INTRODUCCION — Queja al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – Gonzalez de Alcala vs. Wilcox 1143-2007 

Wilcox vs. Espana Table de Infracciones por los abogados citados abajo — Resumen

A- Queja_deontologia – Gonzalo Martínez de Haro de Vinander, Carlos y Associados — A – Supporting Docs

B- Queja_deontologia – Maria Fernanda Guerrero Guerrero — B – Supporting Docs

C- Queja_deontologia – Belen Garcia Martin — C – Supporting Docs

D- Queja_deontologia – Silvia Hinojal — D – Supporting Docs

E- Queja_deontologia – Jose Manuel Hernandez Jimenez — E – Supporting Docs

F- Queja_deontologia – Jorge Capell, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira — F  – Supporting Docs

G- Queja_deontologia – Alberto Fontes Garcia-Calamarte — G – Supporting Docs

H- Queja_deontologia – Miguel Martinez Lopez de Asiain y Ignacio Gonzalez Martinez  — F – Supporting Docs

I- Queja_deontologia – Cuatrecasas, Gonçalves Pereira — I – Supporting Docs

CONCLUSION — Queja al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – Gonzalez de Alcala vs. Wilcox 1143-2007

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Wilcox vs. Gonzalez de Alcalá  y  Gonzalez de Alcalá vs. Wilcox

Juzgado de Mostoles, Madrid | septiembre 2007 – abril 2013

INTRODUCCION

Yo, Quenby Wilcox, de nationalidad americana-francesa, presento una queja al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid contra los abogados siguientes:

• Gonzalo Martínez de Haro of Vinader, Carlos y Associados (procuradora[1] Juan Bosco Hornedo Muguiro);
• Maria Fernanda Guerrero Guerrero
• Belén García Martin (procuradora María Pilar Lantero);
• Jose Manuel Hernández Jiménez (abogado de oficio);
• Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (procuradora Pilar Poveda Guerra);
• Alberto Fontes García Calamarte (procuradora Rafael Gamarra Megias);
• Miguel Martínez López de Asiain y Ignacio González Martínez (procuradora Rafael Gamarra Megias);

en Wilcox vs. González de Alcalá 607/2007, González de Alcalá vs. Wilcox 1140/2007 y 1143/2007 y todos acciones y litigaciones relacionados.

Mis quejas están presentadas al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y así el gobierno española, para consideración de los hechos y con el fin de reclamar mis derechos y reparaciones por daños y perjuicios personales (a Quenby Wilcox y mis hijos) tanto que daños y perjuicios profesionales (a Global Expats, www.global-xpats.com, anteriormente www.global-expats.com,) debido a los actos, y omisión de actos negligentes de los abogados citado en estas quejas.

Violencia de género como violación de derechos humanos y la obligación del Estado de proteger bajo el principio de debido diligencia

Como indica en el amicus brief por Gonzales vs. USA, 2011[2][i] en el cual los Estados Unidos eran encontrado culpable de violaciones de derechos humanos bajo el principio de debido diligencia  y su obligación de proteger: “Mientras esfuerzos de proteger victimas a travesía des reformas legislativas han sido hecho en muchas Estados y debe continuar de estar hecho para que los Estados llenar sus obligaciones, reformas legislativas solo no son suficientes para llenar el obligación del Estado hacia las víctimas’ Los leyes aprobados deben ser ejecutados en una manera que protege victimas de la violencia de género en la práctica. Como el Comisión ha dicho recientemente, “esta clara que la próxima etapa en protegiendo los derechos de la mujer, víctimas de la violencia de género y discriminación para asegurar su acceso de la justicia, es de pasar del la re cognición de derechos de jure hasta el ejercicio de facto de estés derechos.[3]“ Acceso a la justicia por mujeres, víctimas de la violencia en las Américas, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 18 (Jan. 20, 2007).

Subsecretario general y Directora ejecutiva de La Mujer de l’ONU, Michelle Bachelet, en sus comentarios finales al Stakeholders’ Forum on Preventing and Eliminating Violence Against Women “no hay una falta de prácticas buenas y innovadores por mujeres en ciudades y comunidades alrededor del mundo para responder a este crises. La falta no está en la visión, voces, y esfuerzos voluminosos que están hacienda mujeres alrededor del mundo. No, la falta se queda en otra parte – en la falta de prioridad política… Ahora, es el tiempo por gobiernos de traducir la promesas internacionales hasta acción concreta nacional…”    

Recordando la obligación del gobierno española y todos representantes de asegurar los siguientes:

El Constitución Española

Art. 1 del Constitución Española declara que:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Art. 9 del Constitución Española declara que:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Art. 10 del Constitución Española declara que:

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

(Convenio sobre los derechos del niño, Convenio sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Convenio sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, Principios y directrices básicos sobre el derecho de victimas, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales.)

