Jiménez, had refused to introduce testimonies from Astrid Betancourt (sister of Ingrid Betancourt, Colombian presidential candidate and FARC captive) (vea documento #3), and the testimony of another long time friend and psychiatrist, Doctora Piedad Rojas Gil, documenting not only my excellence as a mother and person, as well as my preoccupation for my security and the defamation of character campaign that Senor Gonzlaez de Alcala was waging against me, that was completely without any base or veracity (vea documento #2). Señor Capell told me he would introduce these letters into my defense during the divorce hearing, but did not introduce them during the verbal hearing or as part of his contestacion in writing, in violation of art. 9, 10 and 14 of the Spanish Constitution; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art.1094 and 1097 of the civil code; art.10, 11, 22 and 512 of the penal code
  • The judge refused to permit the introduction of the testimonies of my neighbors and friends during the verbal hearing, but Senor Capell did not protest to this as violation of my rights, nor did Senor Capell introduce any testimony from them during his written contestacionin violation of art. 9, 10 and 14 of the Constitucion Espanola; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art.1094 and 1097 of the civil code; art.10, 11, 22 and 512 of the penal code
  • Failed to initiate liquidation of my assets according to proper judicial procedure.  As previously stated the fact that in 4 years no lawyer has been able to access any of my assets or file a simple petition through the courts in order that I might obtain complete financial records during my marriage defies the imagination. Either procedural laws in Spain regarding women’s access to financial records have not progressed since the time of Franco or my lawyers have consistently been criminally negligent, in violation of art. 9, 10, 14 and 33.3 of the Constitucion Espanola; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art.1094, 1097 of the civil code; art.10, 11, 22 and 512 of the penal code

Refused, per my instructions, to appeal the divorce decree which awarded full custody of my children to my ex-husband, in effect declared me a drug-addict, alcoholic, and paranoid schizophrenic with effectively no visitation rights with my children, and a financial settlement in which I WAS TO PAY MY EX-HUSBAND €1.546/month (€18.552/year), with no revenues with which to do so.

From the beginning I was very clear that if I did not receive custody of my children I would appeal the decision. Senor Capell refused to appeal the decision and when I insisted, he sent me a bill for €5.800 (in addition to the initial deposit €3.000), indicating that he would not continue with any action until I sent him the money. (vea documento #8), in violation of art. 9, 10 and 14 of the Constitucion Espanola; art. 4, 11 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art.1094, 1097 of the civil code; art.10, 11, 22 and 512 of the penal code

Además, me mandó este email el 14 noviembre 2008 proponiendo dicho apelación, cuando el recibió la sentencia el 5 noviembre 2008 con 5 días para recurrirlo (vea documento #8B).  Mismo, si yo he podido conseguir el dinero and pagarlo, el tiempo de apelación ya estaba vencido. ¿Es posible que Señor Capell no sabe que no se puede apelar una sentencia después del tiempo acordado por el tribunal; una cosa tan básica sobre procesos judiciales? (art. 448 del ley de Enjuiciamiento civil).

The fact that Mr. Capell refused to appeal the divorce decision assured that:

  • I could never recuperate the custody of my children, or hardly ever see them
  • The facts of my case, and violations of my rights would never be examined by another tribunal
  • Condemned me to alimony that depreciated my years of dedication and sacrifice to my family, forcing me to leave Spain and my children in order to look for a job
  • There exists a court decision, based on lies and perjury, which attack my character, honor and dignity.

Whether or not the failure of Señor Capell to protect my rights and interests were intentional, or not is of no important under the principle of due diligence. His acts, or omissions of acts, resulted in discrimination against me, defamation of my character, emotional pain and suffering, and financial damages to my personal assets as well as failure to produce revenues during four years for www.global-expats.com and Global Expats.

The level of professional negligence and the failure to act in the interest of his client is very troublesome when one considers that Senor Capell handles very complex and important cases of international commerce and finance for multinationals and important clients with large sums of money at stake. Any negligence on his part in relation to these cases could have very serious consequences for clients of Cuatro Casas, Gonçalves Pereira as well as international trade agreements. His inability to manage a simple divorce and petition a subpoena for financial records, which cover a few bank accounts (domiciled in Spain) should be very worrisome for potential clients of Cuatro Casas, Gonçalves Pereira.

The negligence on the part of Senor Capell to defend me, my interests and those of my children are in violation of art. 1, 9, 10, 14, 18, 24, 32 and 33 of the Spanish Constitution; art. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and 14 the Equality Act 3/2007; art. 11, 110, 173, 195, 208, 250, 450, 451, 465, 467 and 512 of the penal code;  art. 1089, 1091, 1098, 1101, 1107, 1254, 1256, 1258, 1278, 1365, 1369 and 1375 del civil code;  and art. 3 and 13 de CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 17, 23 and 26 dthe International Convention on the Civil and Political Rights; art. 6, 7, 10 and 11 of the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, inter alia. 

Also, his acts, and/or omissions of acts, produced a financial responsibility, of Senor Capell as well as Cuatro Casas, Gonçalves Pereira, for damages incurred under art. 110, 111, 112, 113, 116, 117 and 120 of the penal code; art. 1098, 1101 and 1102 of the civil code; art. 9 of the Equality Act 3/2007; art. 8 annex Declaration of the Basic Principles of Justice of the Victims of Abuses of Power.

Discrimination in Alimony and Custody Considerations of 1143/2007

Article 97 of the Spanish civil code states “The spouse to whom the separation or divorce produces an economic imbalance in relation to the position of the other, which involves a worsening of the situation he or she had during the marriage, has a right to maintenance which shall be fixed in the judicial decree, taking into account, among other, the following circumstances:

1a – The agreements that the spouses may have reached.

2a – Their age and state of health.

3a – Professional qualifications and the probabilities of gaining employment.

4a – Past and future dedication to the family.

5a – Collaboration, by his or her own labour, with the commercial, industrial, or professional activities of the other spouse.

6a – The duration of the marriage and their marital life.

7a – The eventual loss of a right to a pension

8a – The wealth and economic means and necessities of both spouses

9a – The agreements that the spouses may have reached

1a – The agreements that the spouses may have reached

A contractual agreement, after almost 20 years of customary actions and in accord with articles 2 of The Principles of European Contract Law 1999, art 1088, 1019, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1262, 1271, 1274, 1278, 1281, 1282, 1283, 1288, 1294 and 1887 of the civil code; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act 3/2007; art. 2, 3, 4, 5, 6, and 11 of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, was that I renounced my career and higher educational opportunities in deference my husband’s employment as an expatriated manager of BBVA. I dedicated my time to the education and personal development of our children, as well as to our home and family. I executed these obligations and duties above and beyond the call of duty (vea documento #2, #3 and #11).

Additionally, after my children entered school, I spent their school hours working in the community, thereby contributing to the family social standing and respectability.  I introduce as evidence relevant portions of my curriculum vitae:

Quenby Wilcox – Volunteer Employment
2005-2007
Global-Expats Foundation and www.global-expats.comMadrid, Spain – Founder
1999-2004
Bogotá Accueil (FIAFE) Bogotá, Colombia – Président
  • directed the management team and monthly board meetings
  • represented the French community of Bogotá at official functions and  Embassies
  • organized monthly cultural visits, educational seminars, guided tours of museums and art expositions, dinners and formal functions, parties and manual arts classes for children, and English classes
  • organized a conference for Ingrid Betancourt, Colombian Presidential candidate for 2001, within  the French community of Bogotá 
International Group of Bogotá – Bogotá, Colombia – Secretary
  • assisted in the formation and development of this cross-cultural group whose mission was to coordinate communication and cooperation between the various expatriate clubs and communities in Bogotá
Niñas de Vera Cruz – Bogotá, Colombia – Volunteer English Teacher in school 
      for abandoned girls
Bogotá Accueil (FIAFE) – Bogotá, Columbia – Membre du Bureau
American Women’s Club of Bogotá (FAWCO)-Bogotá, Colombia- Secretary to
      Board of Directors
Gourmet Chef and Party Organizer
  • organized and prepared receptions for up to 200 people as well as conducted cooking demonstrations
Special Projects – El Hogar de Padre Nicolo/niños de la calle de Bogotá, and Fundación Canguro/cuidado de bebes prematuros

In exchange for all of this my husband would assume responsibility for the financial necessities and security of me and my children. Under common property law and Spanish law pertaining to marriage and its dissolution, I had every reason to believe that customs established in regards to childcare and financial maintenance would continue even upon dissolution of our marriage.

It should be noted that under contract and employment law, parties to a contract and/or employees are afforded certain rights in terms of job security, financial compensation, healthcare, favorable working conditions, unemployment benefits, pension, etc.

Under the reasonable person principle, the same considerations should be afforded to unemployed, homemakers. Failure of divorce courts to appreciate the contractual nature of marriage is discriminatory, and relegates homemaking women to a situation of servitude; in violation of art. 4 of the Declaration of Human Rights, and art. 8 of the International Convention on Civil and Political Rights, inter alía.   

2a – Age and state of health

Age–  In Spain it is difficult for a women to compete in the labor market for professional positions in their 20’s and 30’s. However, for a 45 year old woman, reinsertion into the labor force and development of a career at a managerial level is impossible. The contention that I would be able to return to the work force after 20 years, at a comparable salary level of a professional woman who had never left the work force, is discriminatory. It based on the assumption that a woman is not capable of advancing professionally or monetarily within labor markets equal to men and capable of nothing more than menial or clerical work. This is in violation of art. 14 and art. 35 of the Spanish Constitution; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 of the Equality Act 3/2007; art. 5(a), 5(b), 2 and 11 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; art. 7 of the International Convention Economic, Social and Cultural Rights.

State of health – The fact that the judicial decisions found me in perfect health when it concerned my possible employment opportunities, but found me incompetent concerning custodial and visitation rights with my children, is contradictory and irrational.

I call attention to the fact that the finding of the court psychologist/social worker as to my “incompetence/paranoia” was based on nothing more than hearsay of Señor González de Alcalá , and completely refuted by Dr. Francisco Orengo. In examination of the contents of my interview with him, contents of letters from Astrid Betancourt and Piedad Rojas, Phd (documento # 2 y3), given to him during our interview (see below,) and reports  from Joaquina Perez (see document #4 –which documents long-standing abuse in our home, and my complaints regarding said abuse) his conclusion finding me paranoid is illogical and clearly biased in favor of Señor González de Alcalá, as a man and Spaniard.

Furthermore, I provided him with the url of my website, www.global-expats.com, indicating that the enormous amount of work that I had been doing on this project was proof that Señor González de Alcalá’s allegations of alcoholism and substance abuse were logically and logistically impossible and nothing more than a guise to obtain custody of my children and benefit monetarily. I also indicated that he could consult several articles that I had written in November 2006, and posted on my website, were more than proof of the long standing abuse at the hands of Señor González de Alcalá  and his family (see ).

It should also be noted that while waiting for the interview in question, when the court psychologist passed by, Señor González de Alcalá stood up, and in the manner in which greeted him was obvious that they knew each other quite well. Whether Señor González de Alcalá’s prior acquaintance with this man was through his cousin, is immaterial and constitutes a “conflict of interest” in their evaluation.

The fact that their evaluation favored Señor González de Alcalá, sanctioning his violence and abuse, and was discriminatory against me as a woman and/or foreigner, is in violation of art. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 25 and 44 del Código Deontológico del Psicólogo; art. 1, 9, 10, 14, 15, 18, 24, 39, 53 and 103 of the Spanish Constitution; art. 1088, 1089 and 1094 del código civil; art. 11, 17, 22, 23 con 27, 28/29, 458, 459, 460, 461 and 510 of the penal code; art. 3, 4, 5, 6, 9, 11.1, 13, 14.1, 14.5, 14.6, 14.8, 14.10, 15, 27.2, 27.3b and 27.3d the Equality Act3/2007; art. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15 and 16 del Convenio sobre la eliminación de discriminación contra la mujer; art. 1, 2, 3 and 4 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women; art. 2, 7, 10 del Convenio internacional de derechos económicos, sociales and culturales; art. 2, 3, 17, 23, 26 dthe International Convention on the Civil and Political Rights; art. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 18 and 19 del Convenio sobre los derechos del niño art. Annex 1, 2, 5, 6, 14, 16, 18, 19 and 21 del Declaración de principios de justicia por víctimas de crímenes and abusos de poder, inter alía.

The court psicologist and social worker (civil servants of the State under art. 24.2 of the penal code) as well as the State are responsable for damages (monetary and moral) produced by said violations under art. 1101, 1902 and 1903 del código civil; art. 109, 110, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 125 and 127 of the penal code; art. 8, 11 and 12a of the Declaración of the Principles of Justice for Victims of the Abuses of Power, inter alía

Questions and Answers During the Interview with the Court Psychologists
“When the court psychologist asked me if I had put bolts on bedroom doors I responded 
“Yes, but it didn’t do any good because he (my ex) has already busted through several in his efforts to attack me. I am not afraid of anyone or anything in this world, but I am not stupid. My husband weighs twice what I do and in a physical fight with him enraged and in a mad fury, I WOULD lose!”
“His grandfather, just before his death, gashed holes in a bedroom door with a kitchen knife in his efforts to kill his grandmother. All of the men in his family, are abusive; they just now wear a suit and tie and abuse their wives behind closed doors, playing the caring, concerned husband in public. My husband’s mother has been in treatment for depression and medicated for the past 15 years, result of the abusive manner su husband and sons treat her.
The court psychologists also stated in his report that I had once locked my eldest son and myself in my bedroom because I did not want him to go to see a futbol game. First, he never asked me about this episode and second it is completely untrue.
I locked my son and me in my bedroom because my ex-husband was completely crazy with anger and charging up the stairs to attack me. He almost broke through a door in front of which I had bolted down my 200kg+ jewellery press in my anticipation of such outbreaks. I called the police who after 20 minutes, presented themselves at our home and advised me not to denounce my husband. When I showed them all of the damage to my home, they said any judge would just say “It’s his home he can break whatever he wants.” I had taped the entire episode, but no one was interested.  
It was on another occasion my ex husband called the police making a hysterical scene, because I did not want my children going to a bar in Madrid (on a school night) at 10:30 PM to watch a futbol game. Two of the biggest reasons for children’s failure in school is that they are not eating correctly or getting enough sleep at night; just ask any dedicated teacher. I was not being unreasonable; I was just being a good mother and doing my job. It was his behaviour that was unreasonable, irresponsible and “crazy.”
He also asked me about the letter of October 28, 2007 (days before my ex-husband filed for divorce and medias a la previa) that I sent to the American Embassy requesting assistance here in Spain under the Convention of Consular Affairs, as I was receiving no assistance from  Spanish social services. I provided them with a copy of the letter for their files.
The contention that this letter was “proof” of my paranoia on my part is ridiculous. The fact that my husband, thereby the court psychologist, was aware of this letter is PROOF that he has been “cyber-stalking” me. He left our home in September 2007 and had no physical access to my computer or my files, so how would he, and therefore the psychologists know that I had written a letter to the American Embassy, and what the contents of that letter were unless he could access the files in my computer?
I also told them how “my ex-husband was always putting his children (and me) in “dangerous” situations; the worst and most frightening for me was in the jungles of Colombia for a week-end “paseo” to “tierra caliente,” right in the middle of guerrilla territory .” During our marriage there is example after example of his irresponsibility and reckless behaviour, but this psychologist found all of these examples “normal.” 
Once, when my youngest son was two, his father locked him in a totally dark closet as punishment. Luckily, I was present and immediately “liberated” my child saying “Are you crazy?!”
When asked whether I feared for my children’s safety I honestly responded “Yes, he drives like a total maniac and once almost killed several people in a car accident at 270 km (170miles)/hour; permanently losing his French drivers license as consequence. Of course I am concerned when they are in the car with their father”
Additionally, the court psychologist claims that I was “confused” because when asked if I “worked,” I told them that if they wanted to know if I was gainfully employed the answer was no. But, that I had always “worked” first in raising my children and the past few years on a website/association,” producing documents regarding my work.
And, finally when asked if I was remorseful about my having been arrested for driving under the influence, I responded “Sir, I drove a few blocks at 15 km/hour after having had a few glasses of wine at a neighbors birthday party. What I did was illegal, but it was not immoral, infringed on anyone’s rights, or dangerous for anyone. The ones who should be ashamed and remorseful here are my husband, members of his family and anyone else  who have broken more laws than I can count in their efforts to defame me and protect the “image” of my husband as an abuser. Not only what he is doing is illegal, but absolutely amoral. Additionally, if he had to go to such Macchiavello lengths, corrupting policemen, in order to invent “proof” against me, THIS IS PROOF THAT ACCUSATIONS AGAINST ME ARE NOTHING MORE THAN LIES.

As already indicated I presented letters from Piedad Rojas Gil (document #2) and Astrid Betancourt (document #3,) testimony to my character and impeccable integrity, as well as the abuse of my ex-husband, and his obsessive campaign to convince everyone as to his false accusations.

Piedad Rojas Gil, Phd has been a friend of mine since 1998. Not only have I always stayed in touch with her after our living in Bogota, but she stayed for one month at my house in Spain in 2006, while on vacation with her mother and sister. She is also a professor/doctor of psychiatry specializing in therapy of abused and children in difficulty. For many years I have followed her work and research with much interest.

Astrid Betancourt, sister of Ingrid Betancourt, presidential candidate in Colombia (2001,) kidnapped by the guerrilla group FARC 2002-2008, recipient of the French Legion of Honor, and the Concorde Prize of the Prince of Asturias, and activist against political and judicial corruption and for peace.

There are also the reports of our marriage counselor  Joaquina Perez (Documento #4) that documents my complaints of abuse, my intelligence, level-headedness and clarity in evaluating situations, and that the accusations of alcoholism and drug-addiction lack any foundation.

Under the reasonable person principle the testimony of these people should have carried much more weight than that of a Brasilian maid who had a questionable personal relationship with Señor González de Alcalá , some French people of dubious honesty and decency that I hardly knew, a old man in the neighbor who I do not know at all….

The preference and partiality given to the outrageous testimonies of Señor González de Alcalá ’s questionable “witnesses,” against my honorable and distinguished “witnesses” is nothing more than incredible. It shows once again to what point evidence and facts can so easily be disregarded and ignored in judicial considerations.

At the same time, the psychological report of the juzgado finding me paranoid and declaring me a drug-addict was repudiated in the verbal hearing 1143/2007 as well as in the written report of Dr. Orengo, forensic psychiatrist with the following credentials:

M. Medicine and Surgery Degree, Madrid Complutense University (1976).
Specialist in Psychiatry (1984), at the University Complutense of Madrid and University of Mainz, Germany (Annerkennung als Facharzt, Ärztekammer Rheinhessen).
Guest researcher (1989-1990) at the Unit on Dissociative Disorders, National Institute of Mental Health, Bethesda, MD (U.S.A.) Expertise in: Treatment of Trauma based and dissociative disorders and mobbing. Psychotherapy of Physic sequels of domestic violence. General Psychiatric and neuropsychiatric conditions, also derived from neurological and neurosurgical problems.  Psychopharmacology. Forensic Psychiatry. 
Expert works in Spanish, English and German.
Asociaciones a las que pertenece: Presidente de la Sociedad Española de Psicotraumatología and Estrés Traumático (S.E.P.E.T.), www.sepet.org, Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Sociedad Española de Neurociencia, Sociedad Española de Vigilia and Sueño, Sociedad Española de Psicoterapia,  International Society for Traumatic Stress Studies, European Society for Traumatic Stress Studies, Fellow member de la International Society for Dissociation.,

His expert forensic psychiatrist’s opinion and found me in perfect mental health and confirmed long-standing abuse from Señor González de Alcalá  vea documento #5. The fact that the judge chose to disqualify his testimony and give preference to the psychologist’s testimony, someone not trained in psychiatric diagnosis or in detecting cases of abuse, over that of a top Anglophone forensic psychiatrist was clearly discriminatory.

The lack of due process, impartiality, prejudice towards paternal prerogative, and discriminatory decisions against women by the psico-social team of the juzgado merits an examination particularly rigorous, as their recommendations become “gospel truth” and are followed 85-88% of the time by judges of family courts, even in cases of testimonies from forensic psychiatrist that documents the contrary

First it should be noted that interviews with psico-social teams of juzgados are not recorded and they are carried out without legal assistance or representation. Also, psychologist and social workers are not trained nor qualified to diagnose psychiatric problems. Under these facts interviews and recommendations of psico-social teams in family courts are in violation of art. 9, 10, 14 and 24 of the Spanish Constitution; art. 3, 4, 6, 8, 11, 12, and 14 the Equality Act3/2007; art. 17, 19, 23, 24 and 26 of the Convention on Civil and Political Rights; art. 3, 10, International Convention on Economic, Social and Cultural Rights; art. 2,3, 5, 11, 13, 15 and 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; art. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38 and 39 of the Convention on the Rights of the Child.

Jurispudence Study on the Impact of PAS in Asturian Courts Institute of Asturian Women

Institute for Women of Asturias Lawyers for Equality

2 The psychosocial report as an absolute truth

… it is important to make a distinction between professionals licensed by forensic clinics, that are licensed and regulated by norms dictated in the Organic Judicial Law and professionals that are members of psycho-social groups, that are not “funcionarial” but employees, lacking a specific status and whose activities are not duly regulated, going further than deontological norms that regulate the activities of psychologists and social work and their criteria of actuation with an obligation of professional ethics. 

But, what is the role of these teams? What capacity do they possess to carry out this role? We have only found “procedural protocol” or “good practice guides” in certain CCAA, but never in any case specific norms, nor a reference to  their professional qualifications of the person within these teams, nor specific knowledge of psychology or social work.

For this reason the work of these profesionals has been polemic. There have been complaints about the work and reports of these psycho-social teams from a variety of sources. The Association of Women Themis Jurists in this jurisprudence on the Law 15/2005 published in 2005, calls to attention the necessity for the creation of regulatory norms for these professionals, psychologists and social workers that advise judges and courts in the course of family procedures.

Calling for norms that regulate tests, especially regarding minor children, disciplinary procedures, comparision with expert opinions, with the same application of norms found in the Law of Civil Judicial Procedures and of course a code of ethics in methods of reporting by technical teams, among other norms the necessity to tape and transcribe interviews.

Also the Defensor of the Pueblo Andaluz in their report in 2008 signaled that “In the daily work of this Defensor of the Pueblo in examining the complaints of gender violence, we have found cases that have violated the rights of women victims (…) These violations are produced in the majority of cases during judicial procedures and on accasions by psycho-social teams during their examinations and who lack training in gender violence and do not have sufficient resources to carry out investigations or inquiries to  understand the conflict between the two parties.”

Once the situation of the psycho-social teams, in relation to this jurisprudence study…

…In all of the cases analyzed, except two (recurso 346/08 –ficha 18; recurso 360/08 –ficha 21), the intervention of psycho-social teams was accepted by the court as an irrefutable conclusion in the reports by the psycho-social teams in 

….En todas las Sentencias analizadas, en las que interviene el equipo psico-social, qualifying them as objective and impartial. The courts consider the techincal teams as such for the simple fact that they have obtained this position.

We can see the appeal 469/05, ficha 8, in which the court affirmed that “one cannot question the legal aptitude of the psycho-technical team of professionals assigned to this court…even if it is only because one or other had passed all of the official exams necessary to obtain such a post.”

Equally in the appeal 368/06, ficha 13, the Court finds the profesionalism and objectivity, saying contextually: “The psychologist and social worker assigned to the Courts of Oviedo, whose qualifications and objectivity, inherent in their post, is not questionable…”  However, it is a fact that one can confirm that a large majority of decisions which are over-turned are based on mala praxis of psycho-social teams assigned to the Courts and their lack of specialization in child psychology, deficiencies in the methodology used in their reports, and in many cases in violation of principles of ethics, breaking deontological codes…

Expert Opinions of the Party

In the twenty cases mentioned, in twelve of them, there does not exist any expert report by parties (recurso 275/03, ficha1; 23/04, ficha 2; 170/04, ficha 3; 434/04, ficha 4; 823/05, ficha 9; 241/06, ficha 11; 397/06, ficha 12; 343/07, ficha 15; 494/07, ficha 16; 452/08, ficha 17; 286/08, ficha 20; 360/08, ficha 21😉 However, in nine of the cases analyzed (Recurso 493/05, ficha 5; Sentencia 81/05, ficha 6; Recurso 364/05, ficha 7; 469/05, ficha 8; 311/06, ficha10; 368/06, ficha 13; 138/07, ficha 14; 221/07, ficha16; 346/08, ficha 18) reports are filed in the process: even though we have been able to observe that they are invalidated, precisely because they are introduced by one of the parties, disqualifying professionals that do their job with the same dedication and objectivity attributed to the technical teams of the Courts. On several occasions the Courts do not consider the reports, in some cases criticizing and throwing them out….

From the preceding facts we can conclude that in 85% of cases studied where there have been the intervention of psycho-social teams or a expert psychologist assigned by the courts, the Courts follow dutifully the recommendations of those reports. The percentage increases to 88.24% of the resolutions analyzed when the intervention comes from the psycho-social team. In regards to this criteria, the rulings and indications of the team become dogma of faith, absolute truths moulded into court decisions without any more reason than those given by the technical teams, without any value, consideration of proof, and analysis of the circumstances of the case or of the minor. Forgetting that this reports demonstrates, as the professionals included are no more that technical advisors, that should contribute and assist the Court to arrive at decisions that impart justice.

As jurists we aspire that representatives of Tribunals would administer their functions in the hope of discovering an effective justice. For this reason it is essential that judges acquire the necessary training in the difficult job of imparting justice, above all involving complicated technical questions, and that they let themselves be guided by scientific criteria, demanding that professionals collaborate in these areas to arrive at solid and rigorous conclusions. In this respect, we illustrate a document titled “Breaking the Silence” in which frightening testimonies about real situations. In this document – which has been subtitled by the association of Madrid “Growing Up Without Violence” – the victims, after they have become adults, express sentiments of fear, helplessness, impotence… have suffered from the incapacity of anyone to understand why no one listened to them or protected them from situations that they were enduring.

Studies have shown that these children have tendencies to self mutilation, and in some cases suicide. We should not only “import” this type of “creations” but also learn from the experiences of other countries and avoid making the same errors…..

….In second place, we would like to focus directly on the children and their rights. We have commented in this study on the many times the fact of being a child, converts them into simple object utilized by parties for their own benefits.

Here we denounce the banalization of examination of children by the tribunals or psycho-social teams. Calling attention to the custom of family courts, by both parties, to lightly and without necessity, examine children by technical teams of the courts in generic closing of “as if they would be affected emotionally.” Even more surprising is the ease with which these tests are accorded, not only out of lack of necessity, but for the lack of reflection and necessity in sacrificing fundamental rights, under the contention of supposedly superior interests.

That a child or adolescent is not only heard, but listened to in family court is a right, never an obligation. We believe it is not correct to transfer the responsibility to children situations that adults have not been able to resolve, additionally in their presence. If these situations are absolutely necessary, we should assure that they are carried out in the best conditions possible for these children, preserving their interest and intimacy. For this, we once more ask that lawyers that participate in these processes to adequate evaluate the necessity to submit these children to interminable tests, far from making the situation easier deepens their emotional trauma.

From “Lawyers for Equality” we hope that these lines will make all people think about customs in family courts, and ask ourselves if we are really acting in the “best interest of the child,” as claimed.

In addition to the rights of children being consistently violated in judicial proceedings, women’s right are equally disregarded by tribunals, and rampant due to the failure of governments to punish or prosecute gender bias, with victims paying the highest price.

Broken Bodies, Shattered Minds

by Amnesty International 

Failure to prosecute and punish: gender bias of courts

Judges are part of the society in which they live, reflecting its cultural values, moral norms and its prejudices. Rising above prejudice is a prerequisite of judicial office, but discrimination against women and lack of understanding of violence against women as a human rights issue frequently lead to bias in the way trials are conducted and in decisions and rulings….p. 18

…In many countries, women seeking justice face insuperable economic obstacles. Lack of money, as well as educational deprivation, militate against women seeking and obtaining legal redress for abuses they suffer. Rights awareness programs and legal aid are sorely lacking where they are needed most. In some countries corruption permeates the judiciary, and more men than women are in a position to offer financial inducements to obtain the outcome they want.

While judges often take a lenient view of men abusing women, many have failed to consider severe domestic violence suffered by women as relevant when assessing women’s responsibility for offences committed by them…. P. 19

Mas Alla de Papel

by Amnesty International

…As far as the conduct of the authorities is concerned, the survivors’ stories reveal a worrying picture of discriminatory treatment, action and failings amounting to a secondary form of victimization that is just as abusive in that it inflicts additional suffering and exposes them to further ill-treatment and serious risk, including death…..

many of those who decided to report the violence were treated with callousness and indifference by the authorities or were accused of lying or inventing or exaggerating their stories… The risks and devastating effects of the abuse were not taken into account by those who had it within their power to protect and help the survivors, investigate and prosecute the offences in question, punish the person responsible and determine the level of reparation. The testimonies of the survivors interviewed by Amnesty International frequently refer to actions, and even court rulings, that were motivated by prejudice….

THE PSYCHOLOGISTS OF THE CRIMINAL CASE OF ALOVERA HAS A RECORD OF COMPLAINTS

THE CIVIL SERVANT CRITICIZED THE WOMAN OF “INCOHERENCE” AND NEGATED THAT THE SERGEANT WAS ABUSIVE

El Pais, April 14, 2008

The psychologist that examined Sylvina Bassani, the Argentinian woman assassinated on Thursday by her ex husband in front of her 4 year old son, testified before the women’s violence court of Torrejon de Ardoz “that from a psychological point of view” one cannot “talk about abuse within the family.” One cannot believe the woman, as she is full of contradictions and incoherence and recommend psychological treatment “ in order to adequately deal with spousal conflicts and learn to open herself up to paternofilial relationships.”On the other hand the man, Javier Lacasa, who had tried to commit suicide when the Guardia Civil detained him – as stated in the testimony of the armed institute- and that in the same report stated that he had thrown a television set on the floor when his wife wished to travel to Boston, was a normal person. The psychologist only received a verbal admonishment from the counsel for having said that the man was normal even though he had tried to commit suicide.

The psychologist, Maria Isabel Tagle, employed by the Justice Counsel by the Community of Madrid, has received more than one complaint in the Association of Psychologist of the región, nine. At least six have been pardoned by the Counsel. The first, in November 2006, with 3 negative reports indicated that she had violated deontological principles in her reports. The only response of the regional government was a verbal admonishment in autumn of 2007 in which she was asked to “moderate hers forms” and that she “continue with her exquisite procedures in her work.”

 “Without a doubt it was known that their was a problema with this psychologist,” said the Dean of the Psychological Association of Madrid. “ Her case was known, as no one had as many complaints as she. If we had not thought that the case was important, we would not have filed the report with the Counsel. Now we will always be left with the doubt that we might have been able to do something more to have avoided the death of this woman.”

The report of the case of Sylvina Bassani and Javier Lacasa, signed by Tagle and a social worker, is the only one issued in the penal and civil procedures pending after having accorded the protection order in September 2006. A first judge to open the hearing, asked for a psychological evaluation of Lacasa, due to his suicide attempt the day of his arrest. But, in all of the procedures the report of the psychosocial for the divorce is found. The lawyer of the victim in criminal proceedings, Robert Garcia, had also requested a psychiatric report of Lacasa, noting that he had been convicted of puncturing the tires of several neighbors who had testified in favor of Sylvina. The magistrate Gemma Fernandez denied this petition in April 2007.

A spokesperson for the Counsel of Justice of Madrid confirmed the existence of various complaints about this psychologist, but no disciplinary measures were taken against her because they had understood that the complaints were not sufficient. 

In one of the negative reports to the Psychological Association of Madrid related that, in family cases, Tagle contended that the son be placed with his father because the mother had been raped at 14 by a school mate. The psychologist concluded that, since the boy was male he would have a certain rejection for his mother, and that the son would be better with the father. In another case she diagnosed paranoid schizophrenia, recommending that the person in question be involuntarily committed to a psychiatric hospital, “without indicating the methodology used,” findings of the deontological commission of the Psychological Association. The commission identified in various occasions the lack of argumentation and basis of findings by the evaluators. All of the complaints had been filed by women.

On February 13, 2007, Tagle membership was revoked by the Psychological Association after several negative complaints about her professionalism. At present she is not a member of the Association. Psychologists working in the private sector must be registered with the association, but it is not so clear for those working within government institutions. It is not clear either, according to the Dean of the Association of Madrid, Fernando Chacon, if these cases can be sanctioned through disciplinary action. There are other complaints, not yet transmitted to the Counsel, and which the Psychological Association of Madrid are investigating in this case. This newspaper tried on Friday, with no success, to localize the psychologist Tagle at the courthouse of Torrejon for an interview.

Whatever the case may be, it seems that various institution have failed in there diligence in this tragic case. The president of the Observatory on Domestic Violence of the Counsel of Judicial Power, Montserrat Comas, requested a reunion with the representatives of the Minister of the Interior and Justice of the General State Prosecutor to see if “the mechanics of coordination had functioned correctly.”

Another element that must be investigated is the diligence of the prosecutor. The trial was concluded in the summer of 2007 and since then several accusations are still pending. The lawyer of the victim, Roberto Garcia, said that the judge sent the case to the prosecutor, with no “sign of life” from him seven months later.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/psicologa/caso/crimen/Alovera/tiene/record/quejas/elpepisoc/20080414elpepisoc_3/Tes

3a – Professional qualifications and the probabilities of gaining employment.

The judges decisions that I would easily find a well remunerated position demonstrates a total lack of awareness of my personal situation as well as the economic crisis in Spain and around the world.

New England Law Review: Gender Bias Study

of the Court System in Massachusetts  Volume 24, Spring 1990

Financial Considerations
…In the area of alimony, the Committee found that very few women receive alimony awards, while even fewer women receive awards that are adequate. While many alimony awards undervalue the contributions of the homemaker to the family, they also overvalue the earning potential of homemakers who have long been out of the labor market. Further, only a minority of the alimony awards ordered ever get collected… … women who have postponed their careers to raise children or to work in the family business are often economically disadvantaged, both at the time of their divorce and for many years to come….
* “The human cost of the recent global crisis is reflected in its impact on the labor market. With 210 million people currently out of work worldwide, official unemployment has reached its highest level in history…Spain had the worst employment performance among OECD economies during the crisis.” Cross-Cutting Themes in Employment Experiences during the Crisis, International Monetary (IMF) Staff Position Notes 2010.

My accessibility to employment in Spain was diminished by the economic crisis, my status as a foreigner, my limited proficiency in written Spanish, gender and age discrimination within the work-force, and the fact that I had been out of the remunerated work-force for the past 20 years. In order to provide for my basic necessities, I was obligated to leave my children and return to the USA in search of work.

And, if had not been for the fact that none of my lawyers, inter alia, had left me access my funds in Spain, and thereby create Global Expats, I would have returned to Spain many years ago to be with my children.

In the last 3 years, I have only been able to find temporary work and my only hope for a correct salary, professional job and future retirement rests with my Global Expats / www.global-expats.com. If I did not have this possibility I would be condemned to a future of poverty and total misery.

Western countries always use the example that in Muslim countries men can throw their wives onto the street with nothing under sharia law as proof that they are violent and abusive. But, what conclusion can arrive at about western countries where the same can be done in total violation of laws, constitutions and international treaties, without any consequence for the authors of said violations or reparations for victims?

Also, the fact that all access to all of my funds and assets in Spain since the beginning and assure that I could not create Global Expats and/or defend myself in this judicial battle is in violation of art. 1, 9, 10, 14, 15, 24, 32, 33.3, 35.1, 38, 39.1 of the Spanish Constitution; art. 1316, 1318, 1319, 1344, 1345, 1347, 1361, 1362, 1366, 1369, 1375, 1376, 1377, 1383, 1384, 1386, 1390, 1391, 1392, 1393, 1397, 1398, 1399, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431 and 1433 of the código civil española; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act3/2007; art. 1, 2, 3, 23, 24, 26, of the Convention on Civil and Political Rights; art. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 and 15 of the International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights; art. 2, 3 and 4 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women; art. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15 and 16 of the Declaration of the Elimination of Discrimination Against Women.  

4a – Past and Future Dedication to the Family

For the 17 years of my marriage, and 2 years prior, I made 6 international moves in deference to my husband’s career, I fulfilled my “social” obligations in regards to his career and family, I gave up a degree in international law, a MBA, a diploma in gemology and jewelry design, as well as a lucrative career in the financial markets.

In regards to my children, I dedicated myself 24/7 to their care and upbringing, with little outside help. I maintained homes of 450-500 sq. mts. with little to no domestic help; entertaining extensively, doing all of the preparation, cooking, serving and cleaning myself, with little help from my husband or domestic services.

My husband never assisted with any of the daily chores, our children’s upbringing, family errands, or the unpacking, arrangement and decoration of 8 different homes.

Additionally, from 2005 to 2007, I spent an enormous amount of time and energy in researching and developing a career for myself and a second income for my family, all the while enabling me to remain at home and attend to my children and families needs.

Señor González de Alcalá  never helped with any of the domestic chores, with the care of our children, daily family chores, ore ven unpack, organize and decórate 8 homes/international moves in 20 years.  Nor did I ever receive any assistance in relocation from the Spanish multinational employer BBVA of Señor González de Alcalá , which is normally the case for most expatriated spouses whose husband’s work for American, British, French, multinationals, etc. The phenomenon of the multinational is quite recent amongst Spanish companies and the attitudes and services offered to spouses of expatriated employees resembles that of American multinationals of the 1950’s, (Zvonkovic, Greaves et al. 1996; Brescoll and Uhlmann 2005); which essentially means nothing.In 17 years as a Spanish expat trailing spouse, I was offered 6 months of language classes.

It is exactly my appreciation of being a “trailing spouses” without any assistance or support of my expat husband, his employer or even from the other Spanish expat spouses (as I was American and considered an “outsider”), that permitted me to become familiar with ALL of the challenges and problems that trailing spouse women can be faced with during their life abroad and as such develop an organization that is ready and able to offer ALL of the information, services and support that these women and families need.

Also, it should be mentioned that from 2005 to 2007, I spent an enormous amount of time and energy investigating and developing a career and eventually a second income for my family (with Global Expats), that would have permitted me to stay at home with my children and be financially independent. And, is exactly why Señor González de Alcalá  started this “judicial war” bring in everyone, my lawyers included, into illegal acts; all because he did not want his wife “working”.

Judicial decisions that did not even bother to look at or consider my efforts and contributions to the career of Señor González de Alcalá  and/or my family and personal, academic, and psychological development of our children is in violation of   art. 1, 9, 10, 14, 24, 32, 35, 39, 40, 45, 50 and 52 of the Spanish Constitution; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act3/2007; art. 66, 67, 68, 97 and 98 of the civil code; art. 1, 2, 3, 8, 23, 24 and 26 of the Convention of Civil and Political Rights; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 and 15 of the International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 and 15 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

5a – Collaboration, by his or her own labour, with the commercial, industrial, or professional activities of the other spouse.

An expat career by definition demands that one of the spouses renounces their career, something that I did for 20 years. Without my sacrifice Señor González de Alcalá  would never have been able to accept positions in other countries.

Not only is it my professional sacrifice that the judge should have looked at and considered in my divorce (and not some ridiculous accusations from Señor González de Alcalá ), but also the efforts and illegal act that Señor González de Alcalá  was involved in his efforts to prevent me from starting a company from the home.

Art. 66 (the husband and wife are equal in rights and responsibilities) 67 (they must respect and assist each other mutually and act in the interest of the family) and 68 (fidelity and help each other) of the civil code clearly defines the rights and responsibilities of the partners, and the obligation of Señor González de Alcalá  to support and assist me in my entrepreneurial efforts. But, these issues were not even a consideration or “question” in the divorce of liquidation of common property.

While State and non-State actors of family courts continue with traditions and beliefs based on the inferior position of the woman within the home, as well as her obligations to respect the rights of the husband (Coltrane 1998; Zvonkovic, Greaves et al. 1996; Brescoll and Uhlmann 2005) the violations of her rights in the process of divorce as well as cases of gender violence will continue.

The failure of the judge to consider the sacrifices that I made in deference to Señor González de Alcalá ’s profesional career is in violation of art. 1, 9, 10, 14, 24, 32, 35, 39, 40, 45, 50 and 52 of the Spanish Constitution, art. 66, 67, 68, 97 and 98 of the código civil española;  art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act 3/2007; art. 1, 2, 3, 8, 23, 24 and 26 of the Convention of Civil and Political Rights; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 and 15 of the International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 and 15 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

6a – The duration of the marriage and their marital life

The duration of our marriage was 17 years, with 2 years of prior communal life, which means 20 years, which the average marriage of divorcees in Spain is 15 ½ years.

7a – The eventual loss of a right to a pension

It should be noted that not only did I lose rights to any accrued or future pension, but rights to private and public health insurance, unemployment insurance and any and all social benefits in Spain or elsewhere.

Given the fact that ½ of income tax, social security tax and unemployment tax, etc. of the “breadwinning spouse” belongs to the homemakers under common property law, upon divorce the fact that she is not provided with unemployment benefits, access to health care, or any social benefits is an example of de facto discrimination and violates art. 41 and 43.1 of the Spanish Constitution; art. 11.1 e and 12.1 of the CEDAW; art. 9 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; and 8.1c of the Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live.

8a – The wealth and economic means and necessities of both spouses

Upon our divorce my husband’s monthly income was €15.000/month (€181.000/yr.,) while mine was non-existent.

A decree which ordered alimony of €1.000, minus €150, for a monthly income of €850, against my husband’s income of €15.000/month (€181.000/year) is discriminatory in itself. However, the stipulation that I would assume responsibility for an outstanding mortgage of €2.396/month in effect ordering ME TO PAY €1.546/month (€18.552/year) TO MY EX-HUSBAND with no revenues, income or access to my assets is punitive.

Under what law or legal precedent this decision was based is a mystery.

The stipulation regarding responsibility for mortgage is mute, as no mortgage exists. But, this decision was made under the belief that said mortgage did in fact exist. It should be noted that failure for me to assume this debt would have denied me my portion of the proceeds on our home, upon its sale.

“In the judicial resolution it will fix the base to actualize the pension and guarantee its effectiveness” – Nothing is mentioned in the divorce decree about a pension, nor in the liquidation of common assets. Once again if I could access this money, then I could pay for the reconstruction of my website, www.global-expats.com, and thereby move forward with the entire project, and would not need any of my other assets in Spain.

Additionally, the provisions of financial consideration in my divorce decree were in violation of art. 14, 32.2, 33.3 and 35.1 of the Spanish Constitution;  art. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, and 16 of CEDAW; art. 3, 4, of the Declaration on Elimination of Violence Against Women; art. 1, 7, 9, 10 and 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; art. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 19, 23 and 26, of the Covenant on Civil and Political Rights; art.5, 8 and 9 of the Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live; art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 10, of the Declaration of Human Rights.

The recognition that stipulations such as those in my divorce decree ARE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS are expressed in

October 2008 – November 2008

The divorce decree 1143/2007 was obviously detrimental to me not only financial, but was an attack upon my honor, integrity and good character as it in effect provided confirmation by judicial decree as to Señor González de Alcalá ’s false allegations of alcoholism, drug-addiction and psychosis.

I instructed my lawyer, Senor Jorge Capell, to initiate an appeal. He refused, even upon my repeated insistence. Later he told me that he had appealed the financial considerations of the sentencia, but not the custodial decision. However, to date I have not been provided with any documentation as to any said appeal. Also, as already stated Senor Capell sent me an email on November 14, 2008 when he had received the divorce decree on November 5, 2008 with 5 days to appeal (see document #8B). Even if I had been able to obtain the money (€5,800 that Senor Capell was requesting in order to file the appeal), the time limit for filing the appeal had already past and the money I would have paid to Cuatro Casas, Gonçalves Pereira would have been for nothing.

Not only was it important to contest the custodial and financial decision from a personal stand-point, but from a professional one as well.  In spring-summer 2007, my Global Expats project was receiving great praise and interest from many “players” in the expatriation/international relocation industry in the USA. Obviously the fact that my website has been “sitting” on the Internet, in front of the entire global mobility industry and an audience of 50 million people around the world has “raised some eye-brows”.

One of the primary “assets” and “capital” of my project is my extensive knowledge about expatriation and expat associations, my global network of friends/acquaintances and my reputation as an honest, honorable, hard-working and dependable person of the highest integrity. Failure to contest and challenge a judicial decision that was clearly bias and defamatory was in essence admitting to guilt by default, and detrimental to my personal and “professional” reputation.

Mr. Capell’s failure to act in good faith and the interests of his client were in violation of my rights under art. 10, 14, 15, 18, and 24 of the Spanish Constitution; art. 173, 208, 243, 267, 467.2 and 512 of the penal codeespañola; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act3/2007; art. 3 and 4 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio; art. 1, 2, 8, 17, 23 and 26 of the International Convention on Civil and Political Rights; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 and 15 of the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 and 15 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

También, Señor Capell tuvo que notificar el juez de todos hechos bajo art. 11 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio and art. 451 of the penal codeespañola.

November 2008 to February 2010

Since, Mr. Capell had failed to act in my best interests, I hired yet another lawyer, Mr. Alberto Fontes, to ensure that my ex-husband paid monthly alimony and initiate liquidation of my assets in Spain. In February 2009 I left Spain returning to the USA, with the intention was to initiate legal proceedings against my web designers in Florida (www.arnima.com ) for their breach of contract (dating to 2006-2007,) liberate my website, and return to Spain and my children, resuming my work on Global Expats.

Unfortunately, due to the failure of Senor Fontes to do his job with due diligence, (who continually refused to the liquidation of common property nor reclaim non-payment of alimony (minus child support) that Señor González de Alcalá  owes me), I did not have funds with which to pay legal expenses in Spain nor funds necessary to recuperate control of my website (or create a new one), and return to Spain and my children.

Once again the question arises as to whether the failure of my lawyer, this time Senor Fontes, to reclaim my assets (alimony owed and/or a court order requesting that BBVA deliver all and any information regarding salary income and financial records in the name of Javier/Xavier Gonzalez de Alcala from August 1991 until October 22, 2008) is due to his gross negligence or discriminatory procedural laws in Spain which prevent women from accessing financial information and/or assets which are their property.

Due to the negligence of my lawyers and the lack of due diligence of State and non-State actors since September 2007 I have lived in total poverty, during 2009 officially homeless, without a permanent job and while I have been eligible for welfare benefits and food stamps from the American, French, and/or Spanish government, I could not reclaim them because I had no domicile; in violation de art. 19, 24, 33, 40, 41, 43, 45, 47 and 51 of the Spanish Constitution; art.11 of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women; art. 10, 14, 15, 18, and 24 of the Spanish Constitution; art. 173, 208, 243, 267, 467.2 and 512 of the penal code; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act3/2007; art. 3 and 4 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio; art. 1, 2, 8, 17, 23 and 26 of the International Convention on Civil and Political Rights; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 and 15 of the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 and 15 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

It should be noted that the Spanish State is responsible for any Spanish procedural laws which are directly or indirectly responsible for my failure to access information regarding and/or actual assets, funds and property that belong to me (whether under the name of Javier/Xavier Gonzalez de Alcala or my name) under common property laws (rather than negligence of my lawyers), directly and/or indirectly violate my rights under art. 1, 9, 10, 14 and 33.3 of the Spanish Constitution;  art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 42, 44 and 45 of the Equality Act 3/2007; art. 11, 22, 28, 29 195, 250.7 and 450 of the penal code; art. 1088, 1089, 1090, 1093, 1094, 1100 1254, 1255 and 1262 of the civil code; art. 2, 3, 4, 5, 11 and 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; art. 1, 2 and 3 of the Convention of Civil and Political Rights; art.1, 2, 3, 10 and 11 of the International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights.

In August 2009, I noticed that liens against my bank account in Spain, for €305,47 and €487,20, by the juzgado de Mostoles 1st instruccion. I transferred the necessary funds to the bank account with instructions to cover the embargo GE-20030225-92959 (vea documento #26A and #26B). The bank did not respect my instructions to pay the embargo. Also, I contacted Senor Fontes asking why he had not notified me about the embargo, and all litigation in relation to said embargo, asking for a copy of ALL documents that he had handled in my case and name and bill detailing all of his actions and documents in relation to my case. He responded that it was not in the habit of his office to give information and documents to his clients regarding their cases, and he never sent me a detailed bill.

At the end of October Senor Fontes sent me an email with the sentencia #1079 (see all discriminatory considerations detailed in the sentencia below[ii]). Señor González de Alcalá  had petitioned the courts to remove alimony under the contention that he had been fired from his job. The judges reduced the alimony to €350 net/month, declaring in the sentencia that I was of a perfect mental and physical health, and therefore capable of earning a living. Once again my lawyer did not appeal the decisión, or asked for proof regarding the unemployed status of Señor González de Alcalá , nor did he present evidence as to my precarious state of employment and financial situation in the USA, nor did he notify of the said petition in the first place.

His actions were in violation of art. 9, 10, 13, 14, 24, 35, 38, 39 and 40 of the Spanish Constitution; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act 3/2007; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, and 14 the Equality Act3/2007; art. 250.7, 267, 267, 467.2 and 512 of the penal code; art. 3, 4, and 11 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio; art. 2, 3, 26 de Convention of Civil and Political Rights; art. 1, 2, 6, 8 and 15 Convention on Economic, Social and Cultural Rights.  

February 2010 – May 2012

Once again I was looking for a lawyer that would do something that should be quite simple; liquidate my assets. In February 2010, finally I found other lawyers, Miguel Martínez López de Asiain e Ignacio Gonzalez-Martínez, that I believed were truly going to help me. It took the entire 2010 in order to transfer my case and begin liquidation of assets and a final financial resolution.

As I saw it was taking so much time for something that should be rather simple, I prepared a resume of my case with all facts, violations of my rights and a petition for reparations of damages suffered under the Spanish civil code, inter alia, so that my lawyers could the pertinent facts and events, my complaints and demands to the courts, if Señor González de Alcalá  was not willing to arrive at an agreement and avoid further litigation.   

In February 2011 I sent my proposed financial agreement/resolution[iii] so that Señor Martínez López de Asiain and Señor González-Martínez could offer it to Señor Gonzalez de Alcalá. Between February 2011 and September 2011 I sent various emails and made several calls to Señor Gonzalez-Martínez in order to find out if he had transmitted my proposition to Señor Gonzalez de Alcalá and whether he had responded to my offer.  Senor Gonzalez Martinez never responded to any of my emails or telephone calls. To my knowledge Señor Martínez and Señor Gonzalez-Martínez never sent my offer to Señor Gonzalez de Alcalá’s lawyer.

Therefore, in September 2011 I sent a message to Señor Martínez López de Asiain in order to find out what was happening with my case, and if they had contacted  Señor Gonzalez de Alcalá’s lawyer with my offer. In November 22, 2011 Señor Martínez López de Asiain sent me an email notifying me that he had unilaterally initiated liquidation of my assets for €200.000+ (documento # 16).

There is a hearing for May 11, 2012 in order to set the inventory in the juzgado de Mostoles, to which Señor Martínez López de Asiain has informed me that the judge had agreed that my presence will not be necessary. I have several preoccupations regarding the hearing which are as follows:

  • At the beginning of 2011 Señor González-Martínez informed me that the bank statements that had been introduced with the divorce petition were no longer within the court dockets, and it would be necessary to request new account statements from BBVA. Since that time, I have repeatedly told Señor González-Martínez and Señor Martínez López de Asiain that I could go to the Spanish Consulate here in Washington, DC in order to sign any power of attorney necessary. My concern at present is that bank statements, and therefore proof as to said accounts are not to be found in court records and our petition for an inventory will be rejected by the judge under art. 808 of the Ley de enjuiciamiento civil. 
  • In his petition for the hearing May 11, 2012 Señor Martínez López de Asiain indicates that there are no liabilities. But, there are €30.000+ of pending liabilities in Spain for litigation expenses in connection to the divorce (art. 1398 and 1403 of the código civil española), plus the 20% of the legal fees of recuperated assets of Señor Martínez López de Asiain and Señor González-Martínez  (art. 1347 of the código civil española) illegally retained (art. 252 of the penal code) by Señor González de Alcalá, with the consideration noted below[1].

In his email of March 28, 2011 Señor Gonzalez Martínez López de Asiain indicates that “the petition for divorce was presented October 25, 2007 and is taken as reference for the date of liquidation” (documento #17 p.6 comentario M8). But, art. 1392.1 of the Spanish civil code indicates that common property end upon the dissolution of the marriage,[2] and under art. 1365[3] and art. 4 of the Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio SeñorMartínez López de Asiain and Señor González-Martínez are obligated to act in my interests. In which case it is clearly in my interests to use October 22, 2008 (and not October 25, 2007). Additionally, they can defend using the date of October 22, 2008 under art. 1390 and 1391 of the Spanish civil code; art. 11 the Equality Act3/2007 and art. 2 and 4 of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women.  Not only is there the sum of €41.000 of the salary of Señor Gonzalez de Alcalá during 2008 that belongs to me and that the decisión of 1140/2007 (according me a pension of €500/month) misappropriated (under art. 252 and 250.7 of the penal code), but also all of the legal fees associated with my divorce, which are €30.000+.

The failure to defend my interests is in violation of art. 1254, 1256, 1258, 1088,1091, 1094, 1097 and 1100 civil code; art. 512 and 510 of the penal code, and implicates a financial liability for actors of said violations under art. 1089, 1092, 1098, 1101, 1102, 1106 and 1107 of the civil code.

