Estimada Sras. Fernández, Jaime, linares, Martin, Rodriguez, Chauca, García, Jiménez, Perez, Fernández, y Gil;

Me pongo otra vez en contacto con ustedes sobre mi caso de violencia doméstica y divorcio en España (2007-2013). Espero este vez ustedes alentaran autoridades públicas apropiadas en Madrid de cumplir con su obligación (bajo ley internacional tanto que ley nacional) de investigar mis quejas con diligencia e integridad. Lo ruego ver una copia de mi correspondencia al Defensor del Pueblo como mi última esfuerzo de agotar los recursos internos antes de presentar mi caso al Comité sobre la Eliminación de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), con todas correspondencias 2007-present fichados sobre www.warondomesticterrorism.com.

Durante los últimos 8 años, he acudido TODOS los ‘recursos disponibles’ para mujeres emprendedores y mujeres víctimas de la violencia de género en España, EE.UU., y Francia[1] y NINGUNO de estos organizaciones (estatales o non-estatales) han ofrecido la asistencia que están prometiendo en sus publicidades.

En todos estos años he solicitado asistencia del Centro de Género de Villanueva de la Cañada, y 7 otros centros en Madrid que publican que sus servicios incluyen “acogida, orientación y apoyo a nivel social, jurídico y psicológico para ti y tus hijos/as,” pero no he recibido la asistencia solicitado o publicado.

Lo que más necesitaba (y cualquier victima necesita) era un abogado que tuvo la capacidad y ganas de defender mis derechos e interesas, y lo que pide en TODOS reuniones y conversaciones telefónicos con los centros de ‘ayuda’ en España (y EE.UU. www.866uswomen.org/); sin éxito.

Y, en mi docena reuniones con centros de asesoramiento del Colegio de Abogados de Madrid me han siempre contestado “no sé, no es mi especialidad” o “no sé, no soy abogado, soy accesorio jurídico.”  También, de manera repetido, solicité asistencia y apoyo psicológico por mis hijos en el centro en Villanueva de la Cañada, y aunque me llamaron varias veces en 2008 preguntando si deseaba todavía asistencia por mis hijos (contestando que “Si”), nunca entregaron ningún servicio.

No sé si el refuto de la personal de estés centros de entregarme la asistencia solicitado, era porque el centro solamente existe para dar “apariencias” que el gobierno española está combatiendo la violencia de género, pero en realidad no entrega asistencia a nadie. O si, ellos asisten españolas, pero niegan asistencia de las extranjeras. – En los dos casos, la falta de entregar los servicios solicitados, y prometido en sus páginas webs, es en violación de la ley española, y ley internacional – y es publicidad engañosa.

Investigaciones durante los últimos 30 años demuestra sin duda que las asociaciones de mujeres no están efectivos en su lucha contra la violencia de género, tanto que el desempoderamiento y opresión de la mujer por los juzgados de familia, debido a sus dependencias sobre fondos públicos. (Y por este razón mi organización, Global Expats está concebido de ser fin de lucro para ayudar y empoder mujeres. Todo el mundo habla de empoder mujeres, pero nadie está haciéndolo – como mi caso demuestra.)

Como explica Leigh Goodmark en Un Matrimonio Problemático: Violencia Domestica y el Sistema Legal, los problemas destaques de centros de ayuda es su dependencia sobre fondos públicos, y como este dependencia ha deshabilita el función de activismo dentro del movimiento de los derechos de la mujer.

“La causa del movimiento de mujeres maltratadas ha sido domado por las coaliciones y compromisos que han hecho para poder recibir fondos del Estado… Defensores han perdido sus habilidades de servir como vigilante sobre el sistema de la responsabilidad una vez que han entrado en el sistema que estaban criticando. Como explicación sobre el estado del movimiento de la mujer maltratado que es “moralmente y políticamente a la deriva,” profesora de la ley G. Kristian Miccio dice que la transformación del movimiento ocurrió cuando los gobiernos empezaron financiar las redes de agencias de servicio. La financiamiento por gobiernos ha cambiado un movimiento dedicado a la erradicación del patriarca y asegurando el empoderamiento de la mujer y su autonomía,  a uno “jugador” dentro de “la industria del organizaciones sin ánimo de lucro…aumentando el número de centros apolíticos que focaliza sobre un recuperación ‘saneado,’ sin ningún objetivos políticos, si quieren guardar sus fuentes de fondos financieros… [Como] una defensora explicó, “No muerdes el mano que te da a comer. Si el fiscal está firmando su cheque cada mes, no vas a levantarse en un reunión público y decir que la fiscalía no están haciendo su trabajo.”