Art. 13 del Constitución Española declara que:

1. 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

Art. 14 del Constitución Española declara que:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 15 del Constitución Española declara que:

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Art. 17 del Constitución Española declara que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

2. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

Art. 18 del Constitución Española declara que:

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable.

Art. 19 del Constitución Española declara que:

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Art. 20 del Constitución Española declara que:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

2. a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

3. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

4. c) A la libertad de cátedra.

5. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

6. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Art. 24 del Constitución Española declara que:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Art. 29 del Constitución Española declara que:

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Art. 32 del Constitución Española declara que:

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Art. 33 del Constitución Española declara que:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos.

Art. 35 del Constitución Española declara que:

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Art. 38 del Constitución Española declara que:

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Art. 39 del Constitución Española declara que:

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Art. 41 del Constitución Española declara que:

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Art. 43 del Constitución Española declara que:

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Art. 47 del Constitución Española declara que:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Art. 48 del Constitución Española declara que:

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Art. 53 del Constitución Española declara que:

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Art. 1 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Objeto de la Ley. – 1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Art. 1 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Ámbito de aplicación. – 1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Art. 3 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. – El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Art. 4 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. – La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Art. 5 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. – El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

Art. 6 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Discriminación directa e indirecta. – 1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

Art. 8 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Discriminación por embarazo o maternidad. – Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

Art. 9 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Indemnidad frente a represalias. – También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Art. 10 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. – Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

Art. 11 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Acciones positivas. – 1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.

Art. 12 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Tutela judicial efectiva. – 1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.

Art. 13 de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres declara que:

Prueba. – 1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

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Carta de Derechos de los Ciudadanos

Una justicia comprensible

5.- El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

6.- El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.

Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho.

7.- El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de Abogado y Procurador.

8.- El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

Una justicia atenta con el ciudadano

9.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales.

10.- El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad.

13.- El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.

17.- El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de un mes.

• Podrá presentar las quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o Tribunal, sus órganos de gobierno, las Oficinas de Atención al Ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

• Las Administraciones Públicas competentes implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía telemática.

• En todas las dependencias de la Administración de Justicia estarán a disposición del ciudadano, en lugar visible y suficientemente indicado, los formularios necesarios para ejercer este derecho.

18.- El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

• Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos de los ciudadanos darán lugar a una indemnización que podrá ser reclamada por el perjudicado con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

• Las reclamaciones indemnizatorias se tramitarán con preferencia y celeridad.

Protección de las víctimas del delito

22.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso.

• Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas resoluciones que afecten a su seguridad, sobre todo en los casos de violencia dentro de la familia.

• Se potenciarán los cometidos de las Oficinas de Atención a la Víctima y se ampliarán sus funciones buscando un servicio integral al ciudadano afectado por el delito, asegurando que presten servicio en todo el territorio nacional.

23.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad.

• Se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en dependencias judiciales a la espera de la práctica de cualquier actuación procesal.

• Las autoridades y funcionarios velarán especialmente por la eficacia de este derecho en los supuestos de violencia doméstica o de género, otorgando a las víctimas el amparo que necesiten.

24.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido de forma inmediata y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar.

• Se facilitará el uso de aquellos medios técnicos que resulten necesarios para la debida protección de la víctima, tales como los instrumentos de localización de personas, los mecanismos de teleasistencia y otros similares.

31.- El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con lo establecido en esta Carta y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias, particularmente cuando se trate de menores de edad y conforme a lo dispuesto por los convenios internacionales ratificados por España.

• Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución.

32.- Los extranjeros inmigrantes en España tienen derecho a recibir una protección adecuada de la Administración de Justicia al objeto de asegurar que comprenden el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan por cualquier causa.

• Los Jueces y Tribunales así como el Ministerio Fiscal velarán en todo momento por el cumplimiento de este derecho.

Una conducta deontológicamente correcta

33.- El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende, así como por el Procurador en la representación de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales.

34.- El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia.

36.- El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en el ejercicio de estas funciones.

Un cliente informado

37.- El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional elegido y la forma de pago.

• Los Abogados y Procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. A estos efectos se regulará adecuadamente y fomentará el uso de las hojas de encargo profesional.

• El cliente podrá exigir a su Procurador rendición de cuentas detalladas de los asuntos encomendados.

38.- El ciudadano tiene derecho a obtener del Abogado y Procurador información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten.

• El profesional deberá entregar a su cliente copia de todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas.

• El ciudadano podrá consultar con su Abogado las consecuencias de toda actuación ante un órgano jurisdiccional.

• Se potenciarán los Servicios de Orientación Jurídica, dependientes de los Colegios de Abogados, que ampliarán sus funciones para informar al ciudadano sobre sus derechos en la relación de confianza con su Abogado.

39.- El ciudadano tiene derecho a ser informado por su Abogado y por su Procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada.