Also, it should be noted that under art. 3, 4 and ll of the Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio SeñorMartínez López de Asiain and Señor González-Martínez are obligated to notify the presiding judge of all acts and information regarding criminal negligence of the preceding lawyers in my case under art. 450, 451, 467 and 512 of the penal code, and 1098 and 1101 civil code as well as Señor González de Alcalá ’s efforts to defraud me and his psychological abuse in violation of art. 22, 23, 173, 208, 248, 252 penal code; with my right to receive reparations for these criminal acts (€ 1.786.268 see endnote # v), under art. 109, 110, 111, 112, 113 of the penal code as well as art. 9 de Spanish Constitution; art. 9  the Equality Act 3/2007 and art. 8 Annex of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

I still have many questions in determining if my inability to access my assets from September 2007 to present be they funds or financial information that belongs to me under art. 1347 of the Spanish civil code, inter alia, is due to the incompetence and negligence of lawyers cited herein, or the failure of procedural laws in Spain which do not permit women within marriage and/or in process of divorce to access information and/or manage common property assets; as well as defend her life and the life of her children. However, what is clear is that the violations of these rights are in violation of the following:

  • Spanish Constitution
  • Spanish civil code
  • Spanish penal code
  • Equality Act 3/2007
  • Ley orgánico contra la violencia de género
  • Convention on Human Rights
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
  • Convention on the Elimination of Violence Against Women
  • International Convention on Civil and Political Rights
  • International Convention on Economic, Social and Cultural Rights
  • Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

For the afore mentioned violations of State and non-State actors in all judicial proceedings, and actions related hereto, I am seeking a full investigation into my case by the Spanish authorities, with reparations for personal monetary damages of common property for €827.132;  monetary damages for lost salary as Managing Director of Global Expats since 2007 for €1.200.000,00 and monetary damages of lost net profit of Global Expats since 2007 for €13.470.000,00; totaling €15.497.132,00 divided amongst all implicated parties.

CONCLUSION

While domestic abuse and violence as human rights violations and the obligation of State and non-State actors to protect victims under the principle of due diligence is recent within international law and legal precedents, cases such as A vs. UK, Velázquez vs. Honduras, and Gonzales vs. USA, are important steps forward in promoting the rights of victims of domestic abuse and violence.

However, in order to assure that the rights of victims are defended on a systematic basis within judicial systems, the failure of States to defend victims needs to be examined from an intersectional perspective, thoroughly investigating the relationship between corruption, discrimination, negligence, the failure of legislative reform, and judicial accountability.

Additionally, in order for governments to effectively and competently protect victims they must assure efficiency, transparency, and inter-connectivity in all areas.

Social and public services that contribute to the prevention of domestic abuse and violence, as well as protection of victims, with competent legal counsel and dissemination of factual information, during the entire judicial process.

Public services, including judicial systems, that through positive action, protect and defend the rights, liberties and interests of the victims of violence and abuse in an effective manner, including, but not limited to due process under the law.

Public services, including judicial systems, which through positive action rescind laws, practices and traditions that contribute to discrimination, in all its forms.

Effective mechanisms and procedures that permit reparations for victims of abuse and violence at the hands of their abusers, as well as effective and real sanctions for State and non-State actors that have failed to demonstrate due diligence in the prevention of said abuses, or worse contributed to the abuse through their discriminatory and/or incompetent practices and actions.

But, perhaps the most important in promoting and assuring the rights of victims is to understand that behind each story, each life, there are many actors and many actions that have contributed to the pain and suffering of these women, children, and at times men.

Abuses of power, within the home, family or community, are not static, isolated incidents, but rather part of a dynamic cultural machine which is designed to maintain a status quo of abuse and violence. Until the cycle of abuse in our societies and communities is dismantled through the efforts and actions of every single member, denouncing and sanctioning all forms of abuses of power, in our personal as well as professional lives, this “war on the terror” will never be won.

While the past years have been very difficult, the separation from my children the hardest of all. My own battles have shown to me the extent that the apathy of people, particularly civil servants and judicial actors, are encouraging, promoting and supporting human and civil rights violations within their own borders.

Within the past few decades women’s rights groups have made enormous strides in advancing the rights of women within the labor force, and other issues surrounding their ability to contribute monetarily to societies. However, while these groups have been vociferous regarding abuse and violence against women within Muslim and African communities and the way that that abuse is sanctioned by the community and governments, they have remained all too silent about these same traditions and customs which sanction abuse and violence within their own communities.

My grandfather, Curtis Paul Wilcox, a lawyer in the early 20th century, fought for the rights of black people in the courts of the Deep South, during a time where racism and discrimination was seen as something “normal”. At a time when black people were considered second-class citizens to be exploited, and used as scapegoat in protecting the honor of the community or group.

These same prejudices and discriminatory traditions persist today against women, and children, within the home and family.

In my grandfather’s first case, in 1909 in Butler, Alabama, he confronted and vanquished the same beliefs attitudes, traditions and customs as those exposed in the American literary work To Kill a Mockingbird by Harper Lee. All of his life he fought against racism and discrimination, standing up to bullies and tyrants within the judicial system as well as the community, promoting the rights of people who were unable to defend themselves. What I am defending here is no different than what he was defending over a hundred years ago, and for which many of my ancestors have defended over many centuries[4].

Modern democratic models and principles began over 200 years ago, with an increasing number of countries adopting democratic structures within the past 50 years. However, in the past decade more and more people, even those amongst our ruling-classes and status quo intellectuals are questioning the existence and very survival of the democratic process by present governments, mainly due to the widespread erosion of human and civil rights within their borders. However, as two great statesman of our time so eloquently stated:

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried. – Winston Churchill

In a democracy, dissent is an act of faith. – Senator William J. Fulbright

In the past hundred years many wars have been waged, many lives have been lost, and much blood has been shed in the name and defense of the rights and liberties of people. However, if mankind has any hope of turning the ideals and principles of democracy into a reality, we must put down our arms, at our borders as well as within our homes, and learn to live in peace and prosperity.

If the human race wishes to have a prolonged and indefinite period of material prosperity, they have only to behave in a peaceful and helpful way toward one another. – Winston Churchill

This is the true challenge of the 21st century, and why my complaint is not a simple “dispute” of no consequence or importance.

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[1] Bajo art. 1390 and 1391 del código civil española, art. 10 del Acto de Igualdad 3/2007, and art. 252 del código penal española Señor González de Alcalá tiene el obligación de volver estés fondos y/o el valor igual tanto que cualquier gastos incurrido en el recuperación de dichos fondos. También, Señor González de Alcalá, Señora García Martin, Señor Hernandez Jiménez, Señor Capell/Cuatro Casas, Gonçalves Pereira, Señor Martínez and Señor Gonzalez-Martinez (art. 1, 3, 4 del CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio and 512 del código penal española, inter alía)  and cualquier otro actor estatal y/o non estatal (art. 17, 22, 23 del código penal española) han incurriendo un responsabilidad penal, and responsabilidad por daños financieros bajo art. 249 and 251 del código penal española and art. 1908, 1101, 1106, 1124 and 1295 del código civil española. También, se debe notar que la transferencia de la suma de €94.000 (BBVA nº 0182-4000-0411563734 de titulo conjunto: Javier González de Alcalá and Quenby Wilcox) al cuenta BBVA nº 0182-4000-0411563727 (de titulo singular: Javier González de Alcalá) es en violación del art. 33.3 del Constitución Española and art. 1767 and 1772 del código civil española con el obligación de la parte del BBVA de volverme el mitad de dichos fondos (tanto que todo información financiero, ingresos, sueldos, inter alía en el nombre de Javier González de Alcalá bajo art. 1347 del código civil española) and el fallo del BBVA de volver estés fondos será en violación del art. 254 del código penal española;  art. 1089, 1098, 1101, 1107 and 1108 del código civil española; and art. 10 del Acto de Igualdad 3/2007.
[2] Art. 1392.3 – The community of joint assets shall end by operation of law: 1. When the marriage is dissolved.art. 1392.1.
[3] Article 1,365 – The common property shall be directly liable to the creditor for debts contracted by a spouse: 1. In the exercise of domestic powers or the management or disposal of common property to which he is entitled pursuant to the law or to marriage articles.
[4] Others in my family tree instrumental in developing and promoting the ideas of democracy and human and civil rights were Winston Churchill (distant cousin), John Paul Jones (great-great-great-grand uncle), Thomas Wilcox author of Admonitions to Parliament (1572), and my father, William C. Wilcox, MD who taught me that democracy, honor, dignity and respect are more than simple words and rhetoric.
[i] In the divorce decree 1143/2007 Doña Pilar Saldaña Cuesta, shows a clear prejudice for Señor González, as a man and Spaniard, and prejudice against me as a woman and foreigner. In her erroneous interpretation of the family situation, she supported the false accusations of Señor González (which he clearly had made in order to avoid and deter attention away from the real problem in our home).
This long time abuse and violence is documented by the testimony of Dr. Francisco Orengo2 (document #5) as well as by our marriage counselor Señora Joaquina Pérez (document #4) in reports presented to the courts and within court records, but these reports and testimonies were all completely discounted by Doña Pilar Saldaña Cuesta. She also discounted the report by Dr. Orengo under the contention that it did not include an interview with Señor González nor the minor children. There had not been an interview with Señor González because he had refused to present himself and our children for fear that he would not be able to trick, manipúlate an lie to a forensic psychiatrist trained in detecting abuse and psychopathic personallities.
The fact the he was not interviewed is more proof of the abusive nature and abuse of Señor Gonzalez, not the inverse as the judge interpreted. There are no oficial transcripts of the interview with the minor children and Señora Pilar Sandaña Cuesta which contents show a clear discrimination against me and in favor of Señor González. The fact that they believed accusations that were so absurd, for no other reason that Senor Gonzalez de Alcala said so, shows a prejudice for him and discrimination against me. The interview was conducted on the July 18, 2008 and it should be noted that from February 2008, I was unable to spend more than a couple of hours with my children, due to the fact that Senor Gonzalez de Alcala had refused to respect the court ordered custody decision of the judge in las medias a la previa.
Then at the end of April the fiscal de minor illegally removed custody of my children after which I had no contact with them. I filed a complaint against the failure of Senor Gonzalez de Alcala to respect the court ordered visitations, but in the ensuing audience the judge threatened to call my children in as witness if I refused to remover my complaint. I removed the complaint because my children had said on many occasions that they did not want to be put in the middle of the divorce, and were extremely upset every time they were called to appear in court/interviews, etc. The manner in which my children were used and put in the middle of the divorce by Señor González and the courts, and the extent to which it has hurt them emotionally, is the most horrible human rights violation of the entire affair.
Interview with the younger minor:
“He finished school. Studied 4th of ESO. He passed all subjects. He gets along well with his mother, but prefers to be outside of the house. His mother gets angry with his father. He has seen his mother drink on various occasions, and when this happens he is doing other things. He prefers to live with his father. He has seen his mother very little. When he sees his mother her speaks about his father.”
Interview with the eldest son:
  • “He studied 1 bachillerato specializing in science. He indicates that he is fine with his father, better than with his mother, because he does more activities (with his father). Indicates that his mother does not pay much attention to him. He was alone the day of the alcoholemia incident. Indicating that it had disturbed him. He has seen his mother drink on several occasions; he went to friend’s house or was alone at home. When she drank she lost her attention. Wants to live with father. Wants to see mother on overnight visits with (elle) I say no says nothing. Wants to live in the house of Villafranca.” Just thes few words written by the judge it is difficult to know exactly what her questions were and for that it would be necessary to listen to the recording of said interviews. But, in response to these lines I present the following:
  • It should be noted that the youngest minor had passed all of his subjects in the school year 2007-2008, while in my home there was terrible violence and horrific scenes on the part of Señor González, I feared for my life every single day (and worse the future of my children should something happen to me), the judicial system/my lawyers/etc. Were giving me such the run around for papers and forms that the chaos was unbearable, I was trying to understand a judicial system in a foreign language with lawyers whose negligence was absolutely incredible with absolutely no support or help, each time I went to the free legal clinics (run by the Spanish Bar Association/ colegio de abogado) I was told “I do not know, that is not my specialty” in response to my questions regarding legal procedures and regulations, my Global Expats Project was completely on hold and perhaps destroyed (as was the objective of Senor Gonzalez de Alcala), I did not have enough Money to cover even the basic necessities (heat, electricity, water, food, transportation, etc.) and even less so for legal expenses which were mounting every day and for which I had to sell everything of value to cover. But, my youngest (and eldest son) passed all of there subjects at school because I MADE THE GREATEST EFFORT OF MY LIFE TRYING TO KEEP SOME SEMBLENCE OF SANITY IN THEIR LIFES WHILE SENOR GONZALEZ DE ALCALA WAS DOING EVERYTHING IN HIS POWER TO DESTORY ME AND HIS FAMILY.
  • “the relationship with his mother is good, but he wishes to be outside of the home”– Of course the boy wishes to be outside of the home. He was 14 ½ years old, and like any normal boy of that age prefers to be out with his friends than cooped up in the house doing homework or nothing at all.“Has seen his mother drink on several occasions, and when this happens he is doing other things.”– As already indicated in other presented documents, we had continual lunches, dinners, and parties of 10-30 people in our home with guests invited by Senor Gonzalez de Alcala. For these parties I bought all of the food, prepared the food, served all of the guests, cleaned our home (450m2) and kitchen before and after the parties without any assistance from Senor Gonzalez de Alcala or anyone else. While I was working he was amusing himself with the guests and drinking. During the occasions when I sat down at the table to eat or talk with the guests, I had a few glasses of wine, while our children were playing with the invited children “doing other things”. It should be noted that there were always invited children in said parties, and I would serve two services, and at times 2 different menus, one for the children and the other for the adults. The fact that the judge only asked about whether I ever drank, but no asked in what circumstances nor is whether their father ever drank clearly discriminatory against me. In a country where the wine consumption is amongst the highest in the world, it is even more discriminatory to consider a woman an “alcoholic” because she has a few drinks at parties. It should be noted that with so many accusations against me, I asked my children if they thought that I had a problem with alcohol (in February 2008) and they responded “Of course not Mom”. I have always had a spectacular relationship with my children base on mutual respect, and absolute and total honesty, and if they thought I had a problem they would have said so. At this point it should be added that during my entire marriage Senor Gonzalez de Alcala would often go out to restaurants and discotheques with friends while I stayed home with our children. When Senor Gonzalez de Alcala filed for divorce he introduced falsified bank statements which indicated that all of HIS SPENDING IN RESTAURANTS AND NIGHTCLUBS (as well as all his spending) WERE UNDER MY NAME. I CAN ONLY ASSUME THAT THIS WAS DONE IN ORDER TO FOOL THE COURTS INTO BELIEVING THAT THESE WERE MY SPENDINGS.
  •  “Prefers to live with the father” – During 2007-2008 Señor González was doing everything in his power to convince the children that they wished to live with him, buying them presents, expensive vacations, letting them do whatever they wished, and at time threatening them (and me) that if they chose to live with their mother they would be out on the street with her with nothing. On the other hand I said nothing to them as I did not want to put them into an emotionally stressful and hurtful situation. It should be noted that upon one occasion at the insistence of Senor Gonzalez de Alcala, my youngest son said he wished to live with his father and I asked him why he said that and he responded “I do not know Mama”. The emotional manipulations of Senor Gonazalez children in order to obtain financial advantages in our divorce shows to what extent he is egotistical, putting his own interests before the interests and well-being of his children.
  •  “He has seen very little of his mother” – OF COURSE. From September 2007 until February 2008 the judicial system was giving me such a runs round and was exhausting so much of my energy in just trying to assure my own survival as well as that of my children, that I had little time to spend with them. Also, from February 2008 until my divorce (and after) Señor González would not let me see them, and so of course they did not seee much of their mother.
  •  “When they see their mother she speaks poorly of the father” – I have no idea where this comment comes from, but it is not true, except to ask “How is your father?’ I have been extremely concerned about my ex husband’s mental and emotional state since 2003, when all of his work related problems with the BBVA started, and have with each passing day saw his mental state getting worse and worse, and farther and farther from reality. In my report Domestic Abuse as a Human Rights Violations and the Principle of Due Diligence – An Intersectional Approach shows how abusers and psychopaths are manipulators and our divorce is just one more example of a lifetime of his manipulations.3 Senor Gonzalez de Alcala does not know any other way to relate with people other than manipulations because that isa ll that his parents ever taught he and his brother. It should be noted that it was Señor González that was speaking derogatorily about me to anyone who would listen as demonstrated in the letter from Dr. Piedad Rojas Gil (document #2). And, the fact the judge only asked whether I spoke badly about their father is discriminatory against me and favoritism for Señor González.
In relation to the interview with the older son:
  • “indicates the he is good with his father, better than his mother, because he does more activities” – First, it is not clear whether the judge interpreted that he is better with the father because he does more activities with him or if he is better with the father than the mother. I doubt very much that my eldest son would say that he was better with one parent than the other. When my children were young they would always ask me “Mama, isn’t it true that you love me more than you love my brother?” and I would always answer “Don’t be ridiculous, I love you both equally and as much as eternity. That’s like asking who do you love more Mama or Papa? That question makes no sense!” Second, of course he did more activities with his father, because he had not seen his mother for the past 6 months and for the 6 monthes preceding that his father had all of the family money for “playing” while I hardly had enough money to survive.
  • “Indicates that his mother did not pay much attention to him”- Under what conditions this make refers is very vague and open to whatever interpretation the judge wished to attribute. There are very few mothers that I know (literally around the world) that are as dedicate to their children, or who have always (since their birth) spent as much time and have dedicated themselves so completely to their education and needs; and has done so with great joy and personal fulfillment (vea documento #2).
  •  “He was alone the day of the alcoholemia incident, and indicates that it was very bad.” – On that night my son (of 15 years and 11 months) was invited to go to a restaurant with a friend near our home, and since he had not made as many friends in Spain as he had had in Colombia I was always encouraging his friends to come over to the house or him to go out with them. It was because he had gone out that when my ex husband called to remind me about the neighbors birthday party I went to “saludar” my friends. And, of course he said that he had a very bad time. His father woke him up at 4am screaming at him to pack his stuff and took him to my ex husband’s parents house where he had been living since septiembre 2007, when I had originally filed my complaint agaist him for his abuse.
  •  “I saw my mother drink various times, and I went with my friends or was alone in the house. He wants to live with his father.”– The responses are the same as those above.
  • “Wants to see mother on over-night visits with (elle) I say no says nothing.” – The sentence is rather non-sensical and I am not sure what the judge is trying to say.
  •  “He wants to live in the house in Villafranca” – These lines are very important and why Senor González was threatening to throw me out on the street with nothing (with my children if they chose to live with me). I was afraid of beingin the street with no money, no job, without anything, and with two children starting university it would have been worse. Therefore, of course my children wished to live in their home in Villafranca and as such had to choose to live with their father.
[ii]
En sentencia no.1079 dictado por Sr. D. Francisco Javier Correas González, Sr. D. Ángel Sánchez Franco, Sra. Doña Rosario Hernández Hernández, se reduce el pensión compensatorio al €500/mes debido que al siguiente:
  • que Quenby Wilcox “goza de una perfecta estado de salud” Que se dicen que yo “goza de una perfecta estado de salud” se contradice totalmente Doña Pilar Saldaña Cuesta en 1143/2007 que me quita la custodia de mis hijos and efectivamente impidiéndome verlos debido a mi obligación de irse al EE.UU para sobrevivir debido al consideraciones financieros, por unos supuestos “problemas de salud”. Que los tribunales me declaran una persona “incapacitada” cuando está relacionado con el trabajo que he hecho desde 17 años con una integridad, capacidad and resultados extraordinario, pero para trabajar fuera de la casa gozo de una perfecta estado de salud es claramente discriminatorio contra mí and favorece Señor González. Y, bajo del principio razonable es increíble.
  • “Viene aludiendo a la no realización de actividad retribuida constante el matrimonio, pero en ningún momento nos dice que sea ello imputable a la imposición del marido, pareciendo desprenderse su intención de desempañar un empleo,” Como ya señalado anteriormente, la idea que si una mujer que se elige de quedarse en la casa ella es por definición perezosa, vergonzosa y/o una parasita está completamente discriminatorio and despreciando a la amas de casas and el trabajo sumamente importante and duro que hacen. Unas de los problemas más grandes que están surgiendo en nuestras sociedades viene de situaciones donde los dos parientes trabajando fuera de la casa, and los niños que no tienen bastante estructura o acogimiento en sus vidas. Como se vea en estudios, niños que crecen en ambientes demasiado estricta, o al otro extremo sin ningún estructura, vuelven violentos o “problemáticos”, tienen problemas de abuso de drogas o alcohol, tendencias criminales, etc. Debido a mis trabajados en el colegio de mis hijos, con niñas abandonadas and de la calle en Bogotá, etc. entiendo muy bien la falta de dedicación que existe sobre la educación and preparación de generaciones futuros. Es por este razón que Global Expats está dedicado de promover suporte and oportunidades de empleos remunerados, desde sus casa con horarios suples, a las mujeres (y hombres) expatriadas sin empleos que han sacrificado sus carreras, dedicando sus esfuerzas and energia su a sus hijos, con el objetivo de ofrecer suporte a estés familias tanto que familias dentro de comunidades locales. Si nuestras sociedades no paran de valorar la gente por el dinero que gana y/o dirige, and no por el contribución humano que uno hace en la sociedad, el nivel de violencia, and las problemas sociales and económicos que producen, va a continuar de subir. También, estés líneas demuestran uno desconocimiento total de la realidad de la vida de expatriados. En los casos de expatriación, la esposa está obligada de renunciar su trabajo and carrera para seguir sus maridos a los países extranjeros donde es imposible o muy difícil de obtener un permiso de trabajo y/o puesto de trabajo. En mi caso yo no trabajé (fuera de la casa) durante mi matrimonio porque yo no podía trabajar al extranjero and no porque yo no quise trabajar fuera de la casa. Yo sacrifiqué mi carrera and oportunidades por estudios superiores en deferencia del trabajo mi ex marido al extranjero, haciendo 8 mudanzas internacionales en los 20 anos, and en la mayoría de casos no tuve permiso de trabajo en dicho países. Se debe notar que el juzgado de Mostoles tiene jurisdicción sobre Villafranca del Castillo, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo, and Boadilla del Monte, que tiene comunidades de expatriados dentro del mas muy grande de Madrid and entonces jueces deben ser muy familiar and consiente de las circunstancias particulares de las familias expatriadas que viven allá and sus condiciones and desafíos laborales.
  • “En esta líneas destacamos que preguntada en meritada vista por cambios en su situación laboral desde la celebrada en medidas provisionales en el propio interrogatorio que ninguna, no habiéndose de hecho siquiera inscrito en el INEM como demandante de empleo, mostrando así desinterés en la obtención de trabajo, de donde, si en el periodo de los dos anos que fijamos, no accede al mundo laboral, será por causas en exclusiva de su voluntad,” En primera línea yo no estaba inscrito en el INEM en 2009 porque me encontraba en EE.UU sin domicilio fijo and apenas sobreviviendo. El hecho que los jueces “saltaba al conclusión” que yo no estaba buscando trabajo solamente porque no estaba inscrito en el INEM demuestra otro vez como opiniones judiciales estaban basado sobre prejuicios and suposiciones en lugar de los hechos and lógica. Al final de 2008 yo estaba en la calle en España, sin dinero, sin trabajo, and al 47 año (con 20 años fuera del mercado laboral) era imposible de encontrar un trabajo, sobre todo con él crisis económica. Durante 2009-2012 en EE.UU. solamente yo he podido encontrar trabajos temporarios, dos veces recurriendo al seguro de desempleo, and tuve el derecho de cobrar “welfare” pero no podida porque yo era sin domicilio fijo. Yo tuve suerte que no estaba restringida al mundo laboral en España donde la discriminación por mujeres “mayores” es tan abierta hasta que en anuncios de trabajo abiertamente dice “mayores de 30 anos no deben contactarnos…” También, se debe notar que sobre un ocasión yo era despidida de uno trabajo en EE.UU. porque “mi situación como víctima de violencia de género and problemas legales relatado con mi divorcio en España, volvieron la gente en la oficina inconfortable” (así me han dicho contextualmente). Todavía el actitud de molestia, disgusto and ostrcizacion hacia la mujer que atreva de denunciar la violencia de género o cualquier abuso de poder contra ella está muy arraigado en nuestras sociedades; and se explica mucho porque abogados, jueces, equipo psico-sociales de tribunales, mediadores de divorcios, etc. Están “tapando” and suprimiendo evidencia de abuso and violencia en la casa con contenciones and “diagnosis” de sindroma de alienación parental (SAP) and denuncias falsas. Hasta que exponemos and denunciamos las tradiciones, prejuicios and personas que protegen losabusadores en las sociedades, los tribunales continuaran de favorecer abusadores. Se hace falta más estudios empericas sobre las prejuicios, tradiciones and dinámicos de estés actitudes, pero sus existencia son bien demostrados en estudios (vea el reporte ajuntado Abuso domestico and discriminación contra la mujer en los tribunales – violaciones de derechos humanos and civiles). Se debe notar que en 2008, yo busque un trabajo en España pero era imposible de encontrar algo. También, mi abogado me aconsejado de no buscar un trabajo hasta que el divorcio era declarado, porque no solamente yo no seré acordado la custodia de mis hijos pero no recibirá ningún pensión compensatorio. Cualquier decisión judicial que no acordara la custodia a una mujer porque trabaja, pero que no considera el estado laboral del hombre en decisiones custodiales es completamente discriminatorio contra la mujer. También, en relación del anteriormente dicho, el Instituto Nacional de Estadísticas (vea documento #10) dice que solamente 11% de mujeres separadas/divorciadas reciben pensiones compensatorias. Lo que quiere decir que en 2010 en España solamente 12.135 mujeres del edad promedio de 42 años recibieron pensiones compensatorios (y a sumas que le dejen en pobreza terrible). Pero, si después un año después del divorcio se pueden quitar el pensión a la mujer porque considera que no ha hecho bastante esfuerzos de encontrar trabajo (sin ningún evidencia) o al reverse se quita el pensión porque ha conseguido un trabajo, la tasa de pensión compensatoria de mujeres, que tienen MUCHAS dificultades de encontrar trabajos con sueldos decentes, se acerca al 0%; dejando mujeres que han pasado sus vidas dedicadas a sus familias en un estado de pobreza horrible después del divorcio (vea documento #10). Estés estadísticas DEMUESTRA CLAREMENTE QUE MUJERES EN ESPANA SON DISCRIMINADA EN EL DIVORCIO PERO SON LAS AMAS DE CASAS QUE SON MAS DISCRIMINADAS. Las ideas que tienen los jueces sobre el mundo laboral and las posibilidades de empleo de amas de casas que han sido fuera del mercado laboral durante muchos años, demuestran una falta de entendimiento total sobre las realidades del mundo moderno, and muy preocupante por gente que decisiones tiene un impacto tan importante sobre la vida de tantas mujeres and niños. TANTO QUE SI ACTORES ESTATALES SON RESPONSABLES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS and CIVILES.
  •  “dado su edad las reales posibilidades de acceso al mercado laboral la verdadera dedicación pasada a la familia, confiada a empleada de hogar, siendo el progenitor masculino el que ha apoyado a los hijos comunes en las tareas escolares, e inexistente la necesidad de dedicación presente and futura” Estés líneas son quizá el más discriminatorio a las amas de casas como se demuestra una falta de entendimiento and apreciación por el trabajo de la mujer and madre dentro de la casa. and la idea que cuando ya no se necesita más a la esposa and madre, se lo tira a la calle sin nada, ni reconocimiento financiero, ni reconocimiento emocional es muydiscriminatorio and preocupante sobre la estima en el cual se considera la mujer en España. También, cualquier que se puede creer que la sola responsabilidad o trabajo de una pariente es ayudando hijos en tareas escolares (QUE SIEMPRE HA SIDO YO and NO SU PADRE) es muy, muy preocupante. Como fundadora de una organización/empresa dedicada a ayudar familias and niños para que sean bien equilibrados and productivas en la sociedad es muy preocupante. La falta de entendimiento total sobre las realidades de creer and educar niños bien adaptados, responsables, educados, bien equilibrados, etc. para ser adultos preparados para contribuir de una manera positiva and constructiva a la sociedad es otra vez muy preocupante and discriminatorio sobre las amas de casas/madres como “trabajadores” dentro de una sociedad. Además, en relación de este prejuicio contra la mujer/ama de casa se debe considerar Art. 97
  • Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges. El acuerdo and así contrato que yo tuve con mi ex marido, figado por 20 años de acciones acostumbrados and en acuerdo con artículo 2 de Los Principios del Ley Contractual 1999, era que yo renuncié mi carrera, perspectivas profesionales and estudios superiores en deferencia del empleo de mi marido como ejecutivo expatriado del BBVA. Yo dedique mi tiempo a la educación and desarrollo personal de nuestros hijos, and nuestro hogar and familia. Yo ejecuté todos estés obligaciones and deberes mucho más allá de mi deber, and el subida profesional de Señor González tuvo mucho a ver con mis contribuciones “sociales” dentro de las comunidades expatriados (vea documento #11 – CV de Quenby Wilcox), sobre todo dentro de las familias expatriadas del BBVA, tanto que mi apoyo emocional ENORME a Señor González, sobre todo durante un tiempo supremamente difícil para él en relación de su trabajo con el BBVA en Bogotá, Colmbia. Además, después que mis hijos empezaron el colegio, he pasado las horas escolares trabajando en la comunidad, así contribuyendo de la reputación de la familia. En cambio por todo eso mi ex marido asumirá la responsabilidad and seguridad financiero de mí and nuestros hijos. Bajo el ley de gananciales and leyes españolas sobre el matrimonio and su disolución, yo tuvo razón de creer que los costumbres sobre cuidado de los niños and manteamiento financiero seguirá mismo en el caso de disolución de nuestra matrimonio. Yo estaba desarrollando un negocio desde la casa para participar financieramente a la familia como mis hijos eran más mayor, and estábamos en una situación preocupante financieramente, pero bajo el principio de persona razonable si una mujer renuncia a su carrera en deferencia de la carrera de su marido and bienestar de la familia, hay una obligación moral and legal que el marido tiene que asegurar que vive con dignidad and confortablemente dentro de sus posibilidades, mismo en caso de divorcio. Debe notar que bajo el ley de contracto europeo, los partidos a un contrato de empleo son acudido unos derechos sobre seguridad de empleo, compensación financiero, seguro de salud, condiciones de trabajo seguros, seguro de desempleo, derechos de pensiones, etc., and bajo el principio de la persona razonable amas de casas deben ser acordado de los mismos derechos que cualquier empleo en la sociedad. El hecho que tribunales del divorcio no reconoce el matrimonio como contractual ni un trabajo, con los mismos derechos del cual quiere otro trabajo es discriminatorio, and relega las amas de casas al situación de servidumbre; en violación del artículo 4 del Declaración de Derechos Humanos, inter alía.
  •  “se habrá enjugado and subsumido por completo el desequilibrio efectivo que le ocasiono la ruptura de su matrimonio… , siendo este periodo suficiente a adaptarse a las exigencias del mundo laboral actual, si muestra al respecto la debida actitud and adecuado esfuerzo, lo que ha lo va requerir grandes sacrificios por su parte en razón de la formación con la que cuenta…Reiterarnos, en el plaza de dos anos, computados en los términos dichos, se considera que la recurrida se encontrara por su indudable aptitud and cualidades, en situación de satisfacer con autonomía sus necesidades básicas, sin precisar de prestación del marido, en plena disposición de tiempo para su preparación e inserción al empleo, de modo que si transcurrido el periodo que matrimonio a la quiebra del mismo, sino a factores ajenos a estos por completo, como pueden ser el tiempo de dedicación al trabajo, el sector seleccionado para prestar los servicios, la características actuales del mercado, al esfuerzo personal que se demuestre en ello, a la propia actitud, al azar…. en igual situación frente al empleo que se encontraba antes de contraerlo, advirtiendo por cierto en este punto, que al momento de contraerlo Doña Quenby no pasaba de estudiante… pues el que postula tal derecho da de estar en posición de inferioridad económica respecto de la que disfruta antes en el matrimonio…hasta el momento en que aquella aceda a un empleo, en todo caso, en el periodo máximo de dos anos, computados desde la fecha de la sentencia de instancia, transcurrido en cual se extinguirá automáticamente, de no háblese obtenido trabajo antes, and sin necesidad de nueva declaración. Otra vez es muy preocupante en estés líneas la falta de entendimiento de la realidad and lógica sobre amas de casas que vuelven al mercado laboral después de estar fuera muchos años, tanto que las ideas discriminatorios. La idea que una mujer que lleva 20 años fuera del mundo laboral and en dos años se puede reintegrarse and subir al nivel de responsabilidad and sueldo que hubiese tenido si jamás ha dejado de trabajar es alucinante and solamente se puede justificar con la creencia que mujeres son incapaz de avanzar and subir en el trabajo igual que los hombres; claramente discriminatorio contra la mujer. Luego el hecho que después 2 años and medios de divorcio él no tiene que pagar ningún pensión compensatorio, que de todos modos no estaba pagando casi desde el principio, and claramente favorece al hombre. Se debe notar que en el año 1987 yo, con el mismo edad de mi ex marido, menos estudios and en el mismo profesión de finanzas, ganaba bastante más que Señor González, and si yo hubiese quedado en el mundo laboral, o podía acceder a los fondos de pensión compensatorio que me debe Señor González para montar mi negocio, yo será ganando un sueldo más elevado que él. and es exactamente porque él esta, and siempre ha sido, tan desesperado que yo no trabaja fuera de la casa; la vergüenza de tener una mujer exitoso en el mundo laboral, sobre todo después que él ha destruido su carrera, será por su ego machista el peor de todo.
  • ..hay que tener en cuenta que la mayor parte de las separaciones and los divorcios tienen una incidencia negativa en la económica de ambos cónyuges” El declaración que los divorcios tiene una incidencia negativa en la económica de ambos cónyuges también demuestra la falta de entendimiento de la realidad sobre el discriminación en los tribunales de divorcio. Estudios demuestra que “los ingreso del hombre suben a 120% después del divorcio, mientras que los ingresos de la mujer bajan por 33% (Wishik, 1986), los estándares de la mujer decline 73% en el ano después del divorcio, mientras que lo del hombre subió 42% (Weitzman, 1985).
  •  “Que nos permita considerar que la pérdida de empleo [de Javier González de Alcalá] es a estas efectos relevante, como ajena a la voluntad del actor recurrente, cuando refiere que se debe a absentismo laboral injustificado, sin indicar siquiera haber impugnado el despido en el marco de la jurisdicción laboral.” La actitud de Sr. D. Francisco Javier Correas González, Sr. D. Ángel Sánchez Franco, Sra. Doña Rosario Hernández Hernández que cuando es la mujer que ha sido fuera del mundo laboral durante 20 años, ella no puede encontrar trabajo por mala fe de su parte, pero cuando el hombre esta despedido después de 25 anos en el mismo empresas es por mala fe de parte de la empresa es claramente discriminatorio contra la mujer and favorece al hombre. Estés actitudes demuestra una doble estándar flagrante. También, si Señor González ha perdido su trabajo por “absentismo laboral injustificado” poco después del divorcio se demuestra SU INCAPACIDEZ de gestión una casa, mantener un trabajo and cuidar a nuestros hijos todo a la vez. Durante 17 años yo he hecho todo eso, sin remuneración, and sin ningún problema. Eso demostra claramente un error profesional muy grave de la parte de Doña Pilar Saldaña Cuesta en acordando la custodia de los niños al padre. Se debe notar que ella no solamente ha hecho un error grave en acordando la custodia al Señor González, pero también en entregándolo todos los recursos financieros and patrimonio familiar. El siempre ha sido completamente irresponsable con la gestión del dinero. Es por esta razón que yo tuve que encontrar and montar un negocio que eventualmente podía asumir la seguridad financiero de mi familia. and por la falta de debido diligencia de la parte de todo el mundo implicado en este divorcio, el poco patrimonio que yo estaba intentando de salvar esta perdido para siempre. No solamente la falta de abogados de entender manipulaciones judiciales defraudó mí and mis hijos de nuestra patrimonio, pero cuando mi ex marido terminará perdiendo todo soy yo que será encargado de mantener a él. Pero, mismo después todo lo que me ha hecho, es el padre de mis hijos, era mi marido durante muchos años, and yo tomo las responsabilidades and obligaciones de ser pariente and esposa (mismo ex esposa) muy enserio. Eso son los verdaderos valores de “familia”, no las ideas arcaicas que yo he encontrado en los últimos 4 años sobre el matrimonio, la mujer and el hombre.
[iii] PROPOSED FINANCIAL SETTLEMENT
JAVIER GONZALEZ DE ALCALA VS. QUENBY WILCOX
I am requesting financial settlement and liquidation of assets in consideration of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and the Equality Act 3-2007.
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
  • Art. B 18. “Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.
  • Art. 19. States should consider incorporating into the national law norms proscribing abuses of power and providing remedies to victims of such abuses. In particular, such remedies should include restitution and/or compensation, and necessary material, medical, psychological and social assistance and support.”
Equality Act 3 – 2007
  • Article 11. Positive action
“In order to ensure the effectiveness of the constitutional right to equality, public authorities will adopt specific measures favouring women to correct situations of obvious de facto inequality with respect to men. Such measures, which will be applicable while the situation subsists, must be reasonable and proportional to the objective pursued in each case.”
  • Article 13. Burden of proof
“Pursuant to procedural law, in proceedings in which the plaintiff alleges discriminatory conduct on the grounds of sex, it will be incumbent upon the defendant to prove the absence of discrimination in the measures adopted and their proportionality.
For the intents and purposes of the provisions of the preceding paragraph, where deemed useful or relevant, judicial bodies may request a report or opinion from the competent public bodies, ex parte.”
In consideration of the following financial settlement it should be noted that since 2007 I have been asking (and asking) that my legal counsel petition the courts a subpeona requesting that BBVA deliver all financial information regarding salaries, bank statements, deposits, and any and all assets and/or liabilities in the name of Javier Gonzalez de Alcala under common property law (as defined by art. 1316, 1318, 1319, 1322, 1328, 1344, 1345, 1346, 1351,1361, 1371, 1375, 1376, 1377 and 1390, inter alía of the civil code) during our marriage (1991 until October 2008), under art. 33.3 of the Spanish Constitution, art. 23 International Pact of Civil and Political Rights,  art.15 and 16 the Convention on the Elimination of Discrimination of Women, inter alia. The failure of my lawyers and the presiding judge to access this information as well as all funds and assets that belong to me under common property law are in violation of art. 252, 250.7, 267, 512, 29, 17.2, 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, and 22.6 of the penal code.
And, since these acts have been due to discriminatory traditions and customs (see Instituto de Mujer Denuncia – Quenby Wilcox – Discrimination against Women by the Courts) and constitutes indirect discrimination under art. 6 of the Equality Act, the burden of proof of the inexistence of the following assets, liabilities and/or financial reparations fall on Senor Gonzalez de Alcala (or any other person who has incurred a financial liability for damages caused under art. 17, 22, 28 and 29 of the Spanish penal code) under art. 10, 11 and 13 of the Equality Act.
  1. € 1.200.000 for lost net profits of Global Expats in the past 2007 – 2012 (Salary of €200.000/year).
In July of 2007 my ex-husband threatened to take away my children, all of my assets and throw me on the street with nothing, if I did not stop working on this project. Additionally, these threats continued into 2008, escalating to threats on my life, assuring me that he had the power and connections to do as he promised.
Everything that occurred in the past years has been with the expressed intention of preventing me from creating and developing my company; or more concisely under terminology of the UN Commission on Human Rights reports “punishment” for my “disobedience.”
Project on a Mechanism to Address Laws that Discriminate Against Women
-Office of the High Commissioner for Human Rights – Women’s Rights and Gender Unit
Obedience Laws – Husband’s marital power
All States include leaving the home without permission or disobeying instructions about working or not working outside the home as conditions likely to lead to a wife being said to be disobedient.489 This denial of a woman’s independent or unfettered right to work outside the home may be because the husband is supposed to support her. However, the effect is to create dependence….
The obvious question is to why? The response is simply. Abuse of power whether it be in the home or community at large is about control, domination, and submission. And, the greatest weapons abusers have are the ignorance, misinformation, short-sightedness, and prejudice of people as well as the network the abuser has at his disposal.
Additionally, my ex-husband’s efforts to prevent me from creating Global Expats violate his duties and responsibilities to me under art. 67 and 68 of the Spanish civil code, and should be held financially answerable for his failure to live up to these obligations.
Whether any public or private authority (s) intentionally or unintentionally, knowingly or unknowingly, participated in actions that infringed upon my rights under Spanish or international law is immaterial. The State has an obligation of due diligence in assuring that my rights are protected. I cite the following:  
Spanish Constitution
  • Art. 35.1 “All Spaniards (and aliens under art. 13.1) have the duty to work and the right to employment, to free choice of profession or trade, to advancement through their work, and to sufficient remuneration for the satisfaction of their needs and those of their families; moreover, under no circumstances may they be discriminated against on account of their gender,” and
  • Art. 38 “Free enterprise is recognised within the framework of a market economy. The public authorities shall guarantee and protect its exercise and the safeguarding of productivity in accordance with the demands of the economy in general and, as the case may be, of its planning.”
Declaration of Human Rights
  • Art. 5 “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”
  • Art. 7 “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protec­tion of the law. All are entitled to equal pro­tection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)
  • Article 2  “States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: (c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination; (d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation; (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise; (f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;”
  • Art. 11.1. “States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: (a) The right to work as an inalienable right of all human beings; (c) The right to free choice of profession and employment,”
  • Art. 15. 1. “States Parties shall accord to women equality with men before the law.”
  • Art. 15.2. “States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals. (h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.”
Covenant on Civil and Political Rights
Art 2.3. Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
  • Art. 6.1 “The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.”
  • Art. 15.1 “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:  (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.”
The target market of Global Expats
  • Consists of 50 million expatriated families around the world
  • Expatriated families generate spending of €11,5 trillion/year, enabling advertisers on Global expats website to reach these markets
  • At present, Global Expat audiences produce 20-25 million page views/month on expat websites, with www.global-expats.com (with total inability to develop the product) consistently generating 75,000 page views per month since its inception. Target “page view/months” by FY2-3 of new website is estimated at 10-20 million page view/months.
  • Global Expats Linkedin.com and Facebook.com social media campaign in 2011-2012 has generate almost 2000 members and much interest from companies within the global mobility industry, HR department of multinationals, US State Department – Foreign Service HR Division, members of Family in Global Transitions (FIGT – www.figt.org),  and trailing spouses around the world.
Additionally, the project will generate hundred of employment opportunities for unemployed, expatriated homemakers in the first 5-10 years, and thousands thereafter (see prospectus on www.global-expats.com/expat.aspx?section=english/about-company.)
Not only has my ex-husband, and person or persons implicated, denied me my right to free choice of employment, and any and all fruits of my labors, but have hampered my ability to produce gainful employment for many other women.
  1. €450.000 of lost savings and investment capital during the marriage
Under Art. 1371, 1375, 1376, 1377 and 1390 of the Spanish civil code during our marriage not only was my ex-husband obligated to consult me and respect my wishes in regards to the management of family assets and savings, but he can be held financially responsible for my portion of losses.
Under the aforementioned articles of the Spanish civil code as well as CEDAW, Article 16.1. (h) “States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.”
I am asking for damages and financial reparations for the extraordinarily irresponsible trading loss incurred by my ex-husband in 1997-98. He bought and lost €450.000 (the family savings in its entirety) of new-issue stock in a highly volatile speculative industry. Not only was this done without my consent, but was done against my expressed instructions. It should be noted that the two low risk/moderate return investment options that I had proposed to him at the time would be worth €1.285.700 or €2.791.800 today.
Under the reasonable person principle it is impossible to consider that his actions were in any way shape or form, investing. They broke every single basic rule of investing and financial management, and for a currency trader of 20 years/Director of the Treasury Department of an international bank, it is absolutely inexcusable.
Initial investment of €450.000 and at a compounded interest of 4.5% (average of certificates of deposit in past 12 years) it would be worth today €763.146,64 ÷ 2 = €381.573
  1. As mentioned before under Art. 1375, 1376, and 1377 of the Spanish civil code not only was my ex-husband obligated to consult me and respect my wishes in regards to the management of family assets and savings, under art. 67 he was obligated to act in the best interest of his family.
In June 2007 I found bank statements indicating that my husband was once again irresponsibly invested in the stock market.
In the ensuing months, by every means, I tried to impress upon him the inevitability of a market crash, and the riskiness of his stock position. He adamantly refused to listen to me, even threatening to take all of our saving and “lose it all on purpose.”  Under the reasonable person principle, purposely losing all family savings, or threatening to do so, is not in the best interest of one’s family.
I sent him a certified letter, through his lawyer in early 2008, requesting that he liquidate his long position and that we start examining global options markets in order to invest € 20.000  (7% of savings and .7% of assets,) in a variety of derivative, short positions. It is difficult to calculate the lost opportunity cost, but the return on investment could have easily reached €1.000.000 or more . Financiers who went “short” before the 2008 crash made literally a fortune.
I abstain from including lost opportunity costs of 2008 in my calculations, as they are speculative, but would like to introduce them as evidence to as to my ex-husband’s continual refusal to respect my wishes in investment decisions, which even before my marriage were always based on principles of responsible financial management. = €0.0
  1. €175.000Renounced higher education opportunities in deference to my ex-husband’s career.
In addition to sacrifices to my career and financial benefits during my marriage, I sacrificed educational opportunities. If I had possessed these degrees at the time of my divorce, then my marketability and income level would have been substantially higher than my present income of $24,000/ year. I am requesting replacement value of lost educational opportunities.
  • Law degree in international law, renounced in 1989 (Miami) –  $150.000 usd  €120.000
  • MBA, renounced in 1993-1994 (Brussels) (in court documents there is reference to my “masters in GMAT.” GMAT’s is the entrance exam into an American MBA programs NOT a degree or diploma! $70.000  usd  €55.000
  • Master in Jewelry Design and Fabrication,  renounced in 1996 (Paris) – $44.000 usd €33.000
TOTAL = €175.000
  1. Sept 2007 – Dec 2008 – Retention of ½ of my husband’s income, which under art. 1347 of the Spanish civil code belonged to me. (During these months my ex-husband cancelled my credit cards on 3 occasions in violation of  art. 1318, 1319, 1362, 1366, 1368*, 1369, 1374, 142, 143 and 154 of the civil code). This information should have been introduced as evidence as to his abuse during judicial proceedings, but my lawyers failed to include it. = (€155.000 annual salary ÷ 12) X 14 months ÷ 2 =  €90.400 (minus €500 alimony paid X 10 = €5000 and minus €1.500 X 10 child support = €15.000) = €90.400 – €20.000 = €70.400
*art. 1368 – Common property shall also be liable for obligations entered into by only one of the spouses, in the event of de facto separation, to attend to maintenance, insurance and education expenses of the children for whom the community of joint assets is responsible.
Income withheld from me September 2007 – October 2008  = €70.400
  1. Dec 2008 – April 2012 – Back alimony minus child support payments as agreed upon in December 2008. € 15.200
  1. €256.045 of stocks and time deposit in single and joint name accounts plus compound interest of 3% 2007-2010
It should be noted that the joint name account was opened in May 2007, and in July 2007 I attempted to withdraw funds from it as consequence to my husband’s repeated threats to purposely lose all of our savings. The bank denied me access to these funds as they contended that the joint account was dependent on my husband’s single name account; therefore, no funds could be withdrawn without his authorization. However, after our divorce the bank allowed him to withdraw all funds from this joint name account without my authorization.
Why after 17 years of marriage, keeping all bank and investment accounts under his name, he chose to open a “false” joint account is a matter of speculation. And, it is a question my lawyers should have raised during divorce proceedings. Additionally, the possible existence of such account in Spain is in violation of:
  • Spanish Constitution Article 33. 3. “No one may be deprived of his or her property and rights, except on justified grounds of public utility or social interest and with a proper compensation in accordance with the provisions of the law.”
  •  CEDAW Arts. 15.3 and 3. “States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.”
Additionally, under art. 3 of the Spanish Equality Act. 3- 2007 I deserve to be compensated for any discriminatory actions or consequences therein that were a direct or indirect result (art. 6.2 of Equality Act 3-2007) of the existence of said bank account and whose legality is dubious. If the bank had provided me access to my funds of said account in July 2007 not only would I have had provided monies with which to cover legal fees for my divorce, but also funds with which to initiate legal proceedings in Florida against my web designers (www.global-expats.com) and their ongoing breach of contract.
  • Equality Act 3-2007 Article 10. “Legal consequences of discriminatory conduct – Any act or clause in legal transactions constituting or causing discrimination on the grounds of sex will be considered to be null and void and will give rise to liability both through a system of redress or indemnity that will be real, effective and proportional to the injury suffered and, as appropriate, through an effective system of deterrents consisting in penalties to prevent discriminatory conduct.”
  1. € 200.000 – One half of €400.000 legal expenses incurred during divorce proceeding, including 20% of liquidation of final property settlement. As all legal expenses of my ex-husband were paid with from common property funds, and as Senor Gonzalez de Alcala is, and has, illegally retained my funds since September 2007, under art. 1390, 1391, 1766, 1767, 1094, 1098, 1101, 1102, 1106, inter alia of the civil code, and art. 11, 12, 15, 17, 21, 22, 23 250.7 and 252, inter alia of the penal code.  I request equal treatment and compensation for damages under articles 9, 10, and 11 of the Equality Act 3-2007.
  1. € 1.200.000
  2. €    381.573
  3. €            0.0
  4. €    175.000
  5. €      70.400
  6. €      15.200
  7. €    144.095
  8. €    200.000
TOTAL                 2.027.132
Additionally, as no mortgage exists on our home, nor is there any legal justification as to why I should have been held 100% responsible for any alleged mortgage, I will retain 50% equity, and ½ of the proceeds upon the sale of our home at fair market value. Market value in 2012 is €950.000
It still remains unclear to me exactly where any loan or credit is held in my ex-husband’s name, or even if said loan, amortized at €2,150/month in salary deduction for the past 5 years, exists. However, under art 1385 of the Spanish civil code my ex-husband will assume this debt in its entirety, regardless of whether it exists in fact or on paper.
If Javier González de Alcalá is unable to pay the € 2.027.132 up front, I will accept a payment of € 800.000 in cash, with monthly installments of € 5.113 over 20 years. Upon failure to comply with monthly payments, Xavier Gonzalez de Alcala will be held responsible for all and any legal costs associated with their reclamation. Inability to conclude full payment will cause full equity of our home to revert to me, and Xavier Gonzalez de Alcala will vacate the premises, forfeiting all and any rights to proceeds upon its sale.
However, in order to avoid any further litigation in Spain, AND ABOVE ALL IN INTEREST OF OUR CHILDREN, I will accept the following:
  • Settlement of € 850.000 that Javier González de Alcalá shall pay to Quenby Wilcox, to be paid € 600.000 in cash and monthly payments of € 5000/month for the next 5 years. I will be willing to waive these payments and forgive any pending debt when my company starts generating financial independence and security for me and my children. This is contingent upon his abstinence from aggression, harassment or any other form of abuse towards me and our children. Failure to comply in the next 10 years will be grounds for my reclamation of any pending debt and payments.
  • Both parents will be responsible for assuming the financial needs of our children until they have finished any and all studies. However, during the time it takes to create my business and generate revenues, I will be responsible for child support payments at a rate of €75/month per child.
  • I will reside in Spain as long as my children wish to continue their studies and/or live there. But, I retain the right to travel outside of Spain with them with no reprisal or retention of financial support from their father in case of such trips. Failure to comply will result in modification of this agreement.
  • If need be, upon my return to Spain in 2012, I will reside in the pool house for the period it takes me to find and rent proper accommodations in Villafranca del Castillo/Villanueva del Pardillo/Majadahonda area. This period will not exceed 6 months. I promise that I will not have any over-night guests, other than perhaps members of my immediate family (ie. niece, nephew, sister, brother, etc.) During this time, my ex-husband will refrain from any harassment, aggression, or any other form of abuse towards me or our children. Failure to comply will result in modification of this agreement.
It should be noted that I will do everything possible to minimize the amount of time of residence in the pool house. I intend on staying with friends upon my immediate arrival in Spain, and depending on the ease and rapidity of finding rental accommodations, my residence in the pool house may not be necessary.
If my ex-husband threatens, bullies, or uses any coercive forces on our children, or if I believe that their safety or well-being is in jeopardy, I will solicit sole custody and domicile of our home from the courts, until which time they have finished their studies.
  • Javier may continue to reside in our home for as long as he wishes, but will refrain from using it as collateral in any loan application. Additionally, he will assume all costs in regards to its proper maintenance and repairs and failure to do so will be grounds for modification of this agreement. No reforms or modification to the home will be made without my written consent.
As long as I have no financial need for my portion of the equity of this home, I agree that it will remain common property of my family and not be sold, and the principle residence of Javier Gonzalez de Alcala. It has always been my desire that a residence in Spain, as my desire for one in the USA, be maintained for the use of my children and their future families.
  • One half of the furniture and household items of our home will be made available to me upon my installation in proper housing in Spain. All of my jewelry making equipment and machines as well as the 3 lots of emeralds, and personal objects remove from me by my husband in 2007-2008 shall also be returned. Replacement value of these goods, €70,000, will be added to the financial settlement, if they are not returned.
  • The VW Golf 1989, matriculation M 5087 MM, will be awarded to me, with any damages to its interior or exterior repaired before delivery, the cost of which will be assumed by Javier. It was in perfect working condition in January 2009, with only a few “cosmetic” wear-and-tears. Additionally, all cost associated with its maintenance, taxes, etc., from 2009 until delivery will be assumed by Xavier Gonzalez de Alcala.
  • Additionally, Xavier Gonzalez de Alcala will agree to withdraw any judicial proceedings against me and refrain from initiating new ones in the future. He will also cease and desist his harassment and stalking of me in all forms. Failure to do so will result in modification of this agreement.
  • I will be provided with all tax return information and pertaining documentation from 1990 -2008 in the name of Xavier Gonzalez de Alcala. (This is based on the assumption that any monies received by me in Spain from my ex-husband, will be considered revenue and produce a tax liability. Since these monies are just a transfer of title of assets under common property law, and which have already been taxed as income revenue, I intend on contesting any tax liability generated.  I, therefore, will require appropriate documentation of income and corresponding tax payments. If my assumption is erroneous, I will not require tax returns, etc.)
  • While I will not include as stipulation to the agreement, I hope that Xavier will seek help for his anger management issues. If he is willing to seek COMPETENT professional help we might one day be able to have a cordial relationship. One of my greatest regrets is the degree to which gross incompetence and negligence of marriage counselors in Colombia and then Madrid, contributed to the demise of our marriage. One of the projects I am involved in at present is in the area of prevention of domestic abuse, rather than crisis management after the fact; THE PRIMARY REASON SO MANY WOMEN AND CHILDREN ARE BEING KILLED EACH YEAR.
If Javier does not wish to accept the €850.000 agreement, nor does the judge’s decision comply with the conditions set forth in my proposed settlement and
€ 2.027.132 financial settlement, I wish to exercise my rights to file a recurso de amparo with the Constitutional Courts of Spain under art 12 of the Spanish Equality Act 3 -2007. I do realize only violations of articles under section 1 of Chapter 2 of the Spanish Constitution (excluding section 2) are admissible in recurso de amparo may but I do intend on citing violations under section 1 in conformity with international treaties, particularly the CEDAW, a well as the homemakers right to recognition as a“legitimate job” and right to work under art. 35 of the Spanish Constitution. 
If I am unable to arrive at an equitable financial settlement with Senor Javier Gonzalez de Alcala, and/or liabilities incurred by negligent legal counsel in Spain, I will be seeking reparations within international tribunals for personal financial and moral damages, as well as financial damages incurred by Global Expats (lost income and profits) from 2007 until which time a settlement is reached.