El movimiento de la mujer maltratado imaginaba una sociedad donde el sistema legal será responsivo a las necesidades de la mujer, intervenir para prevenir su subordinación en el proceso, subvertir el poder patriarcal. Con feminismo de dominancia como la filosofía principal y el poder del feminismo de gobernanza, el movimiento lucho por y victorias legislativos que lo han permitido de reconstruir el panorama legal, creando remedios en sistemas judiciales penales y civiles y los fondos para desarrollar estés sistemas. Pero, estés victorias han venido con un precio.[2] El movimiento fue centrado sobre la mujer a uno centrado sobre la víctima, de auto-ayuda de salvación, de trabaja con mujeres hasta generar los opciones que llena sus necesidades hasta una política del opción único de separación, facilitado por el intervención hasta mandatando tal intervención. La pregunta que se levanta es, si por mujeres víctimas del abuso, el precio que han pagado valió la pena”

El hecho que el movimiento de abuso doméstico no ha desarrollado otras opciones, aparte de la separación, sin esfuerzos del movimiento feminista de desarrollar un ideología que defendía los derechos de la mujer en el ámbito privado, tanto que defiende et promueve la importancia del trabajo (sin remuneración) que las mujeres dentro de la familia et hogar hacen, ha creído una situación donde la mujer no tiene otro opción que une ruptura matrimonial, pero tiene que ser lista de renunciar todos sus derechos económicos et custodiales, para conseguirlo.

Como explica en el “biografia” de Martha Albertson Fineman de la Universidad de Emory[3]

“hace tres décadas cuando fundió el proyecto ‘Feminist Legal Theory” (FTL) — derechos de igualdad, derechos del pago igual, y acceso a los oportunidades laborales igual que el hombre. Durante que hubo un progreso innegable por mujeres en muchas áreas de la ley, desde 1984, unas áreas, como los derechos reproductivos y al ‘pago equitativo,’ son todavía un punto destaque.

“Cuando se considera que es justa y equitativo en un divorcio, el división equitativo de las cargas y beneficios que existen durante el disolución del matrimonio resultará en inequidades considerables — porque no se toma en cuenta las desigualdades que existe durante todo el matrimonio, muchas que afectan los oportunidades futuros…

Tres tipos de inequidades debe ser tenido en cuenta cuando decida divisiones de bienes, suporte después del divorcio, y custodia: inequidades en el mercado laboral, poder de negociación entre esposos en relación de poder adquisitivo, lo que da el hombre el poder en decisión familiares; e injusto en los obligaciones como cuidadora de los niños dentro el matrimonio y después.” En una crítica reciente, Fineman destacado que el bien social de los niños beneficia más que la familia y así desencadena  la responsabilidad del estado. Esta responsabilidad, dice Fineman “nos lleva bien más legos que beneficios de maternidad, dentro del argumento por una política de bienestar social que beneficia las que produce niños o las que cuidan los niños que ‘producen.’ Lo hace mandatorio que la sociedad, incluyendo el mercado, comparta el coste y la carga asociado no solamente con el embarazo, pero también el cuido del generación futuro.”[4]

Mientras que investigaciones y expertos en EE.UU. han demostrado que gobiernos están ‘des-empoderando’ asociaciones de mujeres (mientras que están empoderando grupos de hombre supremacistas) el hecho que el gobierno está discriminando contra la mujer, no impugna el obligación legal de las asociaciones de ofrecer asistencia a todas mujeres, lo que sean su nacionalidad, o estatuto socio-económico. Tampoco, impugna las asociaciones de su obligación de notificar autoridades apropiadas, cuando poseen información que unos abogados están violando los derechos (económicos, custodiales, y otros) de sus clientes. La falta de reportar información sobre infracciones penales de los propios abogados de la mujer, implica dichos asociaciones como asesorías de las infracciones penales de los abogados bajo art. 450 y 451 del código penal.