• Los respectivos Colegios profesionales elaborarán un estudio de previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso, dependiendo tanto del tipo de procedimiento como de su complejidad, que será actualizada periódicamente.

Una justicia gratuita de calidad.

40.- El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente porun Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un Procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita.

• Los Colegios respectivos velarán por el correcto desarrollo de su función por parte del profesional designado.

41.- El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita.

• Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de este derecho.

EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS

1.- Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Carta. Estarán vinculados a ella Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

2.- El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Colegios profesionales competentes adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta.

3.- El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, llevará a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta, a cuyo efecto será regularmente informado por el Gobierno y los Organos del Estado e Instituciones públicas a los que se solicite. La memoria anual elevada por el CGPJ a las Cortes Generales incluirá una referencia específica y suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

También, recordando la obligación del gobierno española y todos representantes de asegurar los siguientes convenios y acuerdos internacionales al cual España esta signatario, y sobre cuales artículos se vuelven derechos constitucionales bajo art. 10.2 del Constitución Española:

Convenio Europeo sobre Derechos Humanos

Art. 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Derecho a la vida – El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley.

Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Prohibición de la tortura – Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Art. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado – 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre

Art. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Derecho a la libertad y a la seguridad – 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

Art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Derecho a un proceso equitativo – 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

4. a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;

5. b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;

6. c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan;

7. d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra;

8. e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.

Art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Derecho al respeto a la vida privada y familiar – 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

Art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Derecho a un recurso efectivo – Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Art. 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos declara:

Prohibición de discriminación – El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

Art.1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer declara:

A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Art. 2 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer declara:

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

1. a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

2. b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

3. c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra.

Art. 3 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer declara:

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

1. a) El derecho a la vida 6/;

2. b) El derecho a la igualdad 7/;

3. c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/;

4. d) El derecho a igual protección ante la ley 7/;

5. e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 7/;

6. f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar 9/;

7. g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/;

8. h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 11/.

Art. 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer declara:

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:

1. b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;

2. c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares;

3. d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos;

4. e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer;

5. f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer;

6. g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica;

7. h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;

8. i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer;

9. j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer;

10. k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones;

11. l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente vulnerables;

12. m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración;

13. n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios enunciados en la presente Declaración;

14. o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema;

15. p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional;

16. q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia contra la mujer.

Art. 5 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer declara:

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración

Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer

Art. 1 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Art. 2  de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

1. b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

2. c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

3. d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

4. e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

5. f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

6. g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Art. 3 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Art. 4 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

Art. 5 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

1. a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

2. b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Art. 6 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Art. 8 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Art. 9 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

Art. 10 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

Art. 11 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

2. a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

3. c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

4. d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

5. e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

6. f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

Art. 13 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

1. a) El derecho a prestaciones familiares;

2. b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;

Art. 15 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Art. 16 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer declara:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

2. c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;

3. d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

4. f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

5. g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;

6. h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para

las víctimas de delitos y del abuso de poder

Seccion A de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder declara:

Las víctimas de delitos

1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

7. a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

8. b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

9. c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

10. d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

11. e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

12. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales.

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasi oficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Art.7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todas personas al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

1. a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

2. i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

3. ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

4. b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

5. c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

6. d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

2. a) Participar en la vida cultural;

3. b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

4. c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

5. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

6. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

4. a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

5. b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

6. c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

2. Nadie estará sometido a servidumbre.

Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Art.14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley

2. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

3. a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

4. b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

5. c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;

6. d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

7. e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

8. f) A ser asistida gratuitamente por un interprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

9. g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

10. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

Art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

Art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

Art.  26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Convención sobre los Derechos del Niño

Art.1 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Art. 2 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Art. 3 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Art. 4 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Art. 5 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Art. 6 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Art. 7 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Art. 8 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Art. 9 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.

Art.10 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.

Art.18 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

Art.19 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Art. 20 del Convención sobre los Derechos del Niño declara:

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Fondos y principios legales bajo

la ley internacional y jurisdicción internacional

El abuso domestico como violación de derechos humanos y la obligación del Estado de proteger las victimas bajo el principio de debido diligencia estaba establecido por El Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos – Velásquez vs. Honduras (1988) y Gonzales vs. USA (2011,) y  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos – A vs. UK (1998.)

El obligación del Estado de proteger los derechos de la mujer está establecido por El Comité de Derechos Humanos[4]: “El Comité de Derechos Humanos ha establecido claramente que la obligación de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)] el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y otros malos tratos, y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres obliga a los Estados Partes a tomar todas las medidas necesarias para que las personas puedan disfrutar de esos derechos sin discriminación.[5] La obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres incluye la obligación de garantizar tanto una protección efectiva frente a los actos de violencia de género[6] cometidos por agentes gubernamentales y ciudadanos particulares como el acceso a una reparación efectiva cuando se produzca dicha violencia.”