The failure of family courts to protect victims of domestic abuse is ‘extensive’, ‘systematic’, and ‘knowingly’ being perpetrated by ‘public authorities’ in countries across the globe — fulfilling criteria of ‘crimes against humanity’

Lundy Bancroft explores the profile of a batterer and the dynamics involved

Lundy Bancroft is an author, workshop leader, and consultant on domestic abuse and child maltreatment – www.lundybancroft.com

Ms. Meier is the Founder and Executive Director of DV LEAP and Professor of Clinical Law at George Washington University Law School.  Over the past 20 years she has litigated hundreds of domestic violence cases at both the trial and appellate court levels – www.dvleap.org

 

Duluth Model - Power and Control

Duluth Model - Power and Control ESP

It’s time that rhetoric was transformed to reality!!!

 RHETORIC, RHETORIC, RHETORIC AND MORE RHETORIC….

Will anyone ever get around to actually doing something?!?!?….. 

All of this rhetoric and ‘hot air’ is just adding insult to injury!!!!

THE REALITY….

WOMEN IN THE USA AND AROUND THE WORLD ARE BEING SILENCES BY THE COURTS, INCARCERATED IN JAILS & PSYCHIATRIC WARDS, OR FORCED TO FLEE INTO HIDING!!– THIS IS THE  REALITY BEHIND THE EMPTY RHETORIC AND PROPAGANDA!!

Complaint to the Defensor del Pueblo & CGPJ ’12-1(ENG) 5/15/12

DOMESTIC VIOLENCE IS A HUMAN RIGHTS VIOLATION 

IT IS NOT A “PRIVATE MATTER’ AS THE SPANISH AND AMERICAN GOVERNMENTS CONTEND!!!

Domestic Abuse as a Human Rights Violation and the Principle of Due Diligence:

An Intersectional Approach

Human, Civil & Constitutional Rights Violations,

Discrimination Against Women,

Lack of Due Diligence,

Corruption of Judicial Procedures,

Criminal Liability of Judicial Actors,

in Cases of Domestic Abuse

within Family Courts & Family Law

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Denuncia Contra el Juzgado de Mostoles, Primera Instancia #2

González de Alcalá vs. Wilcox

Introduction

In presenting my complaint against the juzgado of Mostoles primeria instancia #2, my legal counsel, and all State and non-State actors implicated, for their lack of due diligence in violations of my (Quenby Wilcox) and my children’s human, civil and constitutional rights, and for discrimination against me as a woman and foreigner, I hope that the Spanish authorities will accord it the importance it merits.

While my complaint is against the juzgado de Mostoles, my grievance is against all tribunals and judicial systems in Europe, North America, Oceania, inter alia, that are violating the rights of their citizens, encouraging and participating in discrimination against women, and failing to protect victims of gender violence and domestic abuse.   And, in presenting my case to the Spanish authorities, international tribunals, inter alia, as well as all forms of media communication at my disposal, I am exercising my right to freedom of expression and thought.

It should be noted that the lack of due process and violation of rights can, and does, happen to all citizens in judicial systems, but women, foreigners, the poor, minorities and children are more exposed to these abuses of powers due to discriminatory customs, traditions and beliefs of judicial actors, as well as within the general population. While these problems are inter-related, discrimination and violations of rights should not be seen as problems that are contingent or causal, but rather problems that co-exist within a much greater arena; the failure of the democratic process.

It is for this reason that in efforts to prevent the violations of rights and discrimination, and as we shall see corruption and negligence, as well as assure successful legislative reform, and accountability and transparency within the judiciary; the real challenge comes in defying and changing the antiquated norms, beliefs and customs which permeate and guide judicial procedures and decisions.

While the issues presented in my case happened within a divorce court, and for many nothing more than a “private affair”, the following should be noted.

Divorce, whether it involves gender violence or not, happens within a judicial system, under laws and judicial procedures, and as such reflects upon the integrity and honor of the fundamentals upon which democracies are based. I cite art. 1.1 and 1.2 of the Spain’s Constitucion – English. Spain is hereby established as a social and democratic State, subject to the rule of law, which advocates freedom, justice, equality and political pluralism as highest values of its legal system. National sovereignty belongs to the Spanish people, from whom all state powers emanate; as well art. 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 27, 33, 35, 38, 40, 41, 45, 47 and 51.  Any acts, opinions, or decisions by State or non-State actors that infringe upon the rights and liberties of any citizen (of Spanish or foreign nationality, and feminine or masculine sex), are participating in the corruption of said democracy, and principles upon which they are founded.

A true democracy is not founded upon a simple piece of paper where these articles and principles are written, but in the dignity and honor that every person possesses, and in their responsibility and obligation to respect, as well as defend the dignity and honor all other persons living within his or her community or country.  As guardians of the Constitution and its principles, judicial actors, be they State or non-State actors, possess an even higher responsibility and obligation to defend these principles.

These are not principles that human beings have or understand at birth, but are based upon beliefs, customs, traditions and behavior that are learned, and determined by those people who care for, educate and relate with them during their entire life, especially the first 20 years.

It is for this reason, and in light of the fact that 3 out of 4, or 75% of marriages/civil partnerships in Spain end in separation and/or divorce, that the decisions by tribunals regarding custody or financial considerations, are not, nor cannot be considered a “private affair” or “civil dispute”, particularly within the political arena.

The education and well-being of our young, of today as well as future generations, should be, and must be, the NUMBER ONE preoccupation, of governments around the world, as well as the defense of their rights and liberties at all levels of society, above all in our judicial systems.

As demonstrated in the report Domestic Abuse – A Human Rights Violations & Principle of Due Diligence – an Intersectional Approach, the economic and social well-being of a country depends directly upon the health and well-being of its people. The problems associates with the psychological and physical well-being of a nation; be they economic, educative, social, health-related, criminality etc., etc., problems which all of our countries are facing, are the direct result of the antiquated socialization of our young, which is based upon abuses of power, excessive discipline or excessive permissiveness. Socialization techniques of “civilizations” have been developed over thousands of years and have taught domination of the strong over the weak, tyranny, hate, discrimination, but all too rarely the principles of conviviality, dignity, respect or equality.

If we wish to create a world where we can all live in peace and prosperity, we must radically change the way that we relate to each other. In order to achieve this goal we must start with the way in which we nurture and education our children, as well as the morals and values that we transmit and teach them.

In considering my case and complaint, particular attention should be afforded the damages which are caused by the lack of integrity and wide-spread corruption[1]  within judicial system and the negative impact on an economy, particularly in light of the present global economic crisis.

It is well demonstrated that corruption has a negative impact on the development of new businesses, the development of free commerce, the development of infra-structures, the confidence of foreign investors, and promotes political corruption at all levels. I cite The Relationship between Human Rights and Corruption: the Impact of Corruption on the Rights to Equal Access to Justice and Effective Remedy by Victoria Jennett [2]

“Corruption in the judicial system undermines democracy and human rights as well as diminishing economic growth and human development. The judicial system is the cornerstone of democracy: the enforcer and interpreter of the law passed by the legislature and implemented by the executive. It is also the final arbiter of disputes between parties. If a justice system is corrupt public officials and special interest groups can act in the knowledge that, if exposed, their corrupt and illegal acts will go unpunished. Public confidence in governance and the institutions of state is eroded as judicial corruption facilitates corruption across all sectors of government and society. Human rights are debased as citizens are not afforded their rights of equal access to the courts, nor are they treated equally by the courts. The international business community is reluctant to invest in countries – often developing countries that most need investment – where there is no certainty in the rule of law and no guarantee that contracts will be respected because the judicial system is in the service of those in power or with the deepest pockets rather than in service to the rule of law.”

My own case exposes not only how corruption acts within the judicial process, its consequences from a human, civil and constitutional rights perspective, and the criminal liabilities produced by actors of said corruption, but also the consequences that it has on the development of a commercial entity within a country.

My company, Global Expats[3]/www.global-xpats.com, would have generated €100+ millions in revenues in the past 4 years, as well as thousands of jobs, and at present would be headquartered in Spain, (paying substantial taxes) if it had not been for the misappropriation of all of my assets by the Spanish judicial system.

In considering my case, and complaint, the Spanish authorities should look at the problems presented as representative of what is occurring in family courts, particularly in cases of gender violence and domestic abuse. The traditions that cover-up abuses of power, whether within the family, community, or tribunals, all utilize the same tactics and have the same objectives (intimidate and dominate the victim), but are so ingrained in our customs and minds that the majority of people do not even recognize their existence.

Therefore, while customs, traditions and laws that I am challenging and defying might be considered “normal”, for the simple reason that they have always existed, they cannot be defended or maintained under this principle. It is in this spirit and under art. 1, 2, 3, 4 and 5 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,art. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 and 14 of the Spain’s Equality Act 3-2007 – English and the principle of “positive action”  in the elimination of discrimination against women, I am asking the Spanish authorities, to accord partners in marriage  (my ex-husband and I, Señora Quenby Wilcox), and the State and non-State actors implicated, the same rights and liabilities, and with the same rigor, as any other contractual situation under the Spanish civil and penal code, as well as Spanish and international law.

The democratic structure offered under the Spanish Constitution, its civil and criminal code, and its organic laws, designed to promote the rights of women (particularly the Spain’s Equality Act 3-2007 – English and Organic_Act_of_Protection_Measures_against_Gender_Violence_(Ley_contra_la_Violencia_de_Género)[1]), and signatures to international conventions and pacts (particularly the Declaration on the Elimination of Violence against Women), is admirable and offers the entire world an exemplary democratic model. However, as long as the rights of citizens that pass through its judicial systems are infringed upon with such facility and so overtly, the survival of the principles of democracy within its borders are in serious danger.

If the Spanish State, and all societies, have any hope of transforming the ideas and political promises of the last 200 years into reality, we must pass from rhetoric to reality and action. And, in this there is no secret; it will be day-by-day, person-by-person, and case-by-case, holding all persons that violate the rights of others responsible for his or her actions, without regard for his or her station in life or power within the society.

In this complaint I introduce Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Women – UN Division for the Advancement of Women  by the United Nations Division for the Advancement of Women 2005, as well as  Broken Bodies Shattered Minds – Amnesty International ENG, in recalling the principle of due diligence and the obligation of the State to protect victims from all forms of violence and torture, whether they be physical or emotional; and/or all forms of de jure and de facto discrimination; and/or violation of human, civil, and constitutional rights under the Spanish Constitution, Spanish civil and penal code and national laws, as well as international conventions, at the hands of State or non-State actors.

Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Women – UN Division for the Advancement of Women [4]

by the United Nations Division for the Advancement of Women 2005 

The failure of justice systems across the globe to effectively charge, investigate and prosecute human rights violations against women and girls has resulted in a system of global impunity for perpetrators, which must be urgently addressed…. Law and legal systems reflect wider cultural values, and in this respect they have been implicated as structures that have not only reflected, but also re-created, gender-based power relations. As a consequence, legal reform has been a core strategy in efforts to create gender equality. Legal strategies with respect to violence against women need to take account of the explicit and implicit ways law and its implementation has failed women, leaving them unprotected and with no route to redress and justice….

Discrimination is a cause of, and makes women more vulnerable to, violence. A form of protection, therefore, is the repeal of all types of discriminatory laws including those relating to inheritance rights, divorce, citizenship, sexual and reproductive rights, division of matrimonial property and employment….

Once laws have been enacted there is a need for ongoing independent institutional mechanisms for oversight. These can take the form of an ombudsperson, a national rapporteur or gender equality machinery. The fact that violence against women occurs in cross-border contexts also invites the development of cross-border cooperation….

Too often inter-agency work at local levels is little more than “window-dressing”meetings, roundtables and even entire projects which result in reports, workshops or conferences, but create minimal change in the support, safety and services provided for victims/survivors, the sanctions applied to perpetrators or the efforts aimed at prevention.

A clear leadership role for women’s specialist services should be built into all inter-agency projects alongside a linked reference group of survivors, or another feedback mechanism, to ensure accountability and monitoring…

Human rights standards are the bare minimum of what every human being should expect to enjoy in their daily lives. They provide internationally recognized and legally enforceable benchmarks…. Adherence to international human rights instruments, without reservations, strengthens women’s enjoyment of human rights and fundamental freedoms, including protection from gender-based violence. Such instruments include:

  • International Covenant on Civil and Political Rights;
  • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol
  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
  • Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
  • Convention on the Rights of the Child;
  • The gender provisions of the Rome Statute of the International Criminal Code
  • International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families;
  • Convention relating to the Status of Refugees and the protocol relating to the Status of Refugees;
  • United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especial  and Women and Children;
  • Security Council Resolution 1325 (2000) on women, peace and security;
  • Declaration on the Elimination of Violence against Women:

Broken Bodies, Shattered Minds Torture and Abuse of Women

by Amnesty International 2001

Torture by private individuals

International human rights treaties not only regulate the conduct of states and set limits on the exercise of state power, they also require states to take action to prevent abuses of human rights. States have a duty under international law to take positive measures to prohibit and prevent torture and to respond to instances of torture, regardless of where the torture takes place and whether the perpetrator is an agent of the state or a private individual.

The International Covenant on Civil and Political Rights requires states to “ensure” freedom from torture or ill-treatment. The UN Human Rights Committee, the expert body that monitors implementation of the Covenant, has stated: “It is the duty of the State party to afford everyone protection through legislative and other measures as may be necessary against the acts prohibited by article 7 [torture and ill-treatment], whether inflicted by people acting in their official capacity, outside their official capacity or in a private capacity”.4

UN Convention against Torture

Article 1: “For the purposes of this Convention, the term ‘torture’ means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

The UN Convention against Torture establishes the responsibility of the state for acts of torture inflicted “at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official”. The European Court of Human Rights has affirmed that states are required to take measures to ensure that individuals are not subjected to torture or ill-treatment, including by private individuals.

In 1998, the Court found that the United Kingdom had violated Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibiting torture and ill-treatment, because its domestic law did not provide adequate protection to a nine-year-old boy beaten with a cane by his stepfather.5 Human rights treaties are “living instruments”, which evolve and develop over time. Decisions by the inter-governmental bodies which monitor states’ compliance with international treaties, as well as by national courts, continually refine and develop the interpretation of what constitutes torture.6 Largely thanks to the efforts of the worldwide women’s movement, there is wider understanding that torture includes acts of violence by private individuals in certain circumstances.

Acts of violence against women constitute torture for which the state is accountable when they are of the nature and severity envisaged by the concept of torture in international standards and the state has failed to fulfil its obligation to provide effective protection.

Severity of the harm

The severity of the harm inflicted upon women by private individuals can be as damaging as that inflicted on women who are tortured by agents of the state. The long-term effects of repeated battering in the home are physically and psychologically devastating. Women are traumatized and injured by rape, wherever the crime takes place. The medical consequences include psychological trauma, wounds, unwanted pregnancies, infertility and life-threatening diseases.

Intentionally inflicted

Many abuses in the family or community are intentionally inflicted. In addition, such abuses are often inflicted for similar reasons to torture in custody. Torture in custody is often used not only to extract confessions but also to instil profound dread into victims, to break their will, to punish them and to demonstrate the power of the perpetrators. Similar purposes characterize acts of torture in the family or the community. The perpetrators may seek to intimidate women into obedience or to punish women for allegedly bringing shame on relatives by their disobedience.

State responsibility

The perpetrators of violence against women in the home and community are private individuals, but this does not necessarily mean that the state escapes responsibility for their actions. Under international law, the state has clear responsibility for human rights abuses committed by non-state actors — people and organizations acting outside the state and its organs.

Internationally, the state is accountable in a number of specific ways. It can be deemed responsible for carrying out the human rights violation because of a connection with the non-state actors, or it can be responsible for its failures to take reasonable steps to prevent or respond to an abuse. The way in which the state is responsible is categorized in different ways. These include complicity, consent or acquiescence, and failure to exercise due diligence and to provide equal protection in preventing and punishing such abuses by private individuals. In all these circumstances, the state is allowing violence against women to continue, and in this report the term “failure of state protection” is used to cover complicity, consent, acquiescence and lack of due diligence.

Due diligence

The concept of due diligence describes the threshold of effort which a state must undertake to fulfill its responsibility to protect individuals from abuses of their rights. The Special Rapporteur on violence against women has held that “…a State can be held complicit where it fails systematically to provide protection from private actors who deprive any person of his/her human rights.”7 Due diligence includes taking effective steps to prevent abuses, to investigate them when they occur, to prosecute the alleged perpetrator and bring them to justice in fair proceedings, and to ensure adequate reparation, including compensation and redress. It also means ensuring that justice is dispensed without discrimination of any kind.

The standard of due diligence was articulated and applied by a regional human rights court, the Inter-American Court of Human Rights. The Court stated: “An illegal act which violates human rights and which is initially not directly imputable to a State (for example, because it is the act of a private person or because the person responsible has not been identified) can lead to international responsibility of the State, not because of the act itself, but because of the lack of due diligence to prevent the violation or to respond to it as required by the Convention [American Convention on Human Rights].”8 The Court stated: “The State has a legal duty to take reasonable steps to prevent human rights violations and to use the means at its disposal to carry out a serious investigation of violations committed within its jurisdiction, to identify those responsible, to impose the appropriate punishment and to ensure the victim adequate compensation.”9

…State inaction can be seen in a range of different areas. These include inadequate preventive measures; police indifference to abuses; failure to define abuses as criminal offences; gender bias in the court system; and legal procedures which hamper fair criminal prosecution. Many women victims of violence find access to legal redress and reparations difficult, if not impossible. Impunity and indifference habitually surround many acts of violence against women. Focusing on when the state fails to protect people from harm by others, and how it can be held to share responsibility for the harm, does not ignore the original abuser’s responsibility.

In every case, the direct perpetrators must be fairly tried and punished for their crimes. AI considers that acts of violence against women in the home or the community constitute torture for which the state is accountablewhen they are of the nature and severity envisaged by the concept of torture in international standards and the state has failed to fulfil its obligation to provide effective protection.

Also, in considering my case it should be noted that an important issue within is my “right to work, to the free choice of profession or trade, to advancement through work, and to a sufficient remuneration for the satisfaction of (my) needs and those of (my) family. Under no circumstances may they be discriminated on account of their sex.” (art. 35.1 of the Spanish Constitution).

However, in my case, this article of the Constitution covers different but related issues. The first is my right to work out-side the home and/or develop entrepreneurial efforts, the second is my right as a homemaker to have my work and contribution to society recognized as such.

In the first case in point, the manipulations and maneuvers of Señor González de Alcalá have been with the expressed object of preventing me from working, developing a business and becoming financially independent. His obsessive actions and demented manipulations to impede me from working and/or “making a living” have transgressed our entire marriage, and is the reason that Señor González de Alcalá always looked for expatriated posts within BBVA.

With 8 international relocations in 20 years, it was completely impossible for me to develop or maintain a professional career, pursue educational opportunities, or develop entrepreneurial opportunities that arose during our stance abroad. Paradoxically, it is our nomadic life that prevented me from working outside of the home that also gave me the idea to start a business for expatriated homemakers. This project provides me with the opportunity to utilize my expert experience and knowledge in the necessities and challenges of the expatriate family, my innate aptitude in helping other people, as well as create a profession/business that I could develop from my home and “transport” with me anywhere in the world.

State and non-State actors that have knowingly or unknowingly, assisted Señor González de Alcalá in preventing me from accessing my funds and/or assets in Spain, and whose intention from the beginning has been to impede me from creating and developing Global Expats (violation of art. 1390 and 1391 of the civil code and art. 22, 252, 250.7 and 172 of the penal code), are responsible for all violations of my right to work, inter alia[5], and are liable for all monetary and moral damages[6] [i]that have been produced by said violations.

Another important consideration in examining my “right to work, to the free choice of profession or trade, to advancement through work, and to a sufficient remuneration for the satisfaction of (my) needs and those of (my) family. Under no circumstances may they be discriminated on account of their sex.” (art. 35.1 of the Spanish Constitution), is the homemakers right to have her work and the important contribution she (or he) makes to her family, community and society recognized by governments, in the case in hand, by the juzgado de Mostoles and implicated judges.

My own experience as a homemaker and trailing spouse, as well as my participation in the communities in which I have lived, has shown me the important role homemakers play in a society. This vital role is further documented in extensive research within the global mobility industry, which clearly demonstrates that the successful development of the family unit, as well as a productive and industrious employee, is determined by the homemaker/spouse. Their importance is also documented in studies and research within the micro-finance industry showing to what extent empowered women are a positive, driving force within their family, community and the economic development of a country.

The work executed by homemakers, if remunerated at comparable labor market wages would amount to a salary of €30.000/month. These women work tirelessly, are on call 24/7 with no vacations, receiving no financial remuneration or social benefits or recognition for their work[7]. Societies are increasingly acknowledging the valuable contribution of homemakers, even becoming a political issue in the present American presidential campaigns. As President Obama stated “There’s no tougher job than being a Mom…That’s work, so anyone who would argue otherwise needs to rethink their statement.”[8]

The failure of judicial actors, and as we shall see my legal representation, to recognize the work of homemakers, particularly during divorce proceedings, relegated my position as homemakers to one of servitude and/or slave.

While women customarily obtain custody of child in cases of divorce, this is due to agreements between the partners and not traditions within the courts. Fathers, who seek custody of children in divorce courts, are awarded said custody at a rate of 94%, and in cases of documented sexual and physical abuse at a rate of 70%[9], even in cases where the mothers have been primary care givers.

In Spain only 11% of women are awarded alimony (often at €500/year, 67% of the minimum salary), with no legal recourse in reclaiming said alimony. The average age of woman who divorce in Spain is 42 years old, after 15.6 years of matrimony, leaving divorced homemakers condemned to a life of extreme poverty[10]. Due to age and gender discrimination in the work-force it is impossible for a woman over the age of 40-45 years old to develop a career, leaving her with no option than to accept menial or low-level administrative jobs, at lower than competitive wages. It should also be noted that upon divorce homemakers have no rights to unemployment benefits, social security coverage, or right to pensions, etc. further contributing to their perpetual state of poverty.

Even though under common property law, women are entitled to half of all assets and income as well as equal rights in its management, antiquated ideas and customs regarding patriarchal prerogative[11] and the idea that homemakers “do not work” and “live off the sweat of their husbands brow”[12], are so prevalent amongst judicial actors, women are divested of all of their assets during divorce proceedings. This is accomplished, as we shall see during my entire case, through illegal manipulations by legal counsel, judicial decisions that violate women’s rights, and through antiquated, discriminatory laws and legal precedents, instead of application of progressive laws designed to promote the rights of women, and protection of rights and interests. This is why progressive laws, without accountability and transparency of judicial procedures, are totally ineffective in defending victims of domestic abuse and gender violence.

In my own case, it still remains unclear to what extent my legal counsel is responsible for my failure to access financial information, records, and assets under common property law and to what extent discriminatory procedural laws in Spain is responsible.  However, what is clear is that failure to access this information and property directly and/or indirectly have violated my rights under art. 1, 9, 10, 14 and 33.3 of the Spanish Constitution; art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 42, 44 and 45 of the Equality Act 3/2007; art. 11, 22, 28, 29 195, 250.7 and 450 of the penal code; art. 1088, 1089, 1090, 1093, 1094, 1100 1254, 1255 and 1262 of the civil code; art. 2, 3, 4, 5, 11 and 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; art. 1, 2 and 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights; art.1, 2, 3, 10 and 11 of the International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights.

Perhaps of greatest interest in examining the rights of homemakers, and violation of those rights by divorce courts, is the Equality Act 3/2007. Art. 1, 2, 3, 4, 6, 7 and 8 provide for equality of men and women, with protection of women against discrimination, with art. 14 providing additional obligations of public authorities and officials to promote equality and positive action in cases of de facto discrimination against women. Art. 9, 10, 11 and 12 (strengthen by art. 1101 of the civil code and art. 109, 11, 111, 112, 113, 116 and 118 of the penal code) provide legal redress and monetary reparations for women in cases of discrimination, with art. 13 providing that the burden of proof of non-discrimination against women fall upon the defendant(s); in this case my legal counsel as well as implicated judges and civil servants of the juzgado de Mostoles.

Of additional consideration is art. 14.5, which strengthens public authority’s responsibility to eradicate gender and domestic violence, placing a particularly high burden upon divorce courts, and all and any civil servants (under art. 24.2 of the penal code), who participate in said proceedings. Since court psico-social teams and their recommendations play a particularly elevated role, 85-88% reliance rates[13] in custody determinations, discriminatory practices and opinions which promote patriarchal prerogative and/or gender and domestic violence by them, should be given particularly high consideration in examination of my case and complaint.

The contention of judicial actors that my accusation/complaints of violence and abuse at the hands of Senor Gonzalez de Alcala are manifestations of schizophrenic paranoia and/or substance abuse is guided by nothing more than antiquated customs used to justify abusive actions and deviate attention away from the abuse and abuser onto the victim.[14] Studies in the past 20 years into domestic abuse and violence and its consequences, clearly demonstrate that attitudes of the past towards parental and patriarchal prerogative promote and sustain traditions of abuse[15], and that mental disorders and substance abuse are caused by said abuse, rather than a “weakness of character”[16].

And, finally in consideration of my case, and governments obligation and commitment to “positive action”, particular attention should be afforded the objectives and goals of Global Expats, which is designed to not only provide much needed support to the family unit (expatriates[17], specifically) by offering extensive information and emotional support to the trailing spouse, homemaker, but also provide her (or him) with the possibility to maintain her career and financial independence while abroad.

With the modernization of our societies women are increasingly moving into the remunerated labor-force outside the home; however this has created a situation where they are surcharged with a disproportionate amount of work. Not only are they expected to perform at par, or better, than their male counter-parts in the work-force, but are expected to execute all of the work and roles they have traditionally played within the home. Additionally, it has created a situation where in the case of both parents working outside the home, children are not afforded with the structure and direction they need in becoming responsible, productive members of our societies; a fact that governments are neither recognizing nor addressing in their public policies or legislation.

It is for these two reasons that many women, and increasingly men, are giving up their careers and financial independence to follow their partners abroad, but are then faced with the desire to utilize their professional knowledge and skills. This labor market is composed of an estimated 5-10 million women around the world, with a wealth of resources, just waiting to be utilized to their full potential.[18]  Global Expats is modeled after the “tried and true” trailing spouse, philanthropic associations, but turns the concept into a revenue-producing entity in order to assure its long-term survival and success.

The bulk of initial revenues will be generated from advertising to a present Internet audience of 20-25 million page views per month. Expatriates markets around the world are composed of 50 million people who collectively generate $14.8 trillion usd in spending per year. Advertising revenues of comparable websites, such as www.citysearch.com, www.yelp.com, www.about.com, are generating $100+ million/year, and as such, reasonable and justifiable revenue targets for www.global-expats.com[19]  The lost profits, and monetary damages of Global Expats from 2007- 2012, due to la negligence of the Spanish judicial system,  are estimated at $15 million usd.

It should be noted that in addition to the responsibility and liability for monetary damages of lawyers implicated in my case, the Spanish government can also be held responsible for financial damages suffered under art. 10, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123 and 124 of the penal code for acts, or omissions of acts by civil servants (as defined by art. 24.2 of the penal code) under art. 413, 414, 428, 429, 451, 22, 27, 28 and 29 of the penal code.  

Discriminatory Actions in Juicio 607/2007

On September 4, 2007 I filed a complaint against my husband for his threats upon my life and person. These intimidations began in June 2007, with threats to take away my children, all of my money, and throw me out on the street if I did not stop working on my project/business, Global Expats – www.global-expats.com.  But, on September 3, 2007 the violence lasted all day long at levels much higher than usual. I was convinced that the next time his violent rage occurred he would kill me.

Juicio Rapido 607-2007 – The presiding judge refused to accept my petition for a restraining order (stating that said order could not be petitioned after the initial complaint, contradicting what the guardia civil had told me the day before) and refused to accord a pension for me and my children, in violation of my rights under art. 1318, 1319, 1347, 1362, 1375, 1382, 1386, 1390, 1391, 142,143, 144 and 154 of the civil code.  During the hearing Señor de Gonzalez de Alcalá’s lawyer was disrespectful to me, as was the judge. When I made a sigh, the judge said to me in a menacing way “If you do not keep quiet, I am going to throw you out of the court!” in violation of art. 9 of the Rights of the Citizen, inter alía.

In the hearing it was demonstrated that Señor González de Alcalá had total control of all money and assets, was not listening to me about their management, and was obsessive in his control; proof of his abuse, and in violation of my rights under art. 32 and 33 of the Spanish Constitution; art. 1316, 1347, 1322, 1362, 1375, 1376, 1377, 1383, 1390 and 1391 of the Spanish civil code, but everything was discounted by the judge.

During the proceedings he alleged that I was an alcoholic and drug-addict. An accusation rather ridiculous in light of the fact that during our marriage it was Señor González de Alcalá that was always going out to discotheques and restaurants, etc. with his friends, leaving me at home to take care of our children, cleaning, cooking and working in philanthropic efforts during my free time (or on www.global-expats.com ) (see documents #3, #4, and #11). It should be noted that during the hearing no one asked Señor González de Alcalá about his consumption of alcohol, or other substance, or his frequent evenings out and parties, in violation of art. 14 and 24 of the Spanish Constitution; art. 2(c), 2(d), 2(f), 5(a) and 15 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; art. 2, 14.1, the International Convention on the Civil and Political Rights; art. 2, 4 and 6 the Equality Act 3/2007, inter alía.

In this hearing, and in all judicial proceedings afterwards, judicial actors believed the fantastic accusations of Señor González de Alcalá, even in front of proof and evidence to the contrary. But, the proof and evidence of abuse, illegal manipulations and bad faith on the part of Senor Gonzalez de Alcala were not only discounted when brought up, but judicial actors, including my own legal representation, cover-up said abuse, as we shall see during the case presented herein.

The continual favoritism towards Señor González de Alcalá, and discrimination against me were in violation of art. 14 and 24 of the Spanish Constitution; art. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 and 13 of the Ley de Igualdad 3/2007; art. 2(c), 2(d), 2(f), 5(a) and 15 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; art. 2, 5 and 6 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; and art. 2, and 14.1, the International Convention on the Civil and Political Rights, inter alía.

I denied his allegations, recognizing social consumption (in a country where wine consumption is part of the culinary patrimony) but I did not understand the relevance of the questions. My lawyer, Senor Gonzalo Martinez de Haro de Vinander, Carlos and Associados, who came recommended on the website of the American Embassy in Madrid, and with whom I consulted in July 2007 about initiating a divorce and litigation against my web designers in Florida (Arnima Web Design, www.arnima.com ) for breach of contract, did not protest against such questions, as irrelevant to the complaint and in violation of my rights under 24.2 of the Spanish Constitution, and his “omission of act” was in violation of art. 4 and 5 of the Deontological code 658/2001, june 22, and art. 512 of the penal code, inter alia.

Then, Senor de Haro, did not inform me about the judge’s decision, that in effect declared me a drug-addict and alcoholic, nor the necessity to appeal such decision or the process to do so; once again in violation of his obligations under art. 4, 5 and 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio and art. 467 and 512 of the código penal española, inter alía. It should be noted that I never received a bill from the procurador, Señor Juan Bosco Hornedo Muguiro, and that the civil servant/file clerk handling the case insisted and insisted that there had not been a procurador until I found a document signed by him within the documents (see document #13). I do not know why I never received a bill, nor why the civil servant did not want me to know the name of the procurador, or even if this is relevant to the failure of Senor de Haro to appeal the court decision, but it seems to be an irregularity worth noting. (I still do not fully understand the responsibilities and obligation of a procurador).

I was later told that it is “unseemly” in Spain for a woman to consume any alcohol, tobacco or other “substances” (minus pharmaceuticals) and that my testimony was considered “inadmissible” because of my “bad character”.

The antiquated notion that abstinence (alcohol, sex, etc.) is a sign of respectability, integrity or morality, and its prevalence in judicial considerations, is one of the most detrimental factors in defending the rights of victims of domestic abuse. True “morality” is not linked to antiquated Victorian and puritan norms, but in the respect of the rights and “privacy” of others, as well as the integrity in the execution of your work and profession and/or your relation with, and behavior towards, other people.

In addition, the use, and abuse of “drugs” (pharmaceutical, illegal, and legal) as well as emotional and/or psychotic disorders, are caused by the stress related to domestic abuse; a fact demonstrated in report after report and statistics around the world. Accusations and/or problems associated with “substance abuse” or “strange behavior” should be seen as “proof” of gender violence or domestic abuse, and not the contrary!  

Art. 66-68 [20] of the Spanish civil code clearly defines the responsibilities and obligations of partners within a marriage, and this should be the concentration of the courts in cases of divorce; and not defamation of character campaigns. The failure of courts and judicial actors to present and examine evidence and proof instead of participating in “witch-hunts” based on rumors and innuendos is the reason that abusers are being awarded custody of children at alarming rates.

For example, in my case there is quite a bit of evidence that Señor González de Alcalá had an intimate relationship with the Brasilian woman who rented a room in our home from the beginning of 2007 until September 4, 2007, the day after Señor González de Alcalá left our domicile. But, any sexual infidelity on his part during our marriage is without any importance in divorce proceedings. (THIS is a private affair between Senor Gonzalez de Alcala and me, and no one else). What is, and was, important, and that the judge completely discounted, was the “infidelity” of Senor Gonzalez de Alcala towards his family in risking their financial security; his defamation of character campaign against his spouse and mother of his children (started in 2004 and our arrival in Spain in his efforts to “cover-up” his emotional problems[21]); his incredible efforts to prevent me from creating a business; his efforts to defraud me of all of my assets;  and worst of all have been his efforts to prevent me from being with our children. Of all of his crimes, and the crimes of everyone implicated, that is the most heinous and wicked of all.

These things are not only immoral, but also illegal (art. 226, 208 and 252, inter alia of the penal code) and should be what is important in determining the custody of minor children; not some archaic ideas about what constitutes “una Senora” or “immoral” behavior under Puritan and Medieval ideas.

Social norms that accord importance about antiquated ideas of morality (sexual activities or sexual orientation; drug, alcohol or tobacco consumption; dress-codes; manners of speaking; socio-economic levels, etc.) should not only be irrelevant in divorce proceedings (and electoral campaigns, I might add) in today’s world, but are anti-constitutional under art. 14 of the Spanish Constitution in light of the double standards that have always existed regarding “acceptable” behavior” for women and “acceptable” behavior for men. Also, these considerations are anti-constitutional under art. 10, 15 and 18 del Spanish Constitution, inter alía, under the “right to privacy”.

The Machiavellian, illegal and immoral maneuvers of Señor González de Alcalá (and other members of his family) are unpardonable, but he could not have accomplished them, with such facility and so overtly, if it had not been for such an elevated lack of integrity and due diligence for all actors (State and non-State) implicated. As demonstrated during this case, new progressive laws in democratic countries cannot advance, nor assure, the rights of citizens without a total competence and integrity of State and non-State actors in their professional functions. This is where the real problems lays in protecting the rights of women, children and victims of all forms of abuse and violence, and where governments and tribunals should be concentrating their efforts.

As demonstrated in Domestic Abuse as a Human Rights Violations and the Principle of Due Diligence – An Intersectional Approach, as well as case studies such as María José Carrascosa in New Jersey, Dr. Lori Handrahan in Maine, and many other examined by organizations such as the Legal Clinic “DV Leap” of George Washington University, the Hague Convention Domestic Violence Project, the American Supreme Court case Abbott vs. Abbott, inter alía, abusers are utilizing the tribunals in order to sanction, as well as continue their abuse of victims with litigations and judicial maneuvers.

Until governments are ready to examine their judicial systems from an “intersectional” perspective, with objectivity, recognizing that antiquated norms and laws in judicial systems are encouraging and sustaining gender violence and domestic abuse, the human rights violations of victims will continue under their jurisdictions.

September – October 2007

In the following months the threats of Señor González de Alcalá escalated, including threats to “incarcerate” and “drug me up” for the rest of my life, assuring me he had all of the power to do as he promised. These threats are a tactic often used by abusers in their efforts to silence their victims, and work quite well due to the lack of understanding by judicial actors, as well as the general public, about the signs of gender violence and domestic abuse (see Domestic Abuse and Domestic Abuse as a Human Rights Violations and the Principle of Due Diligence – An Intersectional Approach, p. 47-150).

Also, during these months Señor González de Alcalá blocked my access to all our funds, leaving me without money to cover basic necessities for me and our children. This was in violation of art.  39 of the Spanish Constitution, art.143 of the civil code and art. 226 of the penal code clearly proof of his abuse, but never at any moment did my legal counsel introduce these facts as evidence during divorce proceedings. Also, at the time Señor González de Alcalá stole the passports of our children, my passport, my tarjeta de residencia, registration documents of my car, expensive jewelry/precious stones, etc. for which I filed an official complaint, but these facts were never presented during divorce proceeding by my lawyers.

Upon several occasions the police were obliged to present themselves at my home due to the violence of Señor González de Alcalá, but upon their recommendations and the degrading manner I had been treated by the judge in 607/2007, I dared not file another complaint. My legal counsel did not present these facts as evidence as to the erratic behavior of Señor González de Alcalá in the divorce proceedings.

The failure (by omission of act) of my lawyers to act in my interests and present proof to the tribunals as to the abuse of Señor González de Alcalá was in violation of art. 3 and 4 del CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 512 and 22 of the penal code; art. 3, 4, 6, 7 and 9 the Equality Act 3/2007; and art. 4 of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women. 

Centro de Género de Villanueva de la Canadá

From September 5, 2007 until the end of October, I requested the assistance in obtaining a court-appointed lawyer and initiating divorce proceeding at the Domestic Crisis Center, but they were of absolutely no help what-so-ever. In all of my meeting with them I always asked the same question “What do I have to do to get a lawyer?” and the response was always the same “In the next meeting they will tell you”. Until the last meeting they told me to “Go to the colegio de abogados in the c/ Serrano and ask them there”.

Additionally, I asked for social services for me and my children, but they were never given. I asked if they organized support groups or self-defense classes (basic programs for such centers) but was told the “Spanish women don’t want any of that”. Eventually, I found an academy of martial arts in Majadahonda, where they told me they had offered to give specialized defense classes for women in the Domestic Crisis Center, but had always been told “not interested”. Also, in all of my interviews during these months, with hundreds of people, I asked if the judge could not obligate Senor Gonzalez de Alcala to attend “anger management” classes and was always told “that does not exist in Spain”. The lack of assistance and diligence of the Domestic Violence Center of Villanueva de la Canada in executing its functions was in violation of art. 13, 14, 15, and 16 of the Organic Act of Protection Measures Against Gender Violence (núm. expte. 121/000002), art. 512, 510 and 195 of the penal code, and a total waste of the tax payer’s money.

I was given so much of the bureaucratic run-a-round during those months, interviews with people, waiting in lines, etc. that I did not know what was up, down, right or left, and all for nothing. Testimonies in reports by Amnisty International[22] demonstrates that my experience is very commune for victims of gender violence in Spain (as is the case in all countries). Until governments take care of the enormous amount of bureaucracy, and sanction civil servants who do not execute their jobs with efficiency and integrity, the re-victimization of victims by judicial systems will continue.

It should be noted that victims of gender violence normally put up with the abuse for many years before filing formal complaints and attempt to escape. When they enter into the judicial process they are already suffering from post-traumatic stress disorders, and other emotional and physical problems, and the chaos and bureaucracy within the judicial systems only serves to augment the stress of victims and the reason why victims are re-victimized.

The lack of due diligence by State and non-State actors in protecting the rights of victims of gender violence is in violation of the following:

  • Spanish Constitution– art. 14, 15, 17.1, 24, 35, 39, 45.1 and 53.1
  • Convention on the Elimination of All Formas of Discrimination Against Women – art. 1, 2, 3, 4, 5, 11.1d, 11.1e, 11.1f, 11.2c, 13, 15 and 16
  • Convention on the Elimination of Violence Against Women – art. 2, 3 and 4
  • Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – art. 5
  • International Convention on Economic, Social and Cultural Rights – art. 1, 2, 3, 6, 7, 10.1, 11.1, 12.1, 15,
  • International Convention on Civil and Political Rights – art. 1, 2, 3, 6, 7, 17, 23, 24 and 26
  • Convention of the Rights of the Child – art. 2, 3, 5, 6, 8, 9 and 18

Additionally, I went to my Consulates (American and French) requesting assistance (3 times each one and under the Convention of Consular Affairs art. 5), with basically answers to the effect of “He is your husband he can do whatever he wants” and “This is a private/civil matter”.

Since I would not renounce my efforts to find a lawyer and initiate divorce proceedings, at the end of October 2007 Señor González de Alcalá initiated the divorce with the medias a la previa 1140/2007, filling his petition with false allegations of alcoholism and drug-addiction on my part. The petition was filled with citations of drug-addict, psychotic women, etc. that did not have any bearings on our case or divorce. These allegations of “crazy” and “witch-hunt” tactics are only more proof of Señor González de Alcalá’s unstable emotional state, and the fact that the judge, or other judicial actor, would even consider this “proof” or “evidence” is nothing less that incredible. (As incredible as if I attempted to make people believe that since Señor González de Alcalá is a man, was born in Morocco and is Spanish, this constitutes “proof’ as to his violence or abuse. This problem exists in all countries around the world, is linked to the abusive and antiquated manner that children are raised and does not have anything to do with anyone’s nationality, races, religion, sex, DNA, genes, etc., etc.).

Also in his petition Señor González de Alcalá falsified a bank statement, covering his name as title holder with mine (hand-written). The falsification of the document was so evident that I could not believe that his lawyer had introduced it in a divorce petition; in violation of art. 3 CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio and un violación, and art. 393 and 396 of the penal code españolaThe falsification of “evidence” in his petition (and in almost all judicial proceedings thereafter), as well as repeated perjury, does not put in doubt the integrity and veracity of  Señor González de Alcalá, and all of his contentions about me, from the very beginning?

But, at the time in reading the petition what most worried me was that the petition stipulated that if I did not present myself to the courts in the presence of a lawyer to defend me, I in essence admitted to the allegations of Señor González de Alcalá and in contempt of court.

Ley de Enjuiciamiento Civil, Article 771. Provisional measures prior to a claim for nullity, separation or divorce. Application,hearing and decision. 1. A spouse aiming to bring a claim for nullity, separation or divorce of his matrimony may seek the effects and measures referred to in Articles 102 and 103 of the Civil Code before the court of his domicile. The involvement of a court representative and attorney shall not be required to file such application, but their involvement shall be necessary for any subsequent written statements or procedures….The failure of any of the spouses to attend such hearing may lead to the facts alleged by the spouse who has attended being admitted to ground his petitions for provisional measures concerning assets.

When I read the stipulation that I needed a lawyer NOW, and any lawyer, I returned to the American Embassy website and called the only American listed there. He recommended a lawyer that specialized in international divorces, Senora Belen Garcia Martin. I contracted her with money obtained from the only valuable things I possessed.

This stipulation in the civil code in effect removes the presumption of innocence and is in violation of due process and art. 24 of the Spanish Constitution.

Additionally, this stipulation is not only anti-constitutional, but discriminates against homemakers and for women at various levels. My own experience, that Amnesty International confirms is frequent, shows the reality of the situation and its consequences:

  • Lawyers from the private sector require advances of money before accepting a client. If a woman does not have access to money, things of value to sell, or family or friends that can lend them money, hiring a lawyer from the private sector is almost impossible.
  • One of the most common criticisms of lawyers is their lack of ability to develop a defense for their client and the presentation of said defense to tribunals. Additionally, sanctions for negligent lawyers are almost non-existent within regulatory agencies. Statistics in the USA show only a 2-2.5% discipline rate for complaints filed, while the level of negligence is estimated to be at 70-75%.[23]
  • The time necessary to file for all of the necessary forms to obtain a court-appointed lawyer can exceed the time limit in order to respond to a judicial petition. Without a lawyer one is left without a defense, at times with very serious consequences.  One of the documents necessary to obtain a court-appointed lawyer, documentation of unemployment, does not exist for homemakers. In my case in order to obtain one I was obliged to return 3 times to the unemployment office, and finally upon my insistence was given a hand-written note.
  • Foreign women are more open to discrimination than Spanish women because they lack family networks or friends who can help them find a competent lawyer, as well as problems with the language and/or knowledge of laws and judicial customs.  

Centers for judicial advice serviced by local bar associations and public lawyers, as my case demonstrates, are not familiar with procedural laws and judicial processes in cases of divorce. Between September 2007 and October 2008 I consulted with these services  about 20 times (Villanueva de la Cañada, Majadahonda, c/ Serrano, c/ Capitán Haya, c/ Barbara de Branganza) and the responses to my questions were always the same “I do not know, I am not a lawyer” or “I do not know, that is not my specialty”. As so concisely stated in Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Womenby the United Nations Division for the Advancement of Women 2005, these “advice centers” are nothing more than a façade.

  • Also, I went to consult all of the centers and associations of women and victims of gender violence in Madrid and while some of them told me my lawyers where not fulfilling their obligations, no one could give me a name of a lawyer who could defend me, nor where they able to concretely tell me what I could do so that the lawyers would fulfill their obligation.

It should be noted that conventional wisdom believes that “racism” only exists against Africans (or of their descent), South Americans, Asians, and/or Arabs, but as defined by the Convention on the Elimination Against All Forms of Racial Discrimination “any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, color, descent, or national or ethnic origin”.

The prevalence of anti-Americanism in Europe (and all over the world) is so extensive that Americans are particularly exposed to discrimination within judicial systems for the simple reason that no organization or association exists that will defend their rights and interests abroad.

Civil servants of Domestic Abuse Centers, Bar Associations, court-houses, or law enforcement officials, as well as lawyers from the private sector, that do not execute their jobs with competence and integrity, or even fail to obey laws are absolved of all responsibility and liability because victims do not have any effective recourses within judicial systems, nor the right of reparations for damages.

There are more and more reports that demonstrate that women victims of gender violence lose custody of their children, at times ending up in prisons in their efforts to protect them(see the case of  María José Carrascosa http://www.mariajosecarrascosa.es ), or even involuntarily committed to psychiatric hospitals. No statistics exist about the phenomenon of incarceration during custody battles, but reports and testimonies on networks on the Internet show a necessity for such statistics.

One of the saddest stories I found on the Internet was the following:

(http://news-spain.euroresidentes.com/2004/06/disagreement-over-future-law-to-tackle.html)

Anonymous said…

I am a female that has been in a violent marriage in Spain, and I’ll tell there is no help from the Guardia Civil, Police, Social Services or the courts. There are no investigations carried out so you are sentenced according to denouncias, anyone from the street that you never met can be a testigo. If you do not speak the language they do not offer a transalator for your statement only for the courts questions to you and your answers. Then you sign maybe 10 papers or more of the legal documents and that is in a language you do not understand. You are not given a choice you have to sign and nothing is explained even when you are sent to prison as was in my case. I’m still waiting to hear from someone out there why I was sent to prison but unfortunately all the forms I signed is proof I’m guilty. Wish I knew what crime I committed to be collected from my house and not read my rights, even at the courts, forced to sign a document and that was that. If there is help out there I would appreciate it. Thank youv

I responded to the post, instructing her to contact me so that I might at least notify her Consulate, but never heard from her. To this day I wonder what happened. Did she survive, or become just another cadaver and statistic?

November 2007- January 2008

Discrimination in Alimony Considerations

Medias a la Previa 1140/2007 

  • Article 103 of the Spanish Civil Code states “ In admitting the petition, the judge, in the case that the spouses cannot arrive at an agreement, will adopt, in this hearing, the following measures: 3a fixing of contributions of each spouse to family expenses, including if necessary legal expenses, established on basis of quantities and guarantees at the disposition of each partner, retention and other temporary measures, in order to determine what one spouse must give to the other. It will be considered the contribution of the work that one spouse dedicates to the raising of common children.”

For the medias a la previa my lawyer, Senora Garcia Martin, failed to draft and/or depose my contestacion in conformity with legal standards, and therefore it was not accepted by the courts. She is now communicating to me that on the day of the trial the judge decided not to accept the written contestation (see document #1), declaring that the hearing would only be verbal.

I still do not know if Senora Garcia Martin did not correctly introduce document #1 into court proceedings, or if it was the judge who refused to accept it, or if Senora Garcia Martin knew before hand that they hearing would only be verbal.

What, I do know, and is clear is that in the verbal hearing Senora Garcia Martin did not make any reference to the violence or abuse of Señor González de Alcalá, his emotional problems or the fact that they had been occurring for many years and were a result of his work related problems in Bogota, Colombia during 2003. In the written contestation that explained the facts of the case, but she did not present these facts in her verbal presentation. If she knew that only her verbal presentation would be permitted, which she now claims was ordered by the judge at the beginning of the proceedings[24], why did she fail to introduce evidence as to the abuse of Señor González de Alcalá in the verbal hearing?  Her omission to introduce these facts, in effect covered-up the abuse and violence of  Señor González de Alcalá, in the recorded transcripts of the tribunal as well as what was heard by the judge.

Other grave errors of Senora Garcia Martin were her failure to ask for “litis expensas”, as well as block bank accounts (art. 1389 of the civil code) in order to protect the family patrimony.

These acts, and omission of acts, were in violation art. 1, 3 and 4 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio and art. 252, 460, 467, 451, 467.2 and 512 of the penal code; art. 1347, 1365, 1366, 1369, 1375, 1378 349, 398 and 471 del código civil española;  and art. 3, 4, 6, 10, 11 and 12 of the Equality Act3/2007.

It should be noted that under art. 1390 and 1391 of the civil code, art. 10 of the Equality Act 3/2007, and art. 252 of the penal code Señor González de Alcalá has an obligation to return these funds and/or for an equal value as well as all costs associated with the recuperation of said funds.

Also, Señor González de Alcalá, Señor García Martin (art. 1, 3, 4 del CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio and 512 of the penal code, inter alía) and any other State or non-State actor  (art. 17, 22, 23 of the penal code) that have incurred a criminal liability due to their acts, or omissions therein, are financially liable for funds losts under art. 249 and 251 of the penal code and art. 1908, 1101, 1106, 1124 and 1295 of the civil code.

It should further be noted that the transfer of €94.000 from BBVA nº 0182-4000-0411563734 in joint name account, Javier González de Alcalá and Quenby Wilcox, to the BBVA nº 0182-4000-0411563727, single name account of Javier González de Alcalá, is in violación of art. 33.3 del Spanish Constitution and art. 1767 and 1772 of the civil code with an obligation on the part of BBVA to return to me half of those funds (as well as all information, financial accounts, revenues, salary, etc. in the name of Javier González de Alcalá (from August 1991 to November 2008, under art. 1347 of the civil code) with the failure of  BBVA to return these funds in violation of art. 254 of the penal code;  art. 1089, 1098, 1101, 1107 and 1108 of the civil code; and art. 10 of the Equality Act 3/2007.

Perhaps, my manner to terminate Señora García Martin was precipitated and not in accord with judicial norms, but I was very concerned about the complete lack of competence and bad faith of Senora Garcia Martin, and above all her intentions in the future. She was playing with my life, and the life and security of my children, as well as the patrimony of my family. Under what motive? I would be interested in knowing, even today.

The failure of lawyers, as well as judicial actors, to appreciate the very serious situation and danger that victims of gender violence are living under during a divorce, is exactly why women (and children) are dying every day, without even mentioning the physical and emotional suffering survivors are experiencing. This suffering, as well as the failure of authorities to protect victims has very serious economical and social consequences that are extensive within our societies as demonstrated in the report Domestic Abuse as a Human Rights Violations and the Principle of Due Diligence – An Intersectional Approach. Authorities do not have the right to, and can no longer, treat these cases with such ambivalence.

In light of the very serious economic situation in which Senora Garcia Martin put me, my actions were not erratic or hysterical, but completely normal in view of my necessity to assure that she could not do any further damage to my case and situation.

In her correspondence with the juzgado de Mostoles de primeria instancia #2, renouncing her representation (see document #14), Senora Garcia Martin contends that on January 2, 2008 she communicated to me by telephone the conditions of the medias provisionales. Her contention is completely false. During that time, for several days, I was calling Senora Garcia Martin, leaving messages in order to find out if she had heard from the courts. After several calls I finally spoke with her and she informed me that she had not yet received notice from the courts (due to the Christmas/New Year’s Holidays). Therefore, I called the juzgado of Mostoles in order to find out when the vacations would be over and could expect a decision from the courts. I was told that Senora Garcia Martin had already received the court decision.