Mientras que actores estatales/autoridades públicos tienen un obligación legal (y penal bajo el ‘omisión de acto’) de asistir víctimas, tanto que denunciar cualquier persona que intenta de encubrir evidencia de la violencia de género, intimidar o amenazar víctimas, asistir en la malversación/fraude de bienes de las víctimas, etc. a los autoridades públicos apropiados, actores non-estatales también tienen un obligación profesional (y así legal) de asistir sus clientes y/o constituency. Así, estas organizaciones y NGOs tienen una obligación de ofrecer la asistencia que están incluido en sus ‘publicaciones’ sin prejuicios a las mujeres sobre su nacionalidad y/u otro criterio discriminatorio.

En los últimos 4 años he vuelta muy activista en EE.UU. y Europa, investigando y denunciando las violaciones de los derechos y discriminación contra la mujer en los cortes. Mis investigaciones abarcan multiplicas disciplinas – ley, sociología, psicología, psiquiatría, economía, genero, historia, política en contexto del desarrollo de los ‘movimientos de géneros’ (derecho de la mujer, violencia de género, y derechos humanos de la mujer) de los últimos 60 años, y dentro de un contexto de estés movimientos uno perspectivo mundial.

Los resultados de mis investigaciones indican no solamente una crisis horrífica en los juzgados de familia, pero que esta crisis se extiende a los sistemas judiciales en general. Así, lo que está en juego, no es solamente la vida, dignidad y derechos de millones y millones de mujeres y niños, pero también está en peligro el modelo democrático y democracias alrededor del mundo, si eses tendencias continúa de crecer sin parar.

Los resultados son fichados sobre www.warondomesticterrorism.com, con los asuntos destaques y argumentaciones presentados en  mi blog  Womenalia – Having It All (ingles) expone los asuntos destaques de punto vista ideológico, político, y de derechos humano de la mujer – focalizando sobre el obligación de los gobiernos, y sus cortes de reconocer los derechos de la mujer dentro del matrimonio y la familia.

Por lo del anterior, estoy solicitando su apoyo en mi solicitud a las autoridades públicos españoles de investigar los hechos de mi caso, tanto que mis alegaciones contra los actores judiciales implicados.

El ‘responsabilidad’ del Estado en defendiendo los derechos de la mujer (sobre todo víctimas de la violencia de género) proviene de su obligación de producir agencias administrativos que son diligente, transparente, e integra en su actuación. Así, es imperativo que autoridades públicos combatan la discriminación dentro de la abogacía y dentro los cortes, sancionando todos actores judiciales en casos de negligencia, mala práctica, corrupción, y/o discriminación.

La “defensa” de abogados, jueces, autoridades públicos, etc. por sus violaciones de derechos de mujeres y niños, es el dialogue que “como todo el mundo está ‘haciéndolo,’ no pasa nada, no importa a nadie” – racionalizando sus comportamientos como unos niños jugando en el arenero. Estas “profesionales” saben (o deben saber) que sus acciones, y omisión de acciones, son infracciones penales extremamente grave, y la premeditación y apatía por las consecuencias de su comportamiento vuelven sus crímenes particularmente atroz e inhumano.

El situación es tan grave y peligroso que en González Carreño vs. España[5] el gobierno española contendió que los problemas en sistemas judiciales españoles son nada más que ‘errores judiciales,’ y bajo la competencia de sistemas disciplinarios. De repente, mi caso demuestra sin la mínima duda, el sistema ‘disciplinario’ judicial en España, no existe, y así el gobierno está fallando completamente en su obligación de asegurar diligencia y competencia en respectando la Constitución Española y leyes nacionales, tanto que internacionales – así atenuando la legitimidad del gobierno española y sus cortes.

Pero, la situación en España no es un ‘caso aislado.’ Lo que abogados y jueces están haciendo en España, abogados y jueces alrededor del mundo están haciendo en sus propios países, con el situación agravándose cada día. Acción inmediata por los gobiernos en obligando y forzando abogados y jueces de llenar SUS OBLIGACIONES legales de implementar leyes nacionales, (y normas bajo convenios internacionales), con sanciones estrictos por cualquier que no cumple con sus obligaciones deontológicas, es IMPERATIVO, SIN DEMORA!