Los abogados contra al cual este queja está dirigido siempre han defendido sus acciones, omisiones de acciones, y/o acciones de sus compañeros bajo la racionamiento que “así siempre hemos hecho en España,” “así se dice la ley en España” y “se han llenado los formularios y trámites judiciales correctamente, entonces no ha falta profesional.”  Ellos han pretendido que las violaciones de mis derechos humanos, constitucionales, y civiles repetidos en los últimos 7 años viene de una falta de leyes españoles y el sistema judicial español, y no por su negligencia. Bajo este contención los daños y perjuicios personales tanto que profesionales callan sobre el gobierno española por no haber llenado sus obligaciones, bajo el Constitución Española tanto que convenios internacionales, de aprobar leyes adecuados y producir una sistema administrativo judicial que permiten los actores judiciales de llenar sus obligaciones profesionales.

En evaluando los acciones (y omisión de acciones, art. 10 y 11 del código penal española) de los abogados aquí citado, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como agencia de gobierno y autoridad del Estado (bajo art. 24.2 del código penal,) está decidiendo y estableciendo:

• El estándar y nivel de debido diligencia exigido por el gobierno Española por los abogados Españoles en su defensa de víctimas de abuso domestica y amas de casas en trámites de divorcio.
• Si los abogados en España tienen la obligación de defender y promover las interesas y derechos de sus clientes bajo el Constitución, código civil, leyes españolas (Acto de Igualdad 3/2007, inter alía,) y código deontológico de la Abogacía Española, o si su obligación legal se reserva a solamente llenar formularios y documentos judiciales.
• Si la violación de mis derechos han sido resulta de negligencia profesional de los abogados, o si estaban causado por una falta del gobierno española de asegurar una sistema judicial, con leyes y trámites administrativos, que protege y defiende los derechos de mujeres y niños dentro de los tribunales, la comunidad, y la casa.

Y, finalmente el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en determinando si los abogados citados han llenado sus obligaciones y responsabilidades correctamente, están considerando y determinando, en el nombre del Estado Española:

• Si el matrimonio en España es un contrato entre dos personas con todas obligaciones y privilegios de cualquier contrato, bajo el código civil, ley española y internacional
• Si la ley de gananciales se aplica a las parejas en trámites del divorcio, y si artículo 33.3 del Constitución Española se aplica a mujeres casadas y sus derechos sobre bienes gananciales
• Si el trabajo de las amas de casa (las 24/7 horas laborales, el cuido de sus hijos y marido, y el contribución al desarrollo del carrera de su marido) está reconocido por el gobierno española bajo artículo 35 del Constitución Española, código civil (Capítulo IV), ley de contrato española y europeo, Acto de Igualdad 3/2007,  inter alía
• Si las mujeres en España tienen derecho a los mismos derechos Constitucionales, civiles, y humanos que los hombres en los tribunales españolas
• Si las mujeres en España tienen derechos constitucionales, civiles y humanos dentro del matrimonio y la familia, o si estos derechos se reserva exclusivamente dentro del ámbito público y laboral

En presentando mi queja al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid introduzco como documento acompañantes mis quejas siguientes:

• Denuncia al Naciones Unidos – la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer contra el Estado Española por violaciones de derechos humanos de la mujer y discriminación contra la mujer por actores jurídicas estatales y non-estatales, y por la falta de debido diligencia del Estado de investigar, juzgar y castigar adecuadamente los actos de violencia contra las mujeres – disponible sobre http://worldpulse.com/node/55730
• Denuncia al Defensor del Pueblo Española y Consejo General de Poder Judicial Española: Wilcox vs. Gonzalez de Alcalá y Gonzalez de Alcalá vs. Wilcox – disponible sobre http://worldpulse.com/node/52011
• Denuncia al Instituto de Mujer: Wilcox vs. Gonzalez de Alcalá y Gonzalez de Alcalá vs. Wilcox – disponible sobre http://worldpulse.com/node/50602
• Cartas a Patrick F. Kennedy, Subsecretario de la gestión del Departamento del Estado Americano, Embajador Solomont, Embajada Americana en Madrid, y el Consul General Americano en Madrid
• Petición al miembros del Congreso americano de iniciar una investigación (Oversight Hearing) sobre el Departamento del Estado americano y su falta de debido diligencia en asegurando la protección de los derechos de víctimas de la violencia domestico y debido proceso en tribunales al extranjero, bajo la ley federal americano y la ley internacional – disponible sobre http://worldpulse.com/node/64298

El Constitución Española, Código Civil y Código Penal, el ley Orgánica de Protección Intégrale contra la Violencia de Género, El Acto de Igualdad 3/2007, inter alía, ofrece unos principios y instrumentos legales ejemplarías para la erradicación de la discriminación y violencia contra la mujer, tanto que reconocimiento de la contribución de las amas de casas a su familia y la sociedad en general. Pero, sin una voluntad y dedicación de los abogados españolas y/o un sistema judicial administrativo en España que permiten actores judiciales de utilizar estos instrumentos, jamás los derechos de las mujeres serán avanzados de una manera efectivo y real.