After all of the problems that I had experienced with previous lawyers and the Domestic Crisis Center, above all my experience with Senor de Haro in relation to the juicio rapido 607/2007, I was very concerned that Senora Garcia Martin wished to hide the fact that she already received notice from the courts, therefore I personally went to the courts in order to consult the court document. When I read that Senora Garcia Martin had not “introduced the contestacion in a legal form”, that she had not requested funds to cover future legal expenses, nor had she requested that bank accounts be blocked or a subpoena for financial records in the name of Senor Gonzalez de Alcala, and that the judge had accorded me €500/month with responsibility for all household expenses, and not sufficient pension for my children to cover their expenses, I lost all confidence in Senora Garcia Martin and her good faith in defending my interest.

In the correspondence Senora Garcia Martin contends the following:

  •  “on January 8 I was unable to speak with her until 9h30 at night at her home” was at her choosing. At all times I had my mobile phone with me and was very attentive to telephone calls, particularly those from my lawyer.
  • that “her voice and manner to communicate was very altered and bizarre” …“her erratic behavior caused a rupture in the judicial process” are remarks that have absolutely no foundation or veracity and can only be attributed to her attempt to deviate attention away from the real problem, her failure to defend my interests (in violation of  art. 208 of the penal code, inter alia).
  • she has not solicited a new court-appointed lawyer or procurador (if she is even entitled to one) as a consequence of the renouncement of legal representation and defense to date” – I had not solicited a court-appointed lawyer in the juzgado de Mostoles, because I understood that I was suppose to solicit one in with the oficio de turno of the colegio de abogados in Villanueva de la Canada/Centro de Genero, from whom I had been requesting information since September 2007, to no avail. If the civil servant of this center had assisted me from the beginning (and in an effective and real way) I would not have been in such a “crisis” situation.

Also, Senora Garcia Martin said “(if she is even entitled to one)” and “The reason that dona Quenby has not solicited, nor surely will not solicit a court-appointed lawyer , is due to the fact that she is conscious that her financial situation does not permit her to access one, and thereby obtain free representation and defense”.  Senora Garcia Martin knew very well that Senor Gonzalez de Alcala had blocked all of the bank accounts, that I did not have any money from any other source, nor any money in any accounts.

I can only believe that she insisted so much over the fact that I was not eligible for a court-appointed lawyer in order to deter attention away from the truth of the situation; the dire straits in which her negligence had put me, and my children.

  • “without the knowledge of la Letrado Sra. García Martín she sent a fax to the other lawyer with an account number, and that in the juzgado had been served personally.”– It was Señor González de Alcalá that had called me telling me that I was obligated to send a fax to his lawyer with the account number where he should send the monthly payments which I desperately needed, even if the juzgado already had this information. (The judge had not awarded me enough money to cover all of the household expenses and those of my children and while I am VERY GOOD at managing money, I am not a magician.  I know of absolutely no one who is capable of covering all of the cost of a 450m2 home and personal expenses; electricity, heat, water, insurance, food,  gas, transportation, etc., etc. on nothing more than €500/month).

I can only conclude that if Senor Gonzalez de Alcala provided me with false information, it was just another “maneuver” in his games designed to make my actions and behavior appear “erratic” and illogical to the courts.

Once again since I had absolutely NO ONE who was providing me with accurate, complete and correct information at the time, nor since, under the reasonable person principle all of my actions and decisions, given the limited and conflicting information that I was constantly given, were perfectly rational and logical.

It should be noted that I am foreigner and while I speak Spanish well enough, I have had great difficulty in understanding all of the legal words and terminology as well as judicial procedures that I have had to confront with no assistance or anyone to answer my questions. I always believed it was the job of a lawyer to watch out for the interests of his/her clients and explain to their clients what was happening in regards to their case, and what options were available in their defense without thinking that I would need a defense against such ridiculous and fantastic accusations from an obviously very disturbed man, Senor Gonzalez de Alcala, in a simple divorce.

Civil servants are always complaining that the courts are over-loaded with work, but if judicial actors were not so occupied with maneuvers like those we have seen with Senora Garcia Martin and Senor de Haro, and as we shall see with other lawyers in my case, the courts would not be so “over-loaded” and “turned-around” with inane cases.

The first step in assuring a competent and honorable justice system, is that authorities should send a very strong message to lawyers that the courts are not a place where they can play with the lives of their clients.

  • “Disobeying all of the advice given by her lawyer, dona Quenby Wilcox went to the court house on a daily basis”. – This is completely false. She was not giving my any information or instructions, and I have no idea where she came up with the contention that I was going to the court-house every day. I can only assume that once again Senora Garcia Martin was attempting to discredit me with the judge, and deviate attention away from the true problem at hand, her incompetence and her manipulations.
  • “We must inform the Juzgado that, as she has now done with the Sra. García Martín, doña Quenby has been the author of similar “maneuvers” with two other lawyers in the past, to who she owes fees in the entirety.” – Surely the “maneuvers” to which she refers were fees owed to Senor de Haro in regards to his negligent actions and “defense”, leaving his client “hanging” with a court decision that accused me of being an “alcoholic and drug-addict”. Senora Garcia Martin was well aware of the “maneuver” of Senor de Haro, even herself telling me that he had been negligent in his representation of me in 607/2007.

It should be noted that Senor de Haro took me to court requesting the fees which I owed him. I recognized the debt without any problem, stating that I was unable to pay him due to the fact that I was unable to access any of my funds, due to his negligence, as well as the negligence of other lawyers.

The other bill to which Senor Garcia Martin refers is with Señora María Fernanda Guerrero Guerrero for €348. But, once again the “manuever” was on the part of Señora Guerrero, and not I.  In September, in a meeting with her, (and after my negative response to her question asking if “my husband was of THE Francisco Gonzalez family  – President of BBVA)”, she instructed me to go to the juzgado de Mostoles in order to  “recurrir las sentencias de juicio rápido 607/2007”. The next day I went to the juzgado de Mostoles in order to “recurrir” the “sentencia”.  Of course the civil servants at the juzgado looked at me as if I were crazy, telling me that I could not “recurrir” a “sentencia” without a lawyer. Before this day I had never even heard of the word “recurrir” or “sentencia”, or any other legal/judicial terms and was completely ignorant to any judicial processes in Spain. I was ignorant, but not stupid, nor “crazy”. I would still be interested in knowing why Señora Guerrero sent me on a “wild goose chase” that day; but only a question that she can answer.

Señora García Martin was well aware of the “maneuvers” of her colleagues and her contention that it was I the author of “maneuvers” and acting in bad faith, once again can only be attributed to her intentions to deviate attention away from her negligence, and discredit me with the presiding judge in my case; aggravating her previous professional negligence and in violation of art. 3, 4 and 5 of CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; in violatión of art. 173, 199, 208, 450, 451, 456, 461, 464, 467.2, 510 and 512 of the penal code; art. 1, 9, 10, 14, 18 and 24 of the Spanish Constitution; art. 3, 4, 6, 7.2 and 9 the Equality Act3/2007;  art. 2, 5, 13, 15 and 16 del Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women;  art. 17, 23 and 26 the International Convention on the Civil and Political Rights.

It should be noted that also in July 2007 before my meetings with Señora Guerrero and Señor de Haro, I met with two other law firms. One of which told me that since the common nationality between Señor González de Alcalá and I was French, the divorce would fall under French law, and therefore everything would needed to be translated into French, a service which their office would be happy to provide (for a price of course).  The other lawyer with whom I met said to me “Your husband is an alta-executive for BBVA? We have to get a lot of money out of him!!And, it will cost you lots of money!!” I left the meeting thinking “This man is absolutely crazy!! I want a divorce not a war!!” 

It should be noted that in the past 4 years, the only lawyers that have acted with any semblance of professionalism, integrity, and confidence have been court-appointed lawyers, and I cannot even begin to express to what extent I have appreciated their integrity. If all lawyers from the private sector in my case had shown the same level of professionalism, my case would not have become so complicated and exhausting.

My only complaint with court-appointed lawyers has been with Señor José Manuel Hernández Jiménez who refused to request a subpoena for all financial records of Senor Gonzalez de Alcala (August 1991 and November 2008), so that I might examine them and present a financial analysis to the courts in the liquidation of common assets.

To this day, I do not understand how in 4 years none of my lawyers have done something as simple, and necessary, as petitioning financial records, and in violation of art. 33.3 of the Spanish Constitution; art. 252, 510  and 512 of the penal code española; art. 1347, 1365, 1366, 1369, 1375, 1378 349, 398 and 471 of the código civil española;  and art. 3, 4, 6, 10, 11 and 12 of the Equality Act3/2007After having worked in the financial markets for quite a few years, and managing our family finances for many years, I am quite adept at preparing financial analysis, but do need financial records and numbers in order to prepare an analysis! Under the reasonable person principle, it is “normal” that in a divorce lawyers would requests financial records under common property in order to find out what the financial situation of the family is?!

As previously stated, I still have many questions about judicial process and Spanish procedural laws, and I have surely made mistakes in the past years, but under the reasonable person principle, and the level and quantity of negligence and lack of due diligence on the part of judicial actors that I have been obliged to deal with since September 2007, my lack of confidence in Señora García Martin and her good faith in January 2008 was completely justified.

While the actions of Señora Garcia Martin were contrary to my interests, the presiding judge also had an obligation under the principle of due diligence and art. 24.1 of the Spanish Constitution to assure that my rights were respected and defended in her court. Within any judicial procedure the judge has the ultimate responsibility of assuring that the rights of the accused are respected and that due process is accorded in conformity with art. 5, 6, 7, 8, and 11 of the Ley Orgánica 6/1985, 1 de julio, Poder Judicial.

Even if Señora García Martin had not asked for “litis expensas” nor enough funds for me to cover me and my children’s needs, in the verbal hearing Señor Gonzalez de Alcalá recognized that his salary was €8.185,41/month (in 2006). The judge’s decision that granted me only €500/month,  and responsibility for all household expenses, were discriminatory and in violation of my rights. My portion of Senor Gonzalez de Alcala’s salary under artículo 1347.1 of the civil code was €7.500/month (in 2007). The fact that I was not accorded half of his salary during 2008 was in violation of art. 33.3 of the Spanish Constitution, art. 1408, 1362, 1365, 1368, 1369 and1382 of the código civil española; art. 446, 447 and 450 of the penal code; art. 3, 4, 6, 10,11, 12 and14 del Equality Act 3/2007;  art. 2, 3, 4, 5, 13, 15 and 16 del Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; and art. 23 of the International Convention on the Civil and Political Rights[25].  

In effect the judge’s decision misappropriated €75.000 of my funds during 2008, with which I could have been able to assume living expenses and “liberation” of my website, and Global Expats today would be generating more than sufficient income today for me to live comfortably with no need for any alimony or other common property funds.  A lawyer told me that these monies would be reclaimed during liquidation of common assets; but in 2012 these monies have not been included in the inventory by my present lawyers. (?)

In regards to advancement of provisions for future legal expenses,  Ms.  Martin’s contended that “in Spain men are not obligated to pay the legal expenses of their spouses during divorce,” which was  later affirmed in all judicial decisions, “there is no reason as to the  imposition of charges. In light of legal precedents cited and other general and pertinent application.” These contentions and decisions demonstrate to what extent actors within the judicial system fail to completely understand and grasp the concept of common property law, and how discriminatory laws are applied in violation of women’s rights.  

At no time have I been requesting my husband’s money or other funds to pay my legal expenses, I have been requesting MY MONEY to pay my legal expenses. My ex-husband’s legal expenses were paid with common property asset, and to not accord me with the same consideration is clearly discriminatory, and solely based on antiquated norms and legal precedents within judicial customs rather than legitimate legal principles under a constitutional democracy.

The most powerful instrument that an abuser has over his victim is the retention of money. Judicial decisions that do not provide access to common property assets and funds in cases of divorce not only support and encourage domestic abuse, but participate in the subjugation and oppression of women.

The role that homemakers and women play in our societies is essential to its well-being and functioning of its economy, and judicial systems and decisions that do not recognize this importance are completely discriminatory against women and violate the following:  art. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 33.3, 35,39 and 45.1 of the Spanish Constitution; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1(c), 16.1(d), 16.1(f), 16.1(g)  of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; art. 2(c), 3 and 4 of the Convention on the Elimination of Violence Against Women; art. 1, 2, 3, 6.1, 7(a), 7(b), 7(c), 7(d), 9, 11.1 and 12.1 Convention on Economic, Social and Cultural Rights; art. 2, 3 and 6 of the Convention on the Rights of Children.

The retention of my assets by judicial decree while discriminatory in and of itself, was discriminatory at a second level. During divorce proceedings adolescent children are consulted in regards to custodial decisions. Unfortunately, due to convenience this legal stipulation has transformed into the common practice that adolescent children are the ones who effectively make the custodial decision. As concisely stated by one of the myriad of lawyer with whom I consulted, I had to “buy my children, and convince them that they wanted to live with me.”

This common practice and its obvious consequences are not only discriminatory against women, but extremely detrimental to a society at large, particularly given the increasing rates of divorce around the world. In order to understand the complexity of this discrimination it must be examined from an “intersectional” perspective.

  1. Ask any adolescent with whom they wish to live, the parent who buys them everything they want, skip school when they want, go to bed when they want, etc. Or the parent who sets rules and guidelines to which children must adhere? Obviously they will choose the former.
  2. Since access to the assets of Stay-at-Home Moms can be severely restricted during and after a divorce, as my case, inter alia, demonstrates, they are at a distinct disadvantage financially in “buying” their children.
  3. Since winning the custody of children implicates a financial advantage as well as physical possession of the family domicile, egoistic, unscrupulous parents are naturally tempted to seek custody of children for whom they are later not prepared to assume responsibility. How many juvenile delinquents, at all socio-economic levels, are created by uncaring, egotistical parents who have no idea where or with whom their children are associating?
  4. Adolescent children are easily influenced and susceptible to manipulation by adults, particularly their parents who they naturally wish to please.
  5. An ethical and principled parent will not be willing or able to manipulate and lie to their child in order to obtain personal or financial benefits.

All of the aforementioned factors create a situation whereas conscientious parents are put at a distinct disadvantage in custodial decisions. Additionally, in cases of domestic abuse, particularly psychological abuse, children are exposed to manipulations and threatening behavior from the abuser which, as seen in reports, court personnel are not equipped to detect or understand.

In my own case, by awarding me €500/month with responsibility for household expenses (normally €6000/month,) the judge created a situation that was clearly discriminatory against me as it provided my ex-husband who was residing in his parents’ home completely free of charge, with €5500/month leisure expenses. With €500/month, I was barely able to assure basics such as electricity, water, gas, food for our home, much less “compete” with my ex-husband in “buying” my children with gifts, restaurants, outings, expensive vacations, etc.

January – February 2008

In my ensuing efforts to procure a court-appointed lawyer the following irregularities occurred:

  • The file clerk handling my case in the juzgado de Mostoles consistently presented me with documents petitioning a court-appointed lawyer for the medias a la previa (1140/2007) and not my divorce hearing (1143/2007.) Upon questioning this irregularity she assured me that this was correct judicial procedure. It was only upon my repeated and adamant insistence that she produced documents pertaining to 1143/07.

Additionally, she and a co-worker provided me with false information regarding how one obtains a “stay” in judicial proceedings, until I was granted a lawyer. They informed me that a “stay” would be automatically granted upon the deposition of documents requesting a court-appointed lawyer with the colegio de abogados. The fine print of the petition for a court-appointed lawyer clearly states that this is not correct procedure and that a stay is only accorded after the petition has been delivered to and stamped by the juzgado/instancia in question.

  • After previous repeated irregularities, I had little confidence in the competency of the file clerk handling my case. I, therefore, tried to present my petition for a court-appointed lawyer to the abogado de turno in the Centro de Violencia de Genero de Villanueva de la Canada, butwas refused under the contention that I was missing a necessary document. When I returned to the Ayuntamiento of Villanueva de la Canada requesting the document in question, they assured me that the document that the abogado de turno was asking for did not exist, and that I was in possession of the correct documentation.
  • I was then obligated to present my petition to 2 different offices of the Colegio de Abogados in Madrid, in the presence of two witnesses, before it was accepted.
  • I was then obliged to return 3 times to the juzgado de Mostoles, with witnesses, insisting that the file clerk stamp and process documents for 1143/2007, as well as she continually processed documents pertaining to 1140/2007 and not 1143/2007.
  • The next day I returned to the central office of the Colegio de Abogados (c/ Serrano) and was informed that my petition had not been correctly entered into the system. I returned to the office where my petition had been deposed, requesting that it be correctly processed while I waited.

Once again if I had not been able to obtain a court-appointed lawyer and obtain a stay of legal proceedings, I would have in effect admitted to the allegations of alcoholism and drug-addiction, and have been held in contempt of court as stated in the petition for divorce.

All of these acts, or omissions of acts, are in violation of art. 413 of the penal code española.

If I had not been able to obtain a court-appointed lawyer, I would once again have been recognizing the allegations of Senor Gonzalez de Alcala and in competent of court.

At the time I could not understand why I was having such problems with judicial civil servants with simple bureaucratic paperwork, until a lawyer informed me that “everyone knows everyone” in the courthouse of Mostoles with a very “pueblo” mentality.

My ex husband’s cousin, Victor (first last name unknown) Lamata has worked for over 30 years for the guardia civil of Mostoles and knows everyone in the court house. His wife divorced him years ago for his abuse and violence, has always been extremely degrading towards women, and there is no “love lost” between us. He would be more than happy to use his influence and contacts within the entire jurisdiction of Mostoles to my disadvantage, as I am the only person in the family who has ever dare to stand-up to the degrading way he treats the immigrant “concubine” that lives with him.

If Senor Victor (….) Lamata utilized his connections, or other means, to influence any State or non-State actor in the exercise of their duties or decisions, as well as any judicial actor who has let themselves be influenced in their duties or decisions, etc. are in, or could be in violation of   art. 419, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 439, 442, 446, 447, 450, 451, 458, 460, 461, 464, 465, 467, 510 and 512 of the penal code and can be held responsible for all damages suffered under art. 10, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123 and 124 of the penal code.

Regardless, if the ignorance or negligence of civil servants regarding basic administrative procedures and information was intentional or not, is irrelevent under the principle of due diligence. The Spanish State and government has a responsibility to assure that its civil servants, and all those who provide public services (under art. 24.4 of the penal code) execute said duties with the utmost integrity and and competence.

Examining the Link Between Organized Crime and Corruption

By the Center for Democratic Studies

4.5.2 Vulnerability factors and corruption mechanisms

The factors that render the judiciary more or less vulnerable to outside influence and corruption vary widely across the EU. They include complex cultural, institutional, historical and socio-economic factors that explain why and how corruption exists.

Salary levels: interviewees have pointed to salary levels as an explanation as to why corruption is more (PL, SP) or less likely (UK). Often, members of the judiciary compare salaries with neighbouring countries (ES) or civil servants.

Cultural setting: the cultural and social factors that make members of the judiciary vulnerable to corruption or make society sensitive to judicial corruption are the most complex.

In areas with significant mafia influence the social setting and informal networks allow for pressures to be exerted on judges (IT, CS-FR). Tourist coastal areas (CS-ES, BG) and border areas (PL, BG) with significant concentration of criminal activities (e.g. Costa del Sol, external Eastern EU borders), as well as local communities dependent on illegal economic activity, create similar pressures.

Favours: The cultural concept of ‘favour’ takes on a different meaning in some Member States where it is an accepted and even expected way of working. As one interviewee stated, “You ask them a favour basically. This works with anything and anybody, it doesn’t necessarily have to relate to organised crime” (EL).

Nepotistic relations and family pressures are stronger in some Member States than others. Small towns could serve as catalyser to corruption, as informal relations and favours are considered socially acceptable (ES, PL, BG, EL). In many Northern European countries, where such values are not tolerated, small towns could even have a reverse effect.

Public tolerance: In some Member States alleged corruption does not upset public opinion too much, and the judges are kept in their posts until a sentence is issued (SP, FR).

CASE STUDY:  SPAIN

  1. Background: corruption in Spain

According to the 2008 Corruption Perception Index published by TransparencyInternational, Spain fell from 23rd to the 28th position worldwide compared to the previous year. Spain is still ahead of other European countries such as Portugal, Czech Republic, Slovakia, Greece or Italy.89

Corruption seems to be a comprehensive term combining a lot of different connotations to different people; to date, the Spanish legal system has not defined it… When any of the corruption related offences are committed in an organised manner, the offence of “unlawful association” (Article 515) also comes into play.90 Broader social concepts, such as clientelism, nepotism, cronyism, patronage, discrimination, lack of transparency, “capture” of institutions by interest groups (Rose-Ackerman 2004) remain largely outside these narrow legal definitions. Understanding how governance operates and how it is organised becomes indispensable to getting the picture of why corruption and organized crime opportunities seem to be so favourable in Spain. Nieto

(199 6, 2005, 2008)91 has published extensively on the issue of the ungovernance92 of the Spanish public institutions. He analyses the impact thatthe law has on the behaviour of citizens, public officials, the administrationand the judges. With regard to the impact on public administration,he argues that non-performance of bureaucrats does not usuallycarry a personal responsibility but a disciplinary action with no seriousconsequences. He also criticizes that judges often pass legally correctyet contradictory sentences without consequences.

5.1Police corruption

Law-enforcement corruption is generally related to lower-level organised crime including drug trafficking, organized robbery, human smuggling and trafficking or trafficking of vehicles. Most of the media cases reported have involved police officers from the Civil Guard arrested for links to drug trafficking networks. This is understandable given the fact that the Civil Guard is charged with controlling the ports of entry. However, there have also been cases of National Police and Local Police officers, along with members of the military,93 who have been linked to drug trafficking.

Nevertheless, a few recent examples of corrupt practices in law enforcement institutions which have been uncovered by internal affairs units, point to levels of police corruption that have not been observed recently in most EU-15 Member States.

5.1.1 Operation Block: the Coslada police corruption ring94

Following complaints from victims of extortion, on May 8,2008, the chief of the local police95 of Coslada (a Madrid suburb) and another twenty- six local police officers were arrested on suspicion of involvement in a corruption ring that involved extortion from prostitutes, bars and local businesses. On May 14, a judge authorized detention without bail for thirteen of the arrested officers. Trial proceedings have not begun yet.

According to some police officers working in Coslada, the so-called “Sheriff” of the town, Gines Jimenez Buendia, was the only one in charge of the local police corps. He liked to surround himself with people he trusted but if anyone opposed his orders, they would be quickly replaced. That is how he managed to build his core group which was known as The Block.

Gines Jimenez Buendia told the investigative judge that he was innocent and had just gotten caught up in political in-fighting. The name of Gines Jimenez has also been allegedly linked to extortion rackets of Madrid nightclubs (made public under the Operation Guateque) and of some brothels in Barcelona.

It has been claimed that Jimenez protected Bulgarian organised crime groups involved in prostitution and that he in turn has always enjoyed protection from Coslada Mayors since the early 199 0s, while he also managed to befriend several judges. In fact, Judge Carlos Nogada from Coslada, was suspended temporarily by the General Council of the Judicial Power (CGPJ) after some wiretapped conversations between him and the Sheriff were made public.

5.1.3 The Costa del Sol “Drug and Organised Crime Unit” (UDYCO)

The Malaga Provincial Court sentenced, on 21 April, 2009, two former UDYCO97 officers (the former head of UDYCO – Costa del Sol, Superintendent Valentin Bahut, and former chief of the Organised Crime Section, Chief Inspector Alfredo Marijuan) to eighteen months in prison and to an eleven-month-prohibition from holding public office for revealing secrets and failing to counteract crimes. A third defendant, also a police officer, was acquitted of the charges.

The charges related to the cover provided to an Italian protected witness who was allowed to travel freely between Spain and Morocco despite being the subject of a European arrest warrant. The police officers have appealed the sentence.

Other cases include the arrest of a lieutenant colonel of the Civil Guard,98 the dismantling of the Santa Pola anti-drug unit,99 or the theft of 400 kilograms of cocaine in the Port of Barcelona.100

5.4.1 Corruption in the courts

This type has to do with corruption occurring in the courts which is usually perpetrated by civil servants (not necessarily judges) who abuse their positions in order to prioritise certain files/cases over others. In Spain, this type of corruption was rather common some years ago. Today, it has practically disappeared, due in large part to the implementation and management of computer-based information systems, particularly software applications and computer hardware. Nevertheless, the corruption that occurs in courts is not only connected to the speeding up or delay of proceedings but also to evidence that goes missing103 or to the removal of judicial records.104

It should be noted that the same corruption that has occurred in Coslada and Marbella is rampant in southern suburbs of Madrid, Mostoles and towns under the jurisdiction of Mostoles included. In 2007, Carlos G. L “El Armario” the head of the anti-drug division was arrested for drug-trafficking, involvement in prostitution and “protection” rings, and the fifth member of law enforcement of Mostoles in the past 4 years to be detained in connection with illegal activity. Additionally, local politicians from Brunete, Navalcarnero, Quijorna, Villanueva de la Canada, and Boadilla del Monte, all under the jurisdiction of Mostoles, have been implicated in real estate scandals involving corruption in the past years.

To believe that “cultures of corruption” would not translate into judicial proceedings during divorce is naïve to say the least.

While there are not any studies, or statistics, that have been conducted regarding corruption or “intentional negligence” in divorce courts, there are more and more studies being conducted about institutionalized judicial corruption. If one examines cases of domestic abuse, and failures to protect victims; when the abuser are law enforcement officials, judicial civil servants, politicians or influential businessmen, irregularities in judicial process and decisions are quite common. The possible irregularities are identified in the Report About Judicial Corruption 2007 by Transparency International.

  • Judicial civil servants can manipulate the dates of hearings in order to favor one party over another
  • Judge can make inexact summary decision or distort the testimonies of witnesses before handing down a sentence
  • Judges can refuse the introduction of evidence or testimonies in order to favor one party over another
  • Civil servants can “lose” a document
  • Prosecutors can block avenue of legal reparation

In this same report it says that corruption is more likely in judicial procedure where journalist do not have free access to all fact or lack of activist groups who push for reform. In order to push for reform, accountability and transparency within family law COMPREHENSIVE MEDIA COVERAGE AND RESPONSIBLE ACTIVISM IS VITAL.

It should be noted that these acts by civil servants or any person who executes a public function (art. 24.2 of the penal code), are in violation of 413, 414, 428, 429, 451, 22, 27, 28, 29 of the penal code and can be held responsible for all damages under  art. 10, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123 and 124 of the penal code.

In the report Study about the Link between Corruption and Organized Crime by The Center of Democratic Studies states that corruption is more probable in judicial process where journalists do not have free access to the facts and/or the lack of activists who push for reform; fundamental problems in cases of divorce and gender violence. In the USA activists groups “protective mothers” for more than 10 years have been trying to expose the corruption in divorce courts and the failure of these courts to protect victims of gender violence and domestic abuse.

The story of Maria Jose Carrascosa in New Jersey is only one amongst thousands per year in the USA. But, even worse is that what is happening in the USA, and the reasons it is occurring, are the same reasons that it is occurring in countries around the world, see the report Domestic Abuse and Discrimination Against Mujer –Human, Civil and Constitutional Rights Violations.

What part of my case is due to intentional negligence and which part is due to incompetence or antiquated, discriminatory norms of judicial actors is still to be determined, and I hope that an investigation by Spanish authorities will clarify exactly what happened. But, what is the most important is that the problems that identified in my case and Domestic Abuse and Discrimination Against Women – Human, Civil and Constitutional Rights Violations, do not repeat themselves.

I was finally accorded a court-appointed lawyer, Mr. Jose Manuel Jiménez Hernandez, however, during the ensuing months he repeatedly showed himself negligent in preparing my defense.

His negligence was as follows:

  • Refused, per my instructions, to respond to my ex-husband’s proposed convenio reglador. This document clearly demonstrated my ex-husband’s intent to defraud me, and is why I instructed it to be introduced into court records. The agreement declared that family asset equaled €256,000 when in reality they were €1,700,000, underestimating them by €1,444,000.

Value of Principle Residence – In the proposed agreement my ex-husband valued our home in Villafranca del Castillo at €450,000 with a mortgage of €292,000. The property’s market value is €950,000, and no mortgage exists on the home, as my ex-husband is well aware. In 2010 ( 3 years later) my ex-husband is alleging in court documents that the mortgage is €397,642.

Investments and Savings – In the proposed agreement these are valued at €88,000 while bank statements from BBVA Madrid and Miami (2007) how deposits and positions of €256,048.97.

Household furniture and contents – In the proposed statement these items are valued at €10,000 while they were insured in our move from Bogota to Madrid (2004) at $450,000 (€340,000.)

My husband’s efforts to defraud me not only constitute a criminal offense but are once again proof of his psychological abuse, and should have been introduced by my lawyer as proof of this abusive. Any attitude that finds falsification of legal document or intent to defraud one’s spouse during divorce as something “normal,” only demonstrates the necessity for reforms in customs and norms within our societies and judicial systems.

It should be noted that one lawyer that I met with in my quest for an honest, competent, dignified professional said to me “we have to get lots of money out of your husband!” I left his office thinking “this man is crazy; I want a divorce not a war!” Unfortunately, I have come to the conclusion that divorce courts are ruled by “destroy or be destroyed” and as long as this is the reality, unscrupulous, manipulative, dishonest, abusive people will always have the upper-hand.

  • Refused, per my instructions and proper judicial procedure, to initiate liquidation of my assets.
  • Refused, per my instructions, to introduce written testimonies of Astrid Betancourt on my behalf
  • Instructed me to obtain unnecessary documents, wasting my time, money and adding to emotional stress.

Additionally, this Señor  Jiménez Hernández advised me NOT to seek employment in Spain until AFTER my divorce decree was pronounced as it would have a detrimental effect upon custodial decisions and render me ineligible for alimony from my husband.[26] Essentially, custody of my children would be awarded to my husband under the contention that if I was working outside of the home I would be incapable of assuming my parental responsibilities.  But, the capacity of Senor Gonzalez de Alcala to assume both responsibilities was never put into question. I cannot complain that he advised this, as other lawyers confirmed that this discriminatory norm is common in divorce courts, and in violation of art. art. 1, 9, 14, 32, 35 and 39 of the Spanish Constitution; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 and 14 of the Equality Act3/2007; art. 2, 4, 5, 11, 15 and 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; and art. 6, 7 and 10 of the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, inter alía.

These two reasoning are yet more examples of de facto discriminatory policies against women within divorce courts .

  1. Alimony – If I had remained in the remunerated work force during the preceding 20 years, my income would have been in the hundreds of thousands of euros. However, due to the large gap in my work experience, my age, and limited skills in written Spanish, my prospective before tax income level in Spain was €15-20,000/year. In essence my hard work of 17 years, and my dedication to and sacrifices for my family and husband’s career were considered null.

Homemakers in modern societies are educators, nannies, secretaries, managers, chefs, gardeners, housekeepers, sports trainers, social escorts, and any other thing that they must handle, with a market value of €30.000/month, and have the right that their work is recognizes under art. 35 of the Spanish Constitution, art. 7(a)(i), 7(a)(ii), 7(b), 7(c), 7(d), 10, 11 of the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights; art. 2, 3, 4 and 11 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, inter alía. 

       All of this work is done without any financial remuneration, pension, unemployment insurance, social services or health insurance. The lack of consideration by the courts or governments to accord and recognize the contributions that homemakers make to a society with their years of dedication, love and care, relegates them to the statute of servitude: in violation of art. 8.2 del Convenio de derechos civiles and políticos, inter alía. 

  1. Custodial decisions – My husband working hours obligated him to be away from the home from 8:00 am to 8-9:30 pm, but were irrelevant to HIS capacity to assume parental responsibilities. This is in violation of art. 14 del Spanish Constitution; art. 23 of the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights; art. 2, 3, 4, 5, 11, and 13 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, inter alía.

Statistics show a 70% discrimination rate in American court systems. While statistical research does not exist in Spain the Women and Gender Rights Unit of the High Commission on Human Rights concur with reports on the American judicial system. Additionally, the norms, customs and beliefs that discriminate, cited below, are even more prevalent in Spain than in the USA. In the USA women’s rights movement has been in existence for many more years than in Spain, resulting in less discrimination in norms and customs in the USA.

March 2008

Senor Gonzalez de Alcala refused to respect the visitation rights set down by the courts, thereby denying me contact with my children for almost 2 months. When I filed a complaint against his non-compliance, the presiding judge threatened to bring my children in for questioning if I did not withdraw my complaint, in violation of art. 464 of the penal code.

I removed my complaint refusing to use my children, knowing from their own words, to what point they were upset when they had to present themselves to the courts.

From the beginning of my divorce proceedings my children expressed their desire that they not be “put into the middle” as well as their desire to not choose with which parent they would reside. The worst emotional distress that I have suffered in the past 6 years has been my appreciation of the detrimental impact the emotional turmoil and chaos my divorce has had on my children. The failure of EVERYONE involved to consider or protect my children’s rights or think about their well-being, has been the greatest atrocity and HUMAN RIGHTS VIOLATION of the entire nightmare, and in violation of art. 1, 9, 10, 18, 24 and  32 of the Spanish Constitution;  art. 3, 4, 5, 9, 10, 16, 18, 19, 24, 29, 36, 37 and 39 of the Convention on the Rights of the Child; art. 23  of the International Convention on the Civil and Political Rights.

As declared in the Gender Review, Social Policies and Law, vol. 17.2, Abuse and Discretion – Evaluating Custody Decisions in Divorce Courts, “Given the imprecise rules associated with the best interest of the child standard, Steven N. Peskind says that it has a produced a situation in custody cases have become “a combination of beauty contest and a circus side show where two parent try to sway the judge with their respective strengths while demonstrating concurring weaknesses of their spouse.” The fact that divorce courts have become a “circus” once again work in favor of the abusive parent, discriminates against women, and almost assures that in cases of international divorce the parent with the local nationality will be favored in judicial decisions.

April 2008

On the night of April 19, 2008 I was at home preparing for the annual Easter Egg Hunt/Lunch which I organize every year for my children and neighbors. My ex-husband called me at 10:30 pm asking me if I had forgotten about our friend and neighbor’s birthday party. I said I had, called my neighbor and told her I would be over as soon as I finished. I was exhausted as for the preceding 8 months I had not been able to sleep for more than 2-3 hours per night due to extreme emotional stress.

Upon my return home from the party, 1.3km and less than 4 minute drive from my  home, my husband and 4 police officers were waiting in front of my house. I parked in front of a neighbor’s house to request their assistance and to act as witnesses to my detainment. The police detained me before arriving at my neighbor’s doorstep and requested an alcoholemia test; in violation of art. 174, 175, 176 and 177 of the penal code.

I informed the police that this constituted entrapment, with clear intention to defame my character (violatión of art. 208 and 429 of the penal code and aggravating the criminal responsibility of Señor González de Alcalá for art. 22, 23 and 17 of the penal code española) and remove custody of my children from me. I was logistically impossible that the police officers were answering a call from the “central”, there presences was not a coincidence, and they had specifically stationed themselves in front of my home in order to assist Senor Gonzalez de Alcala in his illegal maneuvers. Without any witnesses and/or legal representation the police were at liberty to falsify the results of the alcoholemia test.

Therefore, I informed them that before submitting to any investigation on my person, I wanted the presence of a lawyer, translator and representatives of my Consulates (French and American), as was my right under art. 9.3, 17.3, 20.4 and 24.2 of the Spanish Constitution; art. 428 and 429 del código civil española; art. 537 of the penal code; art. 9.1, 14.3.2, 14.3.4, 14.3.6, 14.3.7, 17.1, 17.3  of the International Civil and Political Rights; art. 3(b), 3(c), 3(d), 3(e) and 3(h) of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women; art. 2(d) of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women; andart. 5 del Convention on Consular Affairs.

It should be noted that not only did I have the right to request legal representation during my retention, but also under art. 537 of the penal code, the police officers that tried to prevent me from exercise this right were committing a criminal act under art. 537 of the penal code. I cite art. 537 “The authority or public officer who prevents or hinders a detainee or prisoner in the exercise of his right to legal counsel, who attempts or favours his renunciation to such counsel, or does not immediately inform him of his rights and of the reasons for his arrest in an understandable way, shall be punished with the penalty of a fine from four to ten months and special barring from public employment and office of two to four years.”

It should be noted that at all times of the retention Señor González de Alcalá was present, had been consuming wine at the same birthday party, and had left immediately after I (confirmed in testimony during the trial.)  In order to arrive at our home before me (2-3 minutes), he had been obliged to speed (while under the influence of alcohol) at approximately 60-80 km/hour in a 20km/hour zone, which the arresting officers could not have failed to observe (see document #7B). However, Senor Gonzalez de Alcala was not requested to submit to the same alcoholemia test as I; clearly discriminatory.

If the police’s only interest in detaining me was to uphold the law against “drunk driving,” as they contended, then they would have stopped everyone, including Señor González de Alcalá , leaving the party. The fact they singled only me out for an alcoholemia test, abstaining from requesting the same from my husband is highly suspicious, and clearly discriminatory.

I was taken to the local police station and provided with a lawyer, but no translator and neither the French nor American Consulates were informed of my detention.

Also, it should be noted that the four arresting police officers failed to present themselves at the ensuing trial and as such the judge attempted to intimidate me into renouncing my right to a fair and public trial, and plead guilty, in violation of art. 464 of the penal code. Also, it should be noted that in said trial the arresting police gave false and contradicting testimonies in violation of art. 458 of the penal code.

Perhaps if judicial actors and law enforcement officials were not permitted to utilize the judicial systems for maneuvers designed to intimidate victims of domestic abuse, the courts might not be so over-burdened with work.

In the ensuing judicial decision, as well as the divorce decision 1143/2007 (and juicio no. 226/2007) the opinion that I refused to submit to a police examine producing a second criminal offence is once again an example of judicial opinions based on prejudices and erroneous opinions (as already cited art. 537 of the penal code).  Additionally, it is anti-constitutional (under art. 1, 9, 10, 14, 17, 19, 24, 53 and 103 of the Spanish Constitution) that law enforcement officials retain a person without any reason, try to prevent them from obtaining legal assistance, or deny the right to have Consulate representatives present for any interrogation or judicial examines.

The fact that police can retain people without any cause in countries where a high level of corruption and discrimination is demonstrated “opens the doors” to police harassment and the violations of the rights of its people (with said corruption and discrimination shown in Beauty Solomon vs. Spain by the European Courts on Human Rights www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=26, as well as reports and statistics presented in Domestic Abuse and Discrimination Against Women – Violation of Human, Civil and Constitutional Rights, calling attention special attention to the studies by Amnesty International cited within regarding police harassment and the failure of the Spanish State to investigate and sanction said harassment and violation of human rights – p. 185  – Espana: Sal en la herida Impunidad policial dos anos despues by Amnesty Internacional 2009).

My case brings up legal questions not only about the constitutionality of police retention of people who have not committed an offense, but also whether police retention in such cases is really in the in protection of public interest and safety, or is it an action (or potentially and action) that is retaliatory and/or with the intent to intimidate by State actors, particularly in cases motivated by discrimination and/or corruption and are in violation of art. 428, 450 and 451 of the penal code.

Additionally, it should be noted that the contention that Señor González de Alcalá  called 112 is logistically impossible. In light of the speed at which the police officers responded to the call to the residence in question (less than 4 minutes) the only logical explanation is that Señor González de Alcalá  called the police officer(s) directly and/or said officer(s) were expecting and waiting for the call with the express objective of retaining me.

Calling attention to the fact that the 4 police officers with 2 polices cars responded to the call, according a lot of (discriminatory) attention and importance to a woman driving a few hundred meters within Villafranca del Castillo after having had a few glasses of wine at the birthday party of a neighbor. It should be noted that it is VERY frequent for the residence of the urbanization to go from house-to-house after dinners or parties on the week-ends, but the police NEVER retain them inside of the urbanization, opting to station themselves on the M-503 and M-509 for “alcohol retention” operations on the week-ends where serious and dangerous accidents due to drunk-driving are frequently caused by speeding and unsafe driving.

The only logical explanation is that Señor González de Alcalá was in direct contact with the said police officers, assumingly through his cousin who works at the guardia civil. Later I officially requested a transcript of all incoming calls of the night in question in order to demonstrate that Señor González de Alcalá did not call the central number, but rather directly to the police officers in question, but my request was denied, once again violating my rights to access to public documents and evidence to defend myself, in violation of art. 451 of the penal code.

It should also be noted that in the preceding months police officers of Villanueva de la Canada took 20-30 minutes to respond to calls to my home for domestic violence (and in the case of Sylvina Bassani – http://worldpulse.com/node/13171 /report from Amnesty International, who had a protection order, they took 3 hours to respond to the ex-husband’s call stating “there are 2 dead bodies here, perhaps 3” after having killed Ms. Bassani and her new partner, before committing suicide in front of their 2 year old son).

These facts put into question what are the priorities of police officers in Spain; the protection of citizens and victims of gender violence, or the intimidation of women in process of divorce and/or foreigners? 

Decision of Fiscal de Menores – Custody April 2008

On the morning of April 20, 2008 my husband entered our home, and woke my eldest son (almost 16 years old) at 3:00 am and removed him from our home. He later retained my youngest son and took him to his parent’s home, where he himself had been residing for the past 9 months. It took me several days, and an emotionally stressful scene for my children in front of their school and in the presence of the local police, before I recuperated my children. The abduction of the minors from their legal domicile by Señor González de Alcalá was in violation of art. 224 and 225 of the penal code.

During those days Señor González de Alcalá  insisted that I had lost custody of my children, and that he had documentation to prove it. The next day, April 25, 2008 my lawyer informed me that the Fiscal de Minores had removed custody of my children from me with no visitation rights. During all judicial procedures Señor González de Alcalá  knew about judicial decisions before they were handed down. How, and through whom, he was consistently aware of judicial decisions in the past months before they had been handed down would be speculation on my part.

The fact to remove custody of my children from me without notification, not the opportunity to be present during the process, nor respond to any accusations, was in violation of my rights under art. 24 and 39 of the Spanish Constitution;  art. 9 of the Convention on the Rights of the Child; art. 14 and 17 of the Convention on Civil and Political Rights.

If every parent in Villafranco del Castillo, or Spain, who drove home from a neighbor’s party on a Saturday night after drinking a few glasses of wine was declared an alcoholic and a danger to their children, losing custody of their children in the process, then there would be no more children living with their parents in the neighborhood. The Child Protection Services decision was discriminatory towards me as a women and mother in process of divorce.

My arrest under such Machiavellian and suspect circumstances PROVES that my husband’s allegations are totally unfounded, and nothing more than a ploy to obtain custody of my children and financial benefits.

Between 2004-2009, 8:30 h – 21h, every day of the week, at the same hours of the day, I drove approximately 100 km on M-508, chauffeuring my children, trips to the gym, and running errands for my family. If my husband’s unfounded and fantastic contention were true, then the police could have detained me on my daily runs. But, since my ex-husband knows his contentions are false and fabrications of his imagination, he came up with this ridiculous, illegal scheme. His false allegations and defamation of character campaign are in violation of my constitutional rights under art. 10, 15, and 18 as well as desecrate of the principles and sanctity of marriage.

My ex-husband also knows that they worst thing that he could do to me is to deprive me contact with my children, and why he has gone to such extremes to do so. It is his way to continue with his abuse after our divorce. My worst distress over the past years has been my inability to be and communicate with my children and assure that he is not mistreating them.

In addition to reports from friends around the world as to hysterical phone calls at all hours of the day and night during 2008 from my ex-husband desperately trying to convince everyone as to my “deteriorating state” he sent the following email to my sister’s ex-husband on May 15, 2008, also documenting his desperation, manipulations and pathological lying.

“Hi Peter, Thanks for your messages, calls and hopes. I know it is impossible to find her (Quenby) because she never answers or returns her phone calls due to her physical and mental state. Tell Doranne  that yesterday between 6:45 and 7:30 am, I was calling her to give her news of Quenby, but no one answered. She can call me at my cel. Phone 00.34.618.157185 when she wants. “Minor Child 1” and “Minor Child 2”  are better since the 3 weeks, they have been with me in my parent’s house, although sad to see their mother worse each time, continuing with her “war of complaints” (all will be lost) in the courts and now taking anti-depressants, which makes her even worse. The children wish to return home, but for the moment Quenby is prolonging the process, even though in the end the children will return to our home with me, as since September 2, 2007 they have declared with the guardia civil, local police and courts on various occasions that they wish to live with their father. Quenby is waiting to be condemned to prison  for 6-12 months and 1-4 years loss of her driver’s license. Last Thursday after her criminal trial, the prosecutor asked for the maximum penalty which will be declared in 20 days…”

Followed by an email on June 3, 2008

“Subject: WHEN CAN YOU CALL ME AT CEL. 618.157185 THEY HAVE DECLARED QUENBY INCAPACITATED FOR CUSTODY AND HAVE PROHIBITED ALL VISITS WITH THE CHILDREN UNTIL SHE STARTS A TREATMENT FOR HER MENTAL DISORDERS OF PARANOIA AND ADDICTION TO ALCOHOL AND DRUGS…”

——

See Defensor del Pueblo #2 for the second part of the complaint. 

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[1] In this official complaint the definition of corruption used is that of Amnesty International; Transparency International; The Internacional Council on Human Rights Policy; Edgardo Buscaglia and Jan van Dijk, Crime Prevention and Criminal Justice Officer and Officer-in-Charge, Human Security Branch, United Nations Office on Drugs and Crime in CONTROLLING ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR; inter alía.
[2] The Relationship between Human Rights and Corruption: The Impact of Corruption on the Rights to Equal Justice and Effective Remedy, by Victoria Jennett, THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, Review Meeting, Corruption and Human Rights, Geneva, 28-29 July 2007
[3] See Document #19 (Global Expats – Executive summary, Concept, and Financial Projections) and http://worldpulse.com/node/44543
[4]  See Documento #30 – Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Women by UN Division for the Advancement of Women
[5]Spanish Constitution – art. 1, 9, 10, 13, 14, 20, 33.3, 35, 38, 40, 45 and 121; Equality Act 3/2007 – art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 42, 44 and 45; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – art. 3, 4, 11, 13, 15 and 16; Convention on Economic, Social and Cultural Rights – art. 6, 7 and 15; International Convention on Civil and Political Rights – art. 5 and 26; Spanish civil code – art. 1254, 1256, 1258, 1274, 1277, 1279, 1280, 1282, 1288, 1088, 1089, 1091, 1092, 1094, 1098, 1101, 1102, 1902 and 1902 ; Spanish penal code – art.10, 11, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31 bis, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120.4, 121,122, 124, 125, 126, 127, 129, 169, 172, 173, 177, 195, 243, 248, 250, 252 510, and 512.
[6] Para blogs, etc. Documenting the emotional damages see http://stopthetortureandgenocide.blogspot.com/2009/07/domestic-abuse-cancer-within.html/http://stopthetortureandgenocide.blogspot.com/2009/07/end-domestic-abuse-through-actions-not.html/http://stopthetortureandgenocide.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=7
[7] LA CUENTA SATÉLITE DEL TRABAJO NO REMUNERADO EN LA COMUNIDAD de MADRID por María-Ángeles Durán Heras.
[8]http://www.freep.com/article/20120413/NEWS07/204130368/President-steps-into-mom-is-a-job-fray-after-Mitt-Romney-s-wife-is-criticized
[9] See Document #20 – Sexual Abuse in the Family Courts and the Failure of Family Courts to Protect Them p. 19-20.
[10] See Document #10 – Statistics on Annulments, Separations and Divorces Year 2010 por el Instituto Nacional de Estadisticas
[11]“both laws and practices still tend to make divorce easier to access for men than it is for women, and to make life tougher for women than for men in the post-divorce period. That this is true for both systems based on Muslim law and for those based on other sources reflects a commonality of patriarchal control asserted through laws, practices and social attitudes.”549 Laws that Discriminate Against Women p. 95  – Document #23  
[12] “This points to a common difficulty experienced by women, many of whom do not participate in the paid labour market and who are therefore unable to contribute in monetary terms to the acquisition of family assets. The non- recognition or minimisation of the unpaid work done by women in the home and community results in legal disenfranchisement. .. She then cites the case of Tabitha Wangeci Nderitu v. Simon Nediritu Kariuki572 where a judge described a stay at home wife who was seeking to claim a share of matrimonial assets after divorce as “sitting on her husband’s back with her hands in his pocket” seemingly forgetting that the “cock bird can feather his nest because he does not have to spend all day sitting on it” or put differently, that a man is enabled to go out into the paid workforce because his wife is taking care of hearth and home for him.573… some legal systems may see the husband’s duty to give dower for the wife and to maintain her during the course of the marriage as entitling him to unilaterally divorce her and also to keep the matrimonial assets on the dissolution of the marriage.574… Operating on the principle of “take what you have paid for” negates a woman’s domestic contribution, for all she is able to point to, are the clothes on her back and maybe a few pots and pans. Laws that Discriminate Against Women p. 98-110  – Document #23  
[13] Estudio Jurisprudencial sobre el Impacto del  SAP  en los Tribunales Asturianos (vea Documento #24)
[14] See Document #31 – Domestic Abuse as a Human Rights Violation & the Principle of Due Diligence: An Intersectional Approach by Quenby Wilcox, Founder, Global Expats p. 43-71.
[15] Ibid, p. 104-150.
[16] Ibid, p. 226-234
[17] Cultural Adjustment of the expatriated family is the determining factor in a successful expatriation experience, with the expat homemaker instrumental in assuring that adjustment. Since, multinationals, and other expat employers, spend billions of dollars (euros) each year to expatriate their employees, the adjustment of the expat family, particularly the expat homemaker and her (or his) desire to maintain a career, is increasingly becoming a focus of multinational and foreign service HR departments. See Family In Global Transition http://www.figt.org/bibliography
[18] See Document # 25 – Global Expats – Market Analysis – Profile of the Trailing Spouse and the Expat Family
[19] See Document #19 – Global Expats – Executive Summary, Concept and Financial Projections
[20] Article 66. The spouses are equal in rights and duties.Article 67. The spouses must respect and assist each other and act in the family interest.Article 68.The spouses are obliged to live together, to be faithful to one another and to come to one another’s’ aid. They must, furthermore, share domestic responsibilities and the care and attendance of parents and descendants and other dependents in their charge.
[21] As demonstrated in document #1- contestacion de Senora Garcia Martin, the emotional problems of Senor Gonzalez de Alcala arose after his work related problems in Bogota, Colombia as Executive Director of the Treasury Department of Banco Ganadero/BBVA, and when his functions were removed during 9 months in regards to irregularities in his department. This was very traumatic for Senor Gonzalez, and I (as was my obligation as his wife) gave him all of my support and encouragement in Bogota, as well as upon our arrival in Madrid en September 2004. But,   these work related problems were nothing new, and I had spent our entire marriage managing the consequences of his erratic behavior and resulting problems.  Upon our arrival in Madrid in September 2004, I gave him an ultimatum, that he confront his psychological problems or our marriage would be over. Instead of facing his problems, Senor Gonzalez de Alcala decided to start a defamation of character and destruction campaign against me. Within the understanding of gender violence, his behavior is quite “normal”, and is exactly this behavior and its roots that judicial actors need to understand and detect (and not cover-up as they are doing) in order to defend victims of gender violence and domestic abuse. Other problems related, and that need reforms, are psychiatrist and psychologists that find it easier to proscribe pharmaceutical drugs to victims of abuse instead of confronting the abuser in order for him (or her) to change their behavior.
[22]More Rights, The Same Obstacles – 2006; HAY QUE ACTUAR A TIEMPO DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO and ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN EL ÁMBITO SANITARIO ESPAÑOL- 2006; The Law AgainstGender Violence: Two Years After Victims Continue to Encounter Obstacles – 2007; MÁS RIESGOS and MENOSPROTECCIÓN MUJERES INMIGRANTES EN ESPAÑA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO – 2007; ENCUENTRO LEYCONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO_ DOSAÑOS DESPUÉS LAS VÍCTIMAS SIGUEN ENFRENTANDO OBSTÁCULOS, Resume de las ponencias- 2007; Obstinada Realidades, Inter alía.
[23] See Documento #21 – Domestic Violence and Abuse in Our Societies and Court Systems p. 35
[24] While during the legal process and hearing I understood  most of the Spanish dialogue, I did not understand a Word of their Spanish legal jargón, and I have absolutely no idea what the judge said during the first 5-10 minutes of this hearing, and in all hearings afterwards.
[25] Senor Gonzalez de Alcala’s salary in 2007 was €181.000 (see document #19) and under art. 1347.1 and art. 1392.1 of the civil code. While 1392.3 contradicts 1392.1, setting the date of termination of the common property regime in November 2007 (medias a la previa) I contest this date as termination of common property under two contentions: 1) Senor Gonzalez de Alcala acted in bad faith during all judicial proceedings and with a clear intention of defrauding me of my assets, therefore, under art. 1391 (and 1390), inter alia, the date of dissolution of the marriage art. 1392.1 should apply, and 2) since I was instructed by my lawyers in 2008 to “not look for gainful employment until after the divorce decree, as it would nullify my rights to alimony” (judicial biases confirmed in sentencia #1079- oct 2009), thereby unable to work (discrimination under art. 1, 9, 10, 13, and 14 of the Spanish Constitution; and art. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 and 14 of the Equality Act 3/2007, inter alia) art. 1392.1 should again apply to date of termination of common property.
ENDNOTES
[i] ABUSE AND TORTURE GO FAR BEYOND BROKEN BONES, IT BREAKS THE HEART AND SPIRIT AND IS SO DESIGNED
In 2001 I attended the inauguration of the Spanish version of Ingrid’s Betancourt’s book La Rage au Coeur, in Bogota, Colombia, and her ensuing presidential campaign speeches. While I was impressed with her convictions, enthusiasm, and desire for peace and change for her county, I felt that she could never achieve in Colombia what is unattainable in the United States and Europe. I followed her 6 years of captivity in the Colombian, Spanish, French and American press closely and admired Astrid and her family’s never ending persistent, to liberate Ingrid. I know enough about the dynamics and political backdrop of her liberation to know that without the efforts of Ingrid’s family, she, and those freed with her, would have been left to die in the jungles of Colombia by the “important” people of this world.
However, it was upon reading the following passage in her book Letter to My Mother that was published during her captivity, that I thought to myself; “This is exactly the torment and fear that I have lived for the past 3 years, and that all too many women and children around the world live for an entire lifetime. And, no one really cares, as I have learned the hard way! “
This is where the true battle lies for peace and democracies, not in political campaigns and politically correct rhetoric!
I owe an enormous amount of gratitude to Ingrid and Astrid. At the end of 2007 I realized that my children would end up under the custody of their emotionally unstable father, and his and his family’s influence and mercy. In my desperation, I contacted every association whose mission is to help women in my situation and anyone and everyone I have known during my life-time, who have any kind of “power,” asking for their assistance. THE ONLY person who provided any assistance was Astrid Betancourt.
The amount of people who provided me with empty rhetoric and promises, ignored me, or slammed the proverbial door in my face was amazing. The apathy and indifference of people over the life of a woman and her children stunned and disillusioned me more than I had even been in my entire life, and is precisely why what happened to me and my children occurs every day, everywhere.
Additionally, for the first time in my life I was presented with a problem that I did not know how to handle or confront, and had no one to turn to for advice. It was in re-reading Ingrid’s book La Rage au Coeur that she gave me the advice and answer that I needed.
I will be indebted to these two women for the rest of my life, not only did they assist me in a practical way, but they have given me the strength to continue fighting day after day, by observing the courage and force that they had shown in face of horrifying challenges and adversities. After 6 years of living in Colombia with security concerns of my own children and family, witnessing kidnappings, homicide and terrorist attacks, I can appreciate the emotional strain that Ingrid’s captivity was for the entire family.
The entire world would do well to look to these two women, their mother, their children and family to see where true values lay, whether it be of a family or nation. True values, morals and integrity are not to be found on a slip of paper, whether they be on marriage certificates, birth certificates, constitutions, declarations of rights, or legal codes, but rather through love, honor and dignity. And, I have observed Ingrid and Astrid demonstrate all three of these on various occasions over very many years.
LETTER TO MY MOTHER by Ingrid Betancourt.
This is a very dense jungle where sunlight scarcely ever penetrates, and it is barren of affection, sympathy, or tenderness.
They separated me from the people with whom I had a good rapport and affection and put me in with a very difficult group. I am tired, Mamita, tired of suffering. I have been, or tried to be, strong. These nearly six years of captivity have proven that I am not as resistant, not as brave, not as intelligent, not as strong as I thought. I have put up many battles, have tried to escape several times, have tried to keep up hope like one keeps one’s head above water. But, Mamita darling, I give up. I would like to think that one day I will get out of here, but I realize that what happened to the congressmen which affected me so deeply-could happen to me at any moment. I belief it would be a relief for everybody.
I keep thinking that at last I am going to cry no more, that it has now healed over. But the pain starts up again and attacks me like a vicious dog, and I again feel my heart breaking into pieces. I am tired of suffering, of bearing it all inside me all the time, of lying to myself, of believing that this will soon end and finding that every new day is the same hell as the one before. I think of my children… We have gone through so much together, have lived our lives so intensely that terra firma seems to have disappeared in the distance. They are the same, and yet they have changed, and with every second of absence, of my inability to be there for them, to assuage their pain, to be able to advise them or give them strength and patience and humility in the face of life’s blows, all the lost opportunities to be their Mama, poison these moments of infinite loneliness for me, as if I were given an intravenous injection of cyanide.
Mamita darling, this is a very difficult moment for me. They demand a proof of life and here I am pouring my heart out to you on this sheet of paper, I am in poor physical condition. I haven’t been eating; my appetite has shut down; my hear is falling out in clumps; I have no desire for anything. And I think the latter is the only thing that is right-having no desire for anything. Because here in this jungle the only answer to everything is “No.” It is better not to want anything so as to be free, at least, of desires….
I would like to ask you, Mamita darling, to tell the children that I want them to send me three messages a week, on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ask them to send you a couple of lines to your e-mail address so that you can read them to me. Nothing world-shaking, just whatever they can think of to write, such as “Mamita, today is a marvelous day” or “I’m having lunch with Maria; I love her very much and I know you are going to be pleased with her” or ‘I am exhausted but I learned a lot today in class about new filming techniques that I’m excited about.” I don’t need anything more, but I do need to be in contact with them. In fact, everyday I wait anxiously to see if you are going to mention them or if you talked with them. That is what makes me happy, the only thing I care about knowing, the only vital, significant, indispensable information. All the rest doesn’t matter to me…..
Well as I was telling you, life here is no life; it is a gruesome waste of time. I live, or survive, in a hammock strung between two poles, covered with mosquito netting and a canvas that acts as a roof, which to keep my belongings, that is to say, the knapsack with my clothes and a bible my only luxury. Everything is prepared for leaving on the run. Here, nothing is one’s own, nothing lasts; uncertainty and precariousness are the only constant……..
Everyday less and less of myself remains….. Everything is hard. That’s the reality. It is important that I dedicate these lines to those who are my oxygen, my life-to those who keep my head above water, who do not let me drown into oblivion, emptiness, and despair. They are you my children…..Tell them that they have never ceased to be my source of joy in this harsh, captivity. Everything here has two sides, joy comes with pain, happiness is sad, love cures and opens new wounds; to remember is to live and to die anew…..
I was telling you that for years I was unable to think of the children because of the dreadful pain it cause me not being with them. Now I can hear them and feel more joy than pain. I seek them in my remembrances and sustain myself with the images I keep in my memory of the ages of each. I sing “Happy birthday” to them on every birthday …. I celebrate their birthdays in my heart…. And, if I were to die today, I would go satisfied with life, thanking God for my children…..
For a long time, we have been the lepers that mar the ball, we captives are not a politically correct topic…… We must think of where we come from, who we are, and where we want to go. I aspire to our having that thirst for greatness one day that makes people rise up from nothingness to the sun. When we are unconditional vis-avis the defense of the life and liberty of our own, that is, when we are less individualistic and more committed to the common good, less indifferent and more involved, less intolerant and more compassionate, then at that time we will be the great nation (world) that all of us would like to be. That greatness is there asleep in our hearts. But hearts have hardened and weigh so heavily that no elevated sentiments are permitted….
,,,The wars waged against the freedom of a handful of forgotten ones are like a hurricane seeking to bring down everything. It is of no interest. His intelligence, his nobility, and his devotion have given pause to many, and here, more than the freedom of some poor crackpots chained up in the jungle, it is a matter of taking stock of what it means to defend human dignity.
Ingrid Betancourt
Until human dignity, honor and peace exist within our hearts and our homes, it will never exist within our communities, societies and this world. Quenby Wilcox

 

 

 

Queja al Defensor del Pueblo y Consejo General de Poder Judicial – 1(ESP) 5/15/12

ESO ES EL RETORICO 

PERO , ESO ES LA REALIDAD

 Abuso domestico como violación de derechos humanos y el principio de debido diligencia: Un enfoque interseccional

Wilcox vs. González de Alcalá y González de Alcalá vs. Wilcox

Violaciones de derechos humanos,
violaciones de derechos civiles y constitucionales, 
Discriminación contra la mujer, 
Falta de debido diligencia y corrupcion en tribunales de familia, 
responsabilidad criminal de actores judiciales, 
en casos de abuso domestico                         
Denuncia Contra el Juzgado de Mostoles, Primera Instancia #2 al Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo
 15 de mayo 2012

En presentando mi denuncia contra el juzgado de Móstoles primeria instancia #2, y todos actores estatales y no estatales implicados, por la falta de debido diligencia en violaciones de mí (Quenby Wilcox) y mis hijos derechos humanos, civiles y constitucionales, y por discriminación contra mí como mujer y extranjera, espero que el Defensor del Pueblo de España lo acordara la importancia que lo merece.