Autoridades públicos, tanto que abogados y jueces, están contiendo, y argumentando, que el principio de independencia judicial permiten abogados y jueces de “hacer lo que dan la gana” sin obligación de rendir cuentas o dar explicaciones por sus acciones, y omisión de acciones, ni las consecuencias de sus acciones, y omisión de acciones. Así, lo que están argumentando es que la abogacía, tanto que cualquier abogado en España, tienen el derecho de discriminar, cometer crimines contra sus clientes, y violar sus derechos con todo impunidad. Claramente en violación del Constitución, convenios internacionales y el espíritu de los últimos 60 años de jurisprudencias de derechos humanos.

No se puede disminuir la gravedad y peligro del situación – que la abogacía de un país puede contender, y ser apoyado en su contención por el poder ejecutivo y legislativo (por su omisión acciones), que es EL DERECHO de abogados, y la abogacía, de discriminar contra mujeres, desafiando los decisiones del poder legislativo y las leyes del país. El hecho que la abogacía del país puede usurpar el poder legislativo para perpetuar y sostener un régimen machista, dictatorial y discriminatorio, sin que los otros poderes desafían y denunciar las acciones, es peligroso por el Constitución y por los principios democráticos.

La falta de la abogacía de combatir elevados niveles de discriminación dentro de su profesión en los últimos décadas, es el razón que estamos viendo casos como María José Carrascosa en Nueva Jersey, Lori Landrihan en Maine[6], Beth Schlesinger en Austria[7] (mujeres amenazados y encarcelados en prisiones y centros psiquiátricos por sus denuncias de la violencia doméstica). Todo el mundo está ‘racionalizando’ el situación, bajo el contención que “ella ha infringido la ley, así debe ser encarcelado” – poco importa que ‘Ella’ está defendiendo su vida y la vida de sus hijos. No importa que todo el mundo (abogados, jueces y otros actores judiciales) están infringiendo la ley en encubriendo violencia de género, y/o las violaciones de sus derechos económicos y custodiales, con el gobierno cruzando sus brazos.

Lo ruego ver ajuntado dos tablas que enumera las violaciones de derechos humanos, constitucionales, y civiles, tanto que infracciones penales de abogados cuando encubren evidencia del abuso doméstico (con su omisión de acción de presentarlo al corte) y/o ayudando el marido defraudar su mujer (con su omisión de acción de solicitar todos extractos de cuentas, declaración de impuestos, títulos sobre finca raíces, pensiones, seguros… en fin todos, todos documentos financieros, a travesía del corte).

Las tácticas que están usando abogados y jueces en oprimiendo y silenciando mujeres, que sean víctimas de la violencia de género o no, son los mismos usados por el abusador. Es precisamente por esta razón que es casi imposible de encontrar abogados de familia competente, y suficientemente libre de prejuicios de género, que defiende mujeres de manera efectiva, y que integra normas internacionales en su actuación. Los prejuicios contra la mujer están tan profunda en el mente de actores judiciales, que él situación es un círculo vicioso que está creciendo cada vez que el corte decide que “la queja de la mujer fue nada más que una ‘denuncia falsa,’” así perpetuando el mito falso.

Desde septiembre 2007 hasta 2012 no he parado de buscar, y pedir ayuda, a todos centros de ‘ayuda social’ por víctimas de la violencia de género, en Villanueva de la Cañada y Majadahonda, tanto que Madrid (y EE.UU y Francia); sin ningún éxito.

Como, ya he dicho, los problemas en los juzgados de familia son los mismos en todos los países del mundo, con las tendencias discriminatorios, y dañosos, más ‘avanzados’ y ‘desarrollados’ en EE.UU. con los estudios y reportes demostrando elevados niveles de discriminación contra la mujer. También, lo que demuestra los reportes es que los problemas están agravándose cada año.

Por ejemplo, sobre el debate de custodia compartido, y el contención que padres deben tener los mismos derechos que madres sobre la custodia, no reconoce el situación contractual del matrimonio y el contribución de la mujer por su labores físicas cotidianas tanto que el suporte emocional que ella aporta a sus hijos y familia.