Y finalmente, por consideración por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el caso presentado es el daño que la falta de debido diligencia de actores estatales y non-estatales judiciales, tiene sobre el desarrollo emprendedor y comercial en España (sobre todo iniciativos de la mujer.)

Como se puede notar en los documentos presentados, la intensificación de la violencia en mi casa y de la parte de mi ex marido, Sr. Javier González de Alcalá (alias Xavier Gonzalez,) era causado por mi refuta de renunciar a mis esfuerzos emprendedora. En julio 2007, el me ha dicho que si yo no dejaba de montar mi empresa Global Expats / www.global-expats.com (ahora www.global-xpats.com,) él iba quitarme todo mi dinero, bienes, y mis hijos, y tirarme a la calle sin nada. Aquello época lo he dicho que él era loco y no podía hacerme eso. El sorprendente, y preocupante, es la facilidad con el cual, el ha hecho exactamente lo que ha amenazado, demostrando una problema profunda y sistemática en la sistema judicial española (vea http://worldpulse.com/node/66096.) (Se debe notar que los problemas que se encuentra en la sistema española son los mismos en todos países, con una correlación muy alta entre el nivel de corrupción en general en el país, y la frecuencia y gravedad que encontramos violaciones de derechos en tribunales de familia.)

El concepto de Global Expats esta basado sobre una investigación de mercado, profundo y diligente (hecho en 2005-2006), sobre el Web 2.0 y 3.0, tendencias de la venta de publicidades sobre el Internet, los desafíos en la industria de movilidad global y familias expatriadas, pagines de web de expatriados competidores en el Internet. Como he previsto (y que todos los reportes aquello época ha previsto) redes sociales, redes profesionales, buscadores de información, y ventas publicitarias sobre el Internet han crecidos de manera explosiva en los últimos 6 años. Páginas web como (www.yelp.com, www.citysearch.com, www.facebook.com, www.linkedin.com) hoy en día están ganando cientos de millones de euros anuales.

La pagina web de Global Expats combina estos modeles comerciales, visando un mercado de casi 300 millones de personas alrededor del mundo con unos ingresos anuales agregados de €8 trillones usd. Desde el principio, este proyecto ha recibido mucho interesa y aprobación de la industria de movilidad global, compañías de relocalización, y multinacionales alrededor del mundo, por el simple razón que ofrece una solución completo por su desafío más grande; la relocalización de sus empleos y sus familias. Más información y el Plan de Negocios esta fichado sobre http://worldpulse.com/node/44543

Se debe notar que en 2004-05 los fundadores de www.facebook.com, y www.yelp.com eran nada más que “chavales” que han dejado sus estudios universitarios. Ellos no tuvieron ninguna formación, conocimiento, ni experiencia en marketing, ni gestión de empresas o proyectos, y sobre todo no tuvieron ninguna experiencia sobre la vida y los verdaderos desafíos que se enfrenten las sociedades o sus mercados. Pero, de repente debido a la alta necesidad de sus productos y mercados en expansiones explosivos desde 2006 ellos han vueltos los “chicos dorados” del Internet en solamente 5 años. Lo que pasa, es que el desarrolla del redes sociales y profesionales, buscadores de productos y servicios, y la venta de espacio publicitario era eminente por el futuro del Internet en 2005-06. Ellos eran en el buen sitio al momento oportuno.

Por supuesto estés chicos eran dotado de una alta conocimiento de la tecnología informática y han trabajado mucho para desarrolla sus proyectos. Y, hasta hoy en día siguen trabajando para actuar sus páginas webs, siempre buscando nuevos servicios y productos para estar competitivo en sus mercados. Pero, no se puede olvidar que todos estudios sobre el Internet desde el principio del siglo demuestra que el éxito de sus páginas web eran garantizados desde el principio.

Entonces, de creer que una mujer de 44 años;

• Titulado en marketing internacional y alta experiencia en la preparación des estudios de marketing
• Con experiencia trabajando en los mercados financieros, y entendimiento profunda sobre los problemas en el sector bancario y su impacto sobre él crisis económica global.
• Con alto conocimiento de la política y los desafíos políticas en países alrededor del mundo
• Con más que 10 años de experiencia gestionando equipos y organizaciones
• Con experiencia viajado alrededor del mundo durante más que 30 años, hablando tres idiomas perfectamente
• Con una alta experiencia y conocimiento sobre la genta, la vida y los desafíos de comunidades alrededor del mundo
• Con altísima experiencia y conocimiento de los desafíos de las familias expatriadas y sus relocalización

Y, que tuvo la misma idea para desarrollar una modelo de comercio exitoso y rentable en el Internet de unos “cháveles,” no será capaz de desarrollar una empresa tan exitoso que ellos, es completamente discriminatorio contra mujeres y amas de casas.