Mientras que mi denuncia esta contra el juzgado de Móstoles, mi queja esta contra todos tribunales y sistemas judiciales en Europa, Norte Americana, Oceanía, inter alía, que están violando los derechos de sus cuidadnos, fomentando y apoyando discriminación contra la mujer, y fallando de proteger las víctimas de la violencia de género y abuso domestico. Y en llevando mi caso a o los autoridades españoles, tribunales internacionales, o otros, tanto que todos medias de comunicación a mi dispuesto, estoy ejerciendo mi derecho de libre expresión y pensamiento.

Se debe notar que la falta de debido proceso y violación de derechos puede pasar, y pasa, a todos ciudadanos  en sistemas judiciales, pero mujeres, extranjeras, pobres, minoridades, niños son más expuestas a estos abusos de poder por costumbres, tradiciones y creencias discriminatorios de actores judiciales tanto que la populación en general. Mientras que estos problemas son inter-relatado, discriminación y las violaciones de derechos no debe ser visto como problemas que son co-dependientes o causales, pero problemas que co-existen dentro de un problema más extenso: el fallo del sistema democrático.

Es por esta razón que en la lucha contra las violaciones de derechos y discriminación, y como veremos corrupción y negligencia, asegurando reformación legislativos, tanto que contabilidad y transparencia judicial; el verdadero desafío se queda en cambiando y desacatando las normas, las creencias y costumbres que impregna y guía procesos y decisiones judiciales.

Mientras que los asuntos aquí presentados se pasan dentro de un divorcio, y para mucho nada más que “un asunto privado”, se debe notar los siguientes.

El divorcio, que se implica la violencia de género o no, se pasa dentro del sistema judicial, bajo leyes y  procedimientos judiciales, y así es un reflexión sobre la integridad y honradez de los fundamentos sobre lo cual democracias son basados. Cito art.1.1 y 1.2 del Constitución Española “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; tanto que art. 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 27, 33, 35, 38, 40, 41, 45, 47 y 51. Cualquier acto, opinión, o decisión por actores estatales o no estatales que infringen sobre las libertades o derechos de cualquier ciudadano (de nacional española o extranjera y sexo femenino o masculino), están participando en la podredumbre del dicho democracia y los principios sobre el cual democracias son fundidas.

Una democracia de verdad no está fundida sobre un papel donde están escrito estés artículos y principios, pero en la dignidad y honor que pertenece a cada persona, y en la responsabilidad y obligación que tiene cada persona de respectar, tanto que defender, la dignidad y honor de todas otras personas que viven un su comunidad o país. Como guardianas de la Constitución y sus principios, actores judiciales, que sean estatales o no estatales, poseen todavía una responsabilidad y obligación más alto de defenderlos que otras personas.

Estos no son principios al cual el ser humano tiene o entiende desde su nacimiento, pero son basados sobre las creencias, costumbres, tradiciones y comportamientos que aprenden, y que están determinadas por las personas que los cuidan, educan y relación con ellos durante toda su vida, sobre todo los primeros 20 años.

Es por esta razón, y visto que 3 sobre 4, o 75% de parejas en España terminan en separaciones y/o divorcios, que los decisiones en tribunales sobre custodia y acuerdo  financieros, no son, ni pueden ser considerado como “asunto privado” o “sin importancia”, sobre todo en el ambiente político.

La educación y bienestar de los jóvenes, hoy en día tanto que generaciones futuros, deben ser, y tiene que ser, la preocupación NÚMERO UNO, de los gobiernos alrededor del mundo, tanto que la defensa de sus derechos y libertades en todos ámbitos, sobre todo en sus sistemas judiciales.

Como se demuestra en el reporte (dispuesto en http://www.worldpulse.com/node/52011REPORTE – Abuso Domestico y discriminación contra la mujer en los tribunales – violaciones de derechos humanos, civiles y constitucionales, la buen salud económica y social de un país depende directamente sobre la buen salud y bienestar de su gente.  Los problemas asociado con el bien-estar física y psicológica de un nación; que sean económico, educativo, social, de salud, criminalidad, etc., etc., problemas que todos los países están enfrentando, son una resulta directa de la socialización antigua de nuestra juventud, que es basado sobre abusos de poder, disciplina excesivo o permisividad excesivo. Las técnicas de socialización de “civilizaciones” han sido desarrolladas desde miles de años y han ensenado la dominación del más fuerte sobre el más débil, tiranía, odio, discriminación, pero raramente los principios de convivencia, dignidad, respecto o igualdad.

Si queremos crear un mundo donde todos podemos vivir en paz y prosperidad, tenemos que cambiar radicalmente la manera que nos relacionamos. Para que logremos de hacer llegar a este objeto tenemos que empezar con la manera que crecen y cuidan nuestros hijos, tanto que la moralidad y valores que los ensenamos.

En considerando mi caso y denuncia, se debe notar el daño causado por la falta de integridad, y la corrupción[1]  extensiva en el sistema judicial y el impacto negativo sobre la economía, sobre todo visto el crisis económico mundial que estamos enfrentando hoy en día.

Está bien demostrado que la corrupción tiene un impacto sobre el desarrollo de nuevas empresas, desarrollo de libre comercio, desarrollo de  las infra-estructuras, la confianza de inversionistas extranjeros, y promueva la corrupción político a todos niveles. Cito La relación entre los derechos humanos y corrupción: el impacto de corrupción sobre los derechos del acceso de la justicia basado sobre principios de igualdad y remedios efectivos por Victoria Jennett [2]

Corrupción en el sistema judicial socava la democracia y los derechos humanos tanto que disminuir la expansión económica y desarrollo humano. El sistema judicial es el principio básico de la democracia: guardiana e intérprete de la ley aprobado por la legislatura e implementado por la ejecutiva. Es también el árbitro final de disputa entre partidos. Si la sistema de justicia esta corrupta los oficiales públicos y interesas de grupos seleccionados puede actuar con el conocimiento que, si están expuestos, su corrupción y acciones ilegales serán sin consecuencias o sanciones. Confidencia publica en el gobernación y las instituciones del Estado son mermados como el corrupción judicial facilita corrupción dentro de todos sectores del gobierno y la sociedad. Los derechos humanos son degradados como ciudadanos no son acordados sus derechos de acceso libre e igual a los tribunales, ni son tratados de una manera igual por los tribunales. La comunidad internacional de comercio esta reacio de invertir en el país – muchas veces en países que lo necesita más que ninguno – donde no hay certitud del imperio de la ley y ningún garantiza que contractos serán respectados porque el servicio del sistema judicial está en el servicio de ellos en poder o lo que tienen los bolsillos más profundas y no en los principios de derechos.” 

Mi propio caso expone no solamente como la corrupción se actúa en el proceso judicial, sus consecuencias del perspectivo de derechos humanos, civiles y constitucionales, e obligaciones penales que son producidos por los actores del dicho corrupción, pero también las consecuencias que tienen sobre los esfuerzos de desarrollar una entidad comercial en el país.

Mi empresa, Global Expats[3]/www.global-expats.com, hubiese generado ingresos de €100+ millones, y miles de empleos hoy en día, con su sede en España (pagando impuestos substanciales) si no fuese por la apropiación de todos mis activos por el sistema judicial en España.

En considerando mi caso, y denuncia, los autoridades españoles deben miraran los problemas como representativo de lo que está pasando en los tribunales de familia y casos de violencia de género. Las tradiciones que oculta abusos de poderes, que sean dentro de la familia, comunidades o tribunales usan los mismos tácticos y tienen los mismos fines (intimidar y dominar la victima), y están tan arraigados en nos costumbres y mentes que la mayoría de la gente ni los vean.

Entonces, mientras que las costumbres, tradiciones, y leyes que estoy desafiando y desacatando pueden ser vistas como “normales”, por el solo razón que siempre han sido así, no se pueden defenderlos o mantenerlos bajo esto principio. En este espirito y  bajo art. 1, 2, 3, 4 y 5 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, art. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 del Acto de Igualdad 3/2007 y el principio de “acción positiva” en la eliminación de discriminación contra la mujer, estoy pidiendo el Defensor de Pueblo, inter alía, de acordar los cónyuges del matrimonio (Señor González de Alcalá e yo, Señora Quenby Wilcox), y actores estatales y no estatales implicadoslos mismos derechos y obligaciones, y con la mismo riguridad, que cualquier situación contractual bajo el código civil y código penal española, ley español, y ley internacional.   

La estructura democrática del Estado Española bajo su Constitución, sus códigos civiles y penales, sus leyes orgánicos diseñado de promover el derecho de la mujer (sobre todo el Acto de Igualdad), y signataria a los convenios y pacto internacionales (sobre todo el Convenio sobre la eliminación de discriminación contra la mujer) es admirable y ofrece el mundo entero un modelo democrático ejemplaríaPero, mientras que los derechos de ciudadanos que pasan por sus sistemas judiciales son infringidos con tanta facilidad y tan abiertamente, la sobrevivencia de los principios de democracia dentro de sus fronteras está en peligro.

Si el Estado Española, o todas nuestras sociedades, tenemos la esperanza de transformar las ideas y promesa políticas de los últimos 200 años al realidad, tenemos que pasar del retorica al acción. Y en eso no hay secreto; será día por día, persona por persona, caso por caso, teniendo todas personas que violan los derechos de otra persona responsable por sus acciones, ni importa su estación en la vida o poder dentro de la sociedad.

En este denuncia introduzco Buena practicas en combatiendo y eliminando la violencia contra las mujeres por el división de los Naciones Unidos por el avance de mujeres,tanto que Cuerpos rotos, mentes destrozadas por Amnistía Internacional en recordando el principio de debido diligencia y la obligación del Estado de proteger victimas de todos violencia y tortura, que sea física o emocional; y/o todos formas de discriminación de jure y de facto; y/o violaciones de sus derechos humanos, civiles y constitucionales bajo el Constitución Española, el código civil española, leyes nacionales tanto que convenios internacionales, por actores estatales o no estatales.

Buena practicas en combatiendo y eliminando la violencia contra las mujeres[4] por el división de los Naciones Unidos por el avance de mujeres 2005

“El fracaso de sistemas judiciales alrededor del mundo de efectivamente acusar, investigar, y enjuiciar las violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas ha resultado en una sistema de impunidad mundial por los perpetradores, que debe ser enfrontado inmediatamente…
Los leyes y sistemas legales reflejen valores culturales, en este respecto ellos han sido implicados como estructuras que no solamente reflejan, pero también re-crean relaciones de poder basado sobre el género.
Como consecuencia, reforma legal ha sido la estrategia en las esfuerzas de crear igualdad entre los hombres y mujeres. Estrategias legales con respecto  a la violencia contra mujeres necesitan entender las maneras explicito y implícito los leyes y sus implementaciones han fallado mujeres, dejándolas sin protección y sin ningún camino de reparaciones y justicia….
Discriminación es un a causa de, y hace mujeres más vulnerables a, violencia. Una forma de protección, entonces, es el revocación de todos tipos de leyes incluyendo esos tipos de leyes que discrimen, incluyendo ellos relatados a derechos de herencias, divorcio, ciudadano, derechos sexuales y reproductivos, división de propiedad matrimonial y empleo….
Una vez que las leyes han sido pasadas, los Estados  deben tener un mecanismo institucional independiente sujeta a control judicial. Esos pueden ser en la forme de Ombudsperson, un rapporteur nacional o mecanismo de igualdad de género. El hecho que la violencia de contra mujeres ocurren cruzando las fronteras también invita el desarrollo de cooperación entre fronteras….
Demasiado tiempo el trabajo de agencias son poco más que reuniones de “maquillaje de resultados”, mesas redondas y mismo proyectos enteros que resulta en reportes, talleres o conferencias, pero que crean un cambio mínima en el suporte, seguridad y servicios ofrecido a victimas/sobrevivas, sanciones aplicados a los abusadores o los esfuerzos dirigidos al prevención. 
Un papel de liderazgo  por servicios especialistas de mujeres debe ser integrado en todos proyectos  a lado de un grupo de referencia de sobrevivas, o otro mecanismo de retroalimentación, para asegurar el contabilidad y seguimiento….
Estándares de derechos humanos son el mínimo de lo que todo ser humanos debe atender en sus vida cotidianos. Ellos ofrecen punto de referencia legalmente ejecutable y reconocida al nivel internacional…. Adherencia a instrumentos de derecho humanos internacionales, sin reservaciones, esfuerzas el gozo de derechos humanos de mujeres y libertades fundamentales, incluyendo protección de violencia de género. Cuyos instrumentos incluyen:
  • Convenio internacional sobre los derechos civiles y políticos;
  • Convenios internacionales sobre los derechos  económico, sociales, y culturales;
  • Convenio sobre la eliminación de todos formas de discriminación contra la mujer y su protocolo opcional
  • Convenios internacionales sobre el eliminación de todos formas de discriminación racial;
  • Convenios contra tortura y otro tratamiento o castigos inhumano o degradante;
  • Convenio sobre el derecho de niño;
  • Provisiones de género sobre el estatuto de roma del código criminal internacional;
  • Convenio internacional sobre la protección sobre los derechos de todos trabajadores migrantes y miembros de sus familias;
  • Convenio relatando del estatuto de refugios y el protocolo relatando del estatuto de refugios;
  • Convenio de Naciones Unidos contra el crimen organizado transnacional  sus protocolo de prevenir, suprimir y punir la trafica de personas, especialmente mujeres y niños;
  • Resolución de consejo de seguridad 1325 (2000) sobre mujeres, la paz y seguridad
  • Declaración sobre el eliminación de la violencia contra la mujer:

Cuerpos rotos, mentes destrozadas Tortura y malos tratos a mujeres

por Amnesty International 2001

La tortura infligida por ciudadanos particulares

Los tratados internacionales de derechos humanos no sólo regulan la conducta de los Estados y establecen límites para el ejercicio de su poder, sino que también exigen a los Estados que actúen para impedir que se cometan abusos contra los derechos humanos. El derecho internacional obliga a los Estados a tomar medidas firmes para prohibir y prevenir la tortura, así como para responder a los casos de tortura, con independencia del lugar donde ésta se cometa y de si el torturador es un agente del Estado o un ciudadano particular. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que los Estados «garanticen» que nadie será sometido a tortura ni a malos tratos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de expertos encargado de verificar el cumplimiento del Pacto, ha manifestado: «El Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado.»4

La Convención de la ONU contra la Tortura

Artículo 1: «A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.»
La Convención de la ONU contra la Tortura establece que el Estado es responsable de los actos de tortura cometidos «por un funcionario público […], a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia».
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado que los Estados han de tomar medidas para garantizar que nadie es sometido a tortura ni a malos tratos, incluido a manos de particulares. En 1998, el Tribunal declaró que el Reino Unido había conculcado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los malos tratos, porque sus leyes nacionales no habían proporcionado protección suficiente a un niño de nueve años a quien su padrastro había golpeado con una vara.5
Los tratados de derechos humanos son «instrumentos vivientes», que van evolucionando y desarrollándose a lo largo del tiempo. Las decisiones que adoptan los órganos intergubernamentales que verifican el cumplimiento, por los Estados, de los tratados internacionales y de las resoluciones de los tribunales nacionales, perfeccionan y concretan la interpretación de los actos que constituyen tortura.6
Gracias en gran medida a los esfuerzos del movimiento mundial de mujeres, está cada vez más extendida la idea de que la tortura incluye, en determinadas circunstancias, los actos de violencia que cometen ciudadanos particulares.
Los actos de violencia contra la mujer constituyen tortura, por la que el Estado ha de responder, cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el concepto de tortura de las normas internacionales y cuando el Estado no ha cumplido su obligación de proporcionar una protección efectiva.
La gravedad del daño
El daño que inflige un ciudadano particular a una mujer puede ser tan grave como el que sufre una mujer torturada por agentes del Estado. Las repercusiones a largo plazo de los malos tratos reiterados en el hogar son física y psicológicamente devastadores. Donde quiera que se produzca, la violación traumatiza y lesiona a la mujer. Las consecuencias médicas abarcan trauma psicológico, lesiones, embarazos no deseados, infertilidad y enfermedades que hacen peligrar la vida.
La intencionalidad
Muchos de los abusos que se infligen en el seno de la familia o de la comunidad son deliberados. Además, muchas veces se infligen por los mismos motivos por los que se tortura a los detenidos. A éstos se los suele torturar no sólo para obtener confesiones, sino también para infundirles terror, quebrar su voluntad, castigarlos y demostrar el poder de los torturadores. Los actos de tortura que se cometen en el seno de la familia o de la comunidad tienen propósitos similares: los autores buscan intimidar a la mujer para que obedezca, o castigarla por haber supuestamente deshonrado a su familia con su desobediencia.
La responsabilidad del Estado
Quienes cometen actos de violencia contra la mujer en el hogar y en la comunidad son ciudadanos particulares, pero esto no significa necesariamente que el Estado no tiene responsabilidad en la comisión de dichos actos.
En virtud del derecho internacional, el Estado tiene una responsabilidad evidente en los abusos contra los derechos humanos que cometen los «agentes no estatales» —es decir, personas y organizaciones que actúan fuera del marco del Estado y de sus órganos—. En el ámbito internacional, la responsabilidad del Estado en dichos actos es muy concreta: se lo puede considerar responsable de una violación de derechos humanos debido a su relación con los agentes no estatales, o por no haber tomado medidas razonables para impedir que se cometiera un abuso o para responder ante él. La responsabilidad del Estado se clasifica de diferentes formas que incluyen la complicidad, el consentimiento o la aquiescencia, la omisión de la debida diligencia y la inacción a la hora de proporcionar una protección igual para prevenir y castigar los abusos que cometen los particulares. En todas estas circunstancias, el Estado está permitiendo que continúe la violencia contra la mujer, y en este informe, cuando se habla de la ausencia de protección del Estado, se incluye la complicidad, el consentimiento, la aquiescencia y la ausencia de la debida diligencia.
La debida diligencia
El concepto de debida diligencia describe el esfuerzo mínimo que ha de realizar el Estado para cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos de los abusos.
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha declarado que: «[…] el Estado puede incurrir en complicidad si, de manera sistemática, no brinda protección a un particular que se vea privado de sus derechos humanos por cualquier otra persona.»7 La debida diligencia incluye tomar medidas eficaces para prevenir los abusos, investigar éstos cuando se producen, perseguir a los presuntos autores y hacer que comparezcan ante la justicia en procedimientos imparciales, así como garantizar una reparación adecuada, incluidas una indemnización y el resarcimiento. También significa garantizar que se hace justicia sin discriminación de ningún tipo.
La norma de la debida diligencia fue articulada y aplicada por un tribunal regional de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró: «Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.»8
La Corte afirmó asimismo: «El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.»9 No obstante, la Corte señaló que una sola violación de derechos humanos o una sola investigación ineficaz no establece que ha habido falta de la debida diligencia por parte de un Estado.
La inacción del Estado se refleja en diversas áreas, como la inexistencia de medidas preventivas adecuadas, la indiferencia de la policía ante los abusos, la no tipificación de éstos como delito, la discriminación de la mujer en el sistema judicial, y la existencia de procedimientos legales que obstaculizan la imparcialidad de los procesamientos penales. Para muchas mujeres víctimas de la violencia, obtener reparación y resarcimiento legales es difícil, cuando no imposible. Lo más habitual es que muchos actos de violencia contra la mujer queden envueltos en impunidad e indiferencia.
Centrar la atención en la falta de protección que el Estado brinda a los ciudadanos frente al daño que infligen otros ciudadanos y en cómo se puede hacer rendir cuentas al Estado por su parte de responsabilidad en dicho daño no significa ignorar la responsabilidad de quien comete el abuso. En todos los casos, los autores materiales deben ser juzgados y castigados imparcialmente por sus delitos.
También, en considerando  mi caso se debe notar que un asunto importante es mi  “derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” (art. 35.1 Constitución Española). 

Pero, en mi caso este articulo del Constitución cubre varias asuntas relatados. El primero es mi derecho de trabajar fuera de la casa y/o desarrollar esfuerzas emprendedoras, el segundo es mi derecho como ama de casa de tener mis contribuciones a la sociedad reconocido como un trabajo.

En el primero caso, las manipulaciones y maniobres de Señor González de Alcalá han sido con el objetivo expreso de impedirme de trabajar, desarrollar un negocio y ganar una independencia financiero. Sus esfuerzos obsesivos y manipulaciones trastornados de prohibirme de trabajar y/o “ganarme la vida” han sucedido durante todo nuestro matrimonio, y es el razón que Señor González de Alcalá siempre ha buscado puestos con el BBVA fuera de España como empleado expatriado.

Con 8 mudanzas internacionales en 20 años  era completamente imposible para mí de desarrollar o mantener una carrera profesional, seguir oportunidades educativas, o desarrollar oportunidades emprendedores que me ha surgido durante los años. Paradójicamente, es nuestra vida nómada que me impidió de trabajar fuera de la casa, que también me dio la idea de montar un negocio por expatriados. Este proyecto me da la oportunidad de utilizar mi experiencia y conocimiento perito en las necesidades y desafíos de las familias expatriadas y mi innata aptitud en ayudando la gente, pero también un profesión/negocio que podía desarrollar desde la casa y “transportar” con migo donde sea en el mundo.

Actores estatales y no estatales que han, con conocimiento o sin conocimiento, ayudado a Señor González de Alcalá impedirme acceder mis fondos y/o bienes en España, cuyo  intención ha sido de impedirme crear y desarrollar Global Expats (en violación del art. 1390 y 1391 del código civil y art. 22, 252, 250.7 y 172 del código penal) son responsable por todas violaciones de mi derecho de trabajar, inter alía[5], y todos daños monetarios y morales[6] [i]que ha sido producido por dicho violaciones.

Otro consideración en examinando mi caso es que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”(art. 35.1 del Constitución Española). La ama de casa de tener el derecho que su trabajo y la contribución importante que ella (o el) hace a su familia, comunidad y la sociedad está reconocido por el gobierno, en este caso, por el juzgado de Mostoles y los jueces implicados.

Mi propia experiencia como ama de casa y esposa rastreada, tanto que mi participación en las comunidades en los cuales donde he vivido, me ha mostrado el papel importante que el ama de casa juega en la sociedad. Este papel vital esta también documentado en investigaciones extensiva dentro de la industria de movilidad mundial (global mobility en ingles), que claramente demuestra que el desarrollo exitosa de la familia, tanto que un empleado productiva y industrioso, está determinado por la ama de casa/esposa. Además, está documentado en estudios e investigaciones dentro de la industria de micro-finanza demuestra hasta qué punto mujeres empoderadas son una fuerza positiva, que lleva a su familia, comunidad, y el desarrollo económico de su país.

El trabajo hecho por la ama de casa, si remunerada al sueldo comparable dentro del mundo laboral será al €30.000/mes. Estés mujeres que trabajan sin fin, son dispuesta 24/7 sin vacaciones, recibiendo ninguna remuneración financiero o beneficio social por su trabajo[7]. Mas y mas sociedades están reconociendo el contribución importante de la ama de casa, mismo volviendo un asunto político en la campana presidencial americana. Como el president Obama ha dicho “No hay ningún trabajo más duro que ser Mama…Es trabajo, y cualquier que dice el contrario tiene que repensar su contestación.”[8]

El fallo de actores judiciales, y como veremos me representantes legales, de reconocer el trabajo de la ama de casa, sobre todo durante del divorcio, relego mi posición como ama de casa de uno de servidumbre y/o esclava.

Mientras que mujeres normalmente obtiene la custodia de sus hijos en casos de divorcio, es solamente debido al acuerdo entre las parejas y no tradiciones dentro de tribunales. Padres, que buscan la custodia de sus hijos en tribunales de divorcio, son acordado dicho custodia 94% de tiempo, y en casos de abuso física y/o sexual a una taza de 70%[9], mismo en casos donde madres han sido las cuidadores principales de los niños.

En España solamente 11% de mujeres son acordado pensión compensatorio (muchas veces€500/ano, 67% del sueldo mínimo), con ningún recurso legal en reclamando su pensiones. La edad promedio de la mujer que se divorcia en España es de 42 anos, después de 15.6 años de matrimonio, dejando amas de casas divorciadas condenada a una vida de pobreza extrema[10]. Debido a la discriminación sobre la edad y contra mujeres dentro del mundo laboral es imposible por una mujer de mas que 40-45 anos de empezar una carrera, dejándola la sola opción trabajo servil o administrativo del nivel bajo, a un sueldo más bajo que otros empleados. Se debe notar que las amas de casa que se divorcian no tienen ningún derecho sobre, beneficios de desempleo, seguridad social, o el derecho de una pensión, etc. así contribuyendo a su estado perpetua de pobreza.

Mismo si bajo el ley de gananciales, mujeres tienen el derecho de recibir un mitad de bienes y sueldo, tanto que el derecho de gestionar dichos bienes, ideas y costumbres anticuarios sobre prerrogativa patriarcal [11] y la idea que la ama de casa “no trabaja” y “vive sobre el trabajo duro de su marido”[12], son tan prevalente entre actores judiciales que mujeres son desvestido de todos sus  bienes durante el divorcio. Este está hecho, como veremos durante todo mi caso, a travesía de  manipulaciones ilegales de abogados mías, decisiones judiciales que violan los derechos de mujeres, travesía de leyes y precedentes legales anticuarios y discriminatorios, en lugar de aplicación de leyes progresivas designados de promover los derechos de mujeres, y protección de sus derechos e interesas. Esto explica porque leyes progresivas, sin transparencia y contabilidad de procesos judiciales, son completamente inefectivo en defendiendo víctimas de abuso domestico y violencia de género.

En mi propio caso, todavía no está claro hasta qué punto mis abogados son responsable por mi inhabilidad de acceder información, archivos y bienes financieros gananciales y hasta qué punto leyes de procesos discriminatorios españoles son responsables. Pero, lo que queda claro es que el fallo de acceder esta información y propiedad violan mis derechos de una manera directa y/o indirecta bajo art. 1, 9, 10, 14 y 33.3 del Constitución Español; art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 42, 44 y 45 el Acto de Igualdad 3/2007; art. 11, 22, 28, 29 195, 250.7 y 450 del código penal; art. 1088, 1089, 1090, 1093, 1094, 1100 1254, 1255 y 1262 del código civil; art. 2, 3, 4, 5, 11 y 12 del Convenio sobre la eliminación de todos formas de discriminación contra la mujer; art. 1, 2 y 3 del Convenio de los derechos civiles y políticos; art.1, 2, 3, 10 y 11 del Convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales, y culturales.

Quizá uno de las cosas más interesante en examinando los derechos de las amas de casas, y la violación de sus derechos por tribunales de divorcio, es el Acto de Igualdad 3/2007. Art. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 proviene igualdad de mujeres y hombres, con protección de mujeres contra la discriminación, con art. 14 ofreciendo obligaciones adicionales de los autoridades y oficiales públicos de promover igualdad y acción positiva en casos de discriminación de facto contra la mujer. Art. 9, 10, 11 y 12 (apoyado por art. 1101 del código civil y art. 109, 11, 111, 112, 113, 116 y 118 del código penal) ofrece reparaciones legales y monetarios  para mujeres en casos de discriminación, con art. 13 estipulando que el cargo de prueba de la falta de discriminación recaiga sobre el demandado(s); en este caso a mis abogados, jueces y todos actores judiciales implicados.

De consideración adicional es art. 14.5 de Acto de Igualdad, que re-esfuerza la responsabilidad del autoridad pública de erradicar la violencia de género y domestica, poniendo una carga de prueba particularmente alto sobre los tribunales de divorcio y todo y cualquier funcionario (bajo art. 24.2 de código penal) que participa en dicho proceso. Como los equipos psico-sociales de los tribunales y sus recomendaciones juegan un papel particularmente elevado, 85-88% de taza de influencia[13] en determinaciones de custodia, prácticas y opiniones discriminatorios que promueva prerrogativa patriarcal y/o violencia de género y domestica por ellos, debe ser acordado una consideración particularmente elevado en exanimación de mi caso y queja

El contención de actores judiciales que mis acusaciones/quejas de violencia y abuso de la parte de Señor Gonzalez de Alcalá son manifestaciones de paranoia esquizofrénica y/o abuso de alcohol/drogas son nada más que costumbres antiguas usado de justificar acciones abusivos y desviar atención desde el abuso y abusador hacia la víctima[14]. Estudios en los últimos 20 anos en el violencia de género y domestico y sus consecuencias claramente demuestra que los actitudes del pasado hacia prerrogativa parental y patriarcal sostiene tradiciones de abuso[15], y que desordenes mentales y toxicomanía son causado por dicho abuso, en lugar de un “debilidad de carácter”[16].

Finalmente, en consideración de mi caso y el obligación y compromiso al “acción positiva”, atención particular debe ser acordado los objetivos de Global Expats, que está diseñado de promover no solamente suporte al familia (expatriado[17], especialmente) en ofreciendo información extensiva y suporte emocional a la esposa rastreada, ama de casa, pero también ofrecerla la posibilidad de mantener su carrera al extranjero y independencia financiero.

Con la modernización de nuestras sociedades mas y mas mujeres están trabajando en el mundo laboral remunerada y fuera de la casa; pero, esto hecho ha creado una situación donde ellas están sobre cargado con el trabajo dentro de la sociedad. Se espera que no solamente ellas deban ejecutar todo el trabajo dentro del hogar y papel que han jugado dentro de la casa, pero también trabajar de igual, o mejor, que los hombres en sus cargos profesionales. Además, cuando los dos padres trabajan fuera de la casa, los niños no son acordado la estructura y dirección que necesitan en creciendo de ser miembros responsables y productivas de nuestras sociedades; un hecho que gobiernos no están reconociendo ni promoviendo en su política o legislaciones.

Es por este dos razones que muchas mujeres, y a veces hombres, están renunciando sus carreras y independencia financiero para seguir su pareja al extranjero, pero luego están enfrentado con su deseo de utilizar su conocimiento y habilidades profesionales. Este mercado laboral está compuesto de 5-10 millones de mujeres alrededor del mundo, con recursos ilimitados y listos para explotarlos.[18]  Global Expats esta modelado sobre asociaciones filantrópica de esposas rastreadas[19]perotransforma el concepto hasta un entidad que produce ingresos para asegurar su éxito y sobrevivencia de largo plazo.

La mayoría de los ingresos será generado por anuncias publicitario, con una audiencia del Internet actual     que genera 20-25 millones de vista de páginas, en pagina web por expatriados. El mercado de expatriados está compuesto de 50 millones de personas alrededor del mundo que gastan $14.8 usd trillones cada ano. Los ingresos de publicidad de pagina webs comparables, como www.citysearch.comwww.yelp.comwww.about.com, generan $100+ millones/ano y así ingresos visados por www.global-expats.com,[20] son razonables y sostenibles.  Los beneficios netos perdidos, y así danos financieros de Global Expats desde 2007 – 2012, debido al negligencia del sistema judicial española, son estimados al $15 millones usd. Pero, para mostrar mi buena fe solamente estoy pidiendo un acuerdo financiero por daños financieros personales en los últimos anos.

Se debe notar que aparte del responsabilidad y obligación de indemnizarme por daños financieras de mis abogados en su negligencia y fallo de defender y proteger mis interesas y derechos, el Estado Española también puede ser tenido responsable por todos daños sufrido bajo art. 10, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123 y 124 del código penal por actos, o sus omisiones, por cualquier funcionarios o cualquier persona(s) que ejecutan un función público (art. 24.2 del código penal) bajo art. 413, 414, 428, 429, 451, 22, 27, 28 y 29 del código penal.  

Acciones discriminatorios en juicio 607/2007

El 4 de septiembre 2007 denuncié Señor González de Alcalá, Señor Gonzalez de Alcalá, por sus amenazas sobre mi vida y mi persona. Sus amenazas empezaron en Junio 2007, con chantajes de quitarme mis hijos, todo mi dinero y tirarme a la calle sin nada si yo no paraba de trabajar sobre mi proyecto/negocio, Global Expats – www.global-expats.com. Pero, el 3 de septiembre 2007 la violencia duro todo el día al nivel mucha más altas que el costumbre. Yo estaba convencida que la próxima vez que surgió su rabia ciega él podía matarme.

Juicio Rapido 607-2007 – El juez de instrucción negó mi petición el orden de alejamiento (diciendo  que no se puede pedir tal orden después de la denuncia inicial, contradiciendo lo que me ha dicho el agente de la guardia civil el día anterior) y negó una pensión por mí y mis hijos, en violación de mis derechos bajo art. 1318, 1319, 1347, 1362, 1375, 1382, 1386, 1390, 1391, 142,143, 144 y 154 del código civil española. Durante la audiencia el abogado de Señor de Gonzalez de Alcalá  me faltaba de respecto, así como el juez. Cuando me puse un suspiro, el juez me dijo de una manera amenazante “¡Si no te callas, voy a echarte del tribunal!”, en violación del art. 9 del Carta de derechos del Ciudadano, inter alía.

En el juicio se demostró que Señor Gonzalez de Alcalá tuvo control total del dinero y bienes de la familia, no estaba escuchándome sobre sus gestiones, y que estaba obsesivo en su control; pruebas de su abuso, y en violación de mis derechos bajo art. 32 y 33 del Constitución Española; art. 1316, 1347, 1322, 1362, 1375, 1376, 1377, 1383, 1390 y 1391 del código civil española,  pero todo era descartaba por el juez.

En el procedimiento él alegó que yo era alcohólica y drogadicta. Una acusación bastante ridícula visto que durante nuestro matrimonio era Señor González de Alcalá que siempre salía a discotecas y restaurantes, etc. con sus amigos, dejándome en la casa cuidando nuestros hijos, limpiándola, cocinando o trabajando en obras sociales en mi tiempo libre (o www.global-expats.com ) (vea documentos #3, #4, y #11). Se debe notar que en este juicio nadie preguntó a Señor González de Alcalá sobre su consumo de alcohol, otras substancias, u sus salidas nocturnas y fiestas, en violación del art. 14 y 24 del Constitución Española; art. art. 2(c), 2(d), 2(f), 5(a) y 15 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; art. 2, 14.1, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; art. 2, 4 y 6 del Acto de Igualdad 3/2007, inter alía.

En este juicio, y en todos asuntos después, actores judiciales creyeron las acusaciones fantásticas de Señor González de Alcalá sobre mí, mismo enfrente de pruebas y evidencia del contrario. Pero, las pruebas y evidencia del abuso, manipulaciones ilegales y mala fe de la parte de Señor González de Alcalá no eran solamente descartados cuando surgieron, pero actores judiciales, incluyendo mis propios abogados, los ocultaron, como veremos al largo de la historia.

El prejuicio y favoritismo hacia Señor González de Alcalá,  y prejuicio y discriminación contra mi son en violación del art. 14 y 24 del Constitución Española; art. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del Ley de Igualdad 3/2007; art. 2(c), 2(d), 2(f), 5(a) y 15 del Convenio sobre la eliminación contra todas formas de discriminación contra la mujer; art. 2, 5 y 6 del Convenio internacional sobre la eliminación contra todas formas de discriminación racial; y art. 2, 14.1, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, inter alía.

Yo negué sus alegaciones, reconociendo consumo social (en un país donde el consumo del vino hace parte del patrimonio culinario) pero tampoco entendí la relevancia de estas preguntas. Mi abogado, Señor Gonzalo Martínez de Haro de Vinander, Carlos y Associados, que vino recomendación de la pagina web de la Embajada de EE.UU., y con quien consulté en Julio 2007 sobre iniciando un divorcio y problemas contractuales con mis diseñador de pagina web (Arnima Web Designers, www.arnima.com , en Florida, EE.UU.) no protestó sobre tal preguntas, como irrelevante de la denuncia y en violación de mis derechos bajo 24.2 de la Constitución, y su “omisión de acción” era en  violación de art. 4 y 5 de CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio, y art. 510 y 512 del código penal española, inter alía.

Luego, Señor de Haro, no me informó sobre la decisión del juez, que en efecto me trataba de alcohólica y drogadicta, ni la necesidad o proceso para apelar dicho decisión; otra vez en violación de sus obligaciones bajo art. 4, 5 y 13 de CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio y art. 467, 510 y 512 del código penal española, inter alía. Se debe notar que jamás recibí una factura del procurador, Señor Juan Bosco Hornedo Muguiro, y que el funcionario cargado del caso en el juzgado de Mostoles insistía e insistía que no había procurador hasta que yo encontré el documento con su nombre y firma dentro del dossier del caso (vea documento # 13). No sé porqué nunca recibí una factura, ni porque el funcionario no quiso que yo sepa el nombre del procurador, o mismo si eso tiene algo a ver con la fáltese de Señor de Haro de recurrir la sentencia, pero me parece una irregularidad que se debe notar. (Todavía no entiendo completamente lo que son las responsabilidades y obligaciones del procurador.)

Más tarde me han dicho que esta “mal visto” en España que una mujer consuma alcohol, tabaco o cualquier “substancia” (menos farmacéuticos) y que mi testimonia sobre la denuncia era considerado “inadmisible” por mi “carácter malo.”

La creencia anticuario que abstinencia (alcohol, sexo, etc.) es un signo de integridad o moralidad y su prevalencia en consideraciones judiciales, es uno de los factores más perjudicial en defendiendo los derechos de víctimas de violencia de género. La “moralidad” verdadero no está liado sobre unas normas victorianas o puritanas anticuadas, pero está el respecto de derechos y intimidad de lo demás, tanto que una integridad en el ejecución de su trabajo o profesión y/o su relación con, y comportamiento hacia, otro gente.

Además, el uso, y abuso de “drogas” (farmacéuticas, ilegales, y legales) tanto que problemas emocionales y/o psicosis, son causado por el estrés relacionado con el abuso domestico;  un hecho demostrado en reportes detrás de reporte y las estadísticas alrededor del mundo. ¡Acusaciones y/o problemas asociados con “substancias” o “comportamiento extraño” deben ser “prueba” de violencia de género o abuso domestica, no el contrario!

Art. 66-68 [21]del código civil española claramente  define las responsabilidades y obligaciones de la pareja dentro del matrimonio, y eso deber ser la concentración de los tribunales en los casos de divorcio; y no una “caza de brujas” basado sobre difamaciones calumnias. El fallo de los tribunales y actores judiciales de presentar y examinar evidencia y pruebas de abuso en lugar de participar en “cazas de brujas” es el razón los abusadores son acordados la custodia de niños a tazas preocupantes.

Por ejemplo, en mi caso hay bastante evidencia circunstancial que Señor González de Alcalá tuvo un relación intima con la mujer brasilera que alquilo una habitación en nuestra casa desde el principio de 2007 hasta 4 de septiembre 2007, el día después que Señor González de Alcalá dejó el domicilio. Pero, cualquier infidelidad sexual que había de su parte durante nuestro matrimonio es sin importancia en nuestro divorcio. (ESO es un asunto privado entre Señor González de Alcalá y mi, y nadie más). Lo que es, y era, importante de examinar, y que el juez destaco completamente, era la “infidelidad” de Señor Gonzalez hacia su familia en arriesgando nuestra seguridad financiera; su campaña de difamación contra su esposa y madre de sus hijos (montado desde 2004 y nuestra llegada en España para “cubrir” su problemas emocionales[22]); sus esfuerzos increíbles de impedirme de montar un negocio; su esfuerzos de defráudeme de todos mis bienes; y  peor de todo, sus esfuerzos de impedirme de tener contacto con nuestros hijos. De todo sus crímenes, et crimines de todo personas implicados, esto es el más innoble et imperdonable de todos.

Estés cosas no solamente son inmorales, pero son ilegales (art. 226, 208 y 252 de código penal española) y deben ser las cosas que determina la custodia de los hijos; no unas ideas arcaico sobre lo que constituya “una Señora” o comportamiento “inmoral” bajo unos ideas puritanos y medievales.

Normas sociales que acuerdan importancia sobre ideas de moralidad antiguas (actividad u orientación sexual; consumo de drogas, alcohol o tabaco; manera de vestirse; manera de hablar; nivel social, etc.) no solamente deben ser irrelevante en consideraciones del divorcio (o en elecciones de políticos, me gustaría agregar)  hoy en día, pero son anti-constitucional bajo art. 14 del Constitución Española visto los medidos con dos raseros que siempre ha existido sobre el comportamiento “aceptable” para la mujer y “aceptables” para el hombre. También, tales consideraciones son anti-constitucionales bajo art. 10, 15 y 18 del Constitución Española, inter alía.

Los maniobres Macchiavello, inmorales y ilegales de Señor González de Alcalá (y otros miembros de su familia) son imperdonables, pero él no hubiese podido hacerlos, con tanto facilidad y  tan abiertamente, si no fuese por una alta nivel de incompetencia y falta de integridad y debido diligencia por todos actores (estatales y no estatales) implicados.  Como se demuestra al largo de este caso, nuevas leyes progresistas en países democráticos no pueden avanzar, ni asegurar, los derechos de cuidadnos sin una competencia y integridad completo de actores estatales y no estatales en sus funcionamientos profesionales. Eso es donde queda el verdadero problema en protegiendo los derechos de mujeres, niños y victimas de todos formas de abuso o violencia, y donde los gobiernos, y tribunales, deben estar concentrando sus esfuerzos.

Como se demuestra en Abuso domestico y discriminación contra la mujer en los tribunales – violaciones de derechos humanos, civiles y constitucionales, tanto que estudios de casos como María José Carrascosa en New Jersey, Dr. Lori Handrahan en Maine, y muchas otros examinados por organizaciones como la clínica legal “DV Leap” de George Washington University, el Proyecto de violencia domestico del Haya, el caso de Corte Supremo Americano Abbott vs. Abbott, inter alía, abusadores están utilizando los tribunales para sancionar su abuso, tanto que continuar de acosar sus víctimas con litigación y maniobres judiciales.

Hasta que gobiernos están dispuestos de examinar sus sistemas judiciales de una vista “interseccional”, con objetividad, reconociendo que las antiguas normas y leyes en sistemas judiciales están fomentando y sosteniendo la violencia de género y abuso domestico, las violaciones de derechos humanos de victimas continuaran bajo sus jurisdicciones.

Septiembre – octubre 2007

En las meses siguientes las amenaces de Señor Gonzalez de Alcalá escaló incluyendo amenaces de “encarcelarme” y “drogarme” por la reste de mi vida, asegurándome que tuvo todo el poder de hacer lo que estaba prometiendo. Este amenaza es una táctica bastante común por abusadores en sus esfuerzas de callar sus víctimas, y funciona bastante bien debido a la falta de conocimiento de actores judiciales, tanto que el público en general, sobre los signos de la violencia de género y abuso domestico, (vea Abuso domestico y discriminación contra la mujer en los tribunales – violaciones de derechos humanos, civiles constitucionales, p.47-150).

También, durante estos meses Señor Gonzalez de Alcalá bloqueó mi acceso a todos fondos, dejándome sin dinero para cubrir los gastos básicos de mí y mis hijos. Esto era en violación del artículo 39 del Constitución Española, art.143 del código civil española y art. 226 del código penal española claramente prueba de su abuso, pero a ningún momento mis abogados introducía estés hechos como evidencia en los juicios de divorcio. También, aquello época Señor González de Alcalá me robó los pasaportes de los hijos, lo mío, mi tarjeta de residencia, documentos de registración del coche, joyas de valor/piedras preciosas, etc. por lo cual yo puse un pleito, pero tampoco estés hechos estaban presentado en los juicios de divorcio de parte de mis abogados.

Sobre varias ocasiones la policía tuvo que presentarse a mi casa por  la violencia de Señor Gonzalez de Alcala, pero sobre sus recomendaciones y la manera degradante que el juez me trató en el juicio 607/2007, no puse ninguna otra denuncia. Tampoco, mis abogados introducía estés hechos como prueba del comportamiento erradico de Señor González de Alcalá en los juicios de divorcio.

La omisión de actuar en mi interés por mis abogados, así presentando pruebas a los tribunales sobre el abuso de Señor González de Alcalá (bajo art. 10  y 11 del código penal) era en violación del art. 3 y 4 del CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 512 y 510 y 22 del código penal española; art. 3, 4, 6, 7 y 9 del Acto de Igualdad 3/2007; y art. 4 del  Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer.

Septiembre – Octubre 2007

Centro de la Violencia de Género de Villanueva de la Canadá

Desde el 5 de septiembre hasta al final de octubre, pide asistencia en obteniendo un abogado de oficio y iniciando un divorcio en el centro de género, pero no me han ayudado en absoluto. En todos reuniones mi pregunta era siempre igual “¿Que hago para conseguir un abogado?” y las respuestas eran siempre igual “En la próxima reunión te dirá.”, hasta el último reunión me han dicho “Vete al colegio de abogados en el c/ Serrano y pregunta a ellos”.

Además, pide ayuda de los servicios social por mí y mis hijos, pero nunca me lo han acordado. También, pregunté si organizaba grupos de suporte o clases de defensa propio (programas básicos por tal centros) pero me han contestado que “mujeres españolas no quien nada de eso.” Eventualmente, encontré un academia de artes maratiales en Majadahonda, donde me dijeron que han ofrecido clases de defensa especializados para mujeres al centros de géneros, pero siempre han dicho “no lo queremos.” También, en todas mi entrevistas durante estos meses, con un mogollón de gente, pregunté si el juez no podía obligar a Señor Gonzalez de Alcalá de apuntarse a clases de “anger management” (gestión de agresión,) y siempre me contestaron “este no existe en España.”  La falta de asistencia y diligencia del centro de género de Villanueva de la Cañada en ejecutando sus funciones era en violación de art. 13, 14, 15, y 16 del Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (núm. expte. 121/000002), art. 512, 510 y 195 del código penal española, y es una pérdida de dinero del Estado total.

Me dio tantas vueltas en estos meses, buscando papeles, entrevistas con gente, haciendo colas etc. que ya no sabía lo que era arriba, abajo, derecho o izquierdo, y todo para nada. Testimonios en reportes por Amnistía Internacional[23] demuestra que mi experiencia es muy común por víctimas de la violencia de género en España (como es en todos países). Hasta que gobiernos se ocupan del alta nivel de burocracia, y sanciona funcionarios que no cumplen con su trabajo con eficiencia y integridad, la re-victimización de victimas por el sistema judicial continuara.