Hasta que en EE.UU. en “1981 John Rossler y Dr. Robert Fay, los dos miembros de New York Equal Rights for Fathers, propuso que madres o “amas de casa” sean ordenado por el corte de entregar a sus exmaridos servicios domésticos como su forma de pensión compensatoria “es degradante [por las amas de casa] de pensar que el sola contribución de valor y bastante esencial para merecer compensación después del matrimonio, sea el contribución financiero del hombre. Entonces resolvemos y sugiérenos que el concepto de ‘pensiones compensatorios’ o ‘manteamiento’ sea ampliado para incluir… contribuciones de la exmujer, como limpieza de casa, cocinar, secretaria o contabilidad [al exmarido]… Tal servicio debe ser asignado por un periodo especifico.”

Así, estas grupos de “igualdad” son proponiendo que la mujer, ama de casa, después de 10, 20, 30, 40, 50, 60… años de trabajar 7 días al semana, sin vacaciones o días de descanso, y sin ningún remuneración financiero, después de divorciarse tiene que seguir trabajando gratis (y como una esclava), por su ex marido.

¡Me gustaría saber lo que dirán todos estés hombres si alguien lo decía “para dejar tu trabajo (o ser despidida) tú tienes que seguir haciendo el trabajo (sin remuneración),  porque tú has ‘dañado’ el empleador en dejándolo sin empleador. Además tienes que renunciar todos tus ahorros, tu casa, tus hijos, tus planes de seguros y salud, tu pensión, y todos derechos a la indemnización laboral para irse — pero tiene que seguir viniendo a trabajar! – ¡De verdad me gustaría ver las manifestaciones violentas en las calles que habrá, si un gobierno propusiera una regla así¡

A pesar de sus contenciones tan fachoso, desde los años ’80, grupos de ‘derechos patriarcales’ alrededor del mundo, han usado este tipo de retórica e estés ideas ridículos en su lobbying del abogacía y todas instituciones gobernalles, tanto que las medias de comunicación.  Este ‘backlash’ que surgió como repuesta del feminismo de los años ’60 y ’70, en conjunto con el Administración del Reagan, y sus ’amigos’ (Thatcher, etc.) en Europa, ofreció un terreno político ‘machista’ donde estés ideas discriminatorios han crecidos y prosperados.

Los estudios y reportes también demuestran que la falta de grupos de interés y activistas de combatir discriminación en los cortes ha creído un “backlash” al “penalización” del abuso doméstico. Leigh Goodmark en su libro, Un Matrimonio Problemático: Violencia Domestica y el Sistema Legal explica el problema;

“En poniendo el VAWA (Acto sobre la violencia de género) original dentro del Acto de Crimen del Omnibus de 1994) legisladores lo defino como problema penal dentro del enmarque judicial. Sponsors y partidarios del VAWA vendió la legislación como “un enfoque comprehensivo que es estricto con criminales y ‘Listo’ en el prevención de crímenes.”…el objetivo del acto era cambiar lo que era visto como una respuesta ligera de parte de la sociedad, y su actitud sobre la violencia de género. Como Congresista Carolyn Maloney de Nueva York explico, “Ahora, si ataca un desconocido, se va a la cárcel. Si ataca a su esposa, se manda para terapia. El Acto sobre la violencia de genero pone fin a este sistema torcido.” Visto este tipo de retorico, no es sorprendente que la mayoría del dinero de VAWA fue destinado, directamente o indirectamente, al sistema judicial penal. Pero, el focalización sobre una sistemas judicial penal descarto otros estrategias necesarios para combatir la violencia doméstica. Usando el sistema penal hubiese sido uno de las estrategias, no la sola estrategia por combatiendo el abuso; en el juego de suma cero de donares, dinero gastado sobre las fuerzas del ley no son dirigido a otros servicios  por mujeres víctimas del abuso, como alojamiento, formación profesional y técnico, educación, o desarrollo económico…. Como ha dicho profesora G. Kristian Miccio dijo “en focalizando solamente sobre el sistema judicial penal y sanciones penales, otros aspectos de la vida comunal que contribuye a la perpetuación de la violencia machista se queda sin examinación – y sin responsabilidad.” [8]

La respuesta política tan uni-lateral y conflictual sobre la violencia de género que Goodmark identificó en sus libro es ejemplaría de la manera que sociedades y políticos ha enfrontado problemas socio-económicos, y lo que se llama estilo de gestión ‘alpha’ disfuncional que falta un mínimo de inteligencia emocional.  Y, así es el fondo, y raíz, del problema — desde décadas profesiones de todos tipos han integrado investigaciones y literatura académica de manera uni-lateral y conflictual, y no de manera comprehensivo e interseccional.  Así, ahora, se debe enfrente y ‘reparar’ el problema original, tanto que los problemas que han sido producido por los ‘soluciones’ disfuncionales del pasado. Pero, en lugar de atacar los problemas con nuevas perspectivos y mentes, sociedades alrededor del mundo están ciegamente siguiendo los ciegos, atacando los problemas con más problemas.