La SOLA dos razones que mi empresa no está desarrollado y ganando los mismos ingresos que mis competidores hoy en día, es que mi ex marido (ayudado por la negligencia de mis abogados) ha influido y/o pagado mis diseñadores de pagina web (Arnima Web Design) de sabotear mi pagina web. También, (con la ayuda de la negligencia de mis abogados) él ha bloqueado todo acceso de mis bienes y fondos en España durante los últimos 6 años, para que yo no tenía dinero para contratar otra diseñadora de página web y reconstruir una nueva página web.

Mismo si actores judiciales no han sido principales en las maniobras de mi ex marido, y sus esfuerzos para impedirme de montar mi negocio, ellos han sido accesorios de sus crimines.

La falta de debido diligencia de mis abogados y los jueces del juzgado de Móstoles, en dándome acceso a mis bienes, me ha impedido de creer una empresa que hubiese creado cientos de empleos en los últimos 5 años, y ingresos de más que €200-300 millones (creciendo por €6 millones/mes al presente.) ¿Cuantos otros emprendedores en España están incapacitados o obstaculizado cada año por las maniobras de estafadores y engañosos de crear y desarrollar empresas? Y, que no tienen remedios por trámites legales debido a una alta nivel de negligencia en los tribunales españolas.

Gobiernos alrededor del mundo están promoviendo y siempre buscando nuevas iniciativos para el desarrollo comercial en sus países, y gastando mucho dinero para hacerlo. Pero, ningunos de ellos en Europa Occidente, América de Norte o Australia están reconociendo, ni luchando, contra el corrupción en sus sistemas judiciales que está frenando y destruyendo el desarrollo económico y libro comercio en sus mercado internos. Un iniciativo que no solamente será mucho más rentable, pero promoviera sus esfuerzos en desarrollando país democráticas.

Se debe constatar que en 2008 mi ex marido me ha confesado que ya ha gastado €250.000 sobre sus esfuerzos de destruir mi página web y negocio, y defraudarme. Mientras, que esta suma debe incluir el “hacker,” escuchas telefónicas y dentro de mi casa, detectives, etc. (2006-2008,) no se puede descontar la posibilidad que se incluir sobornos a actores judiciales (2007-2012.) Exactamente, cuánto dinero mi ex marido ha gastado en sus esfuerzos, no está claro. Como no puedo (por negligencia de mis abogados) acceder información sobre cuentas bancarios gananciales, no se puede saber cuánto dinero él ha gastado, ni donde ha ido este dinero.

La pregunta que se levanta sobre este hecho es, si mis abogados han fallado de iniciar trámites legales para provenirme acceso a mis bienes y documentos financieros (y en violación de mis derechos Constitucionales):

• por tradiciones discriminatorios contra la mujer y ama de casa en España,
• por tradiciones sociales que actúan para silenciar víctimas de la violencia de género,
• para que yo no podía acceder evidencia sobre transferes o salidas de sumas de dinero usados por mi ex marido en gastos y/o sobornos asociados con sus manipulaciones ilegales (levantando la pregunta “¿Porque mis abogados quisieron ocultar este información”)

Mi caso no solamente demuestra como los tribunales están participando en la discriminación contra la mujer y fallando de proteger víctimas de la violencia de género, pero demuestra como el discriminación contra mujeres (y extranjeros) tanto que el corrupción en sistemas judiciales esta actuando de una manera negativa sobre el desarrollo de comercios y esfuerzos emprendedores en un país y así sobre su economía.

La crisis económica global ha traído más atención sobre la corrupción y sus consecuencias sobre el desarrollo económico de un país. Como se dice Victoria Jennett, en Geneva en la reunión de Corrupción y los derechos humanos en 2007.

 “Corrupción en la sistema judicial socava la democracia y derechos humanos tanto que disminuir crecimiento económica y desarrollo humano. El sistema judicial es la base de la democracia: encargado con el cumplimiento e interpretación de las leyes pasado por la legislatura e implementado por el ejecutivo.