Se debe notar que normalmente víctimas de la violencia de género  aguantan años de abuso hasta de denunciarlo y intentar escaparse. Cuando entran en el proceso ya están sufriendo de trastornos de estrés post-traumático, u otros problemas emocionales tanto que físicas, y el caos y burocracia dentro de sistemas judiciales solamente aumenta el estrés de las víctimas y es la razón que la victima esta re-victimizada.

La falta de debido diligencia de actores estatales y no estatales  en protegiendo los derechos de víctimas de violencia de género esta en violación de los siguientes:

  • Constitucional Española – art. 14, 15, 17.1, 24, 35, 39, 45.1 y 53.1
  • Convenio sobre la eliminación de todos formas de discriminación contra la mujer – art. 1, 2, 3, 4, 5, 11.1d, 11.1e, 11.1f, 11.2c, 13, 15 y 16
  • Convenio sobre la eliminación de violencia contra la mujer – art. 2, 3 y 4
  • Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial – art. 5
  • Convenio sobre los derechos económicos, sociales y culturales – art. 1, 2, 3, 6, 7, 10.1, 11.1, 12.1, 15,
  • Convenio sobre los derechos civiles y políticos – art. 1, 2, 3, 6, 7, 17, 23, 24 y 26
  • Convenio sobre el derecho del niño – art. 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 18

También, me fui a mis consulados (americana y francesa) pidiendo ayuda (3 veces cada uno y bajo el Convenio de Asuntos Consulares art. 5,) con respuestas básicamente del efecto “Es su marido, él puede hacer lo que da la gana” y “eso es un asunto privado”.

Como no renuncié a mis esfuerzos de encontrar un abogado e iniciar el divorcio, al final de octubre 2007 Señor Gonzalez de Alcalá inició el divorcio con las medias a la previa 1140/2007, llenando su petición con alegaciones falsas de alcoholismo y toxicomanía de mi parte. La petición era llena de citaciones de casos de mujeres drogadictas, psicóticas, etc. que no tenía nada a ver con migo o nuestro divorcio. Estas alegaciones de “locos,” y tácticas de “caza de bruja” son una prueba más del estado inestable de Señor Gonzalez de Alcalá, y el hecho que el juez, u otro actor judicial, podía considerar estés como “prueba” y “evidencia” es nada más que alucinante. (Es como si yo intentaba de hacer creer que como Señor González de Alcalá es hombre, nació en Marruecos y es español, eso es “prueba” que es violento o abusivo. Este problema existe en todos países del mundo, esta liado con la manera abusiva y antiguo de crear los niños (y niñas) y no tiene nada a ver con la nacionalidad, raza, religión, sexo, DNA, genes, etc. de la persona).

También en su petición Señor González de Alcalá falsificó un extracto de cuenta, cubriendo su nombre, como titulado del cuenta, con el mío (escrito al mano). El falsificación del documento era tan evidente, que yo no podía creer que su abogado lo ha introducido dentro de una petición de divorcio; en violación de art. 3 CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio y un violación de art. 393 y 396 el código penal española.  ¿El hecho de falsificar “evidencia” en su petición (y en casi todos los juicios después,) tanto que perjurios repetidos, no se pone en duda la integridad y veracidad de Señor González de Alcalá, y todas sus contenciones sobre mí, desde el principio?

Pero, aquello época en leyendo la petición lo que más me preocupaba al momento era que la petición estipulada que si no me presentaba al tribunal con un abogado para defenderme, yo admití de las alegaciones de Señor Gonzalez de Alcalá y en desacato al tribunal.

Ley de Enjuiciamiento Civil, Artículo 771. Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio. Solicitud, comparecencia y resolución. 1. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior…. La falta de asistencia, sin causa justificada, de alguno de los cónyuges a la comparecencia podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge presente para fundamentar sus peticiones sobre medidas provisionales de carácter patrimonial. Esta estipulación del artículo del código civil en efecto quita la presunción de inocencia y el derecho de debido proceso es en violación de artículo 24 del Constitución Española.

Cuando he leído la estipulación que necesitaba un abogado YA, y cualquier abogado, volví consultar la página web del Embajada de EE.UU. y llame el solo americano listado. El me recomendó  un abogado especializada en divorcios internacionales, Señora Belen García Martin. Lo contracté con dinero obtenido vendiendo todas las cosas de valor que tenia.

También, esta estipulación no es solamente anti-constitucional, pero discriminen contra amas de casa y mujeres pobres a varios niveles. Mi propia experiencia, que Amnistía Internacional confirme es frecuente, demuestran la realidad de la situación y sus consecuencias:

  • Abogados del sector privado requieren avance de dinero antes de coger un cliente. Sin acceso a fondos, cosas de valor a vender, o familia o amigos que pueden prestarte dinero, contractando un abogado del sector privado es casi imposible.
  • Uno los críticos más grande del formación de abogados es la falta de formación en desarrollando una defensa por sus clientes y la presentación de defensas delante un tribunal. Además, sanciones por abogados negligentes casi no existe por agencias regulatorios. Estadísticas en EE.UU. demuestra que solamente 2-2.5% de quejas reciben acciones disciplinarios, mientras que la taza de negligencia dentro de la profesión es 70-75%. [24]
  • El tiempo necesario a recoger todos los resquicitos para obtener un abogado de oficio puede exceder el tiempo acordado para contestar a una petición judicial. Sin abogado una queda sin defensa, a veces con consecuencias muy graves. Uno de los resquicitos por obtener un abogado de oficio, documentación de desempleo, no existe por amas de casa. En mi caso para obtenerlo tuve que regresar 3 veces al oficina de desempleo, y con insistencia finalmente me dio una nota escrito al mano.
  • Mujeres extranjeras son abiertas a discriminación más fácilmente y a menudo que españolas porquefaltan redes de familia o amigos que pueden ayudarlas encontrar un abogado competente, tanto que problemas de idioma y/o conocimiento de leyes y costumbres judiciales.

Mientras que existen centros de asesoramiento judicial con abogados de turno del colegio de abogados, como se vea en mi caso, ellos no saben y/o están informados sobre procedimientos legales y judiciales en casos de divorcio. Entre septiembre 2007 y octubre 2008 me fui quizá 20 veces a consultar los abogados de turnos del colegio de abogados (Villanueva de la Cañada, Majadahonda, c/ Serrano, c/ Capitán Haya, c/ Barbara de Branganza) y las respuestas de mis preguntas eran siempre “no sé, no soy abogado” o “no sé, eso no es mi especialidad”.Como decía en Buena practicas en combatiendo y eliminando la violencia contra las mujeres por el división de los Naciones Unidos por el avance de mujeres 2005, estés centros de consejo no son nada más que una fachada.

  • También, me fui consultar todos los centros y asociaciones de mujeres y víctimas de violencia de género en Madrid y me dijeron que mis abogados no eran cumpliendo con sus deberes, pero ninguno pudieron darme el nombre de un abogado que podio defenderme, ni pudieron decirme concretamente lo que mis abogados debieron hacer para cumplir con sus obligaciones.

Se debe notar que sabiduría convencional crea que “racismo” solamente existe contra africanos (o sus descendentes), sud americano, asiáticos o arabes, pero como definido por el Convenio sobre el eliminación contra todas formas de discriminación racial “el discriminación racial quiere decir cual quiere distinción, exclusión, restricción, o preferencia basado sobre la raza, color, descendente o origen nacional o étnica”.

La prevalencia del anti-americanismo en Europa (y todos partes del mundo) esta tan extensa que americanos son casi más expuesta al discriminación en sistemas judiciales por el simple razón que no hay ningún organización ni asociaciones que defienden sus derechos o interesas al extranjero.

Funcionarios de centros de género, colegios de abogados, juzgados, guardias civiles o policía, tanto que abogados del sector privado, que no ejecuten su trabajo con competencia e integridad, o mismo fallan a cumplir con leyes, son absuelto de faltas porque victimas no tiene ningún recursos efectivos y reales dentro sistemas judiciales, ni derecho a reparaciones por daños recibidos.

Hay más y más reportes que demuestran que mujeres víctimas de violencia de género pierden custodia de sus hijos, a veces terminando encarcelados en sus esfuerzas de protegerlos (vea el caso de María José Carrascosa http://www.mariajosecarrascosa.es), o mismo internado involuntariamente en hospitales psiquiátricos. Ninguna estadística existen sobre el fenómeno de encarcelaciones durante batalles custodiales, pero los testimonios y reportes en redes del Internet son preocupantes y demuestra un necesidad por tales estadísticas.

Unas de las mujeres/historias más penosa que encontré en el Internet era el siguiente:

(http://news-spain.euroresidentes.com/2004/06/disagreement-over-future-law-to-tackle.html)
Anónimo dice…
Soy una mujer que has sido en un matrimonio violento en España, y puedo decirte que no hay ningún ayuda de la guardia civil, la policía, servicios sociales o los tribunales. No hacen investigaciones entonces las sentencias están basado sobre denuncias, y cual quiere de la calle que ni siquiera te has encontrado puede ser un testigo. Si no hablas el idioma no te ofrece un traductor por tus declaraciones solamente las preguntas y respuestas en el tribunal. Después tú firma quizá 10 papeles o más de documentos legales en un idioma que no entiendes. No te dan ninguna opción, tienes que firmar y no te explican nada mismo cuando te mandan a la cárcel como es mi caso. Todavía estoy esperando que alguien me explique porque me han mandado a la cárcel, pero desgraciadamente todos los papeles que firme dice que estoy culpable. Ojala que subiese que crimen cometí para que han venido a mi casa y sin leer mis derechos, mismo en el tribunal, obligada a firmar un documento, y ya. Si hay alguien allá que se puede ayudarme, yo sería agradecido. Gracias

Contesté a su “poste,” diciendo que me contacta. Pensé que o menos yo pudiera notificar su Consulado, pero nunca me contestó. ¿Hasta ahora me pregunta lo que ha pasado. Ha sobrevivido, o ha vuelto ser otro cadáver y estadística dentro de un reporte?

Falta de Debido Diligencia en Medias a la Previa 1140/2007

Art. 103 del código civil Española  “Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes: 3ª Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si procede, las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro. Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a la patria potestad.”

Por las medias a la previa mi abogada, Señora García Martin,  no introducía su contestación (que me dio el día antes del juicio) en conformación con él ley y/o procesos judiciales, y entonces no era aceptado por el tribunal. Ahora ella me comunicó que era el juez que decidió el día del juicio que no aceptaría una contestación por escrito (vea documento #1).

Todavía no se si era Señor García Martin que no introdujo documento #1, o si era el juez que decidió de no aceptarlo.

Lo que queda claro es que en el juicio oral Señora García Martin no ha hecho ninguna referencia de la violencia o abuso de Señor González de Alcalá, sus problemas emocionales o el hecho que han surgido desde años y eran resulta de problemas laborales en Bogotá en el año 2003.  En la contestación escrita ella explicó muy bien los hechos del caso, pero no en su presentación oral. ¿Si ella supo que solamente el juicio oral seria admitido, y ahora me dice que era dictado al principio del juicio[25], porque no introduzco evidencia del abuso de Señor González de Alcalá en dicho juicio oral? Su omisión de introducir los hechos, en efecto ocultó el abuso y violencia de la parte Señor González de Alcalá, en las transcripciones grabados del tribunal tanto que del oído del juez.

Otros errores muy graves de Señora García Martin eran la falta de pedir unas “litis expensas”, tanto que un orden del juez de bloquear cuentas bancarias (art. 1389 del código civil española) para proteger el patrimonio familiar. Estés hechos y omisión de hechos eran en violación de art. 1, 3 y 4 del CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio y art. 252, 460, 467, 451, 467.2 y 512 del código penal española; art. 1347, 1365, 1366, 1369, 1375, 1378 349, 398 y 471 del código civil española;  y art. 3, 4, 6, 10, 11 y 12 del Acto de Igualdad 3/2007.

Se debe notar que bajo art. 1390 y 1391 del código civil española, art. 10 del Acto de Igualdad 3/2007, y art. 252 del código penal española Señor González de Alcalá tiene el obligación de volver estés fondos y/o el valor igual tanto que cualquier gastos incurrido en el recuperación de dichos fondos. También, Señor González de Alcalá, Señora García Martin (art. 1, 3, 4 del CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio y 512 del código penal española, inter alía)  y cualquier otro actor estatal y/o non estatal (art. 17, 22, 23 del código penal española) que incurriendo un responsabilidad penal por sus acciones, o omisiones de acciones, tienen una responsabilidad financiero por todos fundos perdidos  bajo art. 249 y 251 del código penal española y art. 1908, 1101, 1106, 1124 y 1295 del código civil española.

También, se debe notar que la transferencia de la suma de €94.000 (BBVA nº 0182-4000-0411563734 de titulo conjunto: Javier González de Alcalá y Quenby Wilcox) al cuenta BBVA nº 0182-4000-0411563727 (de titulo singular: Javier González de Alcalá) es en violación del art. 33.3 del Constitución Española y art. 1767 y 1772 del código civil española con el obligación de la parte del BBVA de volverme el mitad de dichos fondos (tanto que todo información financiero, ingresos, sueldos, etc. en el nombre de Javier González de Alcalá desde agosto 1991 hasta noviembre 2008, bajo art. 1347 del código civil española) y el fallo del BBVA de volver estés fondos será en violación del art. 254 del código penal española;  art. 1089, 1098, 1101, 1107 y 1108 del código civil española; y art. 10 del Acto de Igualdad 3/2007.

Quizá, mi manera de renunciar Señora García Martin era precipitada y no en acuerdo con normas judiciales, pero yo estaba muy preocupada sobre la falta de competencia y mala fe de Señora García Martin, y sobre todo sus intenciones en el futuro. Ella estaba jugando con mi vida, y la vida y seguridad de mis hijos, tanto que el patrimonio de mi familia ¿Y para que motivo? Hasta hoy en día me gustaría saber por qué.

La falta de abogados, tanto que otros actores judiciales, de toma en serio la gravedad del situación y el peligro que victimas de la violencia de género corren durante el divorcio, es exactamente porque mujeres (y niños) están muriendo todos los días, sin hablar del sufrimiento físico y emocional que están sufriendo los sobrevividos. Este sufrimiento, tanto que el fallo de autoridades de proteger estés victimas tiene consecuencias económicos y sociales muy graves y extendidos dentro de las sociedades, como se demuestra en el reporte Abuso domestico y discriminación contra las mujeres en tribunales – violaciones de derechos humanos, civiles. Los autoridades no tienen el derecho, y ya no pueden tratar estés casos con tanto ambivalencia.

Entonces, visto al situación económica muy grave en el cual Señora García Martin me puso mis acciones no eran erráticas o histéricas, pero completamente normal visto mi necesidad de asegurar que ella no podía hacer más daño todavía en mi caso.

En su correspondencia con el juzgado de Mostoles juzgado de primera instancia #2 renunciando su representación (vea documento #14), Señora García Martin contiende que el día 2 de enero ella me comunicó por teléfono las condiciones de las medias provisionales. Esta contención es completamente falsa. Aquello época, durante varias días, yo llamé a Señora García Martin, dejando mensajes detrás de mensaje para saber si ella ha recibido noticias del tribunal. Después de varias llamadas finalmente hablé con ella que me informó que todavía no ha recibido noticias (debido a  días de descanso de navidades de los tribunales). Entonces, yo llamé el juzgado de Mostoles para saber cuando termino “las vacaciones” y podía esperar una sentencia. Me han informado que la Señora García Martin, ya ha recibido la sentencia.

Después de todos los problemas que yo he tenido con abogados  y el centro de género de Villanueva de la Cañada anteriormente, sobre todo mi experiencia con Señor de Haro en relación de juicio rápido 607/2007, yo estaba muy preocupada que Señora García Martin quería ocultar el hecho que ha recibido noticias del tribunal, entonces me fui personalmente al juzgado para consulta la sentencia. Cuando yo he leído que la contestación del Señora García Martin no “ha sido entregado en conforme del ley”, que no ha pedido avances para gastos legales en el futuro, ni bloqueos de cuentas para proteger la patrimonio familiar, ni un citación por información financiero en el nombre de Señor González de Alcalá con el BBVA, y que el juez me ha acordado €500/mes con responsabilidad de los gastos de la casa y uno pensión por mis hijos que no iba cubrir todos sus necesidades en absoluto, perdí todo confianza en Señora García Martin y en su buena fe en defendiendo mis interesas.

En la correspondencia (Documento #14) Señora García Martin contiende los siguientes:

el 8 de enero solamente podía hablar conmigo al 9h30 de la noche en su casa” era por su voluntad. A todos momentos del día yo tuvo mi teléfono móvil conmigo y era muy pendiente de llamadas telefónicas, sobre todo llamadas viniendo de mi abogado.

que “cuyo voz y forma de comunicarse parecían alteradas y extrañas” que “su errático comportamiento no le cause mayor indefensión procesal” es una reflexión de ella que no tiene ningún fondo y se debe considerar un intento de desviar el atención  del verdadero problema; su falta de defender mis interesas (en violación de art. 208 del código penal, inter alia).

“no ha solicitado en sede judicial que se le designen nuevos Abogado y Procurador de Oficio (si corresponde) como consecuencia de la renuncia a su representación y defensa hasta la fecha” – No he solicitado un abogado de oficio en el juzgado de Mostoles, porque lo que yo entendí era que tuve que solicitarlo con el oficio de turno del colegio de abogados en Villanueva de la Cañada/centro de género, a quienes yo estaba solicitando ayuda y información desde septiembre 2007, sin ningún resulto. Si los funcionarios de este centro de género me han ayudado desde el principio (de una manera efectiva y real) yo no hubiese ido en una situación de “crisis”.

También, la Señora García Martin dice “(si corresponde)” y “La razón por la que la doña Quenby no ha solicitado ni solicitará seguramente el beneficio de justicia gratuita, radica en el hecho de que es consciente de que su situación económica seguramente no le permita acceder a dicho beneficio, y obtener así representación y defensa gratuitas”. Señora García Martin sabía muy bien que Senor Gonzalez de Alcala ha bloqueado todas las cuentas bancarias, que yo no tuve ningún ingreso, ni acceso a ningún dinero de otro parte. Solamente puedo creer que ella insistió tanto sobre el hecho que yo no tuve el derecho de un abogado de oficio para desviar la realidad de la situación gravísimo en el cual ella me puso.

“que sin conocimiento de la Letrado Sra. García Martín había enviado un fax al Letrado contrario dándole un número de cuenta, y que en el Juzgado le habían vuelto a emplazar personalmente.” – Era Señor González de Alcalá que me llamó diciéndome que yo tenía que mandar un fax a su abogado con el número de cuenta donde abandonar el dinero que yo necesitaba YA, mismo si el juzgado ya tuvo este información. (El juez no me ha acordado bastante dinero para cubrir los gastos de la casa y mis hijos, y mientras que yo sé muy bien gestión dinero, no soy mago. Yo no conozco a nadie que esta capaz de cubrir todo los gastos de una casa de 450m2 y todos gastos personales; electricidad, calefacción, agua, comida, gasolina, seguros, transportación, etc., etc. con nada más que €500/mas.)

Solamente puedo concluir que Señor González de Alcalá me dio información falsa, es otro ejemplo de sus “maniobras”  y juegos que tuvieron como objetivo de hacer creer a los tribunales que mis acciones y comportamiento era “errática” y ilógica”

Una vez mas como NINGUN persona estaba entregándome información exacta, complete y correcta aquello época, ni desde entonces, bajo el príncipe de persona razonable todos mis acciones y decisiones, visto al información conflictiva y limitado que constantemente recibí, eran perfectamente racional y lógico.

Se debe notar que yo soy extranjera y mientras me defiende en español, yo he tenido muchos problemas entendiendo todas las palabras legales y trámites judiciales al cual tuve que enfrentar, sin nadie para contestar a mis preguntas o aconsejarme. Yo siempre creía que el trabajo del abogado era de vigilar sobre los interesas de sus clientes y explicar al cliente lo que estaba pasando en su caso, y que opciones tenía en relación de su defensa (sin pensar que yo iba necesitar de montar una defensa contra unos acusaciones tan ridículos y fantástica de un señor obviamente enfermo, Señor Gonzalez de Alcala en uno divorcio sencillo).

Los funcionarios siempre quejan que los tribunales están tan desbordados con trabajo, pero si actores judiciales no fueran tan ocupado en maniobras como lo de Señora García Martin, Senor de Haro, y como veremos otros abogados en mi caso, los tribunales no serán tan “desbordados” y “mareados” con juicios sin sentido.  El primero paso en asegurando una justicia integra y competente, es que los autoridades mandar un mensaje muy fuerte a abogados que vean el sistema judicial como sitio donde se pueden jugar con la vida de sus clientes.

“Desoyendo todos los consejos dados por su aún Letrado, doña Quenby Wilcox ha seguido acudiendo a diario a la oficina judicial” – Eso es completamente falso. Ella no estaba dando mi ninguna información o instrucciones, y ni idea donde sacó su contención que yo iba al juzgado de Mostoles todos los días. Solamente puedo concluir que una vez más Señora Garcia Martin estaba intentando de descreditarme con el juez, y desviar la atención del verdadero problema, su incompetencia y sus “maniobras.”

“Debemos informar al Juzgado que, al igual que ahora ha hecho con la Sra. García Martín, doña Quenby ya había hecho una maniobra similar con dos Letrados anteriores, a quienes adeuda sus honorarios profesionales íntegros.” – Seguro que las “maniobres” al cual ella refiere eran de la parte de Señor de Haro en su negligencia, dejando su cliente “colgado” con una sentencia que me trataba de “alcohólica y toxicomanía”. Senora Garcia Martin era muy consciente del “maniobre” de Senor de Haro, mismo diciéndome que él ha sido muy negligente en el caso 607/2007.

Se debe notar que Señor de Haro me llevó al tribunal reclamando los honorarios que yo lo debía. Yo reconocí tal deuda sin ningún problema, diciendo que no lo he pagado por no podía acedar mi dinero, por negligencia suya, y el negligencia de sus compañeros desde entonces.

El otro factura de honorarios que seguramente Señora García Martin hacía referencia era con Señora María Fernanda Guerrero Guerrero por €348. Pero, una vez más el “maniobra” era del parte de Señora Guerrero, no lo mío.  En septiembre, en una entrevista con ella, (y después de mi respuesta negativo de su pregunta si “mi marido era de LA familia Francisco González – presidente del BBVA)”, me dio instrucciones de irme al juzgado de Mostoles para “recurrir las sentencias de juicio rápido 607/2007”. El día siguiente me fui al juzgado de Mostoles para recurrir tal sentencia.  Por supuesto los funcionarios me miraron como si yo fuera loca y me han dicho que no podía hacerlo. Antes de este día yo desconocía totalmente la palabra “sentencia”, “recurrir”, y todas otras palabras, trámites y procesos judiciales. Yo era ignorante pero no era, ni soy, estúpida ni “loca”. Todavía, me gusta saber porque la Señora Guerrero me mandó “buscar una aguja en un pajar”.

Señora García Martin era muy consciente de las “maniobres” de sus compañeros y su contención que fuera yo el autor de “maniobres” y de mala fe, otra vez debe ser debido a sus intentos de desviar el atención sobre su negligencia, y descreditarme con el juez de instrucción en mi caso; agravando su negligencia profesional y en violación de art. 3, 4 y 5 de CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; en violación de art. 173, 199, 208, 450, 451, 456, 461, 464, 467.2, 510 y 512 del código penal española; art. 1, 9, 10, 14, 18 y 24 del Constitución Española; art. 3, 4, 6, 7.2 y 9 del Acto de Igualdad 3/2007;  art. 2, 5, 13, 15 y 16 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; y art. 17, 23 y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Se debe notar que también en julio 2007 antes de mis entrevistas con Señora Guerrero y Señor de Haro, tuve dos entrevistas con gabinetes de abogados. Uno me dijeron  que como la nacionalidad común de Señor González de Alcalá y yo era francesa, el divorcio será llevado por leyes francesas, y entonces necesitaría traducir todos documentos en francés, al cual su gabinete de abogados podía hacer (por un precio). El otro abogado me ha dicho, “¿Tu marido es una alta ejecutiva por el BBVA? Tenemos que sacar mucho dinero del, y eso vas a costarte mucho dinero?” Me fui de la entrevista pensando “¡Este Señor está loco! ¡Yo quiero un divorcio, no una guerra!” Se debe notar que en los últimos cuatros años los abogados que se han comportado con profesionalismo, integridad y confianza conmigo han sido los abogados de oficios, y no puedo decir bastante hasta que punto aprecio este integridad. Si los abogados del sector privado en mi caso se han comportado con el mismo nivel de profesionalismo este caso no hubiese sido tan complicado y agobiante.

Mi sola queja con los abogados de oficio, es contra Señor José Manuel Hernández Jiménez que refutaba de pedir una citación con apercibimiento sobre todo documentación financiero entre 1991 y 2008 en el nombre de Señor Javier González de Alcalá, para que yo pudiera hacer un análisis de la posición financiero nuestro, presentar este análisis al tribunal, y empezar los tramites de un liquidación de gananciales.

Todavía, no entiendo como en cuatro años  ningún abogado ha hecho una cosa tan sencillo, y necesario, y está en violación del art. 33.3 del Constitución Española; art. 252, 510 y 512 del código penal española; art. 1347, 1365, 1366, 1369, 1375, 1378 349, 398 y 471 del código civil española;  y art. 3, 4, 6, 10, 11 y 12 del Acto de Igualdad 3/2007;  y  art. 3 y 13 de CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio. Después de haber trabajado en mercados financieros por varias anos, y gestionando las financias de la familia por muchos anos, soy muy lista en preparando una análisis financiero, pero para hacerlo necesito los extractos de cuentas, etc.! ¿¡Bajo el principio de persona razonable, creo que es normal que mis abogados piden todo el información financiero durante mi matrimonio para saber que es el situación financiero?!

Como ya he dicho anteriormente, todavía me queda muchas preguntas sobre procesos judiciales y leyes españoles, y seguramente  he hecho errores en los últimos años, pero bajo el principio de persona razonable, y el nivel y cuantidad de negligencia y falta de diligencia por actores judiciales al cual yo estaba enfrentando desde septiembre 2007, mi desconfianza en Señora García Martin y su buena fe en enero 2008 era completamente justificada.

Mientras que las acciones del Señora Martin eran contra mis interés, el juez de instrucción también tuvo un obligación de debido diligencia bajo del artículo 24.1 del Constitución Española de asegurar que mis derechos eran respectado y defendido en su tribunal.  Dentro de cual quiere juicio, el juez tiene la última responsabilidad de asegurar que los derechos del acusado son protegido y que el proceso judicial se pasa en conforme con artículos 5, 6, 7, 8, y 11 del Ley Orgánica 6/1985, 1 de julio, Poder Judicial.

Mismo si Señora García Martin no ha pedido “litis expensas”, ni bastante dinero para  cubrir los gastos de mí y mis hijos, en el juicio verbal Señor Gonzalez de Alcalá reconoció que su sueldo era €8.185,41 por mes en 2006. La decisión judicial que me acordó solamente €500 por mes, y responsabilidad por los gastos de la casa, era discriminatoria y en violación de mis derechos. Mi porción del los ingresos de mi marido bajo artículo 1347.1 de código civil se levantaba a €7.500 por mes como el sueldo de Señor Gonzalez de Alcalá en 2007 era 181.000. El hecho de no acordarme acceso de mi parte del sueldo de Señor González de Alcalá durante 2008 era in violación de art. 33.3 del Constitución Española, art. 1408, 1362, 1365, 1368, 1369 y 1382 del código civil española; art. 446, 447 y 450 del código penal española; art. 3, 4, 6, 10,11, 12 y 14 del Acto de Igualdad;  art. 2, 3, 4, 5, 13, 15 y 16 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; y art. 23 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos[26].

En efecto la decisión del juez me malversó €75.000 de mi dinero durante 2008, con el cual yo hubiese podido asumir mis gastos cotidianos, tanto que liberación de mi pagina web, y así Global Expats será generando bastante ingresos para que yo no necesitara ningún pensión compensatorio o otros fondos gananciales. Un abogado me ha dicho que este sumo será reclamado más tarde en la liquidación de gananciales; que actualmente en 2012 no han incluido en la liquidación de gananciales (¿?).

En relación de la avanza de litas expensas, Señora García Martin me dijo “en España los maridos no son obligados a pagar los gastos de abogados durante el divorcio.” Eso afirmó el juez más adelante en decisiones judiciales con “no hay lugar a hacer expresa imposición de costas. Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.”

Estos presuntos y decisiones demuestran a cual punto actores judiciales no entienden el concepto de bienes gananciales, y cual quiere preceptos legales que apoya estas decisiones son discriminatorios,  en violación de art. 1316, 1318, 1319, 1347, 1365, 1366, 1367, 1369, 1375, 1376, 1382, 1386,  de código civil española

A ningún momento en el largo del historia de mi divorcio yo estaba pidiendo que mi marido paga mis gastos de abogado o otros relatado con mi divorcio, lo que estaba pidiendo era MI DINERO. Los gastos legales, Y otros,  de mi marido eran pagado con bienes comúnES, y el hecho de no acordarme consideraciones iguales es claremente discriminatorio.

El más potente instrumento que un abusador tiene sobre su víctima es la retención del dinero. Decisiones judiciales que no da acceso a ingresos gananciales en casos de divorcios no solamente suporte y fomentaron el abuso del marido, pero participa en el subyugación y opresión de la mujer.

El papel que juega la ama de casa y mujer en nuestras sociedades es esencial del buen funcionamiento de la sociedad y su economía, y sistemas y decisiones judiciales que no reconoce esta importancia son completamente discriminatorios contra la mujer y violan los derechos siguientes: art. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 33.3, 35,39 y 45.1 del Constitucional Española; art. 2, 3, 4, 5,  11, 13, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1(c), 16.1(d), 16.1(f), 16.1(g) del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; art. 2(c), 3 y 4Convenio sobre la eliminación de violencia contra la mujer; art. 1, 2, 3, 6.1, 7(a), 7(b), 7(c), 7(d), 9, 11.1 y 12.1 Convenio sobre los derechos económicos, sociales y culturales; y art. 2, 3 y 6  Convenio sobre los derechos del niño.

La retención de mis bienes y fondos por decisiones judiciales era discriminatorios y violaciones de mis derechos en sí mismo, pero también al segunda nivel. En el divorcio, adolescentes son consultados sobre su custodia. Desgraciadamente,  por convivencia este estipulación legal ha vuelto en una práctica donde los niños deciden con quien quieren vivir. Como ha dicho uno de los abogados con quien hablé, yo tenía que “comprar mis hijos, para convencerlos que quisieren vivir conmigo.”

Este practica, y sus consecuencias evidentes, no solamente discrimen contra las mujeres, pero es detrimento a la sociedad, particularmente dado la taza incremental de divorcios en el mundo. Para entender la complexidad de esta discriminación debe examinarlo desde un perspectivo “interseccional.”

  1. Pregunta a cualquier adolescente con quien quiere vivir, el pariente que le dejan hacer lo que les dan la gana, no ir al colegio, ir a la cama cuando quieren, etc. o el pariente que pone reglas y directivos que tienen que cumplir? Obviamente van  elegir el primero.
  2. Como el acceso a los fondos gananciales de mujeres pueden ser completamente restringidos durante y después del divorcio, las amas de casas están a un desventaja financiamiento en “comprando” sus hijos. Es difícil de comprar alguien o algo sin ningún dinero.
  3. Como ganando la custodia de sus hijos implica un ventaja financiero y domiciliación en la casa familiar, parientes egoistica y sin escrúpulos son tentado a buscar custodia de sus hijos por lo cual no son capaz, ni dispuestos, de asumir la responsabilidad. ¿Cuánto delincuentes juveniles son creado por padres egoisticas e irresponsables que no tienen ninguna idea con sus hijos asocian?
  4. Adolescentes son fáciles de influir por adultos manipuladores, sobre todo por un pariente a quien quieren hacer placer.
  5. Un pariente con éticas y principios no serán capaz de manipular o mentir a su hijo para obtener beneficios financieros o personales.

Todos de este factores crean un situación donde el pariente sin escrúpulos están al un ventaja distinto en decisiones custodiales. Además, en casos de violencia de género niños están expuestos a manipulaciones y amenaces del abusador, y funcionarios de tribunales no son preparados a detector o entender la realidad de la situación.

En mi propio caso, el hecho de darme €500 por mes y responsabilidad de todos los gastos de la casa (normalmente €6000 por mes) y €5500 por mes a mi marido (mas casi €300.000 de activos líquidos, quien vivía con sus padres libre de gastos, era discriminatorio. Con €500  yo no era a penas capaz de asumir los básicos de sobrevivencia, y menos estar en competencia con los regalos, salidas y vacaciones que mi ex marido prodigó a nuestros hijos.

Febrero 2008

En mis esfuerzos a procurar un abogado de turno encontré las irregularidades siguientes:

El funcionario cargado de mi caso en el juzgado de Mostoles siempre me presentó con documentos por el juicio medias a la previa 1140/2007 y no por el divorcio 1143/2007. Cuando yo lo pregunté sobre esta irregularidad ella declaró que eran los mismos juicios. Era solamente después que yo insistí varias veces que cedió y me entregó los documentos por juicio 1143/2007.

Ella y un compañero suyo me dieron información falsa sobre el proceso para el aplazamiento del proceso judicial hasta que tuve un abogado de turno. Ellos me informaron que el proceso se paraba automáticamente, con la entrega de los requisitos al colegio de abogados. Al final de la petición en letras pequeñas se dice claramente que eso no es el caso; que el juicio se queda parado solamente después que la petición esta entrega y sellado por el juzgado/instancia concertado.

Cuando intenté de presentar mi petición al centro de violencia de género en Villanueva de la Cañada, el abogado de turno negó de aceptarlo, diciendo que faltaba un papel. Cuando volví al ayuntamiento de Villanueva de la Cañada pidiendo el dicho papel, ellos me aseguraron que el documento que él estaba pidiendo no existía y que yo tenía el documento que necesitaba.

Como el abogado de turno en Villanueva de la Cañada refuto aceptar mi petición tuve que presentarlo a dos oficinas del colegio de abogados en Madrid, y en la presencia de dos testigos antes que alguien lo aceptó.

Luego tuve que volver 3 veces al juzgado de Mostolos, con mis testigos, antes que el funcionario me selló y entregó los documentos por 1143/2007,  y no solamente por 1140/2007. Ella insistió e insistió que solamente necesitaba los documentos por 1140/2007 y no hacía falta por 1143/2007.  No me parecía normal o lógico lo que estaba diciéndome, entonces refute de irme hasta que me dio todos los papeles sellados.

El día siguiente me fui a la oficina central del Colegio de abogados (c/Serrano) donde me informó que mi petición no ha sido registrada correctamente en el sistema. Volví a la oficina del colegio de abogados en Madrid (c/ Barbara de Braganza), donde estaba el día anterior, pidiendo que lo registre mi petición correctamente mientras que yo esperaba.

Todos estos actos, u omisión de actos, son en violación del 413 de código penal española.

Si yo no ha logrado de conseguir un abogado de turno, una vez más yo hubiese reconocido las alegaciones de mi marido y seria desacato al tribunal.

Aquello época no podía entender porque estaba teniendo tantos problemas entregando unos cuantos papeles a los funcionarios, hasta un abogado me ha dicho que en el juzgado de Mostoles todo el mundo se conocen, tienen un mentalidad del “pueblo”, y funciona con mucho nepotismo.

Mi ex marido tiene un primo, Victor (primero apellido desconocido) Lamata que lleva más que 30 anos en la guardia civil de Mostoles y conoce todo el mundo en el sistema judicial allá. Su mujer le divorció hace años por sus abusos y violencia, esta siempre despreciando mujeres y no hay “amor perdido entre nosotros” (así se dice en ingles.) El será encantado de hacerme mal como soy la sola mujer en la familia que jamás atrevía de denunciar la manera degradante que trata la inmigrante que él tiene en concubina ahora.

Si Señor Victor (….) Lamata ha utilizado su influencia, conexiones u otro, para influir cualquier actor estatal o no estatal en su funcionamiento, decisiones, u otro, tanto que cualquier actor estatal o no estatal que se dejo ser influido en cualquier de sus funcionamientos, decisiones, u otros, están, o pueden ser, en violación de art. 419, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 439, 442, 446, 447, 450, 451, 458, 460, 461, 464, 465, 467, 510 y 512 del código penal española y puede ser tenido responsable por todos daños sufridos bajo art. 10, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123 y 124 del código penal.

De repente, si la ignorancia o negligencia de funcionarios sobre unos procesos administrativos e información tan básica, eran intencionadas o no intencionadas, no importa bajo el principio de diligencia debido. El gobierno Español tiene una responsabilidad de asegurar que sus funcionarios son formados y ejecutan su trabajo con competencia e integridad

Examinando el Lazo Entre el Crimen Organizado y Corrupción el Centro por el Estudio de Democracia comisionado por el Directorado General por Justicia, Libertad y Seguridad

5.4.1 Corrupción en los tribunales (en España)

Este tipo tiene a ver con la corrupción que se pasa en los tribunales que normalmente esta perpetrado por los funcionarios (no necesariamente los jueces) quien abuso su posición en dando prioridad a unos archivos/casos sobre otrosEn España, este tipo de corrupción era bastante común hace unos anos…. Sin embargo, El corrupción que ocurre en los tribunales es el adelantamiento o retrasando del proceso jurídicas y evidencia que se pierda 103 o eliminación de registros judiciales. 104

4.5.2 Factores de vulnerabilidad factores y mecanismos de corrupción

Los factores que vuelven el sistema judicial más o menos vulnerable de influencias externos y corrupción son variables en el Unión Europeo. Estos factores incluyen asuntos culturales, institucionales, históricos y socio-económicos complicados y que explican por qué y cómo la corrupción existe.  

Sueldos: personas entrevistadas han destacado por qué corrupción es más o menos probable. Muchas veces miembros de sistemas judiciales han comparado sueldos con países vecinos u otros funcionarios.

Factores culturales: la cultura y factores sociales que facilita corrupción entre miembros del sistema judicial o hacen que sociedades son más sensibles al corrupción son los más complicados 

En sitios donde hay una influencia importante de la mafia, factores sociales y redes informales permiten presión sobre jueces. Sitios del turismo costal y fronteras con un concentración importante de actividades criminales (eg. Costa del Sol, fronteras de la Europa del Este,) tanto que comunidades dependiente en actividades ilegales, se hacen nacer presiones similares.

Favores: La cultura del “favores” se coge una significancia distinto en Estados donde esta tradición es aceptable y misma “normal.” Como ha dicho una persona entrevistada, “Lo pide un favor. Esto funciona con cual quiere cosa y cual quiere persona, no importa si esta relatado al crimen organizado.”

Nepotismo y presión de familia son más fuertes en un Estados que otros. Pueblos puede servir de catalizo al corrupción, como relaciones informales y favores son considerado aceptables (ES, PL, BG, EL.) En muchos países de la Europa del Norte, donde estos valores no son tolerados, pueblos pequeños tienen un efecto contrario.  

Tolerancia Publica: En unos Estados alegaciones de corrupción no molesta mucho a la gente, y jueces continúan en sus puestos hasta que sentencias contra ellos son firmes (SP, FR.)

Corrupción parece ser un término comprehensivo que combina connotaciones diferentes a gente diferente; hasta ahora el sistema legal española no lo ha definido. Pero, el código penal española de 1995 determina una serias de delitos que son definidos como “corrupción”. Estés delitos incluyen: corrupción pasivo y activo de autoridades oficiales (Articulo 419-427), tráficos de influencia (Articulo 428-431), sobornos en transacciones internacional, abuso de autoridad oficial (Articulo 445ª), delitos contra el tesoro (Articulo 305-310), contrabando y delitos contra controles de cambio (Articulo 418, donde actores privados son concertados y articulo 442 en respecto de oficiales públicos), malversación de fondos públicos (Articulo 432-435), fraude y extorción (Articulo 436-438), negociaciones prohibido a oficiales (Artículos 439-441), ejecución de funciones ilegales (Articulo 506-508) y todos delitos conectados.

Cuando cual quiere delito esta cometido en una manera organizada, el delito de “asociación ilegal” (Articulo 515) entra en juego.90 Conceptos más amplio, como clientismo, nepotismo, y falta de transparencia, “capitación” de instituciones por grupos interesadas (Rose-Ackerman 2004) se quedan fuera de los definiciones estrechos legales. Entiendo como gobernabilidad opera y como está organizado se vuelve indispensable para entender como corrupción y oportunidades de crimen organizado parece tan favorable en España.  Nieto (199 6, 2005, 2008)91 ha publicado extensivamente sobre el asunto de la falta de gobernabilidad92 de los instituciones españoles públicos. El analiza el impacto que él ley tiene sobre el comportamiento de ciudadanos, oficiales públicos, el administración y los jueces. Visto el impacto sobre el administración público, el dice que la falta de diligencia de burócratas normalmente no lleva una responsabilidad personal, pero un acción disciplinario sin consecuencias importantes. También, la crítica que muchas veces jueces pasan sentencias legalmente correcta pero contradictoria sin consecuencias.

5.1 Corrupción de la policía – La corrupción en las esfuerzas de ley esta generalmente relatado al niveles bajo del crimen organizados incluyendo trafica de drogas, robos organizados, trafica de personas o vehículos. La mayoría de los casos reportados han implicado los oficios dentro de la guardia civil retenido por enlaces con redes de trafica de drogas.   Eso es comprensible dado el hecho que la guardia civil está encargado de controlando los puertos de entradas. Pero, también, han sido casos de oficios de la policía nacional y policía local, junto con miembros del militaría, 93 que han sido enlazado con la trafica de droga.

Sin repente, unos ejemplos recientes de prácticas corruptos en instituciones de las fuerzas de ley descubierto por las unidades de asuntos interiores, demuestra un nivel de corrupción que no han visto en la mayoría de Estados de EU-15.

5.1.1 Operación Bloque: El rede de corrupción de policía de Coslada94

Detrás de una queja de una víctima de extorción, el 8 de mayo 2008, el jefe de policía95 de Coslada (uno afueras de Madrid) y otro vente-seis oficios de policía local eran retenidos bajo el sospecha de ser implicados en una red de corrupción de extorción de prostitutas, bares y comercios locales.  El 14 de mayo, un juez autorizo uno detención sin fianza por el detención de trece oficiales. Los juicios no han empezados todavía.

Según de los oficios de la policía de Coslada, el “Sheriff” del pueblo, Ginés Jiménez Buendía, era cargados del cuerpo de la policía local. El gustaba de entornarse con gente con quien tenía confianza pero si alguien se ponía apuesto a sus órdenes, el será remplazado rápidamente. Es así que ha podido construir su grupo de confianza que era conocido como el Bloque.

Ginés Jiménez Buendía ha dicho al juez de investigación que él era inocente y solamente ha sido involucrado en uno asunto político. El nombre Ginés Jiménez también ha sido liado al grupos chantajista de discotecas de Madrid (hecho pública bajo del Operación Guateque) y unos bórdelas en Barcelona.

Hay unos signos que Jiménez protegía grupos de crímenes organizados de Bulgaria implicado en prostitución y que él en su turno recibió protección del alcalde de Coslada desde 1990’s, mientras que ha podido hacer amigo con varios jueces.  En realidad, el juez Carlos Nogada de Coslada, era suspendida temporariamente por el Consejo general del poder judicial (CGPJ) después del escuchas telefónicas entre él y el Sheriff eran publicados.

5.1.3 La Costa del Sol “Unidad de Crimen Organizado” (UDCO) el tribunal de la provincia de Málaga paso una sentencia el 21 de Abril 2009, sobre dos antiguos oficiales de UDYC097 (el antiguo jefe de UDYCO – Costa del Sol, SuperintendenteValentin Bahut, y antiguo jefe  del sección de crimen organizado, inspector jefe Alfredo Marijuan) a diez-ocho meses en la cárcel y once meses de prohibición de ocupar una puesta publico por revelando secretos y fallando de actuar contra crímenes. Un defenderte tercero, también un oficio de policía, era quitado de los acusaciones.

Los acusaciones relatado al cubrimiento por un testigo italiano protegido que era permitido de viajar entre España y Marruecos mismo que había un orden de arresto. Los oficiales de policía han recurrido la sentencia. 

Otros casos incluido el retención del teniente de la guardia civil,98 el desmantelado del unidad de anti-droga de Santa Pola,99 o el robo de 400 kilograms de cocaína en el puerto de Barcelona.100

Se debe notar que Móstoles ha tenido muchos casos de corrupción muy similar de Coslada (vea el reporte Abuso domestico y discriminación contra la mujer – violación de derechos humanos, civiles y constitucionales p. 194-230).

Mientras que ningún estudios, ni estadísticas, se han hecho sobre el problema de corrupción o “negligencia intencional” en tribunales de divorcio, hay más y más estudios hecho sobre los varios aspectos del corrupción institucionalizado. Si se examine casos presentados en reportes por Amnistía Internacional, o casos en las prensas, cuando el maltratador pertenece a los fuerzas de ley, miembros de sistema judicial, políticos, hombres de negocios potentes, o hombres dentro del redes de crimen organizados, irregularidades en procesos o decisiones judiciales son bastante común. El Reporte Sobre Corrupción Judicial 2007 por Transparencia Internacional identifica signos de corrupción como:

  • Jueces o funcionarios pueden manipular las fechas de juicios para favorecer un partido u otro
  • Jueces pueden hacer un sumario del juicio inexacto o distorsionar el testimonio del testigo antes de dictar la sentencia
  • Jueces pueden negar la admisibilidad de evidencia o testimonios para favorecer un partido u otro.
  • Funcionarios pueden “perder” un documento
  • Un fiscal corrupto puede bloquear el camino por reparaciones legales

En este mismo reporte se dice que corrupción es más probable en procedimientos donde periodistas no tiene acceso libre o falta redes de activistas que empujan para reformas. Para que logramos reformas, contabilidad y transparencias dentro del ley de familia UNA ACTIVISMA RESPONSIBLE Y COMPLETA POR LOS MEDIOS DE COMMUNICACION SON DISPONSABLE.

Se debe notar que estos actos por funcionarios o cualquier que ejecuta una función pública (art. 24.2 código penal), son en violación de 413, 414, 428, 429, 451, 22, 27, 28, 29  del código penal española, y puede ser tenido responsable por todos daños sufridos bajo art. 10, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123 y 124 del código penal.

En el reporte Estudio sobre el enlace entre el corrupción y crimen organizada del Centro de Estudio de Democracia dice que corrupción es más probable en procesos judicial donde periodistas no tiene libre acceso al hechos o la falta de activistas que empujan reformas; problemas fundamentales en casos de divorcios y violencia de género. En EE.UU. grupos de activistas “madres protectoras” llevan más que diez años intentando de exponer la corrupción en los tribunales de divorcio y sus faltas de proteger víctimas de la violencia de género y abuso domestico.

La historia de María José Carrascosa en Nueva Jersey es solamente uno dentro de miles cada ano en EE.UU. Pero, más grave todavía es que lo que pasa en EE.UU., y los razones que está pasando, está pasando en todos países alrededor del mundo, y por los mismos razones, vea el reporte ajuntado Abuso domestico y discriminación contra la mujer – violación de derechos, humanos, civiles, y constitucionales.

Que parte de mi caso esta debido a la negligencia intencional y que parte debido a la incompetencia o normas antiguas/discriminatorios de actores judiciales está todavía a demuestra, y espero que una investigación por las autoridades españolas se pueda clarificar exactamente lo que ha pasado. Pero, el más importante es que los problemas identificado en mi caso y en el reporte Abuso domestico y discriminación contra la mujer – violación de derechos humanos, civiles, y constitucionales, no se repiten.

Finalmente, me han acordado un abogado de oficio, Señor José Manuel Jiménez Hernández. Mientras que o menos supo prepara un documento judicial correctamente, el no entendía la importancia o necesidad de prepara una defensa por su cliente; pensando que su trabajo era nada más que llenar unos formularios administrativos  legales.

Sus negligencias eran los siguientes:

Refutó, por mis instrucciones, a contestar al convenio regalador propuso por mi ex marido (vea Dcoumento #12). Este documento demuestra el intención de mi ex marido de fraudarme, y porque lo quise introducir  en el proceso judicial. El convenio declaraba que los bienes y activos de familia eran €256.000 cuando en realidad eran más que €1.700.000, bajo valorándolos nuestra patrimonio por €1.444.000; en violación de art. 252, 268 y  269 del código penal española.

Defraude y falsificación de evidencia de un juicio son ofensas criminales y más pruebas del carácter abusivo de mi ex marido, y hubiese sido usados como pruebas de abuso. Cualquier actitud que encuentra la falsificación de documentos judiciales como algo “normal,” demuestra la necesidad por reformas en costumbres y normas dentro al ámbito judicial.

Valor de Residencia principal – En el convenio regalador mi ex marido se valorizó nuestra casa de Villafranca a €450.000 con una hipoteca de €292.000. Su valor del mercado se levanta al €950.000, y una hipoteca no existe sobre la casa, como mi ex marido bien sabe.  En 2010 (3 años más tarde) él esta alegando al tribunal que la supuesto hipoteca se levanta a €397.642. Otra vez introduciendo evidencia falsa al tribunal.

Valor de inversiones – En el convenio reglador se incluye activos de €88.000 mientras que extractos de cuentas en BBVA Madrid y Miami (2007) demostró activos de €256.048,97.

Mobiliario y enseres del ajuar familiar – En el convenio reglador se valoriza a €10.000 cuando en el seguro de mudanza de Bogotá a Colombia (2004) se valorizaba los mismos efectos al $450.000 (€340.000.)

Refutó, por mis instrucciones y proceso judicial correcto, de iniciar liquidación de gananciales, diciéndome que “el dinero en las cuentas eran para el primero que llegaba”. No entiendo una sistema judicial donde una mujer no se puede acedar a sus bienes (extractos de cuentas, información de la renta y ingresos de la pareja bajo propiedad comunal, etc.) durante 4 años, una cosa muy sencillo. Otra vez eso es en violación de art. 33.3 del Constitución Español; art. 348, 349, 1347 del código civil española; art. 23 y 26 del Convenio de derechos civiles y políticos; art. 3 y 13 de CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 2(f), 3, 4, 13(a), 15.3, 16(c) del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, inter alía.

Refutó, por mis instrucciones introducir cartas y los testimonios de Astrid Bentancourt y Dr. Piedad Rojas Gil en mi favor demostrando el abuso de mi marido y mi carácter e integridad impecable (ver documentos 3 y 4); en violación del 451.2 del código penal española.

Me obligó de dar vueltas pidiendo papeles inútiles, perdiendo mi tiempo y aumentando mi estrés emocional.

Además, Señor  Jiménez Hernández me advirtió de NO buscar empleo en España hasta después del divorcio, diciendo que el juez no acordar custodia a un madre que trabaja ni un pensión compensatorio. Básicamente, custodia será acordado a mi marido sobre el contención que si yo trabajaba fuera de la case yo sería incapaz de asumir mis responsabilidades parental. Pero, la capacidad de mi ex marido de asumir las dos responsabilidades no se puso en cuestión. No puedo quejarme de este consejo, porque otros abogados me han confirmado que esta norma discriminatoria es común en los tribunales de divorcio, y en violación de art. 1, 9, 14, 32, 35 y 39 del Constitución Española; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 2, 4, 5, 11, 15 y 16 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; y art. 6, 7 y 10 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales, y culturales, inter alía.

Otros ejemplos discriminatorios y en violación de los derechos de mujeres dentro detribunales de divorcio son los siguientes.

  1. Pensión compensatoria – Si yo hubiese quedado en el mundo laboral durante los últimos 20 anos, mi sueldo hubiese sido en los cientos de miles de euros al año. Pero, dado tantos años fuera del mundo laboral, mi edad, y el límite de mí domino del español escrito, mi prospectivo sueldo en España era €15-20.000 brutos al año, y en EE.UU. son alrededor de $30.000usd. En esencia los 17 años de trabajo y sacrificios por mi familia y el trabajo de mi marido sin remuneración ninguna, no contaba para nada en las decisiones de pensión compensatorio.

Amas de casas en sociedades modernas son educadores, niñeras, secretarias, dirigentes, cocineras, jardineros, asistentes domesticas, entrenadores deportivos, acompañaras sociales por sus maridos, y cual quiere otra cosa que les tocan hacer, estimado valor en el mercado laboral de €30.000/mes, y tiene el derecho que sus esfuerzas laborales sean reconocidos bajo art. 35 del Constitución Española; art. 7(a)(i), 7(a)(ii), 7(b), 7(c), 7(d), 10, 11 del Convenio internacional de derechos económicos, sociales, y culturales; art. 2, 3, 4 y 11 del Convenio sobre el eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, inter alía. 

Todo está trabajo está hecho sin ningún remuneración financiero, pensión, o acceso al seguro de desempleo, servicios sociales o de salud. La falta de consideración por tribunales o gobiernos de acordar o reconocer las contribuciones que amas de casa contribuyen a la sociedad con sus años de dedicación, amor y cuido, les relegan su estatuto de une servidumbre: en violación del art. 8.2 del Convenio de derechos civiles y políticos, inter alía. 

  1. Decisión custodial – El trabajo de mi marido lo obligó de  estar fuera de la casa desde 8h00 hasta 20-21h30, pero no era relevante en las consideraciones del juez en SU capacidad de cuidar los hijos. Esto es en violación del  art. 14 del Constitución Española; art. 23 del Convenio internacional de derechos económicos, sociales, y culturales; art. 2, 3, 4, 5, 11, y 13 del Convenio sobre el eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, inter alía.