Además, la focalización sobre la penalización del abuso doméstico, como sola solución del problema, fortaleza y profundice los mitos que demonice la mujer. Actores judiciales, por sus prejuicios contra la mujer, son ‘empujado’ de encubrir evidencia de abuso doméstico para proteger los ‘pobres hombres’ de una encarcelación por algo que es su ‘derecho’ – castigar su esposa e sus hijos.

Pero, como constata Karen Winner en Divorcio de la Justicia: El Abuso de mujeres y ninos de abogados de divorcio y jueces estas prejuicios de género y discriminación contra la mujer por abogados y jueces va más lejos de unos actos penales cometido por actores judiciales, está discriminación está impidiendo el desarrollo de la igualdad en las sociedades – y así en violación de arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, y 18, inter alía. Como explica Winner, “leyes que son supuestamente ‘genero-neutro’ son usados como útil de discriminación y abuso contra mujeres, con una ferocidad que parece sin paralela en la historia moderno de América. Ahora mujeres están legalmente condenado de dejar sus hijos, sus casas, y su seguridad económica. El hecho que la socavación del intento de la ley ha sido hecho bajo la nariz de los poderes judiciales alrededor del país—y ha sido abiertamente reconocido—volviendo este fenómeno todavía más chocante… Antes las igualdades eran integradas en las leyes. Ahora, las leyes han cambiado, pero no los actitudes de la gente cargado con la aplicación de las leyes.”[9]

Por lo del anterior, espero que ustedes asegurar que las autoridades públicas apropiadas en España investigara mis alegaciones, enumerados en mis quejas oficiales siguientes:

1. Instituto de la Mujer – Queja al Instituto de la Mujer – Discriminación Contra la mujer por las tribunales de familia[10] (2012) – ha negado investigar
2. Consejo General del Poder Judicial (Queja 1[11] – no ha contestado
3. Defensor del Pueblo (2 veces): –

• Queja 1[12] – han negado investigar, contendiendo que, como el caso era todavía “en curso,” ellos no pudieron hacer nada. Y, que el caso era “solamente un asunto custodial” (recordando que los casos González Carreño vs, España y Gonzales vs. EE.UU. y las 2+ millones de niños condenado por los cortes de familia de vivir con pedofilias y abusadores por cortes de familia son” ‘nada más’ que “un asunto custodial” – así sin importancia)
• Queja 2[13] – No han contestado, pero o menos después de mi comunicación en abril 2014, el Colegio de Abogados de Madrid me mando su 2^O resolución (un resolución que fue pronunciado el año anterior).

4. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – ha negado investigar (4 veces), conteniendo que:

• Decisión 1[14] dice que “es el derecho del abogado de violar los derechos de su cliente”[i]
• Decisión 2[15] dice que los abogados (contra quien las quejas eran dirigido) “dicen que no han hecho nada malo – así están impugnados de todo falta”
• Decisión 3[16] dice que para presentar una queja al colegio de abogados una demandante tiene que ser personalmente acompañada y representada por un abogado y procuradora
• Decisión 4 dice que vuelven mi comunicación si constancia
• Se constate que bajo art. 2.1 del Decreto 245/2000[17] el Colegio de Abogado de Madrid tuvo que transmitir el caso “al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente” y suspender su investigación hasta que recaiga una resolución judicial firme sobre infracciones penales de abogados denunciados. La necesidad legal del Colegio de Abogado de Madrid de transmitir al caso al Ministerio Fiscal se constató en mi 2^o queja[18]

Espero que en llamando atención a este situación insustentable e inaceptable, usted asegura que las autoridades apropiadas cogerían las acciones necesaria, y así evitar la necesidad de llevar mi caso (y otros) al tribunales internacionales.