También es el árbitro de desacuerdos entre partidos. Si una sistema judicial esta corrupta, oficiales publicas y grupos de interesas pueden actuar sabiendo que si expuesto, su corrupción y actos ilegales serán sin castigos. Confidencia publica en la gobernación y las instituciones del Estado esta erosionado como la corrupción judicial facilita la corrupción en todos sectores del gobierno y la sociedad. Derechos humanos son devaluado cuando cuidadnos no son acordados su derechos de acceso libre a los tribunales, ni reciben tratamiento igual por los tribunales. La comunidad de comercio internacional esta reluctante de invertir en países – muchas veces en países que necesitan los inversiones más que los otros – donde no hay el certitud del respecto al ley y ningún garantiza que los contratos serán respectado porque la sistema judicial está en el servicio de los que maneja el poder o con los bolsillos más profundas en lugar del servicio al ley.” El relación entre derechos humanos y corrupción: El impacto de corrupción sobre los derechos de la justicia igual y remedios efectivos.” THE INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, Review Meeting, Corruption and Human Rights, Geneva, 28-29 July 2007 www.ichrp.org/files/papers/136/131_-_Victoria_Jennett_-_2007.pdf.

El caso, Gonzalez de Alcala vs. Wilcox, ofrece la oportunidad de ver, paso por paso, como los actos (y omisiones de actos) por actores estatales y no-estatales, desprotegen mujeres y niños en trámites judiciales tanto que impiden el desarrollo emprendedores y libre comercio en un país.

Se debe notar que como un acto de buena fe, he ofrecido los abogados la oportunidad de expiar por su negligencia varias veces, y/o llegar a un acuerdo financiero por los daños causados por su negligencia, pero nunca ha querido ni examinar los hechos, ni el oferta que lo he hecho.

Espero que el Ilustre Colegio de Abogado de Madrid examinara los hechos presentados con una alta nivel de diligencia, acordándolos la importancia y gravedad que merecen.  El sistema judicial es la agalla de cualquier democracia. Sin una alta nivel de integridad, transparencia y contabilidad del poder judicial, la democracia, tanto que el crecimiento de una economía solido y productivo, nunca sobrevivirá.

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Mientras que el reconocimiento del abuso domestico y violencia de género como una violación de derechos humanos y la obligación de actores estatales y no estatales de proteger victimas bajo el principio de la debida diligencia es reciente dentro la ley internacional y precedentes legales,  A vs. UK, Velázquez vs. Honduras, y Gonzales vs. USA, son unos pasos muy importante en promoviendo los derechos de las víctimas.

De repente, para lograr que la defensa de los derechos de víctimas son defendidos de una manera sistemática dentro de sistemas judiciales, el fallo del Estado de defender victimas tiene que ser examinado desde una perspectiva interseccional, investigando el relación entre el corrupción, discriminación, negligencia, el fallo de reforma legislativa, y contabilidad judicial.

Además, para que gobiernos vuelven efectivo y competente en protegiendo victimas están obligados de asegurar una eficacidad y transparencia en los siguientes.

• Servicios y ambientes públicos que contribuyen a la prevención de abuso y violencia domestico, tanto que el protección de victimas, con consejo legal competente y diseminación de información factual, durante todo el proceso judicial.

• Servicios público, incluyendo sistemas judiciales, que a travesía del acción positiva, protegen y defienden los derechos, libertades y interesas del abuso y violencia de género de una manera efectivo, incluyendo, pero no limitado, al debido proceso bajo el ley.

• Servicios públicos, incluyendo sistemas judiciales, que a travesía del acción positiva revocan leyes, practicas y tradiciones que contribuye al discriminación en todo sus formas.

• Mecanismos y procedimientos efectivas que permite reparaciones para víctimas de abuso y violencia del mano de sus abusadores tanto que sanciones por actores estatales y no estatales que han fallado de ejercer debido diligencia en el prevención del dicho abuso, o peor contribuya al abuso de la víctima con prácticas y acciones discriminatorias.

Pero, quizá el más importante en promoviendo y asegurando derechos de victimas es entendiendo que detrás de cada historia, cada vida, hay muchos actores y muchos acciones que han contribuido al dolor y sufrimiento de estés mujeres, niños y a veces hombres.

Abusos de poder, dentro de la casa, familia o comunidad, no son incidentes estáticos e aislados, pero son un parte de una dinámica cultural que está diseñado de mantener una status quo y violencia. Hasta que el ciclo de abuso en nuestro sociedades y comunidades esta desmontado a travesía de los esfuerzos y acciones de cada miembro, denunciando y sancionando todos formas de abusos de poder, en nuestros vidas personales tanto que profesionales, esta “guerra sobre el terror” nunca será ganado. Mientras los últimos años han sido muy difícil, el separación de mis hijos el más difícil de todo. Mis luchas me han mostrado hasta qué punto la apatía de la gente, sobre todo funcionarios y actores judiciales, son fomentando, promoviendo, y sostenido violaciones de derechos humanos y civiles dentro de sus propios fronteras.