Estadísticas demuestran una taza de discriminación de 70+% por mujeres en tribunales americanas (vea el reporte Abuso domestico y discriminación contra la mujer por tribunales – violación de derechos humanos, civiles y constitucionales). Mientras que estadísticas no existen en España en relación de esta discriminación, la Unidad de Derechos de la Mujer y Genero del Alta Comisión por Derechos Humanos[ii] concurre que en todos países alrededor del mundo las mujeres encuentran discriminación dentro de los tribunales de divorcio. Además, las normas, costumbres y creencias que discrimen son todavía más prevalente en España que en EE.UU, donde la “liberación” de la mujer está mucho más avanzado que en España.

Marzo 2008

Señor Gonzalez de Alcalá refutó de respectar las normas de visitas dictado por el juez, y me impidió el contacto con mis hijos durante 2 meses. Cuando yo puse un pleito contra él, el juez me amenacé de traer mis hijos al tribunal si yo no retiraba mi pleito, en violación de art. 464 del código penal española.

Lo retiré, refutando de utilizar mis hijos, sabiendo, por sus propias palabras, a tal punto lo molestaron de presentarse al tribunal.

Desde el principio mis hijos han dicho que no quisieron ser metido al dentro del una pelea judicial, ni decide con quién iban a vivir. El estrés emocional más horrible que he sufrido de todo, es mi apreciación hasta qué punto el caos y desorden de mi divorcio ha dolido a mis hijos. La falta DE TODO EL MUNDO de considerar o proteger los derechos de mis hijos y pensar en su bienestar has sido la atrocidad y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS más grave de toda mi pesadilla, y en violación del art. 1, 9, 10, 18, 24 y  32 del Constitución Española;  art. 3, 4, 5, 9, 10, 16, 18, 19, 24, 29, 36, 37 y 39 del Convenio sobre derechos del niño; art. 23 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Como dicen in La Revista de Genero, Pólizas Social y el Ley vol. 17.2 Abuso y Discreción – Evaluando Decisiones Custodiales en Tribunales de Divorcio “Dado las reglas imprecisa asociado con el estándar de mejor interés (del niño,) Steven N. Peskind afirma que esto a producido el hecho que casos de custodia han vuelto  “un combinación de concurso de belleza y exposición de circo donde los dos padres intentando a corteje el juez con sus respectivos fuerzas y mostrar los concurrentes debilidades de sus esposos.” El hecho que juicios de divorcio se vuelven “un circo” favorece una vez de más parientes abusivos, discrimen contra mujeres, y casi asegura que en casos de divorcios internacionales el pariente con la nacionalidad del país seria favorecido en decisiones judiciales.

Abril 2008

La noche de abril 19, 2008 yo era en mi casa preparando un almuerzo y fiesta de Pascuas que hago cada año por mis hijos y vecinos. Señor Gonzalez de Alcalá me llamó a las 22h30 para preguntarme si no iba venir al cumpleaños de nuestro vecino. Lo he dicho que he olvidado que había la fiesta y vendrá cuando terminé las preparaciones por el día siguiente. Yo era tan cansada, como desde 8 meses no conseguía dormir más que 2-3 horas por noche, dado el estrés enorme bajo al cual estaba viviendo.

A la vuelta de la fiesta, 1.3km, a 4 minutos en coche de mi casa al 15km/hora, mi ex marido y 4 miembros de la policía de Villanueva de la Cañada estaban esperándome delante de mi casa. Me paré delante de la casa de un vecino para pedir asistencia y testigos de mi detención. La policía me paro antes de llegar a la puerta de mis vecinos pendiéndome un examen alcoholemia; en violación de art. 174, 175, 176 y 177 del código penal española.

Yo informé a la policía que eso era un detención sin ninguna base como yo no cometí ningún infracción de la ruta, constituía encerrona (entrapment) con la intención explicito de desfamarme (violación de art. 208 y 429 del código penal y agravando la responsabilidad criminal de Señor González de Alcalá por art. 22, 23 y 17 código penal española) y quitarme la custodia de mis hijos. Era logísticamente imposible que estés policía estaba contestando a una llamada de la parte del “central”, no eran allá por casualidad, y se rindieron al sitio para el objetivo expreso de ayudar a Señor González de Alcalá en sus maniobres ilegales. Sin testigo y/o representante legal, la policía era en toda libertad de falsificar los resultados de la alcoholemia.

Se debe notar que Señor González de Alcalá era presente a todos momentos del dicho retención, ha consumidor vino al mismo cumpleaños, y ha ido de la fiesta justo después que me fui (confirmado durante el juicio 278/2008 – 226/2008). Para que el llega al domicilio antes que yo (2-3 minutos), el era obligado de conducir (bajo el influencia de alcohol) a mas o menos 60-80 km/hora en una zona de 20 km/hora, un hecho que la policía no podía fallar de observar (vea documento #7B). Pero, Señor González de Alcalá no era obligado de sometiese al mismo prueba de alcoholemia que yo.

Si la interesa de dicho policía en mi retención era solamente “cumplimiento con la ley”, como ellos pretendieron, porque no han parado a todo el mundo quitando la fiesta, incluyendo Señor González de Alcalá. El hecho que me han seleccionado para la prueba de alcoholemia, absteniendo de pedir el mismo de Señor González de Alcalá es muy sospecho sobre sus objetivos, y claramente discriminatorio.

Entonces, los informé que antes de cumplir con cual quiere investigación de sus partes, quería la presencia de un abogado, traductor y representantes del Consulado francesa y americana, como era mi derecho bajo art. 9.3, 17.3, 20.4 y 24.2 del Constitución española; art. 428 y 429 del código civil española; art. 537 del código penal española; art. 520 del ley de enjuiciamiento penal española; art. 9.1, 14.3.2, 14.3.4, 14.3.6, 14.3.7, 17.1, 17.3  del Convenio de derechos civiles y políticos; art. 3(b), 3(c), 3(d), 3(e) y 3(h) del Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer; art. 2(d) del Convenio sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer; yart. 5 del Convenio de asuntos consulares.

Se debe notar que no solamente yo tuve el derecho de pedir representación legal durante me retención, pero también bajo art. 537 del código penal, los agentes policiales que intentó de impedirme de ejercer tal derecho era cometiendo un delito bajo art. 537 del código penal española. Cito art. 537 “La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia…será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.”

Me han llevado a la estación de policía local y me han acordado un abogado, pero no un traductor ni representantes del Consulado Francesa ni Americana, ni lo han notificado de mi retención.

También, se debe notar que sobre la fecha del juicio ninguno de los cuatros policías se presentaron al tribunal y así el juez intentó de intimidarme de renunciar mi derecho de presentar mi caso al tribunal y declararme culpable, en violación del art. 464 del código penal española. También, se debe notar que en el juicio desplazado los agentes policiales dieron testimonios falsas y contradictorias en violación del art. 458 del código penal española.

Quizá, si actores judiciales y oficiales de ley no eran permitidos de utilizar sistemas judiciales para intimidar víctimas del abuso domestico, los tribunales no serán agotados con trabajo.

En la sentencia dictado, tanto que la sentencia de divorcio 1143/2007 (y juicio no. 226/2007) la opinión que yo refuté de someterme a una prueba produciendo un segundo delito (rebelión) es otro ejemplo de opiniones judiciales basada sobre prejuicios y opiniones erróneas (ya citado el art. 537 del código penal española). Además, es anti-constitucional (bajo art. 1, 9, 10, 14, 17, 19, 24, 53 y 103 del Constitución Española)  que oficiales de la ley retienen a la gente sin razón ninguno, intenten impedirlos el derecho de asistencia legal, o los extranjero el derecho de tener representes de su consulado presente por cualquier interrogatorio o pruebas judiciales.

El hecho que la policía pueden retener gente sin ningún causa en países donde está demostrado que hay una nivel alto de discriminación y corrupción “se abre la puerta” a acoso policial y violaciones de derechos de la gente (tal corrupción y discriminación esta aprobado en Beauty Solomon c. España Tribunal Europea de Derechos Humanos www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=26, tanto que en reportes y estadísticas en Abuso domestico y discriminación contra la mujer en los tribunales – violaciones de derechos humanos y civiles – caso de estudio España, llamando atención sobre todo a los estudios por Amnistía Internacional en relación de la acosa de las fuerzas de ley españolas y la falta del Estado española de investigar y castigar dicho acosa y la violaciones de derechos humanos – p. 194  – Espana: Sal en la herida Impunidad policial dos anos despues por Amnista Internacional 2009).

Mi caso se levanta preguntas legales no solamente sobre la constitucionalidad del retención por los esfuerzos de ley de gente que no han cometido un delito, pero también si dicho retención está realmente en la protección del interés y seguridad público, o si es un acción (o puede ser un acción) patibulario y de intimidación por actores estatales, sobre todo en casos motivados por discriminación y/o corrupción, y son en violación de art. 428, 450 y 451 código penal española.

También, se debe notar que la contención que Señor González de Alcalá llamó 112 es logísticamente imposible. Visto la rapidez al cual la policía se rindió al domicilio (menos que 4 minutos) la sola explicación lógica es que Señor González de Alcalá llamó al agente(s) de policía directamente y/o que dicho agente(s) era pendiente de tal llamada con el objetivo de retenerme.

Llamando la atención que había 4 policías con dos coches de patrulla, que se rindió al domicilio; acordando mucho atención e importancia (discriminatorio) a una mujer que conduce unos cuanto metros en Villafranca de Castillo después de tomar unos vasos de vino en un cumpleaños del vecino. Se debe notar que es MUY frecuente por los residentes del urbanización de desplazarse de una casa al otra, después de cenas y fiestas las fin de semana, pero la policía NUNCA retiene la gente dentro del urbanización, eligiendo de ponerse en el M-503 y M-509 para sus retenciones de alcoholemia en carreteras donde accidentes graves son muy comunes durante los fin de semanas por gente conduciendo embregadas y de manera peligroso.

El solo explicación lógico es que Señor González de Alcalá era en contacto directo con un de los agentes, al traversa de su primo de la guardia civil de Mostoles, supondría. Más tarde yo hice una petición oficial al policía de Villanueva de la Cañada por la transcripción de las llamadas entrantes de dicho noche para demuestra que Señor Gonzalez llamó directamente al agente, pero me lo negó, otra vez violando mis derechos de tener acceso a documentos públicos y evidencia para defenderme, en violación del art. 451 del código penal española.

Además, se debe notar que en los meses anteriores la policía de Villanueva de la Cañada tardaron 20-30 minutes para contestar a llamadas de ayuda por violencia de género (y en el caso de Sylvina Bassani – http://worldpulse.com/node/13171 /reporte de Amnistía Internacional, que tuvo un orden de protección tardaran unas horas a contestar a una llamada del ex marido diciendo “hay 2 cuerpos muertos aquí, quizá tres” después de haber matado su ex esposa y su nuevo compañero, y antes de suicidarse delante del hijo de 2 anos).

¿Se hace preguntarse qué son las prioridades de la policía en España; la protección de ciudadanos y víctimas de la violencia de género, y/o la intimidación de mujeres en proceso de divorcio y/o extranjeros?

Custodia de los minores—Decisión de Fiscal de Menores—Abril 2008

Sobre las 3h00 de la mañana de Abril 20, 2008 Señor González de Alcalá entro en nuestra casa, despertando nuestro hijo (de casi 16 años) sacándolo de la casa, y lo llevó a la casa de sus padres, donde también el día siguiente llevó a mi hijo menor sin mi permiso. Me tarde varios días y escenas horribles delante del colegio de mis hijos, y finalmente con la presencia de la guardia civil para recuperar mis hijos. La abducción de los minores del parte de Señor González de Alcalá era en violación del art. 224 y 225 del código penal española.

En esos días Señor González de Alcalá insistió que tuvo custodia de nuestros hijos y que estaba en posesión de toda la documentación demostrándolo; bien antes que había un decisión judicial. El día siguiente mi abogado me informé que el Fiscal de Menores me ha quitado la custodia de mis hijos, sin ningún derecho de visita. Durante todos los procedimientos Señor González de Alcalá supo las decisiones judiciales antes mismas que eran dictados. Otro vez se pregunta como el siempre sabía lo que iba pasar, antes que se pasaba, y a travesía de quien.

El hecho de quitarme la custodia de los minores sin notificarme, ni darme la oportunidad de ser presente durante el procedimiento, ni contestar a cual quiere acusaciones, era en violación de mis derechos bajo artículo 24 y 39 del Constitución Española;  art. 9 del Convención Sobre los Derechos del Nino; art. 14 y 17 del Convenio sobre los derechos civiles y políticos.

Si todos los padres en Villafranca del Castillo, o toda España, quienes conducen unos cuantos metros después de tomar unas copas de vino en una fiesta, perdieron custodia de sus hijos, habría muy pocos niños en España viviendo con sus padres. La decisión del Fiscal de Menores era discriminatoria contra mí como mujer, extranjera y madre en proceso de divorcio.

Lejos de demuestra que las alegaciones de mi ex marido eran verdad, su manipulaciones Macchiavello demostró otra vez que todos sus acusaciones son falsas y nada más que mentiras, y maniobras para obtener la custodia de nuestros hijos por sus beneficios financieros.

Se debe notar que entre 2004-2009, 8h30 – 21h00, todas las días de la semana, sobre las mismas horas, conduce 100 km sobre M-508, llevando a mis hijos al colegio y la vuelta y clases extra-curricular, el gimnasio, y ida y vueltas por mi familia. Si las contenciones fantásticas y ficticias de mi ex marido eran de verdad, la policía hubiese podido detenerme. Pero, como Señor Gonzalez sabe que sus contenciones son nada más que mentiras, unas confabulaciones ridículas e ilegales. Sus acusaciones falsas y campaña de difamación son en violación de mis derechos bajo artículo 10, 15, y 18 del Constitución Española; art. 208 y 209 del código penal española;  y también un insulto a la institución del matrimonio y madre.

También, Señor González de Alcalá sabe que la peor cosa que se puede hacerme es privación de contacto con mis hijos, y por esta razón lo ha hecho; mas pruebas todavía de su carácter abusivo.

Además aquello época amigos alrededor del mundo me dijeron que estaban recibiendo llamadas histéricas de todos horas del día y noche de la parte de Senor Gonzalez en su desesperación de convencer a todo el mundo que mi estado estaba “deteriorando” dia por dia, y mando el siguiente email al ex marido de mi hermana el 15 de mayo 2008, documentando su desesperación, manipulaciones y mentiras patológicos.

“Hola P…, Gracias por su mensajes, llamadas y esperanzas. Yo se que es imposible de encontrarla (Quenby) porque nunca devuelve las llamadas debido a su estado física y mental. Dice al D… que ayer intente de llamarla entre 6h45 y 7h30, para darla noticias de Quenby, pero nadie contesto. Ella puede llamarme al cel. 00.34.618.157185 cuando quiere. “Minor nino1” y “minor nino 2” son mejor desde que están con migo pero triste de ver a su Mama cada dia peor, sigiendo con sus “guerra de quejas” (todos serán perdidos) en los tribunales y ahora esta tomando anti-depressivos, que la vuelvan peor. Los niños quieren volver a su casa, pero por el momento Quenby esta prolongando el proceso, mismo si al final los niños volverán a la casa con migo, como desde septiembre 2, 2007 estan declarando a la guardia civil, policía local, y los tribunales que quieren vivir con su papa. Quenby esta esperando de estar condenado a la cárcel por 6-12 meses y 1-4 anos de retención de su permiso de conducir. El jueves pasado después del juicio penal, el fiscal pidió el sanción máximo que será declarado en 20 dias…”

Siguiendo con el email del 3 junio 2008

“Sujeto: CUANDO PUEDES LLAMAME AL CEL. 618.157185 ELLOS HAN DECLARADA QUENBY INCAPACITADA POR LA CUSTODIA Y LO HAN PROHIBIDA TODO CONTACTO CON LOS NINOS HASTA EMPIEZA UNA TRATEMIENTO POR SUS TRASTORNOS MENTALES DE PARANOIA Y ADDICCION DE ALCOHOL Y DROGAS…”

DIVORCIO CONTENCIOSO 1143/2007

Javier González de Alcalá c. Quenby Wilcox

O menos después de manipulaciones tan Macchiavello de Señor Gonzalez de Alcalá, mis vecinos entendieron que detrás de la fachada de “buen muchacho” tan preocupado por su “pobre” mujer con “tantos problemas,” era el que tenia las problemas psicológicas. También en aquello época me enteraron por amigos hasta que punto obsesivo Señor González de Alcalá disipó una campaña de difamación contra mí, dentro de Villafranca, de su familia, del BBVA y gente que conocemos en el mundo entero.

Como ya indicado la táctica más usada por abusadores es difamar sus víctimas con alegaciones de problemas psicológicas, alcohol o drogas. Una vez más se debe notar como las sociedades son tan fácilmente dirigido por sus antiguas prejuicios e ideas sobre mujeres como mentalmente débiles y histéricas. ¡Se demuestra hasta qué punto, con nada más que una cerilla y mucho abono se puede producir muchohumo!

Psicólogos como Daniel Goleman en Inteligencia Emocional Inteligencia Social y psiquiatras como Justin Frank, Phd en Bush Encima de la Sofa, explica y explora muy bien el mente del narcisista/psicópata y como logran a manipular lo demás, con nada más que retorica ferviente, tanto que el reacción bioquímica que recompensa y refuerza comportamiento sádico  (vea el reporte Abuso domestico y discriminación contra la mujer – violaciones de derechos humanos, civiles y constitucionales p. 101-150).

Debe notar que contrario de las normas y creencias antiqueñas, el abuso de género no es un asunto de violencia física. Sus raíces y razón de ser está basado sobre el poder y control, y la violencia física explota cuando el agresor se pierde este control. Como constatado en el siguiente:

Entendiendo Bateador en Batallas Custodiales y Visitación

por R. Lundy Bancroft, 1998

El bateador debe controlar; él insiste a tener la última palabra en discusiones y decisiones, puede controlar como se gasta el dinero de la familia, y puede hacer reglas por su víctima sobre sus desplazamientos y contactos personales, como prohibir llamadas telefónicas o amistades. 
El tiene todos derechos; él se considera a tener derechos y privilegios especiales que no se aplica a otros miembros de la familia. El crea que sus necesidades deben ser al centro de la agenda de la familia, y que todo el mundo deber focalizar sobre su felicidad…El crea que  el trabajo domestico y cuido de los niños no son sus responsabilidades y cualquier contribución o esfuerzo de su parte merece un apreciación especial y deferencia. El es muy mandante.
El falta de respeto; el considera que si pareja es menos competente, sensible, y inteligente que él, muchas veces tratándola como si fuese un objeto inánime. El comunica su sentimiento de superioridad dentro de la casa en varias maneras.
El príncipe unificado es sus actitudes de posesión. El bateador crea que una vez que estas en un relación con él, le pertenece. El sentimiento de posesión del bateador es la razón por lo cual homicidio de victimas es tan frecuente cuando intentan a salir del relación; un bateador no crea que su víctima tiene el derecho acabar con el relación hasta que el está listo y acuerdo…. 
…Batear es un comportamiento aprendido, con sus raíces en la actitud y sistema de creencia que se refuerzan por el mundo social del bateador. El problema es liado como el agresor se formula su concepto de relaciones y familia; en otras palabras, dentro de reinos el cree que es su derecho que sus necesidades vienen antes de otros, y tiene que estar en control del conducto (y muchas veces los sentimientos) de otros. Un estudio reciente demuestra dos factores, la creencia que bateando es justificado y la presencia de semejantes que apoyan su abuso, son el indicador más importante que predica si un hombre bateara; estas dos ha tenido un impacto mucho más fuerte que si el hombre ha sido expuesto a violencia domestica en su niñez (Silverman y Williamson)… (vea Cross-Cultural Marriages, 2006 by Quenby Wilcoxhttp://www.global-expats.com/expat.aspx?section=english/world/articles/womens-rights/cross-cultural-marriages/508 )  
…La necesidad de controlar se intensifica por el abusador cuando se sienta que la relación acabe. El se focaliza sobre la deuda que crea que su víctima le debe, y su furia que ella se independiza. (Esta dinámica muchas veces se interpreta de evidencia que el bateador tiene un miedo enorme de ser abandonado.) El es capaz de aumentar su nivel de intimidación y manipulación hasta tal punto; por ejemplo el promesaría de cambiar mientras que da miedo a su víctima con amenazas de quitar sus hijos legalmente o por secuestro.  
Los agresores que aceptan el fin de la relación todavía pueden ser peligrosos a su víctima y hijos, por su determinación de mantener control sobre sus hijos y de castigar sus víctimas por sus transgresiones aparecidas.
La propensita del bateador de ver su pareja como una posesión personal se extiende a sus hijos, explicando por qué muchos bateadores de mujeres abusan sus hijos…
Funcionarios y otros proveedores de servicios muchas veces miran alegaciones de abuso que surgen en batallas custodiales y visitaciones con escéptico. Bateadores se alimenta estas deudas con frases como “Ella nunca ha dicho que yo era abusivo antes; ella esta solamente haciendo acusaciones para ganar.” La realidad es que no hay evidencia que acusaciones falsas suben substancialmente en este periodo, y hay muchas razones porque una víctima no ha hecho pleitos anteriores. Jueces, mediadores, y investigadores de los tribunales deben coger cada alegación sobre su propio merito y examina la evidencia, sin suposiciones precoces.   
No es poco común por una mujer bateado de contar a nadie sobre el abuso antes del separación por sus sentimientos de vergüenza, miedo, deseo ayudar el abusador cambiar. Muchas víctimas espera que el fin del relación resolverá el problema, un mítico que muchos profesionales comparten; cuando ella se encuentra que el abuso sigue o escala después del separación, ella se encuentra obligada a hablar del historia de abuso con la esperanza de protege a ella y sus hijos. No es raro por un abusador a dar más miedo después de la separación que antes, y de aumentar sus manipulaciones y abuso psicológicos de sus hijos. 
Finalmente, porque un abusador crea un atmosfera penetrante de crisis dentro de su casa, victimas y niños tienen dificultad describiendo o  contando lo que se pasa hasta que tienen repite del miedo y ansiedad… Bateadores pueden usar cualquier de este proceso para ganar simpatía de los evaluadores….
Lundy Bancroft identifica muchas elementos importantes para entender el abuso psicológico y sus efectos sobre sus víctimas; “creando un atmosfera  penetrante de crisis, caos y anarquía” es muy importante en el suceso del abusador en controlando sus víctimas. De todos los factores en viviendo con abuso, un estado continua y perpetua es al más difícil y estresante de todo; quien sea el abusador.

Denuncia al Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo -2 (ESP) 5/15/12

Jorge Capell de Cuatro Casas, Gonçalves Pereira

Julio – Septiembre 2008

Mis vecinos me ayudaron encontrar un nuevo abogado, Señor Jorge Capell de Cuatro Casas, Gonçalves Pereira en Madrid; un amigo del vecino. En los meses siguientes él tampoco actuaba siempre en mi interés. Entrando en mi primera reunión con el aprendí que él tuvo la custodia de sus hijos y no podía impedirme de preguntarme si él no ha hecho la mismos maniobres con su ex mujer. Está demostrado que abusadores son más probable de pedir custodia de sus hijos y logran 70% de tiempo, con estadísticas muchas más altas con gente que trabajan dentro del sistema judicial.

Sus negligencias son los siguientes:

  1. Señor Capell me informé que existían unos tribunales especiales de violencia de género en Móstoles, pero no ha pedido una transferencia de mi caso.
  2. Cuando insistí que presentamos pruebas de drogas como parte de mi defensa Señor Capell me ha dicho que tales pruebas no existe. Cualquier persona que tiene una televisión, o lea las revistas populares sabe que eso no es cierto.

Con los acusaciones de la parte de Señor Gonzalez, el sentencia 607/2007, los acusaciones de Señora García Martin de mi comporte “rara”, el cambia de custodia de mis hijos…. introducción de pruebas de drogas era imperativa, tanto que un explicación al juez de las circunstancias de todos estos eventos. Pero, a ningún momento, ni en el juicio oral ni en el contestación Señor Capell ha hecho referencia a estos eventos, y así por su “omisión”, el infirió que yo era alcohólica, toxicomanía y/o psicótica, en violación de art. 9, 10 y 14 del  Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.

  1.   No apeló el entrevista del juez Señora Pilar Sandaña Cuesta con mis hijos (vea ajuntada Entrevista con Minores divorcio 1143-2007) que era claramente discriminatorio contra mí y favorecía Señor González de Alcalá (vea en los consideraciones discriminatorios en las entrevistas con los minores abajo)[iii]  en violation de art. 9, 10 y 14 del Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 del CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.
  2. El no ha informado mi psiquiatra forense sobre la fecha de la audiencia de mi divorcio. Era solamente por casualidad que llamé este doctor 3 días antes de la audiencia, y él era asombrada porque no sabía nada sobre la audiencia a venir, diciendo que no tendrá tiempo para preparar mi reporte correctamente. Su testimonio y varios artículos que escribí en 2006 (publicado sobre www.global-expats.com ) demuestran claramente el abuso de mi ex marido y su familia. El fallo de presentar el testimonio oral y por escrito de Dr. Orengo (vea documento #5) hubiese me dejado sin ningún defensa contra los acusaciones de Señor González de Alcalá, en violación de art. 9, 10 y 14 del  Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.
  3. Señor Jorge Capell me ha admitió (por escrito en un email- vea Documento #8C) que nunca ha recibido el informe del equipo psico-social que era muy, muy difamatorio y discriminatorio contra mí y favorecía Señor González de Alcalá. Una refutación completa y detallada en su contestación y en mi defensa durante la audiencia del divorcio era de primera importancia en montando mi defensa, pero Señor Capell ni si quieres han cogido el tiempo para leerlo, en violación de art. 9, 10 y 14 del  Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.
  4. En marzo mi abogado de oficio, Señor José Manuel Hernández Jiménez, ha refutado de introducir testimonio de Astrid Betancourt (hermana de Ingrid Betancourt, candidata presidencial colombiana y captiva del FARC) (vea documento #3), y el testimonio escrito por otra amiga de largo dato y psiquiatra, Doctora Piedad Rojas Gil, documentando mi excelencia como madre y persona, tanto que su preocupación por mi seguridad y la campaña de difamación extensiva y mundial de la parte de Señor González de Alcalá que era completamente sin fondo (vea documento #2). Señor Capell me ha dicho que iba introducir estés cartas como parte de mi defensa dentro del divorcio, pero no lo ha hecho en la audiencia verbal o como parte de su contestación por escrito, en violación de art. 9, 10 y 14 del  Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.
  5. El juez refuto de permitir la introducción de testimonios de mis vecinos y amigos durante la audiencia de divorcio, pero Señor Capell no ha protestado sobre este hecho como violación de mis derechos bajo debido proceso, en violación de art. 9, 10 y 14 del  Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.
  6. Fallo de iniciar liquidación de gananciales como previsto por ley. Como ya he dicho anteriormente el hecho que en cuarto anos ningún abogado ha podido acceder ningún de mis fondos ni entregar un petición sencillo a los tribunales para que puedo obtener todos documentación sobre el posición financiero de mi familia quiere decir que leyes de procesos en España no han cambiado desde el tiempo de Franco o que mis abogados han sido negligente de manera criminal, en violación de art. 9, 10 y 14 del  Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.
  7. Refuto, por mis instrucciones de recurrir la sentencia de mi divorcio que acordó la custodia de mis hijos a Señor González de Alcalá, y en efectivo sin derecho a mí a verlos, declarándome un alcohólica, toxicomanía y esquizofrénica paranoica, Y QUE YO TUVE QUE PAGAR €1.546/mes (€18.552/ano), A SENOR GONZALEZ DE ALCALA SIN NINGUN INGRESOS PARA HACERLO.  ¿Pero, Señor Capell no pensaba que esta decisión debía ser apelada?

Desde el principio yo era muy clara que si yo no recibí la custodia de mis hijos, yo quise apelar la decisión. Señor Capell refuto de apelarlo, y cuando yo insistí, el me mando una factura por €5.800 (mas el depósito de €3.000), diciendo que no seguirá con cualquier acción hasta que lo pagué (vea documento #8) , en violación de art. 9, 10 y 14 del  Constitucion Espanola; art. 4, 11 y 13 of the CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 1094, 1097 del civil code; art. 10, 11, 22 y 512 del codigo penal.

Además, me mandó el email el 14 noviembre 2008 proponiendo dicho apelación, cuando el recibió la sentencia el 5 noviembre 2008 con 5 días para recurrirlo. Mismo, si yo he podido conseguir el dinero y pagarlo, el tiempo de apelación ya estaba vencido. ¿Es posible que Señor Capell no sabe que no se puede apelar una sentencia después del tiempo acordado por el tribunal; una cosa tan básica sobre procesos judiciales? (art. 448 del ley de Enjuiciamiento civil).

El hecho que Señor Capell refuto de recurrir la sentencia de divorcio aseguro que:

  • Nunca podía recuperar la custodia de mis hijos, o mismo verlos
  • Los hechos de mi caso y violaciones de mis derechos jamás será examinado por otro tribunal
  • Me condeno a una pensión compensatorio que desprecio mis años de dedicación y sacrificio a mi familia obligándome de irse de España y mis hijos para buscar un trabajo
  • Existe una sentencia firme basado sobre mentiras, perjurio que ataqué mi honor carácter y dignidad.

Si el fallo de Señor Capell de proteger mis derechos y mis interesas era intencional o no, no importa bajo el principio de debido diligencia. Sus acciones, y/o omisiones, resulto en  discriminación contra mí, difamación contra mi carácter, dolor y sufrimiento emocional, y danos financieros sobre mis bienes personales tanto que ingresos durante cuatro años por www.global-expats.com y Global Expats.

El nivel de negligencia profesional y falta de actuar en el interés por su cliente, es muy preocupante cuando se considera que Señor Capell gestiona casos de finanzas y comercios internacionales de alta nivel y muy complicadas por multinacionales, clientes muy importantes, con mucho dinero  en juego. Cual quiere negligencia de su parte en estés casos y asuntos pueden tener consecuencias muy graves por clientes de Cuatro Casas, Gonçalves Pereira tanto que comercio internacional acuerdos. Su inhabilidad de gestionar una caso tan sencillo que mi divorcio y una entrega de documentación financiero de unas cuantas cuentas bancarias (domiciliadas en España) debe ser muy preocupante por clientes potenciales de Cuatro Casas, Gonçalves Pereira.            

Todos los fallos de Señor Capell de defenderme, mis interesas y las interesas de mis hijos son en violación de art. 1, 9, 10, 14, 18, 24, 32 y 33 del Constitución Española; art. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 11, 110, 173, 195, 208, 250, 450, 451, 465, 467 y 512 del código penal española;  art. 1089, 1091, 1098, 1101, 1107, 1254, 1256, 1258, 1278, 1365, 1369 y 1375 del código civil española;  y art. 3 y 13 de CODIGO DEONTOLÓGICO, 658/2001, de 22 de junio; art. 17, 23 y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; art. 6, 7, 10 y 11 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, inter alia.  

También, sus actos, o omisiones de actos, produjo una responsabilidad financiero, de la parte de Señor Capell tanto que Cuatro Casas, Gonçalves Pereira, por daños incurridos bajo art. 110, 111, 112, 113, 116, 117 y 120 del código penal; art. 1098, 1101 y 1102 del código civil; art. 9 del Acto de Igualdad;  art. 8 annex  Declaración de principios básico del justicia por víctimas de crímenes y abusos de poder.

Discriminación en Consideraciones de Pensión Compensatorio y de Custodia en el 1143/2007 por falta de debido diligencia de Senor Jorge Capell

Artículo 97. – El cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

1ª Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges.

2ª La edad y estado de salud.

3ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

4ª La dedicación pasada y futura a la familia.

5ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

6ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

7ª La pérdida eventual de un derecho de pensión.

8ª El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

1ª Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges

El acuerdo contractual, después casi 20 años de acciones acostumbrados y en acuerdo con art. 2 de Los Principios del Ley Contractual 1999; art 1088, 1019, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1262, 1271, 1274, 1278, 1281, 1282, 1283, 1288, 1294 y 1887 del código civil español; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 2, 3, 4, 5, 6, y 11 del Convenio sobre todas formas de eliminación de discriminación contra la mujer,   yo renuncié mi carrera, perspectivas profesionales y estudios superiores en deferencia del empleo de mi marido como ejecutivo expatriado del BBVA. Yo dedique mi tiempo a la educación y desarrollo personal de nuestros hijos, hogar y familia. Yo ejecuté todos estés obligaciones y deberes mucho más allá de mi deber (vea documento #2, #3 y #11).

Además, después que mis hijos empezaron el colegio, he pasado las horas escolares trabajando en la comunidad, así contribuyendo de la reputación de la familia. Yo introduzco las porciones relevantes de mi currículo vitea como evidencia.

Quenby Wilcox – Empleo Filantrópica
2005-2007
Global Expats y www.global-expats.com Madrid, España – Fundador
He hecho todo el investigación y desarrollo tecnológico, administración, marketing  (vea http://worldpulse.com/node/44543 )
1999-2004
Bogotá Accueil (FIAFE) Bogotá, Colombia – President
Dirigí la junta directiva y reuniones
Represente la comunidad francesca en Bogotá a funciones oficiales y en Embajadas
Organicé las visitas culturales mensuales, visitas de museos con guías, seminarios educacionales, exposiciones de arte, cenas de gala y funciones formales, fiestas y clases de artes manuales por niños y clases de ingles 
Organicé una conferencia por Ingrid Betancourt, candidato presidencial 2001  por la comunidad francesca en Bogotá
International Group of Bogotá – Bogotá, Colombia – Secretary
Asiste en la formación y desarrollo de este grupo multo cultural cuya misión era de coordinar la comunicación y cooperación entre las varias asociaciones de expatriados en Bogotá
Niñas de Vera Cruz – Bogotá, Colombia – profesora de ingles voluntaria en este colegio de niñas abandonadas
Bogotá Accueil (FIAFE) – Bogotá, Columbia – Miembro de la Junta Directiva
American Women’s Club of Bogotá (FAWCO)-Bogotá, Colombia- Secretaria y Miembro de la Junta Directiva
Chef Gastrónomo y Organizador de Fiestas
Organicé y prepare recepciones por hasta 200 personas y conduce demonstraciones de cocina en mi casa.
Proyectos Especiales – El Hogar de Padre Nicolo/niños de la calle de Bogotá, y Fundación Canguro/cuidado de bebes prematuros

En cambio por todo eso mi ex marido asumirá la responsabilidad y seguridad financiero de mí y mis hijos. Bajo el ley de gananciales y leyes españolas sobre el matrimonio y su disolución, yo tuvo razón de creer que los costumbres sobre cuidado de los niños y manteamiento financiero seguirá después de disolución de nuestra matrimonio. Eso no quiere decir que las circunstancias y sostiene financiero no debe cambiar después de un divorcio, pero un pensión compensatorio debe tener en cuenta el contribución que la ama de casa ha hecho en la casa tanto que la carrera de su esposo (o esposa).

Debe notar que bajo el ley de contracto europeo y el código civil española, inter alía, los partidos a un contrato de empleo son acudido unos derechos sobre seguridad de empleo, compensación financiero, seguro de salud, condiciones de trabajo seguros, seguro de desempleo, derechos de pensiones, etc.

Bajo el principio de la persona razonable, las mismas consideraciones deben ser acudidas a las amas de casa, misma en caso de “desempleo” o “jubilación.”

El hecho que tribunales del divorcio no reconoce el matrimonio como contractual ni un trabajo, con los mismos derechos del cual quiere otro trabajo es discriminatorio, y relega las amas de casas al situación de servidumbre; en violación del artículo 4 del Declaración de Derechos Humanos y art. 8 del Convenio sobre los derechos civiles y políticos, inter alía.   

2ª La edad y estado de salud

Edad –  En España todavía es más difícil por una mujer  de desarrollar una carrera profesional que en Europa del norte o EE.UU. cuando entra en el mundo laboral a 20-30 anos. Pero, para una mujer que tiene 45 anos, reinserción en el mundo laboral y desarrollar una carrera al nivel profesional es imposible. El contención del tribunal que yo pude volver al mundo laboral al nivel salario de una mujer que jamás a dejado de trabajar es discriminatorio o que una mujer puede recuperar 20 años de carrera en 2 anos, está basado sobre la suposición que una mujer no es capaz de avanzar financieramente y profesionalmente; sola capaz de hacer trabajo penoso o administrativa en una oficina. Esto es en violación de art. 14 y art. 35 del Constitución española; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 5(a), 5(b), 2 y 11 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; art. 7 del Convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales,

Estado de salud – El hecho que el juez decidió que yo era del “salud perfecta” concerniendo mis posibilidades del empleo, pero incompetente concerniendo derechos custodiales o visitación, es contradictorio y irracional.

Quiero llamar atención al hecho que el reporte del psicólogo/trabajadora social del tribunal declarándome incompetente/ paranoica, era basado sobre nada más que oídas y alucinaciones de Señor González de Alcalá y refutado por Francisco Orengo. En examinando el contenido de su examine, el contenido de las cartas de Astrid Betancourt y Piedad Rojas, Phd. (documento # 2 y3), que lo presente en nuestra entrevista (vea abajo), y reportes de la parte de Joaquina Pérez (vea documento #4 – que documenta el abuso de largo dato en nuestra casa, y mis quejas sobre dicho abuso) el conclusión de equipo psico-social encontrándome paranoica y esquizofrénica debido al alcohol, etc. es ilógica y claramente imparcial favoreciendo Señor González de Alcalá, como hombre y Español.

Además, los di el url de mi pagina web, www.global-expats.com, indicando que el trabajo enorme que estaba haciendo sobre el proyecto era prueba que las alegaciones de Señor González de Alcalá sobre alcoholismo y toxicomanía era lógicamente y logísticamente imposible, y nada más que una estafa para obtener la custodia de nuestros hijos y beneficio monetarios. También, indique que pudieron consultar varias artículos que escribí en noviembre 2006, y listado sobre el página web que era más pruebas todavía sobre el abuso de largo dato de la parte de Señor González de Alcalá y su familia (vea  ).

Se debe notar que mientras que yo estaba esperando entrar en dicho entrevista, el psicólogo de tribunal pasó delante de mí y Señor González de Alcalá, y él se levantó para saludar el psicólogo en una manera que era obvio que se conocería bastante bien. Si el hecho que Señor González de Alcalá conocía el psicólogo a travesía de su primo, es inmaterial, y constituya un “conflicto de interesa”.

El hecho que su evaluación favorecía Señor González de Alcalá, apoyaba su violencia y abuso, y  era discriminatoria contra mí como mujer y/o extranjera, es en violación de art. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 25 y 44 del Código Deontológico del Psicólogo; art. 1, 9, 10, 14, 15, 18, 24, 39, 53 y 103 del Constitución Española; art. 1088, 1089 y 1094 del código civil; art. 11, 17, 22, 23 con 27, 28/29, 458, 459, 460, 461 y 510 del código penal; art. 3, 4, 5, 6, 9, 11.1, 13, 14.1, 14.5, 14.6, 14.8, 14.10, 15, 27.2, 27.3b y 27.3d del Acto de Igualdad 3/2007; art. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15 y 16 del Convenio sobre la eliminación de discriminación contra la mujer; art. 1, 2, 3 y 4 del Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer; art. 2, 7, 10 del Convenio internacional de derechos económicos, sociales y culturales; art. 2, 3, 17, 23, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; art. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 18 y 19 del Convenio sobre los derechos del niño, art. Annex 1, 2, 5, 6, 14, 16, 18, 19 y 21 del Declaración de principios de justicia por víctimas de crímenes y abusos de poder, inter alía.

El psicólogo y trabajador social (funcionarios del Estado bajo art. 24.2 del código penal) tanto que el Estado son responsabilidad de daños (patrimoniales y morales) e perjuicios producido debido a dichos violaciones bajo art. 1101, 1902 y 1903 del código civil; art. 109, 110, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 125 y 127 del código penal; art. 8, 11 y 12a del Declaración de principios de justicia por víctimas de crímenes y abusos de poder, inter alía

Preguntas y Respuestas de Mi Entrevista con El Psicólogo del Juzgado de Mostoles
Cuando el psicólogo del tribunal me pregunte si yo he puesto cerrojos en las puertas de los cuartos, conteste:
“Si, pero no ha servido de nada porque él (mi ex marido) ya se rompió varias, intentando atacarme. Yo no tengo miedo de nadie ni nada en este mundo, pero yo no soy estúpida. Mi marido pesa dos veces de lo que yo peso, y en una pelea con él enfurecido y enlococido, YO PERDERA!”
“Su abuelo, justo antes de morir, ataco su abuela con un cuchillo de cocina intentando a matarla. Casi todos los hombres en su familia son violentos y abusivos a sus mujeres. Solamente ahora porten una corbata y traje, y abusen sus mujeres detrás de puertas cerradas, y en público juega el marido cuidador. La madre de mi marido lleva casi 15 años en tratamiento por depresión y drogada con todo tipo de medicamentos farmacéuticos.”
El psicólogo del tribunal también ha dicho en su informe que una vez me encerécon mi hijo mayor en el dormitorio, porque no quiso que él vaya a ver un partido de futbol. Primero, nunca me ha preguntado sobre el hecho y segundo es completamente falsa.
Yo me enceré porque mi ex marido era loco con furia, subiendo las escaleras para atacarme. Casi se rompió una puerta delante al cual estaba mi prensa de joyería de 200+kilos que he agarrado al suelo en anticipación que tal situación iba a surgir. Yo llamé al policía, quien después de 20 minutos vino a mi casa y me aconsejado de no hacer una denuncia, diciendo que cualquier juez diría “Qu112e es su casa, se puede romper lo que la da la gana.” Grabé todo lo que paso, pero nadie estaba interesada en escuchando el grabación.
Era sobre una otra ocasión, y que era mi ex marido llamó a la policía haciendo un escena histérico porque yo no quise que mis hijos lo acompañaba al bar en Madrid a 22h30, una noche del colegio, para ver un partido de futbol.
Dos razones mayores que niños fallan al colegio es porque no duermen bastante o no comen bien; pregunta a cualquier profesor dedicado. No era yo quien fuera irrazonable; Yo era cumpliendo mi debe de madre responsable. Era su comportamiento que no era razonable o responsable y que era “loco.” 
También, él me pregunto sobre una carta del octubre 28,  2007 (días antes que mi ex marido puso su petición de medias a la previa) que yo mande al Embajada Americana pidiendo su asistencia en España bajo el Convenio de Asuntos Consulares, como nadie en los servicios sociales Españoles estaban ayudándome. Lo dio una copia del la carta por sus archivos. Cual quiere interpretación del parte del psicólogo que un petición de asistencia a mi  Consulado es comportamiento paranoica, demuestra su ignorancia sobre  los funciones des Consulados o Embajadas.
Además, el hecho que mi marido, y entonces él psicológico sabia que este carta existía es PRUEBA que mi ex marido estaba “cyber-stalking” mi ordenador. Después del Septiembre 2007 cuando él se marcho de la casa, no tuvo más acceso al mi ordenador, entonces como es posible que él supo que yo escribí este carta, y cual era sus contenidos? También, en las cartas siguientes Piedad Rojas se expresó sus sospechas de “stalking” por Internet y el teléfono de parte de mi ex marido. Este comportamiento es una vez más pruebas del estado emocional inestable de mi ex marido, y su carácter abusivo. 
También, en dicho entrevista comenté como mi ex marido siempre estaba poniendo yo y  mis hijos en situaciones peligrosos; el peor y más miedoso era en las junglas de Colombia por un paseo del fin de semana en “tierra caliente,” en plena zona de guerrilla. Durante nuestro matrimonio hay ejemplo detrás ejemplo de sus acciones irresponsable e imprudente, pero este psicólogo lo encontraron todos “normales.”
Una vez cuando mi hijo menor tuvo 2 anos, su padre lo encero en la oscuridad de un armario como castigo. Menos mal, yo era presente diciendo, estás loco?!”
Cuando me preguntó si yo tuve miedo cuando mis hijos eran con su padre, contesté “Por supuesto, él conduce como un loco y casi mató varias personas en un accidente de coche al 270km/hora. Perdió su carnet de conducir francesa permanente como consecuencia. Lógicamente estoy preocupado cuando están en el coche con su padre.”
Además, el psicólogo del tribunal decía que yo era “confusa” porque cuando me preguntó si yo “trabaja,” yo conteste “Si quiere saber si yo trabajo fuera de la casa ganando un sueldo la respuesta es, No. Pero, yo siempre he trabajado, primero cuidando de mis hijos, mi casa, mi familia y luego en los últimos anos desarrollando mi pagina web, www.global-expats.com .”
Y, finalmente cuando me han preguntado si yo tenía remordimientos por ser retenido por conducto bajo de alcohol. Yo respondí “Señor, yo conduce unas cuantas metros al 15/km la hora después de beber unos vasos de vino en un cumpleaños del vecino. Lo que yo he hecho era ilegal, pero no era amoral, infringida sobre los derechos de nadie, ni peligroso por nadie. La gente que tendrá que tener vergüenza y remordimientos son mi marido,  miembros de su familia, y todas personas que han infringiendo mas leyes y derechos que yo puedo contar en sus esfuerzos de desfamarme para “proteger” el imagen de un abusador. No solamente lo que ellos están haciendo es ilegal pero primordialmente amoral. Además, si él tuvo que recurrir a unas acciones tal Macchiavello, corrompiendo funcionarios policiales para tener pruebas contra mí, eso demuestra sin ningún duda que sus acusaciones contra mi son nada más que mentiras y manipulaciones.     

Como ya indicado yo di las cartas de Dr. Piedad Rojas Gil (psiquiátrica) (documento #2) y Astrid Betancourt (documento #3,) al equipo psico-social como testimonios de mi carácter y integridad impecable, tanto que el abuso de Señor González de Alcalá y su campaña obsesivo de difamarme con mentiras.

Piedad Rojas Gil, Phdes muy amiga mía desde 1998. No solamente siempre me quedaba en contacto con ella después de mi estancia en Bogotá, pero ha venido pasar un mes de vacaciones a mi casa en España en 2006.  También es profesora/doctora de psiquiatría especializada en terapia de niños abusados y en dificultades. Durante muchos años y siguiendo sus investigaciones y trabajo con mucha interés.

Astrid Betancourt, hermana de Ingrid Betancourt, candidata presidencial Colombiana (2001,) secuestrada por el FARC 2002– 2008, recipiente del  Ordre national de la Légion d’honneur y del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y activista contra el corrupción política y judicial, y por la paz.

También, hay los informes de nuestra consejo matrimonial Joaquina Perez (Documento #4) que constata mis quejas de abuso, mi inteligencia y lucidez en evaluando situaciones, y que los acusaciones de alcoholismo y drogadicción falta cual quiere substancia.

Bajo el principio de “persona razonable” los testimonios de estas tres personas que no solamente me conoce desde muchos años, pero son de un carácter impecables hubiese sido acordado un poco más de peso que un empleada brasilera que tenía un relación dudoso con Señor González de Alcalá, unos francesas de decencia y honestidad dudosos que apenas conozco, un viejito del barrio que no conozco en absoluto….

La parcialidad y preferencia atribuida a unos testimonios de Señor Gonzalez de Alcalá tan deleznables, contra míos de gente honorable y distinguida por el equipo psico-social es nada más que increíble.

Al mismo tiempo, el reporte del psicólogo del juzgado encontrándome paranoica y drogadicta era refutado en el juicio oral tanto que por escrito en 1143/2007, por psiquiátrico forense con los credenciales siguiente:

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1976). Especialista en Psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Mainz, Alemania (Annerkennung als Facharzt), 1984.
Colegiado nº 28-43576 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Especialización en trastornos disociativos y trauma en: Unit on Dissociative Disorders, National Institute of Mental Health, Bethesda, MD (U.S.A.).
Doctorado por la Universidad de Mainz (Alemania), 1984 (título convalidado en España).
Especialista en Psiquiatría Legal por la Universidad Complutense de Madrid y perito acreditado ante la Administración de Justicia por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Título de Psicoterapia emitido por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).
Profesor acreditado por la European Society for Traumatic Stress Studies (E.S.T.S.S.) para impartir el título de especialista en Psicotraumatología.
Asociaciones a las que pertenece:
– Presidente de la Sociedad Española de Psicotraumatología y Estrés Traumático (S.E.P.E.T.), www.sepet.org.; – Sociedad Española de Psiquiatría Legal.; – Sociedad Española de Neurociencia.; – Sociedad Española de Vigilia y Sueño.; – Sociedad Española de Psicoterapia.; – International Society for Traumatic Stress Studies.; – European Society for Traumatic Stress Studies.; – Fellow member de la International Society for Dissociation.; Idiomas de trabajo: castellano, inglés y alemán

La opinión experta de Dr. Orengo y su testimonio me encontró en un estado mental perfecto y confirmó un abuso psicológico de la parte de Señor González de Alcalá, (vea documento #5). El hecho que el juez eligió de descalificar su testimonio y dar preferencia al reporte del psicólogo de juzgado, gente que no tiene formación o cualificaciones en diagnosticas psicopáticas ni en detectando casos de violencia de género, era claramente discriminatorio.

La falta de debido proceso, imparcialidad, prejuicios hacia prerrogativa paternal, y decisiones discriminatorios contra mujeres de los equipos psico-sociales del juzgado merece una exanimación particularmente rigoroso, como sus recomendaciones vuelven “dogma de fe” y son seguidos 85-88% del tiempo por los jueces en  los tribunales de familia, mismo enfrente testimonios de siquiátricas forens que documenta el contrario.

Primero se debe notar que entrevistas con equipos psico-sociales del juzgado no son grabados, se pasan sin representación o asistencia legal. También, psicólogos y asistente social no son formados ni cualificados de diagnosticar problemas psiquiátricos. Bajo estés hechos entrevistas y recomendaciones de equipos psico-sociales en tribunales de familia son en violación del art. 9, 10, 14 y 24 del Constitución Española; art. 3, 4, 6, 8, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 17, 19, 23, 24 y 26 del Convenio sobre los derechos civiles y políticos; art. 3, 10, Convenio internacional sobre los derechos económico, social y culturales; art. 2,3, 5, 11, 13, 15 y 16 del Convenio de la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; art. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Convenio sobre los derechos del niño.

Estudio Jurisprudencial Sobre El Impacto de SAP en los Tribunales Asturias

Instituto Asturiano de la Mujer Abogadas para la Igualdad

El informe de los equipos psicosociales como verdad absoluta

De todas formas es preciso señalar la distinción que existe entre profesionales adscritos a las clínicas forenses, que se regulan con arreglo a la normativa prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial y profesionales que forman parte de los equipos psico-sociales, que no son personal funcionarial sino personal laboral, carecen de estatuto específico y su actividad no se encuentra debidamente regulada, más allá de las propias normas deontológicas que rigen la actividad propia de la psicología y el trabajo social como materias sometidas a criterios de actuación con una obligada ética profesional.

Pero, ¿cuáles son los procedimientos de actuación de estos equipos?, ¿qué capacitación se debe acreditar para formar parte de los mismos? Únicamente hemos encontrado “protocolos de actuación” o “guías de buenas prácticas”, en distintas CCAA, pero en ningún caso una normativa específica, ni una referencia sobre la cualificación profesional con la que deben contar las personas que forman parte del citado equipo técnico, ni sus conocimientos específicos de psicología ó trabajo social.

Por ello, la actuación de tales profesionales no ha estado exenta de polémica. Desde diversos colectivos se alzan quejas contra los informes llevados a cabo por los citados equipos psico-sociales. Así desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, en un estudio jurisprudencial sobre la reforma operada por la Ley 15/2005, publicado en 2009, se señala que resulta imprescindible la creación de un marco regulador de las y los profesionales: psicólogas, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales que actúen asesorando al Juez, a la Jueza o al Tribunal en los procesos de familia.

Con una propuesta normativa que regule las pruebas de acceso, la especialización en menores, el régimen disciplinario, la equiparación de sus informes con la prueba pericial judicial, con aplicación de la misma normativa contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y por supuesto la creación de un código de buenas prácticas en cuanto a la forma de elaborar los dictámenes que se emiten desde los equipos técnicos, que entre otras medidas contemple la necesidad de grabar las entrevistas.

También el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe del año 2008 señala que:

“Por el trabajo diario de esta Defensoría del Pueblo en los expedientes de queja sobre violencia de género, tenemos conocimiento de casos en los que se podría estar vulnerando el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género (…) Esa vulneración se produce, en la mayoría de los casos, dentro del procedimiento judicial por derivación del propio órgano judicial, o con ocasión de las actuaciones periciales (Equipos Psico-sociales, Unidades de Valoración Integral) llevadas a cabo por profesionales que, con cierta frecuencia, carecen de una adecuada formación en violencia de género, o que no cuentan con los recursos suficientes o apropiados para emprender una mínima investigación o indagación para llegar al origen del conflicto que enfrenta a las partes.”

Una vez expuesta la situación de los equipos psicosociales y, en relación al estudio jurisprudencia….En todas las Sentencias analizadas, en las que interviene el equipo psico-social, excepto en dos (recurso 346/08-ficha 18; recurso 360/08-ficha 21) el Tribunal acepta como irrefutables las conclusiones recogidas por los equipos psico-sociales en sus informes, a los que habitualmente se les califica como objetivos e imparciales. Así nos encontramos que se valora la profesionalidad de las personas que forman los Equipos.

Técnicos por el mero hecho de haber accedido a ese puesto. Podemos verlo en el recurso 469/05, ficha 8, en el que la Sala sostiene que “no es de recibo cuestionar la aptitud legal de los profesionales destinados en el equipo psicotécnico adscrito a estos juzgados…aunque solo fuera porque uno y otro han superado todas las pruebas oficiales precisas para el desempeño de de ese destino”.

Igualmente en el recurso 368/06, ficha 13, el Tribunal vincula el cargo a la profesionalidad y objetividad, diciendo textualmente: “La psicólogo y trabajadora social adscritas a los Juzgados de Oviedo, sobre cuya cualificación y objetividad, inherentes al cargo que desempeñan, no es necesario insistir….”