Atentamente,

 

Quenby Wilcox

[1] En el caso de Francia ha sido solamente 2 asociaciones de mujeres encima de mis solicitudes al Consul francais en Madrid.

[2] The battered women’s cause had been considerably tamed by the coalitions and compromises it made in order to receive state and federal funding… Advocates lost their ability to serve as an external check on system accountability once they moved inside of the systems that they had once critiqued. In an attempt to explain why the current state of the battered women’s movement is “morally and politically adrift,” law professor G. Kristian Miccio points first to the transformation of the movement through government funding into a network of social service agencies. Government funding changed a political movement dedicated to eradicating the patriarchy and ensuring women’s empowerment and autonomy into a player within the “nonprofit industrial complex… increasingly depoliticized centers focused on a sanitized version of recovery, with no politics allowed if you want to keep your funding… [as] one advocate explained, “You don’t bite the hand that feeds you. If the state’s attorney is signing your paycheck, you’re not gonna’ stand up in a public meeting and say that prosecutors are failing to do their job.”…

The battered women’s movement envisioned a society where the legal system would be responsive to women’s needs, intervene to prevent their subordination and in so doing, subvert patriarchal power. With dominance feminism as a guiding philosophy and the power of governance feminism, the movement fought for and women legislative victories that allowed it to reconstruct the legal landscape, creating criminal and civil justice remedies and funding the development of those systems. But those victories came at a price. The movement went from being a women-centered to victim-centered, from self-help to saving, from working with women to generate the options that best meet their needs to preferring one option, separation, facilitated by the intervention to mandating such intervention. The question is whether, for women subjected to abuse, that price has been worth paying.” (p. 27-28)

[3] Project marks 30 years of pioneering feminist issues and the law http://news.emory.edu/stories/2014/01/er_FLT_project_anniversary/campus.html “that three decades ago when she founded the FTL Project, feminism’s most visible goal was equality — equal rights, equal pay, and equal access to workplace opportunities. While there has been undeniable progress for women in many areas of law since 1984, some areas, such as reproductive rights and their relationship to pay equity, are still at issue.  Formal equality isn’t always the solution, says Fineman, who is Robert W. Woodruff Professor of Law; sometimes it is the problem.

“When you’re considering what is just and equitable at divorce, equal division of the burdens and benefits existing at that time will result in considerable inequities — because it does not take into account inequalities that existed across the life of the marriage, many of which will also affect future opportunities,” Fineman explains.

“Three kinds of inequalities should be taken into account when deciding property division, post-divorce support, and custody: inequalities in the labor market; inequalities in the bargaining power between spouses relating to earning power that make the primary wage earners’ interests paramount in family decisions; and inequalities in the burdens associated with being the primary caretaker of children both in and after marriage.”

In a recent critique, Fineman highlighted that the social good of children benefits more than the individual family and thus triggers the state’s responsibility. This responsibility, says Fineman, “takes us well beyond mere maternity benefits, into the argument for social welfare policies benefiting child producers or caretakers and the children they ‘produce.’ It makes it mandatory that society, including the market, share the costs and burdens associated with not only bearing, but also caring for the next generation.”

 

[4] When you’re considering what is just and equitable at divorce, equal division of the burdens and benefits existing at that time will result in considerable inequities — because it does not take into account inequalities that existed across the life of the marriage, many of which will also affect future opportunities.

Three kinds of inequalities should be taken into account when deciding property division, post-divorce support, and custody: inequalities in the labor market; inequalities in the bargaining power between spouses relating to earning power that make the primary wage earners’ interests paramount in family decisions; and inequalities in the burdens associated with being the primary caretaker of children both in and after marriage.

In a recent critique, Fineman highlighted that the social good of children benefits more than the individual family and thus triggers the state’s responsibility. This responsibility, says Fineman, “takes us well beyond mere maternity benefits, into the argument for social welfare policies benefiting child producers or caretakers and the children they ‘produce.’ It makes it mandatory that society, including the market, share the costs and burdens associated with not only bearing, but also caring for the next generation.