A- Queja_deontologia – Gonzalo Martínez de Haro de Vinander, Carlos y Associados – attachments

B- Queja_deontologia – Maria Fernanda Guerrero Guerrero – attachments

C- Queja_deontologia – Belen Garcia Martin – attachments

D- Queja_deontologia – Silvia Hinojal – attachments

E- Queja_deontologia – Jose Manuel Hernandez Jimenez – attachments

F- Queja_deontologia – Jorge Capell, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira – attachments

G- Queja_deontologia – Alberto Fontes Garcia-Calamarte – attachments

H- Queja_deontologia – Miguel Martinez Lopez de Asiain y Ignacio Gonzalez Martinez – attachments

I- Queja_deontologia – Cuatrecasas, Gonçalves Pereira – attachments

 

CONCLUSION — Quejas al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – Gonzalez de Alcala vs. Wilcox 1143-2007

 

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Footnotes

[1] Bajo el ley Española y parámetros indicado por el Consejo General de Procuradores de España parece que mis  procuradores eran bajo un obligación de notificar el tribunal y el juez de instrucción, y/o autoridades apropiadas sobre cualquier irregularidades, transgresiones, o negligencia profesional o criminal (o el intención de cometerlo) por actores judiciales, y entonces poseen un responsabilidad legal y obligación por daños financieros sufrido por mi y/o mis hijos en relación de mi caso. Mismo si no eran autores de dichos infracciones, ellos se vuelven encubridor de un delito por su omisión de actuar bajo la ley Española.

[2] A full listing of all Amicus Briefs in  Gonzales vs. USA are posted on  http://web.law.columbia.edu/human-rights-institute/inter-american-human-rights-system/jessica-gonzales-v-us/gonzales-case-page

[3] Discriminación de jure y de facto y la violación de derechos dentro de la sistema judicial esta explorado y discutido profundamente en UN Division for the Advancement of Women – Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Women (www.unwomen.org), Office of the High Commission for Human Rights: Women’s Rights and Gender Unit (Banda, Fared) – Project on a Mechanism to Address Laws that Discriminate Against Women, 2008 (www.ohchr.org.)

[4] Amnistía Internacional 2008: España – Información para el Comité de Derechos Humanos

[5] Observación general Nº 28: La igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3), doc. ONU: CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, del 29 de marzo de 2000.

[6]Naciones Unidos: Asamblea General – Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer – Informe del Secretario General, 6 julio de 2006 Definiciones de la violencia contra la mujer Recomendación general N° 19 – La violencia contra la mujer por motivos de género es “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad..” “La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención ^a.”

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, artículo 1 – Por “violencia contra la mujer” se entiende “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privació arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada^b.”

Resolución de la Asamblea General sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar

Reconoce que “la violencia en el hogar puede incluir privaciones económicas y aislamiento, y ese tipo de comportamiento puede constituir un peligro inminente para la seguridad, la salud o el bienestar de la mujer ^c.”

Notas

^a Recomendación general N° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, párrs. 6 y 7.

^b Resolución 48/104 de la Asamblea General.

c Resolución 58/147 de la Asamblea General.

[i] Amici Curiae Brief presented to the Inter-American Commission on Human Rights in the Case of Jessica Ruth Gonzales, Petition No. P-1490-05 (United States) by Andrew Rhys Davies, Katherine L. Caldwell of Allen & Overy LLP (NY, NY) for the Center for Justice and International Law (CEJIL); CLADEM,  the Latin American and Carribean Committee for the Defense of Women’s Rights; Asociation Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)- Argentina; Asociacion por los Derechos Civiles (ADC)-Argentina; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-Argentina; Fundacion Mujeres en Igualdad-Argentina; Fundacion para Estudio e Investigacion de la Mujer-Argentina; Instituto de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata-Argentina; Tracy Robinson Faculty of Law, University of the West Indies-Barbados; La Oficina Juridica Para la Mujer de Cochabamba-Bolivia; Constance Backhouse, Professor of Law and University Research Chair, University of Ottawa-Canada; Canadian Association of Sexual Assault Centres-Bristish Columbia; Canada, Harmony House-Ottawa, Ontario, Canada; Profesor Elizabeth Sheehy, Univertisy of Ottawa Faculty of Law-Canada; Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional (CEDHUL)-Colombia; Corporacion Sisma-Mujer-Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas, Colombia; Fundacion Paniamor-Costa Rica; La Fundacion PROCAL (Promocion, Capacitacion y Accion Alternativa)-Costa Rica; Centro de apoyo Aquelarre (CEAPA), Dominican Republic; Nucleo de Apoyo a la Mujer (NAM)-Dominican Republic; Jacqueline Sealy-Burke, Director, Legal Aid and Counseling Clinic (LACC)-Granada; Comision Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH)-Mexico; Organizacion Popular Independiente, AC, Cd. Juarez, Mexico; Organizacion Red de Mujeres Contra la Violencia-Nicaragua; Centro de la Mujer Panamena (CEMP)-Panama; Asociacion Pro Derechos Humanos (APRODEH)-Lima, Peru; Red Nacional De Casas De Refugio Para Mujeres y Ninas Victimas De Violencia; Familiar y Sexual-Peru