Sin embargo es un hecho que se puede constatar, que gran número de los recursos que se plantean en estos temas, contra las sentencias de primera instancia, se basan en la mala praxis de los equipos psico-sociales, su falta de especialización en psicología infantil, las deficiencias que se aprecian sobre la metodología empleada en sus informes y en muchos casos por la vulneración de principios éticos que conlleva el quebrantamiento de los propios Códigos Deontológico de las y los profesionales que forman parte de los equipos técnicos adscritos a los Juzgados.

En este sentido resulta sorprendente no sólo la preferencia absoluta por los informes provenientes de los equipos psico-sociales, sino incluso la descalificación que en ocasiones se practica sobre el resto de las pruebas periciales. Destacamos el contenido del recurso 469/05, ficha 8, en el que textualmente se afirma: “la objetividad e imparcialidad queda en entredicho en el resto de los peritos que, de un modo u otro, fueron designados o buscados por la apelante”. Concretamenteen esta causa obran tres informes periciales dos cuyoorigen es la sanidad pública, y el servicio de salud mentalinfantil, al que había sido derivado el menor por supropio pediatra. Otro de los informes es elaborado poruna psicóloga, igualmente objetiva. Pese a lo cual elcriterio de la Sala es la descalificación de profesionalesde reconocida solvencia –incluso con plaza pública,habiendo por tanto superado las debidas pruebas deacceso– únicamente por mantener opinión distinta ala del equipo psico-social. Resultando más sangrante sicabe la acusación implícita de haber sido “la apelante”quien ha buscado unas determinadas profesionales,olvidando e incluso obviando, que la intervención delas mismas se produce con mucha antelación a lo quedespués desembocaría en la contienda judicial….

…De lo expuesto anteriormente podemos concluir que, en el 85 % de las resoluciones estudiadas donde consta la intervención del equipo psico-social o bien una pericial psicológica designada judicialmenteel Tribunal sigue fielmente las recomendaciones recogidas en sus informes. Aumentando este porcentaje al 88’24 % de las resoluciones analizadas cuando interviene el equipo psico-socialEn las cuales el criterio, las indicaciones y pautas marcadas por el citado equipo se convierten en dogma de fe, verdades absolutas que son plasmadas en sentencias judiciales sin más razonamiento que el elaborado por el propio equipo técnico, sin una labor de valoración, ponderación de la prueba, y análisis de las circunstancias de cada caso, de cada menor. Olvidando que los aludidos informes, así como las y los profesionales que los avalan no son más que asesores técnicos, que deben contribuir, ayudar al Tribunal a formar convicción para que este pueda impartir justicia.

Como juristas aspiramos a una calidad en la administración de justicia que se corresponda con las pretensiones y anhelos de las personas que acuden a los Tribunales con la esperanza de hallar la tutela judicial efectiva. Para ello es necesario que jueces y juezas adquieran la formación precisa y en la difícil labor de impartir justicia, sobre todo en cuestiones técnicas complejas, se dejen aconsejar y guiar por criterios contrastados científicamente, exigiendo de las y los profesionales que colaboran en estas tareas, solidez y rigor en sus conclusiones….

….El segundo de los aspectos en el que nos queríamos detener, vuelve a incidir directamente sobre las y los menores y sus derechos. Hemos comentado en algún momento de este estudio que en numerosas ocasiones el hecho de ser menor condiciona de forma radical el ser sujeto de derechos y así en estos procesos, se convierten en simples objetos utilizados por las partes en su propio beneficio. Así denunciamos la banalización, que se viene haciendo, en relación a la exploración de menores, sea esta judicial o por parte de los equipos psico-sociales.

Resulta llamativo que en estos procesos de familia, incluso en la demanda rectora y en la contestación a la misma, se proponga alegremente y sin necesidad real alguna, la exploración de menores por parte del equipo técnico adscrito al Juzgado, basándola en la coletilla genérica “por si los mismos pudieran estar afectados emocionalmente”, y más sorprendente resulta la ligereza con que son acordadas estas pruebas, no solo por la falta de necesidad en muchos casos, sino por la falta de ponderación y proporcionalidad a la hora de sacrificar un derecho fundamental como es la intimidad, en aras de un “supuesto” interés superior.

Que un niño, niña o adolescente, sea no solo oído, sino escuchado en un procedimiento de familia es un derecho, nunca una obligación. Pensamos que no es adecuado trasladar a las y los menores la responsabilidad de tener que pronunciarse ante hechos que las personas adultas no han sabido resolver, y además hacerlo en su presencia. Así todo, si estas intervenciones resultan absolutamente necesarias, deberá velarse por que las mismas sean llevadas a cabo en las mejores condiciones para las y los menores, preservando sus intereses y su intimidad. Por tanto, hacemos un nuevo llamamiento esta vez a los letrados y letradas que actúan en procesos de familia, a fin de que ponderen y valoren adecuadamente la necesidad de someter a menores a exploraciones interminables, que lejos de facilitar la dura situación que deben afrontar, acaben por ahondar en su desestabilización emocional.

Desde “Abogadas para la Igualdad” esperamos que estas líneas nos hagan reflexionar a todas las personas que de un modo u otro intervenimos en los procesos de familia, y nos planteemos si realmente estamos teniendo en cuenta el tan anhelado “interés superior del menor”.

Más Allá del Papel – por Amnistía Internacional 2005

..Márgenes de impunidad efectiva

Amnistía Internacional ha podido saber que cuando los casos llegan a los juzgados, una de las principales preocupaciones que muestran las víctimas que ya han tenido que pasar por ellos con anterioridad, es qué juez se encargará del caso. En ocasiones, a pesar de existir pruebas periciales y forenses, así como testimonios de personas expertas, éstos dictámenes no son tomados en consideración por quien juzga el caso….p. 82

De acuerdo a los testimonios que nos concedieron mujeres víctimas de violencia en el  ámbito familiar, muchas de las que decidieron denunciar se encontraron con la desaprensión e indiferencia de autoridades o bajo sospecha de mentir, inventar o exagerar sus relatos… Los riesgos y efectos devastadores originados en los abusos no fueron tomados en cuenta por quienes tenían en sus manos proteger y asistir a las víctimas, investigar y perseguir el delito, sancionar al responsable y determinar una reparación. Actuaciones e incluso decisiones judiciales movidas por prejuicios, han sido hechos frecuentes en los testimonios de las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional. P. 5

… Lo narrado por las víctimas ofrece un panorama inquietante sobre la actuación de autoridades en términos de trato, acciones y omisiones que revisten discriminación y equivalen a una victimización secundaria igualmente abusiva al imponerles sufrimientos adicionales y exponerlas a nuevos padecimientos y graves riesgos, incluida la muerte. P. .5

Cuerpos Rotos, Mentes Destrozadas, Tortura y Malos Tratos a Mujeres – por Amnistía Internacional

Ausencia de enjuiciamiento y de castigo: la discriminación de la mujer en los tribunales

…Los jueces son parte de la sociedad en la que viven y reflejan sus valores culturales, sus normas morales y sus prejuicios. Superar los prejuicios es un requisito previo que ha de cumplir cualquier autoridad judicial, pero la discriminación de la mujer y la negativa a interpretar la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos hacen que a menudo los prejuicios empañen el desarrollo de los juicios, así como las decisiones y las sentencias.

En muchos países, las mujeres que tratan de obtener justicia se enfrentan a obstáculos económicos insalvables. La falta de dinero, así como de educación, son factores que influyen negativamente en las mujeres que tratan de obtener un resarcimiento legal por los abusos que han sufridoLos programas de difusión de derechos y de asistencia jurídica gratuita escasean donde más falta hacen. En ciertos países, la corrupción impregna el poder judicial, y hay más hombres que mujeres que pueden ofrecer incentivos económicos para obtener el resultado que desean. p.22- 23

El caso de Sylvina Bassani, muerto en el año 2008, a la mano de su ex marido se expone la falta de debido diligencia que extiende en sistemas jurídicas, sobre todo por los psico-sociales de los juzgados, y las consecuencias de esta falta.  

La psicóloga del caso del crimen de Alovera tiene un récord de quejas

La empleada pública tachó de “incoherente” a la mujer  y negó que el sargento fuera maltratador –

La Consejería de Justicia conoce las denuncias desde 2006

  (El Pais, Abril 14, 2008)

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/psicologa/caso/crimen/Alovera/tiene/record/quejas/elpepisoc/20080414elpepisoc_3/Tes

La psicóloga que examinó a Sylvina Bassani[iv], la mujer argentina asesinada el jueves a tiros por su ex marido junto a su pareja delante de su hijo de cuatro años, dictaminó ante el juzgado de violencia sobre la mujer de Torrejón de Ardoz que “desde el punto de vista psicológico” no se podía “hablar de maltrato en el ámbito familiar”. No creyó a la mujer, a la que calificó de contradictoria e incoherente y a la que recomendó tratamiento psicológico “para elaborar adecuadamente su conflictividad de pareja y aprender a abrirse a las relaciones paternofiliales”.

Por el contrario, el hombre, Javier Lacasa, que había intentado suicidarse el día que lo detuvo la Guardia Civil -como consta en el atestado del instituto armado- y que él mismo le refirió en la entrevista que había tirado al suelo una televisión porque su mujer quería hacer un viaje a Boston, le pareció una persona normal. La psicóloga sólo ha recibido una amonestación verbal de la consejería Dijo que el sargento era normal a pesar de que constaba un intento de suicidio

Esta psicóloga, María Isabel Tagle, empleada de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, es la que más quejas ha recibido en el Colegio de Psicólogos de la región, nueve. Al menos seis han sido remitidas a la consejería. Las primeras, en noviembre de 2006, con tres informes negativos que indicaban que había vulnerado principios deontológicos en sus escritos. La única respuesta del Gobierno regional fue una amonestación verbal en otoño de 2007 en la que se le pidió que “moderara sus formas” y que “siguiera un exquisito procedimiento en sus actuaciones”.

“Sin duda se sabía que había un problema con esta psicóloga”, señala Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid. “Su caso es conocido, porque nadie aquí tiene tantas quejas. Si no hubiéramos pensado que el tema era importante, no habríamos remitido los informes a la consejería. Ahora siempre nos quedará la duda de si se podría haber hecho algo más para evitar estas muertes”.

El informe del caso de Sylvina Bassani y Javier Lacasa, firmado por Tagle y por un trabajador social, es el único que se ha emitido en los procedimientos penales y civiles abiertos tras dictarse la orden de protección en septiembre de 2006. Una primera juez, al abrir las diligencias, pidió un informe psicológico de Lacasa por el intento de suicidio del día de la detención. Pero en los procedimientos sólo consta este informe psicosocial dictado para el divorcio. El abogado penal de la víctima, Roberto García, solicitó posteriormente un informe psiquiátrico de Lacasa, recordando, además, que lo habían condenado en un juicio de faltas por pinchar las ruedas del coche de unos vecinos de Sylvina que habían testificado a su favor. La magistrada Gemma Fernández denegó esta solicitud en abril de 2007.

Una portavoz de la Consejería de Justicia de Madrid confirma que les consta la existencia de varias quejas sobre esta psicóloga, pero señala que no se tomaron medidas disciplinarias más graves porque entendían que las quejas no tenían suficiente entidad.

En uno de los informes negativos remitidos por el Colegio de Psicólogos madrileño se relata que, en un procedimiento de familia, Tagle proponía que el hijo del matrimonio se quedara con el padre porque la madre había sido violada a los 14 años por un compañero de instituto. La psicóloga concluía que, como el hijo era hombre y ella les tenía cierto rechazo, era mejor que el hijo se quedara con el padre. En otro de los casos diagnostica un trastorno esquizo-paranoide, recomendando el internamiento involuntario, “sin indicar la metodología utilizada”, según señala la comisión deontológica del Colegio de Psicólogos. La comisión habla, en varios casos, de falta de argumentación, de escasa fundamentación y de falta de respeto a los peritados. Todas las quejas han sido presentadas por mujeres.

Tagle se dio de baja del Colegio el 13 de febrero de 2007, después de varios informes negativos que cuestionaban su forma de trabajar. Actualmente no está colegiada. Así como en el caso de los psicólogos privados la colegiación es necesaria para ejercer, cuando trabajan para la Administración la situación no está clara. Tampoco está claro, según el decano del Colegio de Madrid, Fernando Chacón, si en estos casos ellos pueden sancionar disciplinariamente. Hay otra queja, todavía no remitida a la consejería, que el Colegio de Psicólogos de Madrid está investigando y que está pendiente de informe. Este periódico intentó el viernes, sin éxito, localizar a la psicóloga Tagle en los juzgados de Torrejón para recabar su versión.

En cualquier caso, parece que son varios los fallos que se han cometido en este trágico caso, y por parte de varias instituciones. La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo del Poder Judicial, Montserrat Comas, solicitó el jueves una reunión con representantes de los ministerios de Interior y Justicia y de la Fiscalía General del Estado para averiguar si “han funcionado correctamente los mecanismos de coordinación”.

Otro de los elementos que se debe investigar es la actuación del fiscal. La instrucción concluyó en el verano de 2007 y desde entonces están pendientes de presentarse los escritos de acusación. El abogado de la víctima, Roberto García, dice que el juez trasladó las actuaciones al fiscal, sin que este haya dado señales de vida, más de siete meses después.

Las circunstancias del caso de Sylvina Bassani, el mío y tantos otros no son aisladas. Desgraciadamente, son bastante corriente en sistemas judiciales y casos de violencia de género. Pero, estos fallos del sistema no son producidos solamente por antiguas normas, costumbres, ideas y prejuicios de actores judiciales, pero también en casos de corrupción judicial.

En muchos procesos de divorcio, donde hay  bastante dinero en juego o casos de violencia de género, litigantes son tentados de usar cualquier influencia dentro del juzgado, o con la policía local, que tienen a su disposición. La falta de transparencia, o un sistema regulatoria efectiva, casi garantiza la posibilidad de corrupción. Como se nota en este reporte por Transparencia Internacional la existencia de todos estos factores son una receta por corrupción en tribunales de divorcio.

Reporte Sobre Corrupción Judicial 2007 – Transparencia International

Definiendo Corrupción Judicial

Sumario Ejecutivo: Problemas Claves de Corrupción Judiciales xxi

… corrupción judicial incluyen cual quiere influencia inapropiado sobre la imparcialidad de proceso judicial por cualquier actor del sistema judicial…. Jueces o funcionarios pueden manipular las fechas de juicios para favorecer un partido u otro. En países donde no hay transcriptos literales, jueces pueden hacer un sumario del juicio inexacto o distorsionar el testimonio del testigo antes de dictar la sentencia… funcionarios pueden “perder” un documento… un fiscal corrupto puede bloquear el camino por reparaciones legales… p. 22

Reporte Sobre Corrupción Judicial 2007 – Transparencia International

Corrupción e Independencia Judicial

por Susan Rose-Ackerman1

….si aspectos importantes del gestión de caso, como el designación del juez, fechas de juicios y entrevistas con jueces, son bajo el control de funcionarios, se crea la oportunidad por corrupción. Dando sobornos a funcionarios puede acelerar (o desalentar) casos, impedir asignaciones azares del juez y facilitar manipulaciones en general. Si la resolución del caso es discrecional del parte del juez, corrupción en estas decisiones son facilitados. En la práctica, puede ser difícil de distinguir entre el corrupción del juez y del funcionarios administrativos. Administradores del archivos corruptos puede dar la apariencia del juez corrupto, o un juez corrupto puede afirma que el personal tiene la culpa..

….las reglas gobernando las relaciones entre los jueces, abogados y litigantes puede facilitar el corrupción. Si un juez hace la práctica de entrevistar abogados de un parte sin la presencia del otro, es in invitación de corrupción… si los casos delante del juez se levantan nuevas o complejas asuntos no incluidos en su entrenamiento, hay un tentación de aceptar sobornos en sus resoluciones. Así el juez corrupto no está violando precedentes legales por que ningún precedente existen…. El corrupción esta facilitado por un sistema judicial opaca donde dos litigantes y el público tienen problemas para saber lo que está pasando. Hay varios aspectos de transparencia. Uno se implica las esfuerzas del tribunal a publicar sus procesos y decisiones… El segundo tiene a ver con la capacidad del público a saber lo que está pasando. Aquí, el acceso libre a los procedimientos y documentos por periodistas y la prensa es clave, en conjunto con una sociedad de activistas que pueden publicar irregularidades y empujar reformas. P. 81

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/psicologa/caso/crimen/Alovera/tiene/record/quejas/elpepisoc/20080414elpepisoc_3/Tes

3ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo

La decisión del juez que yo podía encontrar un empleo fácilmente con un sueldo digna de mi nivel de estudios y experiencia en el mercado laboral después de 20 años fuera, demuestra su desconocimiento de la realidad del mercado laboral y el crisis económica en España* y el mundo entero.

Revista del Ley de Nueva Inglaterra: Estudio Sobre

Prejuicio del Sistema Judicial en Massachusetts, Volumen 24, Primavera 199 

Consideraciones Financieros

…En lo que concierne pensión compensatoria, el Comité descubrió que pocas mujeres reciben pensiones, y menos mujeres reciben consideraciones adecuadas. Además muchos pensiones compensatorios no valora los contribuciones de la ama de casa, y sobre valora la posibilidades laborales y económicas de la mujer que ha ido muchos años fuera del mundo labórale. Además, a minoría de las mujeres actualmente reciben sus pensiones compensatorias… …mujeres quien han renunciada a su carera a cuidar de sus hijos o trabajar el comercio de la familia se quedan con un desventaja, cuando se divorcian y por muchos años después…   

* “El coste humano del crisis global reciente está reflejado sobre el impacto del mercado laboral. Con 210 millones de personas actualmente bajo desempleo, la tasa oficial a llegado a ser el más alto en la historia del hombre…España ha tenido el peor performance dentro los economías OECD durante el crisis.”  Cross-Cutting Themes in Employment Experiences during the Crisis, (Fondo Monetario Internacional) IMF Staff Position Notes 2010.

Mi accesibilidad al empleo en España era disminuida por él crisis económica, por mi estatuto de extranjera, mi competencia limitado en la lengua Española escrito[27], discriminación de género y edad en el mundo laboral, y el hecho que he sido fuera del mundo laboral durante 20 años. Para cubrir mis necesidades básicas, yo fui obligada irme a EE.UU, sin dinero, ni hogar, ni contactos profesionales para ayudarme encontrar un trabajo, dejando mis hijos en España.

Y si no fuese por el hecho que ningunos de mis abogados, inter alía, me han dejado acceder mis fondos en España y así, desarrollar Global Expats, yo hubiese regresado a España hacer años de estar con mi hijos.

En los últimos 3 años, solamente he podido encontrar trabajo temporarios y mi sola esperanza para una sueldo digna, trabajo profesional y jubilación en el futuro se queda en mi proyecto Global Expats / www.global-expats.com . Si yo no tenía esta posibilidad yo será condenada a uno futuro de pobreza y miseria total.

Los países occidentes siempre usan el hecho que en países Muslámenes se pueden hecha a sus esposas a la calle sin nada y pegar sus esposas cuando quieren bajo la ley sharia como prueba de su violencia y el abuso de la mujer. ¿Pero, que conclusión debemos tirar de los países occidentes donde se pueden hacer el mismo en todo infracción del ley, constitución y convenios internacionales, sin ningún consecuencias por autores de dichos violaciones or reparaciones por victimas?

Mi salida obligada de España para sobre vivir era en violación de mis derechos de elegir mi sitio de residencia bajo art. 19 del Constitución Español; art. 5 del Declaración de los derechos humanos de individuos que no son nacionales del país en donde viven; y art. 12 del Convenio internacional sobre los derechos civiles y políticos.

También, el hecho de negar mi todo acceso a mis fondos y bienes en España desde el principio y así asegurar que no puedo montar Global Expats y/o defenderme en esta pelea judicial está en violación de art. 1, 9, 10, 14, 15, 24, 32, 33.3, 35.1, 38, 39.1 del Constitución Española; art. 1316, 1318, 1319, 1344, 1345, 1347, 1361, 1362, 1366, 1369, 1375, 1376, 1377, 1383, 1384, 1386, 1390, 1391, 1392, 1393, 1397, 1398, 1399, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431 y 1433 del código civil española; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 1, 2, 3, 23, 24, 26, del Convenio sobre los derechos civiles y políticos; art. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 15 del Convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales; art. 2, 3 y 4 de la Declaración sobre le eliminación de violencia contra la mujer; art. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15 y 16 de la Declaración sobre la eliminación de discriminación contra la mujer.  

4ª La dedicación pasada y futura a la familia

Por los 17 años de mi matrimonio, y 1 ½ año antes, hice 8 mudanzas internacionales en deferencia del trabajo de mi marido, lleno mis obligaciones “sociales” requisito por el trabajo y familia de mi marido, y durante renuncié estudios de derechos internacionales, un máster del comercio internacional, un diploma en gemología  y alta joyería, y una carera lucrativo en los mercados financieros.

Por mis hijos, yo me dedique 24/7 a su educación y cuidarlos, con casi ninguna asistencia. Yo llevaba el manteamiento de casas de 450-500m cuadrados; con invitados y fiestas perpetua, haciendo todo sus preparaciones, cocinando, sirviendo y limpiando yo mismo, con ningún ayuda.

Señor Gonzalez de Alcalá  jamás me ayudaba con ningunos de los deberes domesticas, con el cuido de nuestros hijos, tareas diarios de la familia, o mismo con todo el trabajo de desempacar, organizar o decorar 8 casas/mudanzas diferentes en 20 años. Tampoco tuve ayuda de relocalización de la parte del BBVA, que suele tener esposas expatriadas Americanas, Británicas Franceses, etc. El fenómeno del multinacional en España está bastante nuevo y las actitudes y servicios ofrecidos por los departamentos de recursos humanos de multinacionales españoles son similares de los multinacionales americanos de los anos ’50 (Zvonkovic, Greaves et al. 1996; Brescoll y Uhlmann 2005); quiere decir nada. Ni si quieres ofrecen cursos de idioma a la familia al extranjero.

Justamente es mi apreciación de ser una “esposa rastreada” sin ningún ayuda o apoyo del parte de mi esposo, su empleador o mismo la comunidad de expatriada española (como yo era un Americana/extranjera entre ellas), que me ha permitido de conocer todos los desafíos y problemas que estés mujeres pueden encontrar al extranjero y así desarrollar una organización que está diseñado y dispuesto de ofrecer TODO el información, las servicios y suporte que estés mujeres y familias necesitan.

También, toca a decir que desde 2005 hasta 2007, yo pase un tiempo y energía enorme investigando y desarrollando una carrera y eventualmente un segundo sueldo por mi familia (Global Expats), que hubiese me permitido de quedar en casa cuidando de mis hijos y ser financieramente independiente. Y es exactamente porque Señor González de Alcalá empezó si “guerra judicial” llevando todo el mundo, mis abogados incluidos, de participar en actos ilegales; todo eso porque nunca quiso que su esposa “trabaja”.

Decisiones judiciales que ni si quiere ha mirado o considerada mis esfuerzas y contribuciones de la carrera de Señor González de Alcalá y/o mi familia y desarrollo personal, académica y psicológico de nuestros hijos es en violación de  art. 1, 9, 10, 14, 24, 32, 35, 39, 40, 45, 50 y 52 del Constitución Española; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 66, 67, 68, 97 y 98 del código civil española; art. 1, 2, 3, 8, 23, 24 y 26 del Convenio de los derechos civiles y políticos; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 15 del Convenio internacional de los derechos económicos, sociales y culturales; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 y 15 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.

5ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge

Una carera del expatriado por definición demanda que unos de los esposo renuncia su carrera, algo que he hecho durante 20 años. Sin mi sacrificio Señor González de Alcalá  jamás ha podido aceptar puestos en otros países.

Y no es solamente mi sacrificio profesional que el juez hubiese tenido que mirar y considerar en el divorcio (y no unas acusaciones ridículas de la parte de Señor González de Alcalá), pero también las esfuerzas y actos ilegales de Señor González de Alcalá ha hecho para impedirme montar un negocio desde la casa.

Artículos 66 (el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes) 67 (deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia) y 68 (guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente) del código civil española claramente define los deberes y derechos de los cónyuges, y el obligación de Señor González de Alcalá de apoyar y ayudarme en mis esfuerzos emprendedoras. Pero, ni si quiere ha sido una consideración o “pregunta” en el divorcio o la liquidación de gananciales.

Mientras que actores estatales y no estatales de los tribunales de familia continúa con tradiciones y creencias basado sobre la mujer y su posición de inferioridad en la casa y familia, tanto que sus obligaciones al respecto de  los derechos del marido (Coltrane 1998; Zvonkovic, Greaves et al. 1996; Brescoll y Uhlmann 2005) las violaciones de sus derechos en procesos de divorcio tanto que en casos de violencia de género continuaran.

La falta del juez de considerar los sacrificios que he hecho por la carrera profesional de Señor González de Alcalá está en violación de de  art. 1, 9, 10, 14, 24, 32, 35, 39, 40, 45, 50 y 52 del Constitución Española, art. 66, 67, 68, 97 y 98 del código civil española;  art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 1, 2, 3, 8, 23, 24 y 26 del Convenio de los derechos civiles y políticos; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 15 del Convenio internacional de los derechos económicos, sociales y culturales; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 y 15 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.

6ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal

La duración del matrimonio era 17 ½ anos con 2 antes de vida comunal, quiere decir casi 20 anos, mientras el matrimonio en España de divorcios promedio es 15 ½ años.

7ª La pérdida eventual de un derecho de pensión

Se debe notar que no solamente he perdido mis derechos sobre un pensión, pero mis derechos sobre seguro de salud (publico), compensación de desempleo y todos beneficios sociales.

El hecho que un mitad de los impuestos del sueldo, seguridad social, seguro de desempleo del “el que gana el pan” pertenece al ama de casa bajo el ley de gananciales, pero sobre el divorcio ella no tiene el derecho al sueldo de desempleo, salud médica ni ningún servicios sociales es un ejemplo de facto discriminación y en violación del artículos 41 y 43.1 del Constitución Española;  art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; articulo 11.1e y 12.1 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; artículo 9 del Convenio internacional sobre derechos económicas, sociales, y culturales; y 8.1c del Declaración sobre los derechos humanos de individuos quien no son nacionales del país donde residen.

8ª El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge

Un decisión judicial del divorcio que acorde un pensión de  €1.000, menos €150, por ingresos de €850 mensuales contra un sueldo mensual de €15.000 (€181.000 al año) es discriminatorio en sí mismo. Pero, el estipulación que yo debía asumir una hipoteca mensual de €2.396 en su totalidad en efecto diciendo que YO TENIA QUE PAGAR MI EX MARIDO €1.546 al mes (€18.552 al año) después de veinte años de trabajo sin remuneraciones ninguno es punitivo. Se relega la posición de ama de casa de esclava, obligada de pagar por su liberación. 

Sobre cual ley o precedencia judicial está basado es una misterio total.

La estipulación sobre la hipoteca es muda, como ninguna hipoteca existe sobre nuestra casa. Pero, esta decisión judicial era hecha sobre la creencia que dicho hipoteca existía. Se debe notar que mi falta de cumplir con pagos mensuales hubiese negado mis derechos de recibir recaudos el día de su venta.

“En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.” – Nada esta mencionado sobre mis derechos de una pensión en la sentencia del divorcio 1143/2007, ni en las liquidaciones de gananciales. Una vez más si yo podía acedar a este dinero, yo podía pagar la reconstrucción la página web, www.global-expats.com,  y así montar mi negocio, y ya no necesitaría más mis otros fondos en España.

El decisión financiero del juez es en violación del art. 14, 32.2, 33.3 y 35.1 del Constitución Española;  art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, y 16 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer; art. 3, 4, del Declaración sobre el eliminación sobre la violencia de la mujer; art. 1, 7, 9, 10 y 11 del Convenio sobre los derechos económicos, sociales, y culturales; art. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 19, 23 y 26, del Convenio Sobre Derechos Civiles y Políticos; art.5, 8 y 9 del Declaración sobre los derechos humanos de individuos quien no son nacionales del país donde residen; art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10, del Declaración de los derechos humanos.

Octubre 2008 – Noviembre 2008

El decisión judicial del divorcio 1143/2007 era obviamente detrimento a mi  financieramente, pero también un ataque sobre mi honor, integridad, y carácter. La decisión en efecto falsamente me etiquetó como alcohólica, droga adicta y psicótica.

Yo dio instrucciones a mi abogado, Señor Jorge Capell, de recurrir la sentencia. El se negó mismo después de mis insistencias repetitivas. Más adelante me ha dicho que el apeló las decisiones financieras, pero no la custodial. Hasta ahora no he recibido ningún documento demostrando dicho apelación. También,  como dicho anteriormente Señor Capell me mandó un email el 14 noviembre 2008 proponiendo dicho apelación, cuando el recibió la sentencia el 5 noviembre 2008 con 5 días para recurrirlo (vea documento #8B). Mismo, si yo he podido conseguir el dinero (€5,800 que Señor Capell estaba pidiendo para hacer la apelación) y pagarlo, el tiempo de apelación ya estaba vencido y el dinero pagado al Cuarto Casas hubiese sido para nada(violación de art. 243 del código penal española).  

Era importante de apelar la decisión custodial y financiero del punto de vista personal, pero también profesional.  En primavera-verano 2007, my proyecto de Global Expats estaba recibiendo mucho aprobación y interés desde profesionales y personas dentro del industria del expatriación/re locación internacional en EE.UU. Obviamente el hecho que la pagina web lleva más que 3 anos “sentado” en el Internet, sin progresión, delante de todo el mundo de la industria de “global mobility” (movilidad mundial)  y una audiencia de 50 millones de personas alrededor del mundo, ha “levantado unas cejas”.

Unos de los primeros “activos” y “capital” de este proyecto es mi  conocimiento extensivo sobre el mundo de la expatriación,  el trabajo de  asociaciones del expatriado, un rede global de amigos expatriados, y mi reputación como persona honesta, honorable, fiable de una integridad total. El hecho de no recurrir la sentencia y contestar la decisión del juez era una admisión por defecto de alcoholismo, toxicomanía, y psicosis.

El fallo de Señor Jorge Capell de actuar en buena fe y en el interés de su cliente era en violación de mis derechos bajo art. 10, 14, 15, 18, y 24 del Constitución Española; art. 22, 173, 208, 243, 267, 467.2 y 512 del código penal española; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 3 y 4 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio; art. 1, 2, 8, 17, 23 y 26 del Convenio sobre los derechos civiles y políticos; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 15 del Convenio de los derechos económicos, sociales y culturales; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 y 15 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.

También, Señor Capell tuvo que notificar el juez de todos hechos bajo art. 11 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio y art. 451 del código penal española.

Bajo art. 110, 112, 113 y 120.4 del código penal y art. 1903 del código civil Señor Jorge Capell y Cuatro Casas son responsable por los daños producido por el negligencia y violaciones de mis derechos anteriormente dicho de Señor Jorge Capell. Entonces para muestra mi buena fe, ofrecer Cuatro Casas le oportunidad de reparar los daños producidos (con litigación contra Señor González de Alcalá y/o abogados implicados o llegar a un acuerdo financiero con los partidos) he escrito la carta siguiente a Cuatro Casa el 26 abril 2012.

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Señor Miguel Trías, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Diagonal, 444, Barcelona,  08037   España, miguel.trias@cuatrecasas.com

abril 26, 2012 

Estimado Senor Trias,

El 19 de abril mande un email de Senor Francisco Perez-Crespo de la oficina de Madrid, en relación de un caso de divorcio/abuso domestico que Senor Jorge Capell  Cuatro Casas, Gonçalves Pereira, llevo en julio-octubre 2008. Para confirmar recepción de dicho correspondencia, estoy mandando una copia por correo tradicional.

Lo ruego encontrar ajuntado una sinopsis sobre los hechos de mi caso, con todos los documentos de referencia listado sobre  http://worldpulse.com/user/2759/journal (en ingles y español).

Yo seré presentando mi caso a los autoridades españoles y agencias regulatorios bajo violaciones de derechos humanos, civiles, y constitucionales, tanto que por negligencia criminal, pidiendo una investigación sobre mi caso pero también reparaciones por danos incurridos de parte de partidos responsables.

Pero, antes de presentar mi queja a los autoridades apropiados, o eventualmente tribunales internacionales, estés autoridades no cogen acciones apropiados, creo dar la oportunidad a Cuatro Casas Gonçalves Pereira de contestar a los asuntos presentados.

En los últimos 4 anos, debido a mi experiencia personal, mis investigaciones extensiva, y trabajo con activistas de derechos humanos y mujeres en EE.UU., Francia, y España, he vuelto muy familiar con los aspectos variados de la crisis dentro de los tribunales de familia alrededor del mundo, y su fallo de proteger víctimas de la violencia de género.

Es mi deseo más grande de poner mi proprio caso detrás de mí, evitar litigación futuro, y en conjunto con mi organización, Global Expats/www.global-expats.com, trabajar hacia una solución positiva y prevenir que mi historia se repite, tanto que promover su objetivo principal; ayudando las familias expatriadas y ama de casas alrededor del mundo. Desgraciadamente, mientras que todo acceso a mis bienes en España están bloqueado por los tribunales, y hasta que llegamos a un acuerdo financiero aceptable, no tengo ningún otro opción pero de recurrir todos opciones oficiales a mi disposición. 

Atentemente,

Quenby Wilcox

Fundadora – Global Expats

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Apreciada Sra. Wilcox,

De parte de Sr. Javier Herreros…..Mi compañero, D. Miguel Trías, me ha hecho llegar, en mi condición de Secretario General de esta Firma, el escrito que Vd. le ha remitido fechado el 26 de abril de 2012.

El asunto que motiva su queja lo llevó el Letrado D. Jorge Capell, quien lo asumió ya en un avanzado estado de tramitación judicial, sin que interviniera en ningún momento el Sr. Trías.

Sra. Wilcox, he leído atentamente su escrito antes referenciado  y he solicitado la correspondiente información al Sr. Capell, quien me ha facilitado todos los detalles necesarios, incluyendo el nombre del Letrado al que Vd. transfirió el expediente, D. Alberto Fontes García-Calamarte.

Tras el examen realizado por mí no resulta ninguna irregularidad ni mala práctica por parte del Sr. Capell, y del estado de su reclamación judicial nada puedo decirle; en su caso, es D. Alberto Fontes quien conozca datos y situaciones y quizás pueda ayudarla.

Lamento profundamente que esté atravesando unos momentos difíciles y espero que pronto se resuelvan sus problemas 

Javier Herreros
Socio Secretario
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
Pº de Gracia, 111 – 08008 Barcelona
Tel. 932905541 – Fax 932905536
E-mail: javier.herreros@cuatrecasas.com
Web: www.cuatrecasas.com

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Noviembre 2008 – Febrero 2011

Como, Señor Capell no ha actuado en mi interés, contracté otro abogado, Señor Alberto Fontes Garcia-Calamarte, dándolo instrucciones de empezar liquidación de gananciales y  de asegurar que mi ex marido pagó su pensión compensatorio. En febrero 2009 me fui de España, volviendo al EE.UU con el intención de iniciar procesos legales contra mi diseñado de pagina web, Arnima Web Design (www.arnima.com) , por su falta de cumplimento del contrato (2006-2008,) liberar mi pagina web, luego volver a España para estar con mis hijos, y seguir con mi trabajo sobre Global Expats.

Desgraciadamente, debido al fallo de Señor Fontes Garcia-Calamarte, de hacer su  trabajo con debido diligencia, (nunca ha hecho nada para iniciar la liquidación de gananciales ni reclamar el impago del pensión compensatorio (neto del pensión alimentario) que Señor González de Alcalá me debía), no tuve fondos para pagos mis gastos legales en España ni fondos necesarios para recuperar control de mi página web (o crear uno de nuevo), montar Global Expats y volver estar con mis hijos.

Una vez más se surge la pregunta si el fallo de mi abogado, este vez Señor Fontes Garcia-Calamarte de reclamar mis bienes (pensión compensatorio y/o un citación ordenando que el BBVA entrega todo información sobre el historia del sueldo y archivos financieros en el nombre de Javier Gonzalez de Alcala desde agosto 1991 hasta octubre 22, 2008) es debido de su negligencia o leyes discriminatorios españoles que impide a mujeres de acceder información financiero y/o bienes que son su propiedad bajo el ley de gananciales. Tambien, se debe notar que debido al negligencia de mis abogados y la falta de debido diligencia del actores estatales y no estatales desde septiembre 2007 yo he vivido en una pobreza total, durante 2009 yo era sin domicilio fijo, sin un trabajo permanente y mientras yo tuve el derecho de prestaciones sociales del gobierno americano, francesa, y/o española, no podía reclamarlo por falta de domicilio, en violación de art. 19, 24, 33, 40, 41, 43, 45, 47 y 51 del Constitución Española; art. 1 del Convenio de los derechos civiles y políticos; art.1 del Convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales, y culturales; art.11 del Convenio sobre la eliminación de mis derechos bajo art. 10, 14, 15, 18, y 24 del Constitución Española; art. 173, 208, 243, 267, 467.2 y 512 del código penal española; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 3 y 4 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio; art. 1, 2, 8, 17, 23 y 26 del Convenio sobre los derechos civiles y políticos; art. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 15 del Convenio de los derechos económicos, sociales y culturales; art. 2, 3, 4, 5, 11, 13 y 15 del Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.

Se debe notar que el Estado Española esta responsable por todo leyes de proceso que son directamente o indirectamente responsable por mi inhabilidad de acceder todo información y/o bienes, fundos, y propiedad que me pertenece (que sea bajo el nombre de Javier/Xavier Gonzalez de Alcalá o mi nombre) bajo el ley de gananciales (en lugar de la negligencia de mis abogados bajo art. 1, 9, 10, 14 y 33.3 del Constitución Espanola; art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 42, 44 y 45 Acto de Igualdad 3/2007; art. 11, 22, 28, 29 195, 250.7 y 450 del codigo penal; art. 1088, 1089, 1090, 1093, 1094, 1100 1254, 1255 y 1262 of the civil code; art. 2, 3, 4, 5, 11 y 12 del Convenio sobre la eliminación de todos formas de discriminación contra la mujer; art. 1, 2 y 3 del Convenio de los derechos civiles y políticos; art.1, 2, 3, 10 y 11 del Convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales, y culturales.

En julio 2009 escribí al Consulado Española en Washington, DC pidiendo asistencia en obteniendo un abogado de oficio en España como es mi derecho bajo artículo 24 del Constitución Española. En 2008 mis ingresos eran €500 por mes (€6000 bruto anual) y 2009 eran €2000 por al año, entonces completamente dentro mis derechos a pedir un abogado de oficio en España. El Cónsul me contestó, diciendo que contacto el consulado americano en España, demostrando otra vez la falta de debido diligencia de parte de funcionarios del Estado Española. Todavía no entiendo como el Consulado Española podía pensar que es el Consulado Americano que hace los trámites para obtener un abogado de oficio española.

También, contacté el Departamento del Estado americana, división de asuntos Consulares Españoles, pidiendo ayuda. Mi petición nunca fue contestada. Pide ayuda del Congresista Eleanor Holmes Norton (DC) y Senador Mary Landrieu (LA) para que el departamento del Estado americana cumple con sus responsabilidades de ayudarme bajo el Convenio del Asuntos Consulares sin éxito. Pero o menos después de las cartas de Congresistas americanas y de 3 anos de solicitud, el  Departamento del Estado Americana/Consulado me concedió un contestación diciendo que mi caso era una asunto civil y no iban hacer nada para ayudarme.

En augusto 2009 noté que había un embargo, de €305,47 y  €487,20, sobre mi cuenta en España del parte el juzgado de Mostoles.  Yo transferí dinero al dicho cuenta para cubrir el embargo con instrucciones al banco de cubrirlo GE-20030225-92959 (vea documento #26A y #26B). El banco no ha respectado mis instrucciones y no se pagó el embargo.  También, contacté Señor Fontes Garcia-Calamarte preguntado porque no me ha notificado de tal embargo, y cualquier litigación en relación de tal embargo, pidiendo una copia de TODO los documentos que transcribió en mi nombre y una factura detallando todas sus acciones en relación de mis casos y cargos correspondientes. Me contestó que no era habitual para su oficina de proporcionar  informaciones y documentos a sus clientes sobre sus casos, y nunca me mandó una factura detallado.

Al final de octubre Señor Fontes Garcia-Calamarte me mandó un email con la sentencia #1079 (vea los consideraciones discriminatorios en la sentencia abajo[v]). Señor Gonzalez de Alcalá ha pedido a los tribunales que se quitan su responsabilidad de la pensión compensatoria bajo la contención que lo han despedido de su trabajo. Los jueces redujeron el pensión a €350 neto/mes, declarando en las sentencias que yo soy de un estado mental y física perfecta, y entonces capaz de ganarme la vida. Una vez más mi abogado no apeló este decisión, pidiendo pruebas del estado de desempleo y/o situación financiero relatado al despido de Señor González de Alcalá tanto que presentar evidencia de mi estado de empleo y situación financiero precario en EE.UU., tampoco me ha previamente notificado del tal petición de la parte de Señor Gonzalez.

Sus acciones eran en violación de art. 9, 10, 13, 14, 24, 35, 38, 39 y 40 del Constitución Española; art. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, y 14 del Acto de Igualdad 3/2007; art. 250.7, 267, 267, 467.2 y 512 del código penal española; art. 3, 4, y 11 Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio; art. 2, 3, 26 de Convenio de los derechos civiles y políticos; art. 1, 2, 6, 8 y 15 Convenio de los derechos económicos, sociales, y culturales.

Otro vez yo estaba buscando un abogado que podía hacer lo que debe ser una cosa muy sencilla; liquidación de los gananciales. En febrero 2010, por fin encontré otros abogados españoles, Miguel Martínez López de Asiain e Ignacio Gonzalez-Martínez (Alcade de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago),que creía iba ayudarme de verdad. Tardo todo el año 2010 para transferir mi caso a su despacho e iniciar trámites por liquidación de gananciales y una resolución financiera final.

Como he visto que estaban tardando un año para una cosa que debe ser sencillo, prepararé un resume del caso con todo los hechos, violaciones de derechos míos y petición por reparaciones por los daños sufridos bajo el código civil española, inter alía, para que mis abogados podía presentar los hechos, mis quejas y requisitos al tribunal, si Señor Gonzalez de Alcalá no estaba listo de llegar un acuerdo y evitar más litigación.

En febrero 2011 mandé mi proposición por un acuerdo/resolución financiero[vi] para que Señor Martínez López de Asiain  y Señor González-Martínez pudieran ofrecerlo a Señor Gonzalez de Alcalá. Entre febrero 2011 y septiembre 2011 mandé varias emails y hecho varias llamadas a Señor Gonzalez-Martínez para saber si ha mandado la oferta a Señor Gonzalez de Alcalá y saber si lo ha contestado. Nunca contestó a mis emails o llamadas.  De mi conocimiento Señor Martínez y Señor Gonzalez-Martínez no han transmitido mi oferta al abogado de Señor Gonzalez de Alcalá.

Entonces en septiembre 2011 mande un mensaje a Señor Martínez López de Asiain  para saber lo que estaba pasando con mi caso, y si han contactado el abogado de Señor Gonzalez de Alcalá con mi oferta. El 22 noviembre 2011 Señor Martínez López de Asiain  me mando un email notificándome que ha iniciado la liquidación de gananciales de €200.000+ (documento # 16).

Hay un juicio para el inventario el 11 mayo 2012 en el juzgado de Mostoles, al cual Señor Martínez López de Asiain me informo que el juez acordó que mi presencia no es necesaria. Tengo varias  preocupaciones sobre este juicio que son los siguientes:

  • Al principio del 2011 Señor González-Martínez me informó que los extractos de cuentas originales introducido con el petición de divorcio ya no se encuentra en el juzgado, y que lo hace falta otro poder para pedir nuevos extractos del BBVA. Desde entonces, yo he dicho a varias ocasiones a Señor González-Martínez y Señor Martínez López de Asiain  que yo podía ir al Consulado Española aquí en Washington, DC para firmar el poder que hacía falta, pero nunca me han indicado que poder necesitaron. Mi preocupación ahora es que no han pedir nuevos extractos de cuentas y bajo art. 808 del Ley de enjuiciamiento civil el juezva rechazar la petición de inventario por falta de pruebas.
  • En su petición para el juicio el 11 mayo 2012, dice que no ha pasivos de los gananciales. Pero, hay €30.000+ de deudas de litigación mías pendientes en España (art. 1398 y 1403 del código civil española), más el 20% de los honorarios de Señor Martínez López de Asiain  y Señor González-Martínez  por recuperación de los fondos gananciales (art. 1347 del código civil española) ilegalmente retenido (art. 252 del código penal por Señor González de Alcalá, con consideración del notación abajo[28].

En su email de 28 marzo 2011, Señor Gonzalez Martínez indica que “la demanda de divorcio del marido se presento el 25 octubre 2007 y suele tomarse como referencia de liquidación” (documento #17 p.6 comentario M8). Pero, art. 1392.1 del código civil española indica que la sociedad de gananciales concluirá cuando disuelva el matrimonio,[29] y art. 4 del Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio SeñorMartínez López de Asiain y Señor González-Martínez son obligados de actuar en mi interés. En este caso es claramente en mi interés que se usa la fecha 22 octubre 2008  (no 25 octubre 2007). Además, ellos pueden defender la utilización de la fecha 22 octubre 2008 bajo art. 1390 y 1391 del código civil española; art. 11 del Acto de Igualdad 3/2007 y art. 2 y 4 del Convenio sobre la eliminación de discriminación contra la mujer.  No solamente hay la suma de  €74.000 del sueldo de Señor Gonzalez de Alcalá durante 2008 que me pertenecía y cuya decisión de 1140/2007 (acordándome un pensión de €500/mes) me malversó (bajo art. 252 y 250.7 del código penal española), pero también todos los gastos asociados con el divorcio.

Falta de defender mis interesas esta en violación de art. 1254, 1256, 1258, 1088,1091, 1094, 1097 y 1100 código civil española; art. 512 y 510 del código penal española, implicando un responsabilidad por daños financieros sufridos bajo 1089, 1092, 1098, 1101, 1102, 1106, 1107 código civil española.

También, se debe notar que bajo art. 3, 4 y ll del Código Deontológico 658/2001 de 22 de junio SeñorMartínez López de Asiain y Señor González-Martínez son obligados de poner en conocimiento al juez de instrucción todos actos y información sobre la falta de diligencia de abogados anteriores bajo art. 450, 451, 467 y 512 del código penal española, y 1098 y 1101 código civil española tanto que los intentos de Señor Gonzalez de fraudarme y su abusos psicológico durante los últimos 4 años en violaciones de art. 22, 23, 173, 208, 248, 252 código penal española; con mi derecho de recibir reparaciones por dichos delitos (€2.027.132 vea anotación final # v), bajo art. 109, 110, 111, 112, 113 del código penal española tanto que art. 9 de Constitución Española; art. 9  del Acto de Igualdad 3/2007 y art. 8 Anexa del Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

Todavía tengo muchas preguntas en determinando si mi inhabilidad de acceder todos mis bienes desde septiembre 2007, que sea fondos/activos o información financiero que me pertenece bajo art. 1347 del código civil española, inter alía, es debido al incompetencia y negligencia de los abogados citado al dentro o un fallo en leyes de procesos españoles que no permiten a mujeres dentro del matrimonio y/o durante trámites de divorcio de acceder información y/o gestión sobre sus bienes gananciales, tanto que defender sus vidas y las vidas de sus hijos. De repente, lo que queda claro es que la violación de estos derechos, inter alía son en violación de los siguientes:

  • Constitución Española
  • Código civil  Española
  • Código penal Española
  • Acto de Igualdad
  • Ley orgánico contra la violencia de género
  • Ley de enjuiciamiento civil
  • Convenio sobre derechos humanos
  • Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer
  • Convenio sobre le eliminación de violencia contra la mujer
  • Pacto internacional de los derechos civiles y políticos
  • Pacto internacional de los derechos económicos, sociales, y culturales 
  • Declaración de principios básicos de justicia por víctimas de crímenes y abusos de poder

CONCLUSION

Mientras que el reconocimiento del abuso domestico y violencia de género como una violación de derechos humanos y el obligación de actores estatales y no estatales de proteger victimas bajo el principio del debido diligencia es reciente dentro el ley internacional y precedentes legales,  A vs. UKVelázquez vs. Honduras, Gonzales vs. USA, son unos pasos muy importante en promoviendo los derechos de las víctimas.

De repente, para lograr que la defensa de los derechos de víctimas son defendidos de una manera sistemática dentro de sistemas judiciales, el fallo del Estado de defender victimas tiene que ser examinado desde una perspectiva interseccional, investigando el relación entre el corrupción, discriminación, negligencia, el fallo de reforma legislativa, y contabilidad judicial.

Ademas, para que gobiernos vuelven efectivo y competente en protegiendo victimas están obligados de asegurar una eficacidad y transparencia en los siguientes.

Servicios y ambientes públicos que contribuyen a la prevención de abuso y violencia domestico, tanto que el protección de victimas, con consejo legal competente y diseminación de información factual, durante todo el proceso judicial.

Servicios público, incluyendo sistemas judiciales, que a travesía del acción positiva, protegen y defienden los derechos, libertades y interesas del abuso y violencia de género de una manera efectivo, incluyendo, pero no limitado, al debido proceso bajo el ley.

Servicios públicos, incluyendo sistemas judiciales, que a travesía del acción positiva revocan leyes, practicas y tradiciones que contribuye al discriminación en todo sus formas.

Mecanismos y procedimientos efectivas que permite reparaciones para víctimas de abuso y violencia del mano de sus abusadores tanto que sanciones por actores estatales y no estatales que han fallado de ejercer debido diligencia en el prevención del dicho abuso, o peor contribuya al abuso de la víctima con prácticas y acciones discriminatorias.

Pero, quizá el más importante en promoviendo y asegurando derechos de victimas es entendiendo que detrás de cada historia, cada vida, hay muchos actores y muchos acciones que han contribuido al dolor y sufrimiento de estés mujeres, niños y a veces hombres.

Abusos de poder, dentro de la casa, familia o comunidad, no son incidentes estáticos e aislados, pero son un parte de una dinámica cultural que está diseñado de mantener una status quo y violencia. Hasta que el ciclo de abuso en nuestro sociedades y comunidades esta desmontado a travesía de los esfuerzos y acciones de cada miembro, denunciando y sancionando todos formas de abusos de poder, en nuestros vidas personales tanto que profesionales, esta “guerra sobre el terror” nunca será ganado. Mientras los últimos años han sido muy difícil, el separación de mis hijos el más difícil de todo. Mis luchas me han mostrado hasta qué punto la apatía de la gente, sobre todo funcionarios y actores judiciales, son fomentando, promoviendo, y sostenido violaciones de derechos humanos y civiles dentro de sus propios fronteras.

Desde varias décadas grupos de derechos de mujeres han hecho unos pasos por delante en promoviendo los derechos de mujeres dentro del mundo laboral, y otros asuntos relatado con su habilidad de contribuir a una manera económico a la sociedad. Y, mientras que estés grupos han sido vocifera en décadas pasadas sobre el abuso y violencia contra mujeres dentro de comunidades musulmanes y africanos y la manera que este abuso está sancionado por la comunidad y gobiernos, ellas han quedado demasiado silente sobre los mismos tradiciones y costumbres que están sancionando el abuso y violencia dentro de sus comunidades.

Mi abuelo, Curtis Paul Wilcox, un abogado al principio del siglo 20, luchó por los derechos de los negros en tribunales en el Sud profundo de EE.UU., durante una época donde el racismo y discriminación esta visto como algo “normal”. Una época donde los negros eran considerada como un ciudadano de segundo clase para explotar, y ser usado un chivo expiatorio para proteger el honor de la comunidad.

Estés mismos prejuicios y tradiciones discriminatorias persiste hoy en día contra mujeres, y niños, dentro de la casa y familia.

En su primero caso, en 1909 en Butler, Alabama, el enfrento y venció los mismos creencias, actitudes, y costumbres expuesto en la obra de literatura americana, Matar un ruiseñor por Harper Lee. Todo su vida el lucho contra el racismo y discriminación, enfrentando matones y tirantes dentro de sistemas judiciales tanto que en la comunidad, promoviendo los derechos de la gente que no se podía defenderse. Lo que yo estoy defendiendo aquí no es nada diferente de lo que el promuevo hace más que cien años, y para que muchos de mis ancestros han luchado durante muchos siglos[30].

Modelos y principios de democracia moderno empezó más que 200 anos, con mas  y mas países adoptando estructuras democráticos en los últimos 50 anos. De repente, en los últimos décadas mas y mas gente, mismo dentro de nuestros clases gobernantes y intelectuales del status quo, debido el erosión de derechos humanos y civiles dentro de sus fronteras. Pero, como dos estadistas importantes de nuestra época han dicho con elocuencia:

“Han dicho que democracia es el peor forma de gobernar, menos todos los otros que hemos intentado.” – Winston Churchill

“En una democracia, disensión es un actuación de fe.” – Senator William J. Fulbright

En los últimos cien años hemos tenido muchas guerras, muchas vidas perdidas, y mucha sangre se derramo en el nombre y defensa de los derechos y libertades de la gente. Pero, si el ser humano tiene cualquier esperanza de volver las ideas y principios de democracia hasta una realidad,

debemos bajar nuestras armas, a nuestros fronteras tanto que dentro de nuestras casas, y aprender de vivir en paz y prosperidad.

 “Si la raza humana quiere tener una temporada prolongada y indefinido de prosperidad material, ello solamente tienen que comportarse de una manera de paz y ayuda hacia lo demás.” – Winston Churchill

Esto es al verdadero desafio del siglo 21, y porque mi queja no es un “disputa” sencillo de ningún consecuencia o importancia.

15 de mayo 2012