 

[5] http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=62&lang=en

[6] http://www.ibtimes.com/lori-handrahan-custody-battle-%E2%80%98save-mila%E2%80%99-social-media-campaign-censored-online-436664

[7] http://helpbeth.blogspot.com/p/home-page.html

[8] Placing the original VAWA in the Omnibus Crime Act of 1994 framed domestic violence as a criminal justice problem. Sponsors and supporters of VAWA sold the measure as “a comprehensive approach that is both tough on criminals and Smart about crime prevention” … The bill was intended to fundamentally alter what was seen as society’s insufficiently punitive response to domestic violece. As Democratic Congresswoman Carolyn Maloney of New York explained, “Right now, if you  assault a stranger, you go to jail. If you assault your spouse, you get therapy. The Violence Against Women Act brings an end to the backward system.” Given that kind of rhetoric, it is hardly surprising that the vast amjority of the monies made available through the VAWA went, either directly or indirectly, to the criminal justice system. But the intense focus on the criminal justice system crowded out other potential strategies for addressing domestic violence. Invoking the power of the criminal justice should have been one strategy, not the lone strategy, for combating abuse; in the zero-sum game of funding, monies spent on law enforcement are not spent on other crucial services for women subjected to abuse, like housing, job training, education, or economic development… as law profesor G. Kristian Miccio argues “[B]y focusing solely on the criminal justice system and criminal sanctions, other aspects of comunal life that contribute to the perpetuation of male intimate violence remain unexamined – and unaccountable.” (p. 21-22),

 

[9] supposedly gender-nuetral laws are being used as  tools of discrimination and abuse against women, with a ferocity that seems unparalleled in modern American history. Women are now legally being ordered to give up their children, their homes, their economic security The fact that the undermining of the laws’ intent has taken place under the noses of the state judicial branches nationwide – and been openly acknowledged – makes this phenomenon all the more shocking.. In earlieer day s the inequities were built into the laws themselves. Now laws have changed, but not the attitudes of those who are supposed to apply the laws.

 

[10] https://warondomesticterrorism.com/category/instituto_de_la_mujer-2012/

[11] https://warondomesticterrorism.com/category/2012_defensor_del_pueblo_1_english/

[12] https://warondomesticterrorism.com/category/2012_defensor_del_pueblo_1_english/

[13] https://warondomesticterrorism.com/category/defensor_del_pueblo_4-14_espanol/

[14] https://warondomesticterrorism.com/wp-content/uploads/2014/06/Preliminar-859-13-del-Colegio-de-Abogados-Q.-Wilcox-JUL2013.pdf

[15] https://warondomesticterrorism.com/wp-content/uploads/2014/09/Exp-279-13-del-Colegio-de-Abogados-de-Madrid-sobre-Preliminar-859-13.pdf

[16] https://warondomesticterrorism.com/wp-content/uploads/2014/11/Communicacion-de-Colegio-de-Abogados-de-Madrid-sept26-2014.pdf

[17] “hechos y fundamento entre la presunta infracción administrativa y una posible infracción penal, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, solicitando testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación,” art. 2.2 del Decreto 245/2000 “cuando se tenga conocimiento de que se está sustanciando un proceso penal en el que concurran las circunstancias referidas en el apartado anterior, el órgano competente para la iniciación del procedimiento acordará la suspensión del mismo hasta tanto recaiga resolución judicial firme.”

[18] vea  https://warondomesticterrorism.com/category/colegio_de_abogados_recurso_8-13_espanol/

[i] La violación de los derechos de una víctima de la violencia de género y discriminación contra la mujer “alcanzan exclusivamente a los derechos fundamentales reconocidos en la CE y otras normas universales concordantes y en modo alguno a normas de legalidad ordinaria” y así amparan los abogados implicados de todo falta. (Demostrando una falta de reconocimiento de la jerarquía de normas jurídicas en España por el Colegio de Abogados.)

La mala práctica y negligencia de los abogados implicados son “decisiones del abogado [que] atañen a su independencia, prerrogativa que le asiste en el desempeño de su función tal y como tienen previsto los artículos 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 del Estatuto General de la Abogacía y 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española, [y] que le inmuniza de toda injerencia en el exclusivo territorio de la defensa, sin que sea posible su revisión en sede deontológica” (Demostrando una falta de reconocimiento de arts. 1, 9 y 10 del Constitución Española, inter alía por el Colegio de Abogados